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La subasta renovable se cierra sin incentivos, al reducirlos en un 100%, y sin adjudicación para las grandes compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- La primera subasta de energía renovable celebrada en España, que ha servido para asignar nueva potencia por primera vez desde la moratoria impuesta por el Gobierno en 2012, se cerró sin que ninguna de las tres grandes eléctricas se haya adjudicado megavatios y con tanta presión competitiva que los incentivos han quedado reducidos a cero, según fuentes del sector. Esto significa que las plantas que se construyan a partir de la adjudicación de esta subasta cobrarán la retribución del mercado.

Este mecanismo de subasta fue ideado por el Ministerio de Industria para adjudicar la potencia entre los oferentes que ofrecieran la mayor reducción en el incentivo con el objetivo de conseguir que estas plantas renovables tuvieran el menor coste posible para el sistema eléctrico. Lo cierto es que la subasta ha arrojado un resultado imprevisto de reducción del 100% en el incentivo. Según las fuentes consultadas, por un lado no se descartan fallos en el diseño del mecanismo de la subasta, lo que ha podido llevar finalmente a este resultado.

Otra de las causas posibles de este sorprendente resultado, que supone que estas inversiones carezcan de un sistema retributivo adicional, es que habría concurrido un elevado número de agentes que, en dificultades desde las medidas puestas en marcha por el Gobierno, se hayan conformado con obtener cualquier tipo de flujo de caja que la adjudicación de esta potencia renovable pueda darles en el futuro, lo que ocasiona el hundimiento del resultado de la propia subasta.

Durante la puja, en la que no resultaron adjudicatarias Enel Green Power España, sociedad participada en un 40% por Endesa y en un 60% por Enel, Iberdrola ni Gas Natural Fenosa, se alcanzó un 100% de descuento tanto sobre los incentivos para los 500 megavatios (MW) de eólica como para los correspondientes a 200 MW de biomasa. En consecuencia, en el caso de la eólica no habrá retribución a la inversión para los proyectos adjudicados mientras que en el de la biomasa la retribución a la inversión también será a coste cero aunque tendrá retribución a la operación de 40 euros por megavatio hora (MWh).

Las fuentes del sector destacan la «sorpresa» que ha provocado el cierre de la subasta sin incentivo, ya que solo por acudir era necesario asumir compromisos en términos de costes del aval y plazos para el desarrollo de proyectos. Una de las explicaciones que se ofrece es la existencia de cerca de 10.000 MW asignados en los distintos concurso autonómicos que, tras la moratoria, se encuentran paralizados y a la espera de su desarrollo. Este volumen garantizaba de por sí el éxito de la subasta.

Los promotores de estos proyectos, que ya tienen la ubicación asignada, llevan en algunos casos varios años pagando avales y con las máquinas en stock, por lo que estaban dispuestos a presentar ofertas muy competitivas. Muchos de ellos proceden de los concursos que en su momento convocaron Galicia, Aragón, Cantabria o Extremadura. Las fuentes también atribuyen el resultado de la subasta a que, al haber muchos megavatios atascados, se ha podido dar salida a los mejores emplazamientos. La percepción dentro de la Administración es que el proceso ha sido «positivo» y que la idea de subastar pequeños bloques parece atraer una fuerte competencia. El organismo supervisor, la CNMC, validó la subasta al asegurar que había tenido la «suficiente presión competitiva».

En el sector coincidía el gran interés por esta subasta, tras 4 años de paralización en el desarrollo de nuevos proyectos con derecho a incentivo, con la confianza en que, a la vista de la potencia eólica necesaria para cumplir los objetivos europeos para 2020, en próximos meses se celebrarán nuevas pujas. También hay que subrayar que algunas empresas de referencia en el sector como Acciona ni siquiera han llegado a presentarse a la subasta. Asimismo, otras fuentes del sector energético consideran que exponerse a un precio de mercado, que fluctúa en función de factores como la demanda o la meteorología, supone un enorme riesgo.

La reforma eléctrica de 2013 estableció que las renovables dejaran de cobrar primas o ayudas a la producción para pasar a recibir una retribución razonable durante su vida útil, una rentabilidad establecida en términos porcentuales, revisable cada 6 años, que se aplica sobre la inversión realizada, al menos en términos teóricos. Según esta normativa, la subasta establecía un parámetro de inversión base sobre el que los interesados podían proponer un descuento, de manera que la potencia se asignaría de mayor a menor descuento y finalmente todos cobrarían el precio del último que entró. Durante la subasta, los interesados redujeron totalmente los 1,2 millones y 3,35 millones de euros por MW reconocidos de partida para la eólica y la biomasa, respectivamente.

El Tribunal Constitucional avala el recorte retributivo a las energías renovables y rechaza que se haya vulnerado la seguridad jurídica

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Constitucional ha avalado el recorte a las renovables de la reforma energética y considera que el Gobierno justificó «de forma suficiente» la necesidad de aprobar las medidas por la vía de urgencia, por lo que actuó de acuerdo con la legislación. En un voto particular 3 magistrados consideran «insuficientes» la argumentación relativa al principio de confianza legítima pero están de acuerdo en el fallo.

En su sentencia, del pasado 17 de diciembre, el Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 9/2013, que estableció un nuevo sistema retributivo para las energías renovables, aunque se incluye un voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren otros dos de los 11 miembros del tribunal. En el fallo, el Constitucional señala también que dichas medidas no vulneran, como alegaba el recurrente, el principio de jerarquía normativa ni los de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables.

Además, indica que, según consolidada doctrina, el artículo 86.1 de la Constitución habilita al Gobierno a legislar por decreto siempre y cuando resulte justificada de forma explícita la «extraordinaria y urgente necesidad» de las medidas aprobadas por esta vía. Así, destaca que según la exposición de motivos de la norma impugnada y la intervención del ministro de Industria, José Manuel Soria, en el debate de convalidación del Congreso, las medidas contenidas en el decreto-ley recurrido sirvieron para hacer frente al «aumento imprevisto del déficit tarifario» causado por los efectos de la crisis económica, esto es, por la caída de la demanda de energía eléctrica y por el incremento general de los costes del sistema eléctrico.

Al respecto, en doctrina aplicable a este recurso, el Tribunal Constitucional ya había determinado que «la importancia del sector energético para el desarrollo de la actividad económica determina que su ordenación sea susceptible de constituir una necesidad cuya valoración entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponde al Gobierno«. Asimismo, los recurrentes denunciaban la vulneración del principio de jerarquía normativa porque, en su opinión, el decreto legislativo es contrario al Tratado sobre la Carta de la Energía ratificado por España. Sin embargo, la sentencia señala que «no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad o no de un precepto legal con un tratado internacional, ni éstos pueden erigirse en normas fundamentales y criterios de constitucionalidad».

El Constitucional también rechaza que las modificaciones en el régimen retributivo de las energías renovables vulneren la seguridad jurídica. Según explica, este principio, así como el de confianza legítima, no protegen «de modo absoluto la estabilidad regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas«. «Dicha estabilidad regulatoria es compatible con cambios legislativos cuando sean previsibles y derivados de exigencias claras del interés general», añade al respecto. En este caso, «no cabe calificar de inesperada la modificación producida, pues la evolución de las circunstancias del sector hacían necesarios los ajustes», indica la sentencia que concluye que «los principios de seguridad jurídica y confianza legítima no permiten consagrar un pretendido derecho a la congelación del ordenamiento jurídico existente«.

Por otra parte, considera que la demanda tampoco justifica en qué medida la norma puede «generar confusión o incertidumbre en su aplicación», ya que de hecho, añade, el decreto recurrido especifica expresamente los parámetros y criterios que permiten determinar de manera objetiva los conceptos jurídicos de rentabilidad razonable y empresa eficiente o bien gestionada, conceptos que constituyen las condiciones que deben cumplirse para la aplicación de las retribuciones adicionales y que los recurrentes consideran «indeterminados».

Finalmente, el Tribunal descarta que, al disponer su vigencia inmediata al tiempo que remite a un reglamento posterior para la efectiva aplicación del nuevo régimen retributivo, el decreto vulnere el principio de irretroactividad de las leyes. Así, señala que la norma impugnada prevé un régimen transitorio hasta que el ulterior desarrollo del reglamento dote de plena eficacia al nuevo régimen retributivo. En ese momento, explica, se procederá a practicar la «regularización correspondiente por los derechos de cobro o en su caso las obligaciones de pagos resultantes» que se hayan generado.

La sentencia reitera que la irretroactividad que prohíbe la Constitución es aquella que se entiende como «incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores»; es decir, cuando se trata de «derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes y futuros, condicionados y expectativas». En este caso, afirma el Tribunal, los titulares de las instalaciones de producción de electricidad en régimen primado están sujetos al nuevo régimen retributivo desde la fecha de entrada en vigor del decreto impugnado.

Por su parte, en el voto particular, los magistrados se muestran favorables a la sentencia pero consideran «insuficientes» los argumentos planteados en lo que se refiere al principio de confianza legítima y a su significado constitucional como «elemento integrante de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas, consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución. Asimismo, también consideran que la sentencia debió realizar un análisis «detenido y minucioso» sobre el cumplimiento por la norma impugnada del citado principio de confianza legítima y sostienen que el Tribunal ha «perdido la oportunidad» de pronunciarse sobre la influencia de los cambios en la regulación de este sector «desde la perspectiva de la confianza legítima».

Industria se muestra «satisfecha» con la sentencia del Constitucional que «desarma» los recursos de las renovables

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encuentra «satisfecho y contento» con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se rechaza el recurso presentado por el Gobierno de Murcia en contra del recorte a las renovables aplicado en el real decreto-ley 9/2013.

Fuentes del departamento dirigido por José Manuel Soria indicaron que la sentencia es «importante» para validar las medidas de la reforma y «desarma los argumentos» incluidos en los recursos de las empresas de renovables que analiza en la actualidad el Tribunal Supremo. Industria destaca especialmente los votos particulares emitidos por 3 de los 11 magistrados del Constitucional no sólo por «ir a favor» del fondo de la sentencia, sino también por reclamar más argumentos que den más fuerza al rechazo de los recursos en los tribunales y hubieran creado jurisprudencia.

La alemana RWE quiere ampliar su negocio de renovables y apuesta por la energía solar

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EFE.- La compañía alemana de suministro energético RWE quiere ampliar su negocio de renovables y apostará por la energía solar y por nuevos mercados para la eólica tras sacar a bolsa la que será una nueva filial. Asimismo, RWE comunicó que su filial de renovables RWE Innogy duplicó en 2015, previsiblemente, su resultado operativo. «De este modo RWE fortalece su posición en el consorcio y el mercado de forma sostenible», añadió.

RWE asegura que es ahora uno de los cinco mayores operadores de parques eólicos en el mar en todo el mundo y es uno de los mayores gestores de estas instalaciones en tierra en Europa con una capacidad instalada de 2.000 megavatios. La compañía alemana quiere crecer en las energías renovables con la entrada en nuevos mercados y la expansión a la energía solar fotovoltaica y para ello contempla adquisiciones.

Previamente RWE quiere sacar a bolsa una nueva filial, que le permitirá financiar el crecimiento en las renovables. «Con la decisión de agrupar las operaciones de renovables, redes y distribución en una filial con acceso al mercado de capital, establecemos la base para seguir creciendo», dijo el presidente de la junta directiva de RWE, Peter Terium. «Queremos colocar en el mercado aproximadamente un 10% de las acciones de la nueva compañía a finales de este año como parte de una ampliación de capital», añadió Terium.

Terium señaló que, «de acuerdo a los planes actuales, la mitad de los ingresos por la salida a bolsa se invertirán previsiblemente en ampliar más las renovables«. RWE ve posibilidades de crecimiento en los parques eólico en tierra y en nuevos mercados como Irlanda, Estados Unidos, Oriente Próximo, Norte de África y Turquía. Asimismo RWE prevé crear un área de negocio separada para grandes proyectos fotovoltaicos. Estas inversiones se centrarán en regiones con muchas horas de sol como Oriente Próximo, Norte de África y Turquía.

El Gobierno alemán ha subvencionado además las energías renovables, lo que ha generado un exceso de oferta y arrastrado a la baja los precios mayoristas de electricidad, sobre todo, de generación convencional. Como consecuencia de estas decisiones, los grandes perdedores en 2015 del DAX30, el indicador bursátil de las principales compañías que cotizan en Frankfurt, fueron RWE (-54 %) y su competidor E.On (-37 %), por el coste del cambio de modelo energético en Alemania.

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra el decreto de autoconsumo

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso, interpuesto ante la sala tercera del Supremo, fue admitido el pasado 7 de enero. APPA presentó el pasado mes de diciembre un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de autoconsumo aprobado por el Gobierno al considerar que «vulnera la Constitución Española».

La normativa de autoconsumo energético elaborada por Industria establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. La normativa ha sido duramente criticada desde el sector renovable que califica estos cargos como un «impuesto al sol» y acusa al Gobierno de querer acabar con esta modalidad.

Junto a APPA, también presentaron recursos contra esta normativa ante el Supremo la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y el sindicato CC.OO. Las asociaciones consideran que la normativa discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles y vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. A su juicio, vulnera también la directiva del mercado interior de la electricidad imponiendo unos «peajes discriminatorios».

El Gobierno estableció dos modalidades de autoconsumo, una primera para aquellos usuarios que tengan una instalación de no más de 100 kilovatios (kw), solo para autoconsumir, de forma que pueden verter a la red el sobrante, pero no pueden venderlo. La otra modalidad se dirigía a los consumidores con instalaciones de más de 100 kw, que pueden tanto verter a la red la energía sobrante como venderla, para lo que tienen que inscribirse en el registro de productores de electricidad.

La filial de renovables Enel Green Power aprueba su integración total en el grupo italiano Enel

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EFE / Servimedia.- La asamblea extraordinaria de accionistas de la filial de energías renovables Enel Green Power aprobó su integración en el grupo energético italiano Enel a través de una denominada «escisión parcial no proporcional», según comunicó Enel, que ya anunció su intención de realizar este proyecto el pasado 18 de noviembre.

Enel explicó que la operación se aprobó sin modificaciones al plan previsto y que este proyecto de «escisión parcial no proporcional» prevé que Enel Green Power traslade a Enel el patrimonio escindido, representado esencialmente en todas las participaciones extranjeras integradas en la holding Enel Green Power Internacional. Esta es la sociedad holding de derecho holandés que posee participaciones en empresas que operan en el sector de energías renovables en América, en Europa, en Sudáfrica y en la India y los activos, pasivos, contratos y relaciones jurídicas asociadas a tales participaciones.

Enel Green Power mantendrá los restantes elementos patrimoniales distintos a los que conforman el patrimonio escindido; esencialmente, las actividades italianas y un número reducido de participaciones extranjeras restantes. Para completar el proyecto, se reducirá su capital social en un importe equivalente al valor del patrimonio escindido, mientras que Enel aumentará su capital social para atender al canje de la escisión. Concretamente, el capital social de Enel Green Power se reducirá de 1.000 millones de euros a un importe total de 272 millones de euros. Los accionistas de la filial renovable recibirán acciones de Enel de una nueva emisión con una relación de cambio de 0,486 acciones de Enel por cada una de Enel Green Power.

La operación también fue aprobada en asamblea extraordinaria de Enel. De esta forma, la matriz se convertirá en accionista único de su filial con propiedad plena sobre todos los negocios en el extranjero, una operación que el grupo prevé concluir durante el primer trimestre de 2016. Las acciones de Enel Green Power quedarán excluidas de cotización en la Bolsa Italiana y en el sistema electrónico español de negociación continua (SIBE).

Enel eligió la «escisión parcial no proporcional», permitida por la legislación italiana, por lo que no necesita lanzar ninguna oferta pública de adquisición (OPA) al dividir las actividades de Enel Green Power en internacionales e italianas e intercambiar únicamente las acciones de una empresa a otra o liquidar a quien no quiera pasar a Enel, algo que hará a un valor de liquidación unitario de las acciones de Enel Green Power, calculado conforme al artículo 2437 del Código Civil italiano, igual a 1,780 euros por cada acción de Enel Green Power, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de inscripción del acuerdo de escisión en el Registro Mercantil.

Abengoa centrará el plan de viabilidad en mantener sus señas de identidad y se compromete a mantener el empleo indefinido

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Europa Press.- Después de una reunión con la dirección de recursos humanos de Abengoa, los sindicatos CCOO y UGT señalaron que les aseguraron que «mantendrán los puestos de trabajo indefinidos». En este sentido, el plan de viabilidad de Abengoa, que la compañía prevé tener aprobado por su consejo para finales de enero, se centrará en mantener su core business, con el objetivo de preservar el máximo valor tanto para el grupo como para sus acreedores, según indicaron fuentes conocedoras de las negociaciones.

En concreto, el grupo prevé tener listo en la última semana de este mes el plan, elaborado conjuntamente con la firma de asesoramiento Alvarez & Marsal, para que sea presentado a su consejo de administración. Una vez reciba el visto bueno del órgano rector de la compañía, Abengoa, con el respaldo de Alvarez & Marsal y Lazard, firma también asesora del grupo de ingeniería y energías renovables, presentará este plan a sus stakeholders con el objetivo de alinear las diferentes visiones hacia la definición de un plan de reestructuración. Así, el objetivo de este plan será presentar «una solución adecuada» para todos los actores involucrados, acreedores, empleados, inversores, clientes, proveedores y accionistas, señalaron estas fuentes.

El grupo de ingeniería y energías renovables, que presentó preconcurso de acreedores el 25 de noviembre, ha orientado su actividad hacia la innovación y la tecnología como motores de desarrollo y crecimiento, contribuyendo al desarrollo sostenible, con lo que pretende aprovechar esas ventajas competitivas clave. El pasado 30 de diciembre, el grupo señaló que confiaba en lograr un acuerdo con sus acreedores antes del 28 de marzo, fecha final del preconcurso, con el objetivo de asegurar su estabilidad financieraen el corto y medio plazo. Asimismo, indicó que la reestructuración de la deuda debía «necesariamente» fundarse en un plan de negocio que asegure la continuidad de la actividad empresarial en el corto y medio plazo.

Hasta la finalización de dicho plan de negocio, sobre el que pivotará la reestructuración de su deuda, y su revisión por parte de KPMG, la compañía afirmó que no podía anticipar los términos de la negociación, a qué colectivos afectará ni en qué medida a cada uno de ellos. Alvarez & Marsal está asesorando a Abengoa para desarrollar y ejecutar este plan de viabilidad, mientras que Lazard está colaborando con el grupo, más concentrada en establecer una estructura de capital sostenible a largo plazo, en las negociaciones con las entidades financieras, así como en el proceso de venta de activos.

Compromete mantener el empleo indefinido

Por su parte, desde los sindicatos CCOO y UGT explicaron que la empresa ha indicado que «ha abonado todas las nóminas de diciembre», así como ha asegurado que «mantendrá los puestos de trabajo indefinidos» y se ha comprometido a presentar a las centrales el plan de viabilidad que está en fase de elaboración. El secretario general de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, indicó que la reunión «fue toda bien», aunque lamenta que «no nos ha dado ninguna documentación por escrito ni ninguna información añadida a lo que planteábamos«.

Cerrejón resaltó que los sindicatos «constatan que la nómina de diciembre y la paga extra ya han sido abonadas a todos» y valoran que la empresa les asegura que «se está trabajando para intentar que no haya problemas con la nómina de enero». Asimismo, subrayó necesaria la presentación de un plan industrial de viabilidad, que la empresa está elaborando en estos momentos y donde ha recordado a los trabajadores que este plan «no lo realiza exclusivamente la dirección de la empresa, sino que hay otros agentes, como el grupo G7 de entidades financieras acreedoras o la consultora KPMG». «No hay una dirección de la empresa absolutamente independiente, sino que depende de otras estructuras», ha añadido.

No obstante, aplaudió que la empresa «se haya comprometido a mantener reuniones con los sindicatos para analizar el plan», ante lo que CCOO ha solicitado «mantener el vínculo y analizar las cuestiones según se vayan produciendo». Moreno Cerrejón aseguró que los sindicatos no tienen información del plan de viabilidad, aunque cree que «parece claro que pueden ocurrir algunas cosas, como el hecho de que pueden seguir rescindiendo contratos eventuales en aquellos programas y proyectos que se pierdan y no tengan viabilidad; o que pueda haber reducciones en eventuales ante la disminución de pedidos de clientes en las diferentes empresas; además de que puedan impulsar aquellas actividades que tengan más rentabilidad».

En ese sentido, CCOO ha apuntado que la empresa «una vez que tenga el plan industrial en su mano nos lo comunicará, antes de ejecutarlo». «Vamos a ver si es posible el acuerdo sobre el plan y las actuaciones que contemple, procuraremos el acuerdo», indicó Moreno Cerrejón quien aboga por «conseguir que no se pierda el know how de la empresa y que la gente que tenga que salir, que ha sido formada en la compañía, pueda recuperarse como activos humanos en cuanto la compañía tenga una situación más sostenible».

Por su parte, el secretario general de MCA UGT Sevilla, Manuel Ponce, indicó que la empresa «tiene en elaboración el plan de viabilidad, que no está terminado, y del que dependerán las desinversiones que tenga que acometer la compañía y el camino que haya que realizar». Ponce aseveró que «ya todo el mundo ha cobrado el mes de diciembre», así como que «se sigue manteniendo el empleo indefinido», mientras que han salido los eventuales adscritos a algún programa. Las fuentes de UGT han indicado que la mayor o menor liquidez «dependerá de cómo se valore el plan de viabilidad y las desinversiones», algo que están analizando con los diferentes bancos.

UGT espera mantener reuniones con la empresa «para abordar el plan de viabilidad», de forma que considera que la empresa «está más colaborativa con los trabajadores». También ha destacado que los sindicatos «van a participar en este proyecto y la empresa nos tendrá en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión». UGT-A recordó que la empresa por el momento no ha presentado ningún expediente de regulación de empleo (ERE) e insiste en que las decisiones que se tomen «irán en función de lo que salga del plan de viabilidad que está elaborando y de lo que estimen los bancos».

Canarias aumentará el peso de las renovables del 10% al 21% en su producción eléctrica con los nuevos parques eólicos

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EFE.- El Gobierno de Canarias celebró que ha conseguido desbloquear la instalación de nuevos parques eólicos que permitirán que la penetración de las energías renovables en las islas aumente del 9,9% al 21% del total de la demanda energética. Se agilizará la tramitación necesaria para que 44 nuevos parques eólicos puedan acogerse al régimen retributivo específico aprobado por el Ministerio de Industria para las nuevas instalaciones de renovables en los sistemas eléctricos en los territorios extrapeninsulares.

Junto a ellos, también podrá acogerse el proyecto presentado por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) para hacer un parque eólico offshore, cuya aprobación dependerá directamente del Gobierno de España. La capacidad de producción de estos 45 parques eólicos suman un total de 422 megavatios, que representa el 93% de la cuota máxima de 450 megavatios que se puede instalar en Canarias, de acuerdo con las condiciones de retribución específicas recogidas en la orden del Ministerio de Industria hasta el 31 de diciembre de 2015.

El consejero autonómico de Industria y Energía canario, Pedro Ortega, destacó la importancia que tiene este paso para conseguir avanzar en la penetración de las energías renovables de las islas, dotando a los promotores eólicos de seguridad económica para emprender sus proyectos, al acceder a una prima específica ajustada a las características del mercado insular. Recuerda que su consecución es resultado del esfuerzo que el Ejecutivo canario ha realizado en los últimos 6 meses para desbloquear las principales trabas que impedían el desarrollo de nuevas instalaciones eólicas en las islas.

Según Ortega, entre otros avances, se simplifica la tramitación ambiental autonómica y da la opción al promotor de presentar directamente el estudio de Impacto Ambiental en aplicación de la normativa básica del Estado, lo que reduce en tiempo la tramitación de los proyectos. El consejero asegura que el objetivo de Canarias es seguir negociando con el Estado para instaurar un sistema retributivo en las islas estable y diferenciado, en el que se tenga en cuenta los altos costes que se derivan de su condición de territorio alejado, insular y fragmentado.

A partir de ahora, los proyectos eólicos que se han acogido a la orden ministerial deberán completar el proceso para obtener la autorización administrativa, lo que incluye la revisión técnica y el inicio de la consulta a otras administraciones implicadas en su desarrollo, entre otros trámites. Resuelta esta fase, los promotores podrán iniciar la construcción de las instalaciones eólicas. La Consejería de Economía, por su parte, contactará con Red Eléctrica de España para garantizar que se facilita el acceso a la red de suministro eléctrico a las nuevas instalaciones eólicas.

Según los datos de Economía, la ampliación de la producción de energía eólica en 422 megavatios contribuirá a reducir en 17,4 toneladas la emisión de gases contaminantes en Canarias. La ejecución de los proyectos implica una inversión de 510 millones, que permitirá reducir en 2.089 millones el coste de producción de energía eléctrica y crear un total de 772 puestos de trabajo durante los 20 años que tiene de vida media este tipo de instalaciones.

Gran Canaria, con 19 proyectos y 110,2 megavatios, incluido el proyecto eólico offshore de Plocan, es la isla con más parques eólicos proyectados y le sigue Tenerife, donde se ubican 12 parques eólicos con capacidad para 189,75 megavatios. A continuación va Fuerteventura, con seis parques y 39,5 megavatios; Lanzarote, con cuatro proyectos y 39,6 megavatios; La Palma, con dos parques y 4,5 megavatios; La Gomera, con otros dos parques y una capacidad de 3,6 megavatios.

La energía nuclear lideró la generación eléctrica en 2015 con un 21,9% del total, por delante del 20,3% del carbón

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Servimedia.- La energía nuclear fue la fuente que más generación eléctrica aportó al sistema español en 2015, con un 21,9%, seguida por el carbón (20,3%), según datos de Red Eléctrica de España (REE). A estas energías les siguieron la eólica (19%), la hidráulica (11%), la cogeneración y otros (10,6%), el ciclo combinado (10,1%), la solar (5,1%) y la térmica renovable (2%).

El pasado ejercicio, el 37,4% de energía eléctrica demandada se cubrió con generación renovable. Su participación en la producción de electricidad descendió 5,4 puntos respecto al año anterior debido, principalmente, a la caída de la generación hidráulica, que fue un 28,2% menor que en el año anterior. La eólica, por su parte, descendió su producción un 5,3% respecto a 2014, hasta alcanzar los 47.948 GWh. El parque generador de energía eléctrica en la península aumentó ligeramente al finalizar 2015 con una potencia instalada de 102.613 megavatios (MW), un 0,4% más.

La demanda peninsular de energía eléctrica en 2015 creció un 1,8% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 248.000 gigavatios hora (GWh), lo que supuso el primer valor positivo de los últimos 5 años. No obstante, si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda de electricidad ascendió un 1,6%. Este repunte anual se produjo a pesar del retroceso del 2,1% registrado en diciembre, cuando se situó en 20.871 GWh, aunque creció un 2,4% teniendo en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas.

Por su parte, la demanda anual de energía eléctrica en el conjunto de los sistemas no peninsulares creció en el 2015 un 2,2% respecto a 2014. Por sistemas, en Baleares se incrementó en un 4,1%, en Canarias un 1,1% y en Melilla un 2,5%, mientras que en Ceuta descendió un 2,6% con respecto al 2014. El saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica mantuvo un año más el signo exportador con 467 GWh, un 86,3% inferior al de 2014. En este año 2015, las exportaciones alcanzaron los 15.119 GWh y las importaciones los 14.652 GWh.

El 4 de febrero se alcanzaron los valores máximos de potencia instantánea, con 40.726 MW a las 19.56 horas y de demanda horaria con 40.324 MWh entre las 20.00 y las 21.00 horas. Además, el máximo de demanda de energía eléctrica diaria se registró el 20 de enero con 821 GWh. Durante 2015 se pusieron en funcionamiento 443 kilómetros de circuitos de nuevas líneas, por lo que la red de transporte eléctrico nacional alcanza los 43.153 kilómetros de circuitos. Asimismo, la capacidad de transformación nacional se ha incrementado en 605 MVA, hasta los 84.544 MVA.

Abengoa confía en alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de que termine el preconcurso mientras UGT se muestra optimista

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EFE / Servimedia.- El sector del Metal, Construcciones y Afines de UGT mostró su «optimismo» respecto a que Abengoa evite antes de marzo el concurso de acreedores y pueda salir de la situación de preconcurso en la que se encuentra desde el pasado noviembre. Por su parte, desde la empresa también confían en evitar el concurso y lograr un acuerdo con los acreedores que le permita salir de la situación de preconcurso antes de que termine el plazo el próximo 28 de marzo.

Este acuerdo tendrá que asegurar «su estabilidad financiera a corto y medio plazo», según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las negociaciones con los acreedores «se encuentran en un estadio inicial», apuntó la empresa, al tiempo que señaló que en estos momentos «no es factible pronunciarse sobre el acuerdo que pueda alcanzarse». En cualquier caso, Abengoa subraya también que la reestructuración deberá «fundarse en un plan de negocio que asegure la continuidad de la actividad empresarial en el corto y medio plazo», un programa que está en proceso de elaboración por parte del grupo y que está siendo «monitorizado» por el asesor de las entidades financieras, la consultora KPMG.

La empresa de ingeniería espera tener la primera versión de este plan de negocio a finales de enero de 2016, cuando «tendrá que ser revisado y validado» por KPMG. Este plan y el acuerdo con los acreedores «supondrán la recuperación de sus valores y, en general, de la situación financiera de la compañía, factores estos que deberían permitir su continuidad en el corto y medio plazo». El plan de Abengoa también incluirá el detalle de las necesidades de liquidez y previsiones de tesorería, ya que actualmente la empresa no cuenta con un presupuesto al respecto.

Reclamaciones judiciales y también extrajudiciales

En cuanto a las reclamaciones judiciales, Abengoa ha precisado que, en el área de bioenergía, suma en Estados Unidos 11,2 millones de euros por disputas comerciales y 1 millón por embargos preventivos. En ingeniería y construcción acumula reclamaciones judiciales por 75,5 millones de euros y extrajudiciales por 40 millones, en fase de negociación. En México, existen reclamaciones extrajudiciales por un importe total de 300.000 euros que se encuentran en fase de negociación; en Brasil las reclamaciones judiciales alcanzan los 20,1 millones, todas en concurso; y en Chile las reclamaciones extrajudiciales suman 389,8 millones, más otros 30,5 millones adicionales que están en negociaciones con las contrapartes.

La compañía también ha detallado que tenía pignorados como garantía 14,63 millones de euros en activos a fecha del cierre de septiembre, es decir, antes de solicitar el preconcurso. De ellos, 12,62 millones correspondían a inmovilizado de proyecto; 1,9 millones, a inversiones financieras y el resto, a inmovilizado material. Además, Abengoa ha aclarado que también están puestas como garantía 39,5 millones de acciones de su filial estadounidense Abengoa Yield, equivalentes al 39,5% del capital de esta. En estos momentos, la participación del grupo sevillano en su filial ronda el 43%.

Optimismo de UGT sobre Abengoa

Por su parte, el sector del Metal, Construcciones y Afines de UGT Sevilla expresó su «optimismo» respecto a que Abengoa evite antes de marzo el concurso de acreedores y pueda salir de la situación de preconcurso en la que se encuentra desde el pasado noviembre. El secretario general del sector del Metal en UGT Sevilla, Manuel Ponce, explicó que su optimismo se basa en que el grupo Abengoa, a pesar de las «irregularidades» e «incidencias» laborales, tiene mucha actividad contratada en el sector de las energías renovables así como una buena imagen fuera de España.

Además, el sindicalista añadió que el hecho de que un banco adelante 106 millones de euros para que la empresa, entre otros fines, pague salarios extraordinarios, supone que la entidad financiera tiene confianza en la continuidad del grupo y en recuperar el dinero aportado. En cualquier caso, el dirigente sindical ha subrayado que Abengoa tiene que tratar a los sindicatos «con la máxima transparencia» y ofreciendo toda la información disponible si quiere que la empresa se «salve». En este sentido, ha confiado en que les aporten datos sobre los planes de viabilidad y de empleo que propondrá la empresa y ha aprovechado para solicitar que los trabajadores de Abengoa se organicen y tengan representación sindical en todos sus centros laborales.

«Hasta que no le vemos las orejas al lobo, no reivindicamos nuestros derechos», apuntó Ponce sobre lo ocurrido en Abengoa, una empresa en la que, según su opinión, debe cambiar la cultura y mentalidad de los trabajadores. En el centro de Palmas Altas de Abengoa en Sevilla nunca ha habido representación sindical, según dijo Ponce, antes de señalar que algunos trabajadores les preguntan de forma individual y de lamentar que entre los empleados sigue existiendo «miedo y desinterés sindical». Ponce mostró su esperanza de que la próxima semana se puedan reunir con la dirección de la empresa y les ofrezcan información sobre los planes de futuro así como del calendario de pago de salarios a los 5.900 trabajadores en España.