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Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

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Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.

El PSOE reclama un informe a Red Eléctrica sobre los incumplimientos de Inovyn-Solvay

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EFE.- El grupo socialista ha pedido al Gobierno que encargue un informe a Red Eléctrica de España (REE) sobre el incumplimiento por parte de Inovyn-Solvay de las órdenes de interrupción del suministro eléctrico en 2014. Además, los sindicatos UGT y CCOO pidieron al Ministerio de Industria, que se implique en la búsqueda de soluciones para la planta de Inovyn-Solvay (Barcelona) que se quedó fuera de las subastas de interrumpibilidad por incumplir las órdenes de interrupción del suministro eléctrico.

En una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados, los socialistas instan al Ejecutivo a pedir un informe de lo sucedido a REE, que gestiona las subastas, para comprobar si cumplió «las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios en tiempo y forma». Además, reclama una mesa de negociación con la dirección de la compañía, el comité de empresa, las centrales sindicales y la Generalitat de Catalunya para buscar una solución factible.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para explicar qué medidas piensa adoptar el departamento de Industria que encabeza José Manuel Soria para garantizar los 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que dependen de la planta de Inovyn-Solvay de Martorell (Barcelona).

UGT y CCOO pide soluciones

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO reclamaron a Industria que se implique en la búsqueda de soluciones para la planta de Inovyn-Solvay (Barcelona), que se ha quedado fuera de las subastas de interrumpibilidad. Así lo hicieron representantes de ambos sindicatos que se reunieron, en el marco de la Mesa de la Energía, con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Los dos sindicatos calificaron de «desproporcionada» la decisión de Industria de dejar fuera de las subastas a Inovyn-Solvay y exigieron soluciones que garanticen el mantenimiento del empleo y de la actividad en la planta de Martorell, en la que trabajan 500 personas.

Los sindicatos criticaron a Red Eléctrica de España (REE), responsable de las subastas, porque, en su opinión, «no comunicó convenientemente a la empresa los fallos que había cometido», por lo que «no pudo reaccionar a tiempo para evitar la sanción«. Del mismo modo, acusaron a Inovyn-Solvay de «no haber sabido gestionar adecuadamente la interrumpibilidad que se comprometió a aplicar cuando acudió a la anterior subasta».

El Gobierno de Castilla-La Mancha encarga al PSOE la enmienda «Elcogas» a los PGE 2016

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EFE.- Según ha informado el Ejecutivo castellano-manchego a la agencia Efe, el PSOE va a presentar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para pedir incluir a la central Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) en el Régimen Retributivo Específico (RRE) previsto en la ley del sector eléctrico de 2013.El borrador de la enmienda, redactada en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, argumenta que Elcogas es «una instalación singular, de reconocido prestigio internacional y referente de su tecnología» que no tiene el RRE por haber disfrutado antes de otros regímenes primados.

La ley del sector eléctrico de 2013 estableció una regulación unificada para la producción de energía eléctrica pero mantuvo un complemento económico (el RRE) para determinadas tecnologías que, por falta de madurez, no podían competir en el mercado en igualdad con el resto de tecnologías convencionales.Para el PSOE, la central de Puertollano «cumple sobradamente los condicionantes y ha aportado suficiente justificación para ser merecedora de este RRE».

En este sentido, la enmienda pide que los PGE de 2016 hagan referencia a un apoyo «explícito» a Elcogas de Puertollano garantizando el Régimen Retributivo Específico a la planta.

Elcogas, mon amour

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La realidad energética del verano en España se ha visto sobresaltada por la decisión de cierre de Elcogas, confirmada por su Consejo de Administración este martes. La cadena de  reacciones no se ha hecho esperar elevando, nuevamente, la temperatura en las relaciones entre el nuevo Ejecutivo castellano manchego que preside Emiliano García-Page (un gobierno del PSOE con apoyo de Podemos) y el Gobierno, con el Ministerio de Industria, enfrente.

Se suma esta polémica, a la también muy reciente (y todavía no resuelta, con los mismos protagonistas) respecto al enclave del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañaas (Cuenca) y en el que la Junta está poniendo toda la carne en el asador para obstaculizar al Ministerio de Industria, echando por tierra los acuerdos previos entre socialistas y populares en esta cuestión.

La instalación de Elcogas es una de las instalaciones afectadas por el proceso de revisión retributiva instrumentado en el ámbito de la llamada “reforma eléctrica”. Elcogas viene operando desde finales de los noventa, como un ciclo combinado que funciona con carbón y con gas de  forma intercambiable, siendo una instalación que es una verdadera innovación tecnológica, teniendo carácter de no convencional en Europa.

Los críticos con este modelo señalan que se trata de una instalación demasiado grande para ser experimental, lo que encarece el riesgo, el coste y su mantenimiento, si se pretende su continuidad integrada a esos volúmenes en el sistema eléctrico.  Y, al mismo tiempo, en términos de paridad, claramente, la instalación no es competitiva a precios de mercado.

En este sentido,  parece claro que, tarde o temprano, esta contradicción tenía que resolverse de alguna manera. De hecho, periódicamente, el modelo retributivo de Elcogas era revisado por los órganos reguladores independientes para ir buscando fórmulas, absorbiendo sus pérdidas. Se acabó la clemencia.

En términos políticos, la cuestión está abierta abierta. El PSOE de Castilla-La Mancha que ha puesto la maquinaria a funcionar promoviendo a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso para que los Presupuestos Generales del Estado 2016 reconozcan el “hecho diferencial” de Elcogas, estableciendo una retribución específica (lo que quiere decir, mejorada) y, de paso, acallar las lógicas reivindicaciones que provienen de la comarca de Puertollano.

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con sus declaraciones tampoco se lo pone bien al Gobierno, apelando al argumento de que “con Cospedal vivíamos mejor y esto no hubiera pasado”. Y, de hecho, el Ejecutivo se ha atrevido a dejar caer Elcogas, una vez que Cospedal ha dejado de ser presidenta de Castilla-La Mancha. De hecho, la ex presidenta intervino directamente con el Ministro Soria, al menos una vez, durante su mandato para evitar el cierre de la planta. Por tanto, desde las instancias políticas del Partido Popular, también se cree en el hecho diferencial mejorado.

Y, realmente, lo que falta es determinar de una forma global e integral, qué cuestiones entran en la tarifa, cuántas cuestiones se sufragan y qué tecnologías precisa nuestro país con cifras serias de evolución de la demanda, pues realmente Elcogas en términos cuantitativos es bisutería retributiva con respecto a todo lo demás. Y, por eso, bien mirado, todos los hechos diferenciales se deberían anotar desde los PGE y no desde la tarifa. Y, ahí es dónde se acaba todo el atrevimiento.

García Page quiere promover enmiendas a los PGE a través del PSOE para cambiar la retribución de Elcogas

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Efe.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a promover enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para establecer una nueva normativa que garantice la continuidad de la planta termoeléctrica de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real).  Fuentes del Gobierno regional han confirmado a la agencia Efe que «están trabajando con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en esas enmiendas para establecer un nuevo marco regulatorio específico de ayudas para Elcogas».

emiliano garcía page

El Consejo de Administración de la empresa ha decidido encargar a la Dirección de la compañía el inicio de los trámites para el cese de la actividad de explotación de la central termoeléctrica de Puertollano (Ciudad Real). Esta decisión se conoce después de que el pasado miércoles 5 de agosto el Ministerio de Industria autorizara el cierre de la planta que había solicitado la empresa en julio de 2014.

Las mismas fuentes han insistido en que «el Gobierno regional no va a tirar la toalla» porque está convencido de que «Elcogas sigue teniendo futuro», y que pasa por un marco regulatorio «que no se ha querido cambiar». «Vamos a seguir trabajando para que se cambie», han insistido desde la Junta, al tiempo que han criticado que el Gobierno central esté «mirando para otro lado».

En este sentido, han lamentado «la actitud de un Gobierno de España que está dispuesto a derrochar los millones de euros de dinero público europeo que se han invertido en una central puntera y pionera» como la de Puertollano. En su opinión, la decisión anunciada hoy por Elcogas es «la normal» tal y como se han sucedido los acontecimientos, pero no es «irreversible» e insisten en que la planta “tiene futuro”.

El PP de Castilla La Mancha señala que con Cospedal, Elcogas no cerró

Por su parte, el eurodiputado castellanomanchego del PSOE Sergio Gutiérrez ha desvelado la respuesta escrita del pasado 22 de julio del comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la que respalda la actividad que realiza Elcogas, aunque no se pronuncia sobre su posible cierre. «Es una contradicción que el ministro del PP, José Manuel Soria, anuncie el cierre de Elcogas cuando Cañete dice que se van a incrementar los fondos europeos», ha denunciado Gutiérrez, quien ha opinado que la decisión de autorizar el cierre ha sido «arbitraria» y «política».

El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, ha expresado su deseo de que «no sea definitiva» la decisión del Consejo de Administración de Elcogas y ha reclamado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que tome medidas para buscar una solución que garantice la viabilidad de la empresa. «Mientras Cospedal ha gobernado, Elcogas no ha cerrado», ha subrayado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP en las Cortes castellanomanchegas, Carlos Velázquez, quien ha manifestado que «el Gobierno va a encontrar en el PP siempre la mano tendida para intentar llegar a acuerdos que incidan en el mantenimiento de todos los puestos de trabajo».

La alcaldesa de Puertollano ha apostado por «seguir trabajando» para que el Ministerio de Industria cambie la regulación que afecta a Elcogas. Fernández ha recordado que hay un plazo de tres meses para revocar la decisión y ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, «debe valorar que Elcogas es una central única y a la que se debe aplicar regulaciones similares a la que se ha dado a Mieres, en Asturias».

El PSOE vasco advierte de que el PP «apuesta claramente» por reabrir la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El PSOE vasco advirtió de que el PP «apuesta claramente» por prolongar la vida útil y reabrir la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a varias localidades alavesas. Los socialistas se sumaron de esta forma a los sectores que alertan sobre la supuesta intención del Gobierno central y del PP de permitir la reapertura de Garoña, cuya licencia de explotación expiró en 2013 y que desde entonces permanece inactiva.

En los últimos días, la Diputación de Álava y el colectivo Araba Sin Garoña expresaron su «preocupación» ante la posibilidad de que el Gobierno del PP «trate de forzar» la vuelta a la actividad de la central antes de las elecciones generales previstas para finales de año. En este sentido, el secretario de Política Ambiental y Energía del PSE-EE Álava, Daniel Senderos, denunció la «prisa» del Gobierno central por construir un ATC. En su opinión, la actitud del Gobierno respecto al ATC responde a «la urgencia de su intención de prolongar la vida útil de las centrales nucleares y favorecer así la reapertura de Garoña».

El PSOE reprochó al Ejecutivo central que anteponga los «intereses privados a la seguridad de los ciudadanos». Senderos destacó que la central de Garoña «no aporta nada al sistema eléctrico estatal», ya que «está más que amortizada y obsoleta», lo que supone «un riesgo para los municipios y sus ciudadanos«. Por ello el PSOE advirtió de que seguirá trabajando «a todos los niveles institucionales y jurídicos» para que la central nuclear de Garoña no se reabra. Los socialistas han destacado la necesidad de que «la transición energética llegue a Álava», para lo que reivindicó el autoconsumo «para democratizar un sector dominado por el oligopolio eléctrico».

Segura (PSOE) reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España

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Redacción / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que «se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos», para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige «condiciones óptimas». Mientras, Cristina Narbona, consejera del CSN a propuesta del PSOE, pide centrarse en cuestiones técnicas.

En nuestro área de documentos puede encontrar la proposición del PSOE completa: pulse aquí.

Los socialistas consideran que la actualización del vigente Plan de Residuos Radiactivos es «necesaria» dado que un ATC «se erige en una instalación absolutamente necesaria para España, dado el volumen de residuos radiactivos de alta actividad ya acumulados en el envejecido parque nuclear español«. En cualquier caso, el PSOE precisa que «la imperiosa necesidad» de un ATC «no implica sin embargo el apoyo a cualquier construcción de un ATC, dado que se trata de una instalación nuclear de alto riesgo potencial». «Las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser, por tanto, óptimas, tanto desde la transparencia y la calidad de los procesos regulatorios como de las garantías de seguridad y de los costes económicos», indica el portavoz socialista.

Los socialistas también muestran su «preocupación» por el hecho de que el pasado 27 de julio el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara por mayoría, con el voto discrepante entre las consejeras propuestas por el PSOE, favorable de Rosario Velasco y contrario de Cristina Narbona, informar favorablemente sobre la propuesta de dictamen técnico para la solicitud de autorización previa de la instalación del ATC en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En este sentido, hacen alusión a informes independientes encargados por el CSN a la consultora URS, realizados entre 2014 y 2015, que certifican «numerosos y graves problemas» en los terrenos seleccionados.

Por otro lado, José Segura recuerda que en el vigente plan, aprobado en junio de 2006, se establece como opción prioritaria para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta y media actividad de vida larga, «la construcción de un almacén centralizado que daría servicio a todas las centrales nucleares, tanto en operación como en desmantelamiento». Sin embargo, los socialistas consideran que el proyecto de ATC en Villar de Cañas se enmarca en «el anticuado y obsoleto» VI Plan General de Residuos Radiactivos, «cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad» como, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno prorrogue las centrales nucleares hasta los 60 años de vida útil, o los almacenamientos individuales construidos.

De hecho, los socialistas critican que el planteamiento actual del ATC en Villar de Cañas «no contempla ciertos supuestos», como el hecho de que, a la vista de posibilidades como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, no se prevé su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al incremento del inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, entre otros supuestos. El número total de elementos combustibles irradiados almacenados hasta diciembre en las centrales nucleares españolas fue de 14.306, de los que 7.821 elementos proceden de las centrales nucleares de agua a presión PWR y 6.485 son de las centrales en ebullición BWR, según datos recogidos por el PSOE.

Narbona exige un debate técnico

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, hizo un llamamiento «a centrar el debate» en si Villar de Cañas (Cuenca) es el emplazamiento más adecuado para ubicar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Así respondía Narbona al presidente del CSN, Fernando Marti, que lamenta la publicación del contenido del voto particular de la consejera, donde asegura que los informes técnicos consideran «inadecuados» los terrenos del ATC, antes de haberse aprobado el acta de la reunión, y sugiere la posibilidad de «falta de respeto» a la institución.

El CSN criticó que Narbona hiciera público su voto particular, a pesar de que más tarde lo modificó, a lo que la consejera responde que eliminó dos puntos de su texto, el 15 y el 19, a petición expresa de Marti. «Quité esos párrafos para evitar que nadie pudiera sentirse agredido, pero esas líneas no cambian en nada mi posición, mi postura no se ha modificado desde entonces», aclaró. Asimismo, la consejera reconoce haber solicitado a Marti que retirase de su voto particular que la decisión de Narbona tenía que ver con posiciones ideológicas. La consejera ha insistido en que va a tratar de «eliminar cualquier tentación de convertir esta cuestión en un enfrentamiento personal».

«Lo importante es centrar el debate en lo que nos ocupa, y lo que nos ocupa es, si a la luz de los informes técnicos, Villar de Cañas es la ubicación idónea para el cementerio nuclear», concluyó. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la ubicación del ATC en Villar de Cañas el pasado lunes por cuatro votos a favor y uno en contra de Narbona. Tras la decisión del CSN, el Gobierno podría aprobar en breve el inicio de las obras, aunque en este proceso se topará con el Gobierno de Castilla La Mancha que elevó una propuesta de conservación para la zona con el fin de incluirla en la Red Natura 2000.

El PSOE murciano pide la revisión de la autorización y de los permisos de investigación de varios proyectos de fracking

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Europa Press.- El diputado regional del grupo parlamentario socialista, Jesús Navarro, presentó una moción en la Asamblea Regional de Murcia en la que pide la revisión de la autorización de los proyectos Aries I y II, Escorpio, Leo y Acuario, que prevén la técnica del fracking. Navarro pidió, asimismo, que se paralicen de forma cautelar los permisos de investigación de los mismos, así como de otros posibles proyectos de extracción de gas mediante esta «agresiva» técnica extractiva.

El diputado aludió que «han sido muchas las voces de científicos, profesores, grupos y asociaciones que alertan sobre los graves problemas que el uso del fracking como sistema extractivo puede plantear, sobre todo, en lo que respecta a contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases efecto invernadero (metano), enrarecimiento del aire, las posibles afecciones a la salud, la alteración que puede producir en el paisaje y en el terreno, la corrupción de suelos y el probable riesgo sísmico producido por la fracturación subterránea de materiales geológicos».

Navarro agregó que junto a los ayuntamientos de Calasparra, Bullas, Mula, Totana, Alhama y Jumilla, que ya lo aprobaron con anterioridad, también Yecla y Cieza aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos su oposición a la utilización de esta técnica y a los proyectos de estudio y a los permisos de investigación ya aprobados. El último municipio de Murcia en sumarse ha sido Cehegín.

Filibusterismo y conflicto político por el ATC

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Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.

La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.

Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.

A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.

En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.

A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.

Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.

Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.

Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.

A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.

La guerra ha comenzado.

Fernández Vara, sobre el ATC: «En algún sitio habrá que poner las cosas»

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Servimedia / Europa Press.- Las discrepancias alcanzan al PSOE: el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, se pregunta, en referencia a la pretensión de Castilla-La Mancha de bloquear la construcción del ATC de Villar de Cañas, en qué lugar de España hay que poner aquellas cosas «que nadie quiere», porque «en algún sitio las habrá que poner». Mientras tanto, el PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, y presentará distintas iniciativas, también en Castilla-La Mancha, demandando información.

El presidente extremeño recuerda que en su región ya hay dos reactores nucleares, Almaraz I y II, y que, en su momento, impidió a un pueblo de su comunidad que optara a ser la sede del ATC. Por ello, Fernández Vara sostuvo que no le puede pedir al presidente de Castilla-La Mancha que no haga lo que él hizo, si bien manifestó que eso conlleva hacerse «una reflexión»: «¿Qué hacemos para las cosas que nadie quiere y que un país necesita?». En este sentido, Fernández Vara se refirió, de manera irónica, a que «no vaya a ser» que creemos una comunidad autónoma para poner en ella «lo que no quiere nadie, porque en algún sitio habrá que poner las cosas».

En esta línea, apuntó que ello supone entender «que no ponerlas significa seguir pagando lo que se está pagando por llevar los residuos fuera». Por otra parte, señaló que «hay cosas del Estado de las Autonomías que las hemos llevado al esperpento» y abogó por encontrar en España un nivel de «consenso suficiente para determinadas cuestiones». A su juicio, el Estado de las autonomías no es ver «cómo troceamos España en 17 trozos», porque España «es mucho más que la suma de 17 regiones» y hay cuestiones que son asuntos de país y «no debían de estarse cambiando cada vez que hay cambios de Gobierno.»

El Gobierno manchego que preside el socialista Emiliano García-Page inició el procedimiento para ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito que pasa de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas. De esta manera, protege los terrenos destinados para el ATC impidiendo su construcción en Villar de Cañas. Lo cierto es que de momento, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el área que dirige no ha recibido aún la solicitud del gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar la Red Natura en la zona de Villar de Cañas.

Competencia de las comunidades autónomas

Según el Ministerio de Agricultura, la declaración de los espacios Red Natura 2000 terrestres es exclusiva de las comunidades autónomas, en relación a la intención del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha de iniciar el procedimiento para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito. Fuentes del Ministerio explicaron que, en todo caso, la función de este departamento es la de dar traslado de la información de las comunidades autónomas, una vez que está completa, a la Comisión Europea.

PSOE pide explicaciones a Soria

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a pedir, de nuevo, la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre el ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas y va a presentar distintas iniciativas, que también realizará el PSOE en Castilla-La Mancha, solicitando «la información oportuna» sobre el silo. Así lo avanzó la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, que confió en que el ministro Soria «no haga filibusterismo parlamentario» como intentó hacer «en la anterior ocasión» cuando protagonizó una «comparecencia sumamente evasiva».

Maestre indicó que, además, se va a pedir una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la construcción del ATC y la gestión que está llevando a cabo Enresa, preguntándose «qué interés general hay por ubicar en Villar de Cañas el basurero nuclear» y viendo una razón detrás «mucho más que oscura y radioactiva». Asimismo, la socialista, que lamenta que estén «engañando a los vecinos de Villar de Cañas», indicó que argumentos de expertos como los del Colegio de Geólogos «generan muchas dudas», sobre el silo y sobre la seguridad, y criticó que el Gobierno parece que «quiere dejar atada y bien atada la construcción del ATC» antes de las elecciones.

Por otro lado, preguntada por el voto a favor de la consejera socialista Rosario Velasco, en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Maestre afirmó que «ciertas reacciones en el CSN pueden responder a falta de información» porque el «Ministerio no está explicando la cantidad de zonas oscuras que hay en este proyecto». «De otra manera no podemos justificar ni entender cómo se puede votar a favor de la construcción de un basurero en terrenos que son sumamente inadecuados según los expertos«, concluyó Maestre.