Servimedia / EFE.- La Audiencia Nacional desestimó el recurso del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, contra las medidas cautelares dictadas por la juez que le investiga por administración desleal al tiempo que el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla ha dictado un auto declarando la homologación judicial del contrato de espera acordado por Abengoa y sus acreedores, por lo que otorga 7 meses, hasta el 28 de octubre, para negociar con los acreedores de pasivos financieros.
Abengoa presentó el pasado 28 de marzo la solicitud de homologación de este contrato de espera o standstill, en el marco del proceso de negociación con entidades financieras y bonistas, que ya había recibido el apoyo del 75,04% de los mismos. De esta manera, se habían superado las mayorías requeridas por la ley (60%) en el respaldo de los acreedores al citado contrato. La empresa sevillana avanza así en el proceso para asegurar su viabilidad y evitar el concurso de acreedores. El acuerdo alcanzado prevé que Abengoa logrará reducir su deuda un 47%, hasta 4.920 millones de euros, lejos de los 9.360 millones de euros en que se encuentra actualmente.
La compañía prevé cerrar el presente ejercicio con un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 244 millones de euros, si bien ya en 2017 volverá al terreno positivo con un beneficio bruto de 20 millones de euros. En virtud de este acuerdo, los acreedores de la compañía prestarán una nueva cantidad de entre 1.500 y 1.800 millones de euros por un plazo máximo de 5 años. Así, los financiadores tendrían derecho a recibir un 55% del capital social y la citada financiación tendría un rango superior a la deuda antigua y estaría avalado. Al término del proceso de reestructuración, los actuales accionistas de la sociedad ostentarían una participación del 5% en el capital social.
Una vez concedido el aplazamiento, el proceso consistirá en continuar desarrollando la documentación legal del preacuerdo para someterlo a consideración por parte de los acreedores. En este sentido, si los acreedores dan su visto bueno, la empresa presentará el preacuerdo ante el juzgado en un plazo aproximado de entre 4 y 6 meses. Posteriormente, Abengoa tendría que solicitar la celebración de la junta de accionistas para que dé su aprobación al acuerdo con los acreedores.
Audiencia Nacional ratifica medidas cautelares
Por su parte, la Audiencia Nacional desestimó el recurso del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y ratificó la retirada de su pasaporte al considerar que hay riesgo de fuga por su «gran capacidad económica». En el auto, se respalda la decisión de la instructora del caso, Carmen Lamela, y considera que las medidas impuestas tienen «carácter legal» y no vulneran los derechos fundamentales del investigado. Además avala la obligación de Benjumea de presentarse ante la justicia tantas veces como sea necesario, incluyendo su comparecencia los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo, como dictó Lamela.
El fallo de la Sala de lo Penal, ante el que no cabe recurso, obliga a Benjumea a acatar lo acordado por Lamela, que investiga tanto a él como a su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias de 11,5 y 4,5 millones de euros tras su salida de Abengoa. Unas cantidades que, a tenor de la magistrada, «no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma», y que podrían ser constitutivas de un delito de administración desleal como denuncia Plataforma de Perjudicados por Abengoa.
