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Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Los mineros de la Compañía Astur-Leonesa llevan sus reclamaciones al Congreso mientras impiden la entrada de carbón importado en Compostilla

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EFE / Europa Press.- Alrededor de 150 trabajadores de la Compañía Minera Astur-Leonesa (CMAL) han vuelto a impedir la entrada de camiones cargados con carbón importado a la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León), al tiempo que trasladan sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados.

“Tras la negativa de Endesa de recibir a los representantes de los trabajadores”, según indicó el comité de empresa de CMAL, se convocaron una serie de movilizaciones que impidieron en 3 ocasiones la entrada de mineral importando en la central térmica. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, señaló que se mantiene la oferta para vender el carbón nacional a un precio similar al de importación y ha resaltado que la negativa de Endesa a aceptarla «no puede estar sustentada más que en intereses ocultos». Vega destacó la «complicada situación» que conlleva que no se venda carbón nacional, lo que se ha traducido en un ERE que afecta al 100% de la plantilla.

Reunión con Podemos e IU

Vega avanzó que, gracias a la intervención de Unidos Podemos, tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso, a los que trasladarán sus reclamaciones y la “angustiosa” situación del sector, al borde de la desaparición. También anunciaron que los representantes del comité de empresa y la plantilla celebrarán una asamblea el jueves en Cerredo (Asturias) para concretar nuevas movilizaciones.

Izquierda Unida subrayó su apuesta por el carbón nacional como elemento estratégico dentro de la política energética como única fuente autóctona. La coalición exige al Gobierno central y la Junta de Castilla y León que aseguren el suministro de carbón autóctono en Compostilla «mediante la intermediación o la intervención directa en la empresa«. «Desde Izquierda Unida mantenemos nuestro apoyo a los trabajadores de Minera Astur-Leonesa en sus movilizaciones y cortes para impedir el paso de mineral a la térmica e instamos a que la empresa desbloquee esta situación a través del suministro del carbón autóctono», destacó el coordinador de la coalición en León, Santiago Ordóñez.

Unidos Podemos pide que los beneficios de las compañías eléctricas nutran un fondo contra la pobreza energética

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EFE.- Mientras Juan López de Uralde, candidato de Unidos Podemos al Congreso por Álava, insiste en que su partido propone «una transición energética a un modelo basado en su totalidad en las fuentes de energías renovables», el candidato de Unidos Podemos al Congreso por Zaragoza, Pedro Arrojo, ha propuesto que las empresas eléctricas aporten a un fondo común, de forma proporcional a sus beneficios, los recursos necesarios para sufragar las facturas de los suministros de las familias más desfavorecidas y que no pueden pagarlas.

Arrojo presentó sus propuestas para resolver la emergencia social de las familias que no tienen el dinero necesario para hacer frente a las facturas de los suministros de agua, gas o electricidad. Además de pedir que el IVA se rebaje al 10% para el gas y la electricidad, pidió que las familias más desfavorecidas no sufran en ningún caso el corte de suministro, y que sus facturas corran a cargo de este fondo que las empresas deberían provisionar en función de sus beneficios. En este sentido, criticó que las empresas eléctricas españolas tienen «el doble de beneficios que las europeas».

Podemos y la transición energética

Por su parte, el candidato número uno de Unidos Podemos al Congreso por Álava y portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde, reclamó al PSOE que «clarifique qué va a hacer con sus votos el día 27 de junio» porque «de ello depende a dónde vamos a ir«.Ha subrayado que la posición de Unidos Podemos es «clara» porque «ahora y antes apostamos por un gobierno a la izquierda y, para ello, queremos sumar con el PSOE», ya que «sabemos que no vamos a obtener mayoría absoluta«.»Pero lo que todavía no ha clarificado el PSOE es qué va a hacer el 27 de junio, esa es la gran incógnita», afirmó López de Uralde.

Uralde expuso las propuestas de Unidos Podemos sobre ecología, «algo en lo que en los últimos meses hemos trabajado en el Parlamento con diferentes iniciativas, pero que ha pasado desapercibido por la crisis política». Para Unidos Podemos, «la cuestión energética es troncal» porque «actualmente, el modelo de España se basa en la quema de combustibles y en centrales nucleares peligrosas, como la que hay cerca de aquí, Garoña», ha dicho. Su partido propone «una transición energética a un modelo basado en su totalidad en las fuentes de energías renovables» porque España tiene «sol, viento y agua», pero no tiene petróleo y el 80% de su economía depende de sus importaciones.

También quieren promover una ley que «dé solidez a las energías renovables para garantizar la inversión en ellas»; así como el cierre paulatino, hasta 2024, de las centrales nucleares en España y medidas para poder recuperar «la generación de energía para autoconsumo», algo que «ha impedido el PP al crear lo que se conoce como impuesto al sol«. Añadió que Unidos Podemos quiere promover un plan de rehabilitación energética de viviendas en España, que generaría 200.000 empleos, según sus cálculos.

Reivindica la energía solar fotovoltaica

Asimismo, el cabeza de lista de Unidos Podemos al Congreso por Murcia en las próximas elecciones generales, Javier Sánchez Serna, subrayó que un euro invertido en energía solar fotovoltaica en Murcia es tres veces más rentable que en Alemania o el Reino Unido, que instalan 100 veces más que en España. Así calculó que «sólo las instalaciones fotovoltaicas en tejados podrían generar 5.000 empleos directos e indirectos al año» en esa comunidad, que serían «cualificados y bien remunerados». Según sus palabras, «la región de Murcia puede tener la energía eléctrica más barata de toda Europa».

Por ello, si su coalición llega a gobernar, derogará el real decreto de 2015 que regula las condiciones del suministro y producción de energía eléctrica con autoconsumo para «eliminar el impuesto al sol y restaurar la seguridad jurídica con el fin de que vuelvan las inversiones al sector». «Seguridad para apoyar también a las más de 60.000 familias españolas, 15.000 de ellas murcianas, que apostaron en su día por las energías renovables al amparo de leyes y decretos que se modificaron retroactivamente al dictado de las grandes empresas eléctricas», denunció.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteran al sector que restablecerán la seguridad jurídica a las renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteraron en una reunión con las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil su intención de restablecer la seguridad jurídica de las renovables a través de un diálogo constructivo. En la reunión, en la que declinó participar el PP, los partidos políticos presentaron sus propuestas y medidas en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático recogidas en sus programas electorales para las elecciones del 26-J.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en los objetivos para el sector de la energía a largo plazo, identificando el proceso de transición energética basado en las energías renovables como principal respuesta al cambio climático así como la necesidad y oportunidad de abrir a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la transición energética entrando en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas. A este respecto, y según los acuerdos de la COP21, confirmaron su apuesta por alcanzar el 100% de renovables en el sector eléctrico y el 70-80% en el resto de los sectores, mientras que Ciudadanos ha señalado el 50% de energías renovables como objetivo viable, considerando el 100% como objetivo ideal y deseable.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos señalaron, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una auditoría de costes del sistema eléctrico como punto de partida para iniciar cualquier reforma del sector. Por otra parte, reiteraron su plan de cierre de las centrales nucleares y coincidieron en los objetivos a corto y medio plazo, como la revisión del modelo de las subastas renovables y el fomento del autoconsumo, “modalidad de producción de energía sostenible y solidaria con el medio ambiente”.

Unidos Podemos reivindica un plan energético que incluya el «cierre progresivo» de las nucleares y la “renacionalización” de las hidroeléctricas

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Europa Press.- Podemos propondrá la renacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a empresas privadas, y destinará 4.000 millones de euros al año para movilizar un total de 16.000 millones de inversiones público-privadas en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Así consta en sus propuestas electorales en materia de energía, que además incluyen la promesa de no renovar ningún permiso de explotación de las centrales nucleares y cerrar progresivamente las centrales térmicas de carbón.

El coportavoz de Equo y cabeza de lista al Congreso por Álava de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera que «no es posible salir de la crisis si no hay un cambio de modelo energético» y propugna la implantación de un Plan Nacional de Transición Energética que apueste por las energías renovables, la “democratización” del sector de la energía y el cierre progresivo de las centrales nucleares como Garoña (Burgos). «La central burgalesa lleva tres años cerrada y nuestra intención es que así siga», subrayó. Según explicó, la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, apuesta por la implantación de un plan dirigido a frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética.

«El plan, con una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2020, está encaminado a mejorar la eficiencia energética del modelo productivo y de consumo, y a reducir el consumo global de energía, el coste de la energía para empresas y hogares, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones de combustibles fósiles» ha explicado. «Nuestra apuesta son las energías renovables y el cierre progresivo de las centrales nucleares. En este sentido, reiteró la necesidad de desarrollar un modelo energético «diferente» que ponga fin al mix de carbón, gas y energía nuclear vigente hasta el momento. «En consonancia con el acuerdo del clima COP21 de París debemos dirigirnos hacia un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050”, apuntó Uralde.

Según expuso, el Plan Nacional de Transición Energética que propone su formación queda estructurado alrededor de dos ejes. El primero de ellos es un Plan Nacional de Ahorro Energético, dotado con 6.000 millones de euros. Este plan estaría centrado en la mejora de la eficiencia energética de unas 200.000 viviendas cada año para que pudieran reducir su consumo hasta en un 80%, pero también incluiría medidas enfocadas al transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. Por otra parte, el proyecto se completa con un Plan Nacional de Energías Renovables, dotado con 10.000 millones de euros, centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.

Una parte «relevante» de la financiación a este Plan Nacional de Transición Energética provendría de la reforma del sector eléctrico. Esta reforma pasaría por una auditoría de costes de todo el sistema y de la deuda asociada al déficit tarifario, aunque Podemos no precisa sí estaría dispuesto a impagar parte de esa deuda, por una modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban retribuciones «razonables» en función de los costes reales de producción y por la eliminación de las sobrerretribuciones a las eléctricas por distintos conceptos.

De forma paralela, Podemos quiere, entre otras medidas, la sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables y la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral. Finalmente, solicitará a la Comisión Europea que declare ayuda ilegal de Estado los costes de transición a la competencia (CTC), que a su juicio supusieron unas retribuciones de 3.400 millones para las compañías eléctricas, cuando la realidad es que la última liquidación no se culminó.

Por otra parte, el programa de la formación morada incluye el compromiso de luchar contra la pobreza energética prohibiendo cortes de suministro de luz o gas en viviendas habituales cuando los impagos de facturas se deban a motivos ajenos a la voluntad del titular. Para ello, se establecerá un mínimo vital mensual por hogar y, en caso de que se detecte una situación de pobreza energética, se les deberá ofrecer un precio adaptado, entre otros factores, a la renta familiar.

Asimismo, se derogará el real decreto de Autoconsumo eléctrico y se aprobará una nueva normativa para favorecer el desarrollo de estos sistemas de producción, y se fomentará la fiscalidad verde para que su peso sobre el PIB se acerque a la media comunitaria (2,4% frente al 1,6% español). Según Podemos, las medidas en materia energética son fundamentales para propiciar el necesario cambio de modelo productivo, reducir el impacto medioambiental y la dependencia energética, reducir el precio de la energía y luchar contra la pobreza energética.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Valle de Tobalina concede permiso para el ATI de la central nuclear de Garoña (Burgos)

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EFE.- El Ayuntamiento del municipio burgalés de Valle de Tobalina ha concedido la licencia para la construcción del almacén temporal de residuos nucleares promovido por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) y Nuclenor junto a la central nuclear de Santa María de Garoña. El almacén temporal, con una inversión prevista de 12 millones de euros, permitirá a la planta burgalesa acoger 32 contenedores de desechos radiactivos, si bien inicialmente solo contará con 5 de ellos.

El líder de la oposición socialista, Jesús Ángel López de Mendoza, recordó que la construcción del almacén tiene un coste de 5,3 millones, mientras que cada uno de los contenedores supone 1,3 millones. Además, la concesión de la licencia de obras ha sido una decisión del equipo de gobierno, del PP, “sin consultar con los grupos de la oposición”, criticó López de Mendoza. Eso sí, el concejal de la formación independiente Vivir en Tobalina, José Luis Conde, recordó que «no ha habido más remedio que otorgarla», puesto que el Ayuntamiento no tiene margen de maniobra.

Por su parte, el candidato al Congreso por Álava de Unidos Podemos y líder de Equo, Juan López de Uralde, calificó la decisión de «irresponsable», al mismo tiempo que reclamó el cierre de la central. El candidato consideró «inadmisible» que se haya ignorado a la Diputación Foral de Álava, impidiendo que participe en la fase de alegaciones. La institución ya protestó cuando el Ministerio de Medio Ambiente emitió informe favorable de impacto ambiental, requisito previo para conceder la licencia por parte del Ayuntamiento. Uralde criticó que el ATI convierte a Garoña en un «cementerio nuclear» y perpetúa el «riesgo radiactivo» para la zona de influencia.

Es más, Jesús Ángel López de Mendoza cuestionó su utilidad, y sobre todo su servicio de futuro, si no se construye el almacén centralizado de Villar de Cañas (Cuenca). Equo ha afirmado que seguirá exigiendo el cierre de Santa María de Garoña, parada desde diciembre de 2012, aunque pendiente de la renovación de la licencia de funcionamiento solicitada por Nuclenor.