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En Comú Podem solicita al Gobierno que realice una consulta pública que verifique la aceptación del gasoducto MidCat

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Europa Press. – En Comú Podem ha planteado al Gobierno de España la realización de una consulta pública para comprobar la aceptación de la ciudadanía al proyecto MidCat, que uniría Cataluña y el sur de Francia a través de una interconexión gasística.

De esta manera lo ha solicitado la formación de Unidos Podemos, a través de una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, plantea al Ejecutivo la realización de esta consulta, considerando que existen «evidentes contradicciones» entre «las buenas intenciones que promueven en materia medioambiental los cercanos acuerdos de París» y la apuesta de la Comisión Europea por este tipo de infraestructuras, que permitiría importar combustible fósil y contaminante.

En el mismo sentido, asegura que las importaciones de gas a la Unión Europea «son fundamentalmente de países con serios o graves déficits en materia de respeto a los derechos humanos», por lo que pregunta si apuesta el Gobierno por este tipo de importaciones o por generar mayoritariamente electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

En relación al proyecto MidCat, el diputado de En Comú quiere saber si ha habido reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y si dispone de estudios que acrediten que el proyecto no afectaría al medioambiente y a los trabajadores del campo.

Unidos Podemos cree insuficiente el plan de Maroto para la industria electrointensiva pues no garantiza la permanencia de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre. «Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de 6 meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella», ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz.

“No habrá nada que salvar”

En este sentido, la diputada de En Marea instó al propio Ministerio de Industria a actuar «ya desde la SEPI». Díaz reaccionaba así al decreto ley aprobado por el Gobierno para disminuir los costes energéticos para la industria electrointensiva, que contempla también el impulso de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y la prórroga de la vida útil de instalaciones de cogeneración. «Nos toman el pelo. Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar», ha replicado, por su parte, el diputado de Podemos Segundo González, que ha cuestionado, como su compañera, que el anunciado Estatuto pudiera evitar el desmantelamiento de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Por ello, González ha pedido directamente a la titular de Industria, Reyes Maroto, que «rectifique» y «aplique el artículo 128.2 de la Constitución ya», tal y como viene exigiendo Unidos Podemos, con el fin de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en las plantas. Este artículo reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y reconoce a los poderes públicos la posibilidad de intervenir en empresas «cuando así lo exigiere el interés general».

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

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Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

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Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

Unidos Podemos exige a la Unión Europea y al Gobierno la paralización del gasoducto MidCat entre España y Francia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado a varios organismos de la Unión Europea y al Gobierno de España la paralización del proyecto de gasoducto conocido como MidCat, que unirá España con Francia. A través de una carta, representantes de Podemos y Equo en Bruselas y en el Congreso de los Diputados han alertado a Europa de los riesgos que puede suponer esta iniciativa.

MidCat, un gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que Unidos Podemos busca revisar. Por ello, la misiva, firmada por los eurodiputados Floren Marcellesi (Equo) y Ernest Urtasun (En Comú), y por los diputados Juan López de Uralde (Equo), Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú), se dirige al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Unión de la Energía, Maros Sefcovic; el comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete; la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Revisar el PIC del MidCat

Para todos ellos, los dos partidos que forman parte del grupo confederal tienen una petición. En primer lugar, piden que se revise la idoneidad de financiar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta los compromisos de España y de la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático y muy especialmente el Acuerdo de París de 2015. Además, sugieren la revisión de la condición de PIC de estos proyectos, rehacer la interconexión gasística a través de Cataluña con Francia y que la CNMC rechace la solicitud de inversión de Enagás para el MidCat.

Ambas formaciones también denuncian «falta de transparencia» lo que, a su juicio, supone dificultades a la hora de hacer un seguimiento riguroso del MidCat. Unidos Podemos también señala que la financiación de este tipo de infraestructuras «supone dar prioridad a una fuente de energía contaminante» como es el gas que, además, se caracteriza por su «fuerte concentración y procedencia de Estados cuyo cumplimiento de los Derechos Humanos y valores de libertad y estado de Derecho son dudosos«. «Esta decisión va directamente en contra del modelo de diversificación energética y promoción del desarrollo e investigación en energías renovables defendido por la propia Comisión Europea», concluye Podemos.

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

El Congreso reclama adoptar medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en distintas áreas del mercado donde operan

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Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en las distintas áreas del mercado en las que operan estas empresas. Así, la Comisión para la Transición Ecológica ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos que pedía «garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sistema eléctrico».

El texto aprobado por el Congreso pide que, a través de esta separación, «se garantice la libre competencia y la protección de las personas consumidoras, y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector energético nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». En su propuesta, En Comú Podem señalaba que la «posición dominante» de una empresa en una actividad del sistema eléctrico como la generación, transporte, distribución y comercialización, entraña un riesgo a la competencia para el resto de actividades, al participar también en ellas una empresa del mismo grupo. Asimismo, señalaban que la CNMC «viene advirtiendo reiteradamente» de esta situación en sus informes.

El Gobierno y Unidos Podemos reformarán el bono social eléctrico y crearán uno general que incluirá el gasista

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Europa Press.- El Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar una reforma «profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que «cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación. La actual normativa establece que son las comercializadoras eléctricas las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las 5 grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo, cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en el bono social eléctrico y en el decreto de medidas urgentes.

Además, acordaron presentar en el plazo de 4 meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

Fomento del autoconsumo de electricidad

También han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar «el atractivo de invertir» en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio. Para ello, también se modificarán los requisitos de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y «para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo» a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían. Este aspecto es uno de los puntos a los que se habían comprometido con estos inversores en renovables afectados por el recorte tanto Unidos Podemos como el PSOE.

Por otra parte, se pondrá en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de 4 años y con una movilización de 400 millones cada año. Este plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. También se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales.