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El Gobierno y Podemos pactan ayudas económicas “ininterrumpidas” para la movilidad eléctrica hasta 2020 y subir los impuestos al diesel

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno estudia introducir la subida de impuestos al diésel en la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Asimismo, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, «estable e ininterrumpido» hasta 2020, según recoge el acuerdo de Presupuestos.

Ventas vinculadas a las ayudas

El Ejecutivo y la coalición de izquierdas pretenden así evitar que las ventas de este tipo de vehículos se concentren en momentos determinados y/o que queden paralizadas hasta la aprobación de nuevos incentivos, como sucede en la actualidad. Según se detalla en el acuerdo presupuestario, el plan contará en 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

Los Presupuestos de 2018 (aprobados por el PP) recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. El actual Ministerio de Industria es responsable de 16,6 millones, mientras que el de Transición Ecológica gestiona, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 50 millones de euros. Sin embargo, dicha dotación sigue pendiente de su aplicación.

Subir la fiscalidad del diésel

Por su parte, la titular de Hacienda ha subrayado que esta nueva fiscalidad del gasóleo no tiene un afán recaudatorio, sino que responde más a una medida protectora con el medio ambiente y la salud de las personas. «Se contemplará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos, dependiendo de la tramitación, aunque tampoco hay problema para que se haga en las dos», apuntó.

El impuesto al diésel que prepara el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros mensuales para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas. En concreto, la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará esos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante para el consumidor».

El sector eléctrico pide no penalizar a la energía nuclear y la hidroeléctrica ante el acuerdo del Gobierno con Podemos

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Europa Press.- El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como la nuclear y la hidroeléctrica, ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, que pretenden realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica y nuclear, y que denominan como windfall profits.

Fuentes del sector comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, «que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad». Consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser «general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica, que generará cada vez menos pero garantizará el suministro». Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen para la energía nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.

Concretamente, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la Unión Europea, «por lo que se generaría una nueva judicialización del sector cuando lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica» y, además, señalan que van en contra de la acción climática, «desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la energía sostenible».

En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables», como se constata «con el cierre de Garoña por parte de los operadores». En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de «cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento».

Señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años. Asimismo, recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, «tan elevados que no tienen parangón en nuestro entorno».

Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España, conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno, es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el «simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico».

Finalmente, recuerdan que estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, «la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático», y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que «no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover«.

Gobierno y Podemos versus eléctricas

Por su parte, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar lo que denominan como la sobrerretribución que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado «sobradamente» sus costes de inversión. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos para 2019 que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, enmarcado en las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita para abaratar el precio de la luz.

De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que «se limiten a medidas condicionales, transitorias, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad», excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

Dentro de estas reformas estructurales, también acordaron modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

Por otra parte, han pactado la creación, de manera inmediata, de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar este año, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año. En lo que se refiere al real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética, han acordado iniciar de «forma inmediata» la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley.

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

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Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos aceptan tramitar en el Congreso la ley de autoconsumo de la Asamblea regional de Murcia

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Europa Press.- El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado en el Congreso la tramitación de la ley impulsada por la Asamblea de Murcia para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las diferentes modalidades del suministro de energía eléctrica, como el autoconsumo y la producción de energía renovable.

Esta iniciativa, impulsada por Podemos, fue aprobada hace 3 años en la cámara legislativa murciana, pues salió adelante en 2015 con los votos de PSOE y Ciudadanos, además de los de la formación morada, mientras que el PP optó por abstenerse. Tras ser aprobada, el Gobierno frenó su tramitación vetando su debate parlamentario al alegar que supondría una aminoración de los ingresos públicos. Sin embargo, el PP ha cambiado de parecer. «Ahora se pueden hacer propuestas gracias a la gestión del PP. Estamos a favor de promover las inversiones en la generación eléctrica a través de renovables y seguir desarrollando el autoconsumo sin que a nuestras familias, mayores y pensionistas les suban la luz», argumentó su diputada María Ascensión Carreño.

Antes de ello, los diputados regionales murcianos, Alfonso Martínez Baños (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez López (Cs) han defendido ante la Cámara Baja la admisión a trámite de una iniciativa «pensada y hecha para que el consumidor sea el protagonista» en el sistema eléctrico. Martínez Baños ha pedido impulsar la energía renovable, teniendo en cuenta la dependencia energética con el exterior y la necesidad de aumentar la productividad en la economía, mientras que Urralburu ha incidido en la necesidad de combatir el cambio climático. Por su parte, Sánchez López recordó que los objetivos marcados por la Comisión Europea establecen en el 32% la producción de energía renovable en 2030 y que incluso podría revisarse al alza en 2023.

«Es absurdo que Europa lleve ventaja al país del Sol», ha argumentado, por su parte, la diputada socialista María González Veracruz, recordando que si en España existen mil instalaciones fotovoltaicas, en Alemania, con menor potencial, hay en torno a un millón. Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha celebrado que la ley pueda poner «los cimientos para un sistema eléctrico más limpio«, pese a que ahora los diputados que apoyen la norma «van a tener más difícil» una puerta giratoria en una compañía eléctrica. «La batalla comienza», ha avanzado, anticipando que las grandes eléctricas se opondrán a la iniciativa y la voluntad de su grupo y el de Compromís en pedir la tramitación de la ley por la vía de urgencia.

Ciudadanos ha incidido durante el debate en las posibilidades laborales que implica el desarrollo de la energía renovable, teniendo en cuenta que muchos jóvenes especializados acaban en el extranjero por faltas de oportunidades en este sector, como ha apuntado su diputado Miguel Ángel Garaulet. También han avanzado su apoyo Esquerra Republicana y PDeCAT, si bien ambas formaciones han alertado de que, tal y como está formulada, podría restar competencias a comunidades que quisieran apostar por un desarrollo alternativo de esta regulación o incluso ser más ambiciosos. Una razón que, unida a que el Gobierno acaba de aprobar la derogación del impuesto al Sol, han llevado al PNV a optar por la abstención, según ha justificado su portavoz energética, Idoia Sagastizabal.

Iberdrola coincide con el IPCC de la ONU en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5ºC con políticas «robustas»

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Europa Press.- Iberdrola considera que el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) es un «elemento básico y sustancial» de cara a la próxima cumbre del Clima y coincide con el grupo de expertos en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados (ºC) frente al objetivo actual de 2ºC y considera que algunas herramientas para lograrlo pasan por una fiscalidad adecuada y políticas «climáticas robustas».

La compañía eléctrica considera que el informe del IPCC es un «elemento básico y sustancial» para consolidar con éxito la fase política del Diálogo de Talanoa en la Cumbre Climática de Katowice de diciembre de 2018 (COP24). Además, Iberdrola comparte «la visión» del IPCC sobre la «necesidad» de avanzar hacia un escenario de 1,5ºC, su viabilidad y las oportunidades asociadas en términos de mejoras de crecimiento económico, desarrollo industrial y de calidad del aire. En este contexto, apoya «firmemente» el desarrollo de estrategias climáticas de largo plazo para alcanzar economías con emisiones netas «nulas» y marcos de políticas climáticas robustos.

En concreto, Iberdrola afirma que la fiscalidad y los instrumentos del precio de carbono deben estar basados en el principio quien contamina, paga y juegan un papel «central». En su opinión, la eficiencia energética debe lograrse «principalmente» a través de la electrificación de usos finales, como el transporte eléctrico, las bombas de calor, la iluminación LED, así como con el desarrollo de energías renovables. Del mismo modo, observa que las políticas y los planes sectoriales deben ayudar a superar las actuales barreras a la descarbonización.

Para ello, considera que es urgente actuar para alcanzar un pico de emisiones «lo antes posible» y una senda de reducción de emisiones que asegure que el incremento de la temperatura a final de siglo se sitúe «sensiblemente» por debajo de los 2ºC. Asimismo, Iberdrola manifiesta su convencimiento en que «todos» los sectores, tales como el transporte, edificación o la industria, deben acelerar su transición hacia la descarbonización para cumplir con ese escenario. Igualmente comparte la visión sobre el «importante papel» del sector energético y, en particular, de la electricidad como la «principal vía» para descarbonizar los usos finales de la energía tanto en transporte, como en edificación e industria.

Por último, Iberdrola cree también «oportuno» tener en cuenta la «elevada incertidumbre» asociada al papel que pueden jugar las tecnologías de captura de CO2, ya que el informe del IPCC les otorga un papel «muy relevante» y señala que la «efectividad de estas técnicas no está probada a gran escala«. Si bien, aunque la empresa pone la vista en el largo plazo, insiste también en que las acciones de corto plazo deben ser «prioritarias» debido a la «gravedad del problema y su ritmo de agravamiento».

Unidos Podemos reclama un plan

Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno en el Congreso un «plan de choque para revertir los daños irreparables» del cambio climático de los que han advertido el IPCC de Naciones Unidas. Según este texto, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5ºC entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas a nivel internacional. En este sentido, los expertos han aseverado que la limitación del cambio climático «tendría beneficios claros para las personas y los ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento de una sociedad más sostenible y equitativa».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde, ha señalado, en este sentido, que la posición geográfica de España en la región Mediterránea es una de las más expuestas al cambio climático y hace al país «especialmente vulnerable» a este fenómeno. López de Uralde también recuerda en la iniciativa que la ministra para la Transición Ecológica ya informó que la calidad del aire ha empeorado en 2017, con respecto a los niveles de 2016, y que ha aumentado el número de zonas y poblaciones donde se han superado los niveles límite de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión (PM10) han aumentado.

Ante esta situación, el coportavoz de Equo apremia al Ejecutivo a presentar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometido por la ministra para antes de que acabe el año y también medidas para que entre el 70% y el 85% de la electricidad global sea de origen renovable, tal y como el IPCC propone para 2030.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

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Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Unidos Podemos pide que las compañías eléctricas financien íntegramente el bono social y que sólo se conceda según la renta

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Europa Press.– Unidos Podemos ha reclamado que el bono social se otorgue en función de la renta del hogar y que sean las empresas del sector eléctrico las que se encarguen de financiar íntegramente el coste de esta medida. Así, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en la que exponen sus propuestas de cara al paquete de medidas anunciado por el Gobierno para combatir la pobreza energética.

En su propuesta, exponen que deben ser las compañías eléctricas las que se hagan cargo del coste «íntegro» de esta medida, incluyendo todos los segmentos del sector, y de forma proporcional al volumen de facturación. Asimismo, piden que, a diferencia del actual bono social, que denuncian que es «una tomadura de pelo», la renta sea «el único criterio de adjudicación. Concretamente, unos ingresos de hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola (941,22 euros), un 50% más por cada menor de 14 años, y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente.

Por otro lado, piden que la solicitud y concesión del bono social sea «automática», ya sea de forma presencial o automática, y que las personas consumidoras en el mercado libre puedan acogerse al bono social eléctrico. Otra de las cuestiones que Unidos Podemos quiere que el Gobierno incorpore en su plan de choque contra la pobreza energética es el principio de precaución a la hora de cortar el suministro a un consumidor acogido al bono social, con el fin de que, antes de cualquier interrupción, sea necesario contar con la autorización de los servicios sociales.

En este sentido, piden también que estos servicios sociales puedan realizar peticiones de renovación e inscripción en nombre de las personas que tengan derecho a acogerse y que los mismos cuenten con un fondo suficiente con el fin de desarrollar sus competencias en materia energética. Por último, reclama la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables, pues creen que esta medida garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.

Desbloqueado el cierre de nucleares

Por otro lado, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Josep Vendrell, ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que anula los acuerdos de la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ley del grupo confederal para cerrar las centrales nucleares. «Queda claro que el PP hacía un uso arbitrario y abusivo», ha señalado, en referencia a los vetos del anterior Ejecutivo. Para Vendrell, este documento del Tribunal Constitucional es «un paso importante» en la preservación de «los derechos de los parlamentarios», que, según ha apuntado, también son «los derechos de toda la ciudadanía frente a gobiernos autoritarios».

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en abril la propuesta de Unidos Podemos para un cierre progresivo de las nucleares alegando que la aplicación de esta norma tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales. En concreto, Unidos Podemos propone en el texto el cierre de las plantas a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no, y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».