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Los sindicatos consideran haber alcanzado «un buen acuerdo» en el ERE de Abengoa

Servimedia.- Los sindicatos valoran el acuerdo alcanzado en Inabensa, filial de Abengoa, y consideran que el pacto logrado con la dirección de la compañía, de aplicar un ERE a 72 trabajadores y un expediente de regulación temporal de empleo a 220, es un «buen acuerdo». El secretario general de CCOO Industria en Andalucía, José Manuel Moreno, señaló que, a pesar de «no se está contento cuando hay despidos de por medio», los sindicatos consiguieron reducir el número de 400 afectados por el ERE en un principio a 72.

Concretamente, el expediente temporal afectará a 220 trabajadores durante 8 años, según Moreno, mientras que para el ERE se pactaron 72 extinciones forzosas y la apertura de un periodo de 15 días para que personas que estén en el temporal puedan inscribirse en el expediente extintivo. Además, Moreno recalcó las modificaciones que se produjeron en el expediente temporal, al que se acogerán los mayores de 59 años durante un máximo de 2 años «para que puedan enlazar con la jubilación parcial», así como los mayores de 55, que también entrarán en los despidos temporales «al ser un segmento muy sensible para volver a encontrar empleo».

Por otro lado, los trabajadores que sufran un despido forzoso tendrán una indemnización de 20 días por año trabajado más una cantidad lineal de 4.700 euros, que cobrarán en octubre. «Los voluntarios verán la mitad de la misma indemnización a su salida de la empresa, mientras que en octubre tendrán el otro 50%, es decir, los 20 días por año y los 4.700 euros divididos por dos», explicó. La empresa tiene que comunicar a la Administración la aceptación del acuerdo alcanzado en la negociación. Además, deberá realizar modificaciones del expediente temporal, «que deben hacerse inmediatamente».

La plantilla apoya el ERE de Elcogas a falta de «algunos flecos» mientras los sindicatos siguen buscando la vía política

EFE / Europa Press.- Representantes del comité de empresa de Elcogas y de los sindicatos CCOO y UGT se reunieron con Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos para reforzar el respaldo de estas formaciones a la planta de Puertollano (Ciudad Real). Apoyos que habrá que ver en qué se traducen tras las elecciones; de momento los trabajadores de Elcogas decidieron apoyar, a falta de «algunos flecos», el acuerdo con la empresa sobre el ERE.

De esta forma, no se celebrará el juicio previsto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) para el próximo miércoles 22 de julio como consecuencia de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos UGT y CCOO reclamando la nulidad del ERE aplicado por Elcogas sin el acuerdo de la representación de los trabajadores para extinguir los contratos de la plantilla.

Sin embargo, la asamblea de trabajadores ha aprobado de forma mayoritaria el acuerdo con la empresa sobre las indemnizaciones, de forma que Elcogas considera los despidos como improcedentes y aportará cantidades adicionales lineales de 10.000 euros de media por trabajador. Así lo explicó el secretario general de Industria de CCOO en Castilla-La Mancha, Ángel León, quien precisó que han intentado que los trabajadores salgan de Elcogas «con las mejores condiciones».

León ha explicado que en la reunión los abogados de UGT y CCOO han expuesto a los trabajadores la situación actual y las opciones que se abren si se celebra el juicio, y la plantilla ha apoyado el acuerdo. El lunes los abogados de los sindicatos se reunirán con los de la empresa para «perfilar algunos flecos» y de esta manera podrán ratificar el acuerdo ante el juez el miércoles.

El acuerdo, negociado previamente entre los abogados de la empresa y de los trabajadores, recoge que Elcogas reconoce la improcedencia de los despidos y esto eleva las indemnizaciones hasta el máximo legal, 33 o 45 días por año trabajado en función de la antigüedad hasta un máximo de 24 meses. Además, las empresas eléctricas Endesa, Iberdrola y EDF, propietarias de Elcogas, se comprometen a dar prioridad a los despedidos de la central de Puertollano para acceder a los puestos de trabajo que vayan quedando vacantes en sus propias compañías. El acuerdo fue aprobado por el 76,4% de los trabajadores presentes.

«En relación con el fin de Elcogas no estamos satisfechos, pero esta es la situación menos mala. Y, al margen de esto, seguimos trabajando para que el proyecto de Elcogas, se llame así o de otra forma, no sea un proyecto de pasado sino de presente y futuro», explicó León. En este sentido, avanzó que están manteniendo conversaciones con inversores interesados en reactivar la planta.

También reactivan los contactos políticos

Los sindicatos y el comité de empresa también se han reunido por separado con Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos para reforzar el respaldo de ambas formaciones a la Proposición No de Ley (PNL) de apoyo a Elcogas aprobada en la legislatura que ahora termina. Se trata de que esta PNL pueda reeditarse inmediatamente después de las elecciones generales del 26 de junio para, primero, evitar el desmantelamiento de la central, previsto para el mes de octubre; y después para volver a ponerla en marcha.

General Electric y los sindicatos pactan el ERE de Buñuel (Navarra), parques eólicos y oficinas de Barcelona

EFE.- Los sindicatos CCOO y UGT, y General Electric han llegado a un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para el centro de Buñuel (Navarra), parques eólicos y las oficinas de Barcelona, que afectará a 236 empleados mediante varias medidas.

General Electric planteó en enero una reestructuración de plantilla, tras la compra de la energética Alstom, que podría afectar a 6.460 empleados en Europa, de los que 400 son en España. De estos 400 empleados, 241 correspondían a esta mesa de negociación, una cifra que finalmente se ha reducido a 236 y cuyo impacto se podría reducir al aplicarse las medidas pactadas. En concreto, de estos 236 trabajadores afectados, 102 pertenecen al centro de Buñuel; 89, a las oficinas centrales, y 45, al colectivo de operación y mantenimiento de parques.

Entre las medidas previstas para reducir el impacto figura un plan de bajas voluntarias para los trabajadores menores de 57 años, que recibirán una indemnización bruta de 10.000 euros más 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. También se acordó un plan de prejubilaciones para mayores de 57 años, que recibirán el 80% del salario regulador mientras cobren la prestación de desempleo o hasta que cumplan los 63 años. Los empleados de más de 63 años percibirán un 80% del salario hasta que alcancen la jubilación.

Los empleados de más de 55 años afectados por el ERE recibirán una indemnización adicional de 3.500 euros brutos por año trabajado hasta un máximo de 30.000 euros. Además, General Electric y sindicatos han pactado dos planes de recolocación voluntarios, uno interno y otro externo, y la puesta en marcha de un plan de reindustrialización para la zona de Buñuel.

Los sindicatos y Repsol sellan el acuerdo marco para el ajuste de plantilla

EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO, STR han sellado con Repsol el acuerdo marco con las condiciones generales que servirán de base para articular el anunciado ajuste de plantilla de la petrolera en los próximos tres años y que en España se situará en unos 870 puestos. Según señalaron fuentes sindicales, estas condiciones generales se llevarán a cada una de las sociedades del grupo para plasmar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tras el preceptivo periodo de consultas.

Las mismas fuentes apuntan a unos 871 empleos en España y confían en que se cubra totalmente de forma voluntaria dadas las condiciones logradas. Así, se contemplan prejubilaciones, a partir de los 57 años, con un salario neto equivalente al 82% del bruto actual hasta la jubilación y manteniendo beneficios sociales como los seguros sanitarios o los planes de pensiones. Repsol anunció en octubre la intención de reducir su plantilla mundial en un 6% en los próximos tres años, lo que supondrá la salida de unos 1.500 empleados, de los 25.000 que integran actualmente el grupo. Se haría, según indicaron, con medidas no traumáticas como esta vía de las prejubilaciones.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Comisiones Obreras cifra en «casi el 100%» el seguimiento de la huelga de General Electric

EFE.– La federación de Industria de CCOO cifró en «casi el 100%» el seguimiento de la huelga convocada para los empleados de General Electric, procedentes de la antigua división energética de Alstom que ahora es de la estadounidense, tras no alcanzarse un acuerdo sobre el ERE, que afectará a 400 empleados. Según fuentes de CCOO-Industria, los paros han sido «casi completos» en los antiguos centros de trabajo de Alstom en Cataluña y la Comunidad de Madrid, así como en los parques eólicos de Cataluña y Navarra.

«A la sede de Barcelona solo han ido a trabajar 3 personas, lo que da cuenta del gran éxito de convocatoria», afirmó el secretario de Energía CCOO-Industria, Ángel Muñoa. En total, estaban convocados a la huelga 1.463 trabajadores, entre los que se incluyen los empleados de la fábrica de Buñuel, Navarra, que están secundando paros indefinidos desde mayo. El expediente de regulación de empleo (ERE) que propone General Electric afectará a 400 trabajadores en España de los 6.500 que afectará en Europa. «Aceptamos cambiar cosas, pero no podemos permitir el cierre de la planta de Buñuel, entre otras reclamaciones», indicó.

«El esqueleto del acuerdo está, ahora solo falta que le pongamos músculos y ligamentos para darle forma, porque no nos vale con lo ofertado hasta ahora», señaló Muñoa. CCOO afirma no tener previsto el cierre de un acuerdo por ahora, aunque en caso de que «la empresa ofrezca algo interesante, no tendríamos problema en extender las negociaciones un día o dos más, aunque es una decisión que debe adoptarse de mutuo acuerdo», ha afirmado Muñoa.

Los sindicatos han anunciado también que han iniciado los trámites para la convocatoria de otra huelga indefinida entre los antiguos trabajadores de Alstom Thermal Power, afectados también por el ERE de General Electric, aunque el plazo legal de negociaciones entre empresa y sindicatos concluye dentro de unos pocos días. De no alcanzarse un acuerdo entre ambas partes, los 140 empleados de Alstom Thermal se sumarían a los 1.463 trabajadores actualmente convocados a los paros indefinidos.

Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».

CCOO convoca una movilización en Sevilla y Madrid tras rechazar el aumento de los afectados por el ERTE en Abengoa

Servimedia.- CCOO ha rechazado la propuesta de la dirección de Abengoa de incorporar a 350 trabajadores al ERTE de Inabensa, filial de la compañía, y convocó una movilización en las sedes de Abengoa en Sevilla y Madrid para el próximo 15 de junio para protestar por los expedientes planteados en la compañía. Según el secretario general de CCOO en Andalucía, José Manuel Moreno, los sindicatos expresaron su desacuerdo con esta decisión.

Además, al cerrarse el periodo de consulta de 15 días para el ERTE, los sindicatos solicitaron una prórroga «que la dirección no aceptó. Por ello, firmamos el acta del fin del periodo de consultas con desacuerdo». Ahora, la dirección de Abengoa tiene que comunicar su decisión sobre el ERTE. En cualquier caso, el sindicato convocó para el 15 de junio una manifestación frente a las sedes de Abengoa en Madrid y Sevilla que servirá para protestar también contra el ERE, cuyas negociaciones continuarán esta semana.

En la propuesta para este expediente se mantienen los 280 posibles afectados también en Inabensa, aunque los sindicatos exigieron la retirada de ambos expedientes al «no apreciar razones para llevarlo a cabo, al menos de momento». Concretamente, Moreno entiende que mientras no se produzca el acuerdo con los acreedores para inyectar capital a la compañía y se desarrolle el proceso preconcursal «no deberíamos hacer un tratamiento diferencial de Inabensa con respecto al resto del grupo».

CCOO y UGT denuncian a nivel internacional que el Gobierno pacte «la muerte» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- CCOO y UGT han trasladado a la Conferencia Mundial de la Minería, formada por sindicatos de todo el mundo, el malestar de los trabajadores del sector del carbón por la decisión del Gobierno de pactar «a sus espaldas» con la Comisión Europea. CCOO califica de «traición» la postura del Gobierno y señala que ha expresado este malestar en una reunión en Leipzig de la IndustriALL Global Union, federación sindical internacional que representa los derechos e intereses de millones de empleados de todo el mundo.

Para CCOO, el Gobierno en funciones «ha traicionado» a los trabajadores de la minería del carbón al negociar con Bruselas «a sus espaldas» un plan que «sentencia a muerte a un sector que es imprescindible para la economía de las comarcas mineras«. El responsable de industrias extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, aseguró ante la federación que el Ejecutivo español ha acordado con Bruselas que las empresas mineras empiecen a cerrar de forma inmediata para que, cuando llegue el 31 de diciembre de 2018, el cierre sea total.

Por su parte, UGT explica que su representante en el foro de Leipzig, Víctor Fernández, ha abogado por la defensa del sector minero en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como mundial. Durante su intervención, Fernández ha abordado «la crítica situación por la que atraviesa el sector en España por el incumplimiento sistemático por parte del gobierno del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras 2013/2018, pactado por la Administración con patronal y sindicatos».

UGT-FICA ha hecho hincapié en la «falta de voluntad política del ejecutivo español para dotar de futuro al sector», lo que recientemente «se ha traducido en el acuerdo alcanzado con Bruselas, de espaldas a patronal y sindicatos con premeditación y alevosía, en el que ha pactado el cierre de las minas de carbón y la obligación de devolver las ayudas recibidas a las empresas competitivas que quieran proseguir con su actividad más allá de 2018″.

«Desde UGT-FICA vamos a combatir con todos nuestros recursos las pretensiones del Gobierno para que no se lleven a cabo», indica el sindicato, antes de explicar que los asistentes al encuentro han suscrito una resolución de apoyo. «Con el respaldo recibido en esta conferencia mundial de IndustriALL, confiamos en que el gobierno rectifique y dé marcha atrás a un acuerdo que, a cambio de un puñado de euros, condenará a las comarcas mineras», añade UGT.

Críticas de Asturias al PP

Por su parte, el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, ha criticado la «opacidad» con la que el PP ha negociado el plan de cierre de la minería que la semana pasada aprobó la Comisión Europea y que, en su opinión, supone la «sentencia definitiva» de las explotaciones de carbón. Según denuncia Pola, de la información transmitida por la Comisión Europea se concluye que el proyecto supondrá el fin del conjunto del sector, ya que afecta a las 26 explotaciones existentes.

Además, el director general lamenta que el Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy no haya avanzado en la posibilidad de eximir a las empresas de la obligación de devolver, a finales de 2018, las ayudas a la explotación recibidas durante estos años. «Aunque las explotaciones resultasen competitivas, la devolución de las ayudas recibidas constituiría su sentencia», recalcó. Pola también denuncia la «opacidad» con la que se ha negociado desde Madrid con la Unión Europea y cuestiona que el Gobierno de España «haya tomado una decisión de forma unilateral, mostrando el mínimo compromiso con el sector y los agentes implicados».

Pola instó también al PP a que explique la distribución de los 2.130 millones de euros en ayudas públicas que contempla el documento y «que parecen corresponderse con el conjunto de las ayudas de carácter social y ambiental para atenuar el impacto del cierre de las minas, tales como las ayudas a la restauración, las jubilaciones y las ayudas hasta 2018». No obstante, Pola subrayó que la reducción de las ayudas a la explotación fue superior a lo establecido por Europa, que contemplaba una disminución progresiva de 2011 a 2018.

UGT estudia la posibilidad de impugnar el acuerdo del Gobierno con Bruselas sobre el cierre de 26 minas de carbón

Europa Press / Servimedia.– El secretario general de UGT, José María Álvarez, aseguró que el sindicato estudia la posibilidad legal de poder impugnar el pacto del Gobierno con Bruselas por el que se aplicará un plan de 2.130 millones de euros en ayudas para el cierre ordenado de 26 minas de carbón. Álvarez se mostró indignado por la decisión adoptada «con nocturnidad» del Gobierno en funciones: «es una traición y vamos a luchar para que no se cumpla», apuntó.

El nuevo secretario general de la UGT calificó el acuerdo de «atemporal» en el sentido de que «no hacía falta ni era el momento» y añadió que este ejecutivo en funciones ha hurtado el derecho a todos los españoles para que el nuevo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio pueda adoptar decisiones sobre este sector. «No había obligación», añade el sindicalista, que considera el acuerdo como “el colmo de los despropósitos de este Gobierno, pues se trata de un plan de cierre en todas sus dimensiones que desconocemos por completo y supone el fin de la minería del carbón en España».