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Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

La CNMC pide no facilitar el dato de la comercializadora eléctrica vigente, ya que da ventaja a las principales compañías

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía que las comercializadoras eléctricas no tengan acceso al dato que revela la comercializadora vigente del consumidor ya que «existe un riesgo» de que su conocimiento beneficie a las grandes comercializadoras y tenga «efectos anticompetitivos«.

La CNMC considera que el conocimiento de este dato puede plantear problemas para «la dinámica competitiva del mercado» puesto que se trata de una información que es más útil para las grandes comercializadoras, que pertenecen a los 5 grandes grupos de compañías distribuidoras de España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo), que para las pequeñas. De hecho, el organismo señala que las comercializadoras alternativas ya saben por defecto que su principal rival en una zona es la comercializadora del grupo distribuidor eléctrico que opera en dicho lugar.

Rectifica su criterio la CNMC

Así, la CNMC subraya que publicar el dato del comercializador vigente del usuario perjudica a los nuevos entrantes que no pueden hacer ofertas concretas. Sin embargo, sus estrategias de expansión quedan reveladas ante otras empresas ya instaladas. De esta manera, el organismo, que había planteado anteriormente que se incluyera el dato del comercializador vigente considerando que el sistema era así más transparente y facilitaba su supervisión, cree ahora que «únicamente» la CNMC debería tener acceso a este dato. De esta manera, el regulador da respuesta a la consulta que realizó la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), en la que solicitaba cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva.

Las compañías comercializadoras de electricidad utilizan una base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). A través de ella, pueden acceder a información sobre los clientes del mercado eléctrico para elaborar sus ofertas y atraer clientes mediante condiciones más ventajosas. De hecho, esta base de datos ha jugado un papel muy relevante en la introducción de competencia en el mercado minorista de electricidad en España, destaca la CNMC. Las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía.

Unesa pide una metodología «objetiva» para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica del período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas (Unesa) demanda una metodología «objetiva» para llevar a cabo la revisión de la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución eléctrica de cara a su siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020.

Unesa asegura compartir el criterio expresado por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera, se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras». Para la patronal, la CNMC constata «el enorme esfuerzo» realizado por las empresas para mejorar «su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicios a los consumidores». Así, considera que todas las variables analizadas por el organismo reflejan «la mejora de gestión empresarial» de las empresas distribuidoras que conforman Unesa, por ejemplo «a través de un parámetro tan representativo como el descenso significativo de los gastos de explotación«.

Además, añade que este esfuerzo empresarial también es extrapolable al área de las inversiones, que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales, «lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)». Finalmente, Unesa recuerda que España dispone de «una de las redes eléctricas más eficientes en coste y calidad de suministro del mundo y pionera en la implantación de contadores inteligentes».

La CNMC publicó su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico, en el que considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos. Además, la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.

La CNMC asegura que la orden ministerial de derechos de cobro del sistema gasista encarece el recibo en 8,2 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la propuesta de orden del Ministerio de Energía que establece los tipos de interés de los derechos de cobro del sistema gasista incrementa los costes que se repercuten a los consumidores en la factura del gas en más de 8,2 millones de euros.

Esta propuesta de orden ministerial fija una metodología que difiere de la que en su día elaboró la CNMC que, según la Comisión que preside José María Marín Quemada, es «más robusta y refleja más adecuadamente las condiciones de mercado». Con esta propuesta de orden se determina el tipo de interés definitivo que se aplica a los derechos de cobro del déficit acumulado del sistema gasista al finalizar 2014, los desajustes anuales y el desvío en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

Concretamente, la metodología aprobada por la CNMC supondría una reducción de 8,2 millones de euros en los costes del sistema gasista respecto a la propuesta de orden, millones que se repercuten a los consumidores a través de la factura del gas en el horizonte temporal que abarcan dichos derechos de cobro. En este sentido la CNMC recuerda que uno de los principios rectores de la Ley 18/2014 es que «en las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para el sistema».

La CNMC considera que se deberían mantener de forma definitiva los tipos de interés propuestos por la Comisión y que hasta ahora han sido reconocidos como tipos de interés provisionales en las anteriores órdenes ministeriales de peajes y retribuciones.  Además, respecto a la amortización anticipada de los distintos derechos de cobro, la orden del Ministerio establece que se aplicará en primer lugar al desajuste del ejercicio más antiguo. La CNMC considera que la opción más beneficiosa desde el punto de vista económico sería amortizar el derecho de cobro que suponga un mayor ahorro en costes para el sistema gasista, en lugar de al más antiguo.

Respecto a la cesión de los derechos de cobro del déficit 2014, el organismo revela que la mayoría de titulares de este derecho le indicaron que han cedido esos derechos. Por último, teniendo en cuenta que la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se ha aprobado en noviembre, se calcula el tipo de interés y las anualidades que resultan para el desajuste 2016 de acuerdo con la metodología de la CNMC.

El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reclasifica como “anomalía” el incidente de octubre en la central nuclear de Cofrentes

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reclasificado como nivel 1 (anomalía) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) el suceso que fue notificado por la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el pasado 31 de octubre, una vez efectuada la revisión de la información obtenida tras las inspecciones.

La central notificó al CSN una parada no programada para inspeccionar las líneas y válvulas del lazo A del sistema de agua de alimentación. El suceso fue detectado en el arranque tras una parada de recarga. Concretamente, se trata de un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y el lazo B del sistema de agua de alimentación que aporta agua a la vasija para producir el vapor necesario para mover la turbina.

Como resultado de las inspecciones, el titular de la central identificó que parte de las piezas de una válvula se habían desprendido. Posteriormente fueron localizadas hasta ser extraídas en el difusor de agua de alimentación de la vasija del reactor. Para esclarecer lo ocurrido, el CSN realizó una inspección reactiva y mantuvo varias reuniones con el titular. Paralelamente, estableció un plan específico para el seguimiento de las actividades llevadas a cabo por el titular, reforzando la inspección habitual en Cofrentes.

Desde el CSN señalan que los hechos descritos en el suceso notificado «no tuvieron repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento», por lo que, aplicando el manual de la escala INES, se clasifican siguiendo los criterios de defensa en profundidad. Se trata de un conjunto de niveles que combina un diseño de múltiples barreras para alcanzar el objetivo de eliminar o minimizar los riesgos en caso de que alguno de ellos falle sin suceso iniciador.

El CSN niega que hubiera intervención política en el cierre de la nuclear de Garoña y defiende a sus técnicos

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Europa Press.– El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha señalado que en la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) «nadie ha intervenido políticamente» y que él mismo «no lo hubiera consentido» si así fuera. En este sentido, ha defendido también el trabajo de los técnicos del organismo que, según ha señalado, «han hecho lo que han tenido que hacer».

Así lo ha aclarado durante su intervención en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde desde los partidos de la oposición se han puesto en duda las decisiones del organismo regulador en esta materia, y más concretamente las tomadas por el Pleno del Consejo del CSN. «Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo», ha insistido Martí, para después señalar que «en todo lo que se hace en el CSN, lo hacen los técnicos de abajo a arriba».

Garoña fue uno de los temas por los que más preguntaron los partidos de la oposición en esta intervención, así como por la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) o la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca). En estos dos últimos casos, el presidente del CSN ha asegurado que tiene una opinión personal, pero que no puede hacerla pública como miembro del órgano que preside. Martí ha recordado que estos temas son decisiones del Gobierno y el Consejo sólo trabaja en lo que se le encarga en materia de seguridad.

La presencia de Martí en la Cámara Baja se había solicitado por la propia Comisión de Energía para presentar el Informe Anual del órgano en 2016, un documento que recoge información del funcionamiento interno del CSN, su organización, sus planes y recursos, así como las actividades propias del regulador. Entre los datos de este documento se recogen las incidencias detectadas en las centrales nucleares en 2016 que, según el presidente del CSN, fueron 22, siendo 20 de nivel 0 y 2 de nivel 1, «ambos detectados en Almaraz y relacionados con inoperabilidades en un tren de sus cambiadores de calor«.

Por otra parte, ha explicado que el organismo regulador emitió 2 apercibimientos en 2016. Uno a la central nuclear de Ascó (Tarragona) y el otro a Cofrentes (Valencia). «No se ha propuesto apertura de ningún expediente sancionador», apuntó. Precisamente sobre Cofrentes fue cuestionado Martí y, más concretamente, sobre el último suceso registrado allí por problemas en una de sus vasijas de agua. Según indicó la propia central, se perdieron piezas de esta vasija que se quedaron en el interior de su sistema. En este sentido, el presidente ha señalado que los principales responsables de la seguridad de la planta son los directivos de la misma y que los miembros del CSN inspeccionan lo que hacen los técnicos de las centrales.

Según indicó Martí, lo que quería Cofrentes era operar los 24 meses que tenía por delante con las piezas perdidas en su interior porque, según explicaron, ha habido casos en Estados Unidos que se ha hecho así. Sin embargo, desde el regulador se le instó a parar la actividad de la planta, sacarlas y reanudar. «Lo peor de todo esto han sido los cuarenta y tantos días sin poder producir. Para ellos es importante», señaló, para responder a las críticas sobre la falta de transparencia señalando que no es obligatorio avisar de las incidencias de nivel 1 «porque no tienen importancia en materia de seguridad».

Durante su intervención, el responsable de la seguridad nuclear en España destacó que el organismo que preside elaboró en 2016 un Código Ético en el que, a través de un conjunto de valores, se promueve la excelencia de los trabajadores del organismo regulador y se refuerza la confianza de los grupos de interés en la misión que realiza el Consejo.

En general, según explicó, 2016 supuso para el CSN un paso más en la consolidación de uno de los principales retos que afronta a medio y largo plazo, como es la política de recursos humanos, la renovación de la plantilla técnica y la gestión del conocimiento, con la oferta de seis plazas de nuevo ingreso al cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN.

Finalmente, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear asumirá, en 2018, la segunda misión de verificación del sistema regulador (IRRS, por sus siglas), solicitada por España, puesto que la primera tuvo lugar en 2008. En esta ocasión esta misión vendrá acompañada de una revisión del sistema de la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado, denominada Artemis.