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El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

Jorge Fabra expresa su compromiso como consejero del CSN de que la seguridad nuclear no se relaje ante intereses económicos

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Europa Press.- El catedrático Jorge Fabra Utray, nombrado a propuesta del PSOE consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), manifestó en el Congreso su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra Utray, que formó parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha señalado que uno de sus objetivos es conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores», que «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, el consejero se ha marcado también lograr la transparencia en las actividades y decisiones del organismo regulador. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental», ha declarado en su intervención para señalar que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es, en su opinión «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública«. Además de sus aportaciones al Consejo del CSN, los grupos parlamentarios han cuestionado mayoritariamente a Fabra por su opinión sobre el parque nuclear español, así como por la construcción del Almacén Nuclear Temporal Central (ATC) que no se acaba de construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Ante estas cuestiones, el consejero se ha mostrado prudente, alegando que, para dar opiniones concretas, tendría que acceder a los informes preparados por los técnicos del regulador, a quienes ha valorado muy positivamente. Aún así, ha reconocido que «el parque nuclear español está envejecido» y que cualquier dictamen técnico del CSN sobre esta materia debe centrarse en la seguridad y no en «consideraciones económicas o políticas» ya que las decisiones finales son competencia del Parlamento o del Gobierno. «No puede haber otro criterio que no sea la propia seguridad«, indicó, para señalar que si esto no fuera así se estaría «desvirtuando la posición del CSN» como protector de la sociedad.

Sobre su postura sobre las centrales nucleares, Fabra ha reconocido que «por motivos estrictamente técnicos» no mantiene «una posición antinuclear de ningún tipo». De hecho, ha señalado que si se busca en la hemeroteca se podrá encontrar que ha sido pronuclear «durante un tiempo nada despreciable», una posición que, según ha asegurado, se moderó tras Chernóbil y desapareció tras Fukushima.

En cuanto a la construcción del ATC, el consejero señaló que «sólo puede decir que el país lo necesita», pero no ha querido hacer valoraciones sobre la polémica existente en cuanto a su localización porque, según ha argumentado, desconoce los informes técnicos sobre este proyecto. «Ahí es donde formaré mi propia opinión«, apuntó, antes de insistir en que un almacén «es necesario porque los almacenes individuales de las centrales están ya a rebosar y es una situación que este país debe resolver». La comisión de Energía apoyó la candidatura de Fabra al CSN, con el voto a favor de todos los grupos, con excepción del Ciudadanos, que votó en contra.

La CNMC, el Defensor del Pueblo e Hispacoop critican la venta a puerta fría de electricidad, analizada por el Ministerio

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.

La CNMC defiende la tarifa regulada de la luz a pesar de que está siendo un año de precios «incómodos»

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha afirmado que 2017 está siendo un año en que los precios de la luz «no van a ser cómodos», aunque ha mostrado su preferencia por la tarifa regulada, el conocido como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), frente al mercado libre.

Marín Quemada señaló que este año está siendo «complejo en cuanto a precios» debido a la sequía, lo que hace difícil que se pueda tener una «generación barata». A este respecto, el presidente de la CNMC insistió en que los países donde hay una mayor dependencia de la generación de origen hidráulico para abaratar el recibo, como España, es difícil que «puedan aspirar a que los años secos tengan el mismo precio que los años de gran cantidad de lluvia«.

En 2016, el PVPC fue la opción más económica, siendo un 5% más económica que cualquiera de las ofertas disponibles en el mercado libre. No obstante, en 2017 se ha producido un repunte en los precios de la electricidad debido a la presión en el mercado mayorista por la ausencia de agua y la menor presencia de renovables que ha llevado al recibo de la luz a encarecerse en torno a un 12% en los diez primeros meses del año.

Por otra parte, Quemada consideró necesario «trabajar» para que los servicios energéticos cuenten con una tarificación que resulte para los usuarios «más clara». Así, indicó que las empresas tienen «mucho que hacer y mucho que decir» a este respecto y destacó que la función de la CNMC es que los mercados funcionen». «Y una manera es que los que pagan los recibos a final de mes entiendan qué es lo que están pagando y por qué lo están pagando», añadió.

Finalmente, Marín Quemada calificó de «extraordinariamente preocupante» la percepción que tienen los consumidores sobre su grado de satisfacción de los servicios de suministro energéticos. Así, afirmó que la percepción de los consumidores sobre estos servicios «está lejos de ser satisfactoria». Además, Quemada consideró que vivimos actualmente en unos tiempos en los que los mercados están sufriendo «muchos cambios y con una gran rapidez», lo que supone un desafío para todas las instituciones y «exige ir más allá de la legislación«.

Foro Nuclear alerta de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo pondría en riesgo el suministro de electricidad

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Europa Press.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear en España, Ignacio Araluce, advierte de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo puede poner en riesgo la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico español, por lo que ha defendido el papel de esta energía durante la transición energética y ha llamado a los políticos a propiciar la viabilidad económico-financiera de las centrales nucleares mientras dure ese periodo de transición.

Araluce, quien ha participado en la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha explicado que la producción eléctrica total de España es de unos 260 TWh, de los que 60 TWh son producidos por el parque nuclear. El resto se reparte entre renovables, energía hidráulica y las fuentes emisoras de CO2, como el carbón, el gas y el fuel.

Con estas cifras, Araluce señala que cumplir con los tratados medioambientales significa «duplicar la actual capacidad de generación renovable del sistema, unos 30.000 MW», que es algo «factible pero difícil de lograr». Pero, además, si se quiere prescindir de las nucleares en este proceso, la capacidad renovable a instalar debería elevarse a los 60.000 MW, un sistema que necesitaría de una instalación de enorme capacidad de almacenamiento a gran escala. «Ambas actuaciones requerirían de una inversión muy significativa, de un desarrollo tecnológico rapidísimo, y de un desarrollo de redes y de potencia de respaldo difíciles de asumir totalmente en ese horizonte temporal», ha advertido Araluce.

Por ello, el experto subraya que España «no puede ser ajena a la continuidad de la operación del parque nuclear» y ha llamado a poner en perspectiva la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Integral de Energía y Clima, ambos en proceso de elaboración, destacando el papel de la energía nuclear como «mejor manera de transitar de forma eficiente, ordenada, fiable y competitiva hacia un modelo descarbonizado y fundamentalmente renovable, por la complementaridad de ambas tecnologías«.

En cuanto a una de las principales críticas que los opositores a esta energía hacen de su uso, su seguridad, Araluce ha asegurado que todas las instalaciones funcionan «de forma segura» y que las centrales «están permanentemente supervisadas por el organismo regulador» lo que, a su juicio, constituye «la mayor garantía del cumplimiento de la normativa nacional e internacional establecida«.

Ecologistas en Acción critica la «posible ampliación sin sentido» del almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

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Eurpa Press.- La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, ubicado en Hornachuelos (Córdoba), «ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar», sospechando ambos colectivos «que puede haber motivos relacionados con una justificación posterior para una «posible ampliación sin sentido» de la instalación.

A este respecto, ambos colectivos han afirmado que, «en pleno debate sobre su posible ampliación, esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad, vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva». Además, «cuando aún quedan por desmantelar 8 de las 10 centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril», que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), «se encuentra al 70% de su capacidad«.

Según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, este hecho coincide con que «los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos, que se transportan por todo el territorio nacional hasta El Cabril», con lo que «es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto, dejen saturado el almacén nuclear, imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares».

La consecuencia de ello, a juicio de estos colectivos ecologistas, es que «Enresa tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento, para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo». Según dichas asociaciones ecologistas, «la industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, para permitir el alargamiento del funcionamiento de las centrales y que este cementerio nuclear pueda albergar los nuevos residuos producidos. Incluso Enresa podría plantearse nuevas ampliaciones si fuera necesario«.

En este contexto, según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, «se ha dado a conocer, tras la publicación del Informe al Congreso del CSN de 2015, que Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa».

Sin embargo, «el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años», lo que «demuestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Estos residuos condenan a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático».

Esto, en opinión de los colectivos ecologistas, podría usarse como «justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad». Por estos motivos, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear subrayan que «en estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear», a la vez que exigen el «cierre escalonado de todas las centrales nucleares y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización».

La nuclear de Almaraz (Cáceres) simula la pérdida de refrigeración del reactor y evacua a la población en 5 kilómetros

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Europa Press.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres) simuló la pérdida de suministro eléctrico, la falta de capacidad de refrigeración de uno de sus dos reactores, lo que conllevó la evacuación de la población cercana al enclave en un radio de 5 kilómetros y la declaración de emergencia general, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Se trata del preceptivo ejercicio de simulacro anual en la central nuclear que en este caso ha consistido en un suceso de nivel 4 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) que supone un accidente con consecuencias de alcance local. El simulacro se realizó conforme a los requisitos del Plan de Emergencia Interior y contó con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres.

Según indicó el CSN, el ejercicio comenzó cuando se ha simulado una prealerta de emergencia a consecuencia de la pérdida de suministro eléctrico exterior de la central. Además, la central ha perdido la capacidad de refrigerar el reactor de la unidad I, que ha llevado a la declaración de emergencia general. Por su parte, el organismo regulador recomendó al CECOP de Cáceres medidas preventivas como el control de accesos a la instalación y la activación de las Estaciones de Control y Descontaminación (ECD) de Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Además se ha evacuado a las poblaciones ubicadas en la zona 1-A (radio de 3 kilómetros respecto de la central) y 1-B (radio de los 5 kms) y se ha repartido, pero sin ingerir, la profilaxis radiológica a sus habitantes y, en el resto de la zona 1 (entorno de los 10 kilómetros de la central nuclear), se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto de profilaxis radiológica. Durante el simulacro, el CSN mantuvo activos a todos los grupos operativos, tal y como requiere el modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE).

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.453 millones de euros hasta agosto, 300 millones menos de lo previsto

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Europa Press.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.452,7 millones de euros en los ocho primeros meses del año, 300,5 millones menos de lo previsto, según la octava liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (113,8 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, que fue 299,3 millones de euros menor de lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 145.133 gigavatios hora (GWh), un 2,6% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 8.429,2 millones de euros, un 1,4% superiores al valor promedio histórico.

El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 85,023%, frente al 81,625% en la liquidación anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de agosto la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 4.766,71 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Aplicado el coeficiente de cobertura, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la octava liquidación asciende a 668,770 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 45,663 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. A la fecha del cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la octava liquidación asciende a 5,787 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de agosto fue de 326 millones de euros, frente a los 329 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,8% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.732 millones de euros, un 2,2% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad (+20%) y por peaje de regasificación (+31%).

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 30 millones de euros, un 29,2% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.702 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.875 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 19 millones de euros. Como resultado, se obtiene una retribución total acreditada de 1.894 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del 2016. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta septiembre ascendió a 194,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (7,1 TWh), lo que supone un aumento del 0,6%.

La CNMC estudia el decreto que transfiere funciones propias a Energía y sanciona con 37.500 euros a 6 gasolineras

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estudia el decreto por el que la Secretaria de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora el regulador. Por otro lado, la CNMC impuso a 6 estaciones de servicio multas por un total de 37.500 euros al considerarlas responsables de diferentes incumplimientos de la obligación de remisión de información sobre precios y ventas anuales en materia de suministro de combustible a vehículos, lo que constituye una infracción grave.

El organismo presidido por José María Marín Quemada, tras recibir varias denuncias de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía y de sujetos particulares, inició los correspondientes procedimientos sancionadores, que ahora resuelve, según indicó la CNMC. En concreto, las sociedades sancionadas son Antonia Domingo Agut (14.800 euros), Grupo Maicas Peiró, S.L. (7.400 euros), Jessica Pellicer Sánchez (5.000 euros), Estación de Servicio Mafe (5.000 euros), Javalambre Ocio, S.L. (3.400 euros) y Gasolinera Zoco Córdoba, S.L. (1.900 euros). Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Traspaso de funciones al Ministerio

Por otro lado, fuentes de este organismo explicaron que la CNMC analiza el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que no le fue consultado. El traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio de Energía. Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 2013. Fuentes del Ministerio han señalado que la nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos».

El decreto atribuye además a la Secretaría de Estado de Energía la elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, la aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos y la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético. El Gobierno mantiene así como competencia de la Secretaría de Estado la aprobación de las tarifas eléctricas y de los precios de los peajes, pese a que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción a España y le exige que adapte su legislación nacional a la normativa europea, al considerar que ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional».

La CNMC cuestiona la viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) en un informe no vinculante para el Ministerio

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. Así lo ha expresado en un informe que no es vinculante para la decisión del Ministerio de Energía.

El organismo de supervisión se pronuncia sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad 100% de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación. La CNMC, en las conclusiones de su informe, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones están desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa. Asimismo, asevera que el proyecto esta «incompleto» pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

Un proyecto del año 2000

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño. En la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y aseguró que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa.

Nueva Canarias y la energía

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de revisar en profundidad el modelo energético de Canarias tras el informe contrario de la CNMC a la instalación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Por ello, Rodríguez propugna un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las renovables y la puesta en marcha de un plan canario de transición energética. Según Román Rodríguez, “Canarias puede articular un sistema que avance en la autosuficiencia, reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario”.

La CNMC «ha propinado un duro golpe a la regasificadora de Granadilla» al cuestionar la viabilidad económica de un proyecto «que se ha quedado obsoleto dado el desarrollo tecnológico, la eficiencia y el abaratamiento de la producción de las renovables«, según el líder de NC. «Canarias ya dispone de las bases para pasar del actual modelo dependiente, contaminante, caro y controlado por los grandes oligopolios de los combustibles fósiles, a otro más democrático, menos costoso, eficiente y seguro, centrado en las energías limpias», asevera Rodríguez.

Izquierda Unida Canaria pide renovables

Por otro lado, Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente. Izquierda Unida Canaria considera que el pronunciamiento de la CNMC es «una oportunidad estupenda» para apostar por las energías renovables. «No habrá de momento regasificadora en Granadilla; el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice», se felicitó Izquierda Unida Canaria.