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Pedro Sánchez se compromete a mantener Elcogas si gana las elecciones generales

EFE.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó su compromiso con la planta termoeléctrica Elcogas de Puertollano (Ciudad Real), cuyo cierre está previsto para este sábado 31 de octubre si no se autoriza un aplazamiento, si gana las próximas elecciones generales. «Espero que haya larga vida para Elcogas y, desde luego, una administración socialista al frente de la Moncloa luchará para que Elcogas siga teniendo su importancia», aseveró.

Con ello, ha dicho que cree que Puertollano, donde «ha habido mucha potencia industrial a lo largo de estos últimos años, tiene que volver a ser ese faro industrial de una tierra como es la de Castilla-La Mancha». Mientras tanto, la plantilla al completo de Elcogas permanece encerrada desde el jueves en el interior de las instalaciones de la empresa en Puertollano, mientras siguen esperando de la empresa una «respuesta por escrito» con el compromiso de que se aplace o suspenda la desconexión de la planta a la red eléctrica.

De este modo, mientras los trabajadores afrontan la quinta noche consecutiva de encierro en la central, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, asegura que «contactos entre el Ministerio y la empresa están produciéndose, porque si no se desmienten, es que existen», pero pide que se informe a los trabajadores «con qué argumentos y sobre qué base se está hablando para lograr un acuerdo de continuidad o solución».

Este martes se reúne la mesa de negociación del ERE, a la que el comité de empresa acudirá «a escuchar a la empresa», pero Alcaide anuncia que los representantes de los trabajadores no quieren «entrar al detalle de la negociación, porque hablar de indemnizaciones es hablar de cierre» y los empleados quieren «seguir negociando cuestiones de futuro», indicó Alcaide. «No nos parece razonable hablar de despidos, cuando existe una posibilidad real de que la central de Elcogas siga adelante«, aseguró.

La espera de los trabajadores, que a día de hoy lo único cierto que tienen cierto es que la desconexión de la planta está fijada para el 31 de octubre, hace que las fuerzas flaqueen, admite Alcaide. Sin embargo, ha sostenido que el «tesón, la fuerza y la esperanza» puede a la sensación de «cansancio, cabreo y desengaño» que muchos trabajadores tienen. «Continuaremos con el encierro y decidiremos las acciones que correspondan según se vayan sucediendo los acontecimientos», concluyó Alcaide.

El PSOE acusa al PP de Canarias e insiste en prorrogar el plazo para completar los 450 megavatios eólicos convocados

EFE.- El PSOE acusó al PP de «cinismo» respecto a la asignación de energía eólica en Canarias e insiste en la necesidad de prorrogar el plazo para los 450 megavatios a efectos de no perder la oportunidad que representa la convocatoria efectuada.

El portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, se manifiesta así después de que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, haya responsabilizado al Gobierno de Canarias del retraso de las renovables en el archipiélago, diciendo que existe falta de voluntad en su asignación. Para el diputado, esta acusación «ya no sólo es muy grave por pretender con ella camuflar la irresponsabilidad del PP en materia energética en estos cuatro años, sino además por el hecho de intentar endosar a la Comunidad Autónoma las obligaciones incumplidas del Ejecutivo de Soria y Rajoy, que vuelve a mandar a su recadero a tapar sus vergüenzas».

A su juicio, la única «falta de voluntad» es «la de Soria, Rajoy y su PP hacia Canarias, en todas las materias, en estos cuatro largos años que están a punto de acabar». Asimismo, indica que el retraso en la implantación de la eólica en las islas «lleva el sello personal de los hermanos Soria, uno como consejero creando el lío de los concursos y el otro como el ministro que paralizó las renovables, desempolvó las prospecciones y subió a niveles históricos la factura eléctrica«.

El PSOE quiere que comparezcan Pujalte y Trillo en la comisión encargada de la trama eólica de Castilla y León

EFE.- El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, anunció que pedirá que el actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, y el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, comparezcan en la Comisión de Investigación sobre las instalaciones eólicas en esta comunidad, cuyo contenido y conclusiones serán abiertas y no «secretas», como establece el Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

Un día antes de que la Comisión de Investigación arranque en la práctica, Tudanca ha recordado que los nombres de Trillo y Pujalte están supuestamente vinculados por medio de sendos despachos de abogados con el asesoramiento a empresas que pudieron beneficiarse de adjudicaciones de instalaciones eólicas previo pago de comisiones a altos cargos de la Junta de Castilla y León, lo que investiga actualmente la Agencia Tributaria. El dirigente socialista ha considerado que también el exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, deben «dar explicaciones sobre este caso», que investiga el supuesto pago de «unos 100 millones de euros en comisiones ilegales».

La Asamblea de Madrid pide a Cifuentes que los hogares sin recursos no sufran cortes de electricidad y gas natural

Servimedia.- El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley (PNL) sobre pobreza energética, en la que se insta al Gobierno autonómico a que ponga todos los medios para que no se corte el suministro eléctrico, de agua y de gas a los hogares que más lo necesiten en otoño e invierno.

La iniciativa la presentó Podemos y la apoyaron el PSOE y Ciudadanos. El portavoz del partido que la propuso, José Manuel Sánchez, destacó que en Madrid «hay muchísimas personas en situación de emergencia social y la pobreza energética sigue aumentando«. La diputada de Podemos, Olga Abasolo, argumentó que «según los últimos datos disponibles, en España, mientras que un 17% de los hogares (más de 7 millones de personas) tenían un gasto desproporcionado de energía, el 9% de las viviendas (unos 4 millones de personas) se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno; una brecha que no ha hecho más que crecer, también en Madrid».

«Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad», manifestó Abasolo, quien también criticó la postura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que «presentó medidas contra la pobreza energética justo después de conocerse la iniciativa de Podemos«. «Nos resulta sorprendente este interés por la pobreza energética por parte de un gobierno y de un partido político que no llevaba esta temática en su programa y que se han visto obligados a tomar medidas ante las iniciativas puestas en marcha por otros partidos políticos, como en el caso actual», concluyó.

El diputado del PP, Enrique Núñez, dijo que esta medida está incluida en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero una enmienda presentada por el PSOE «nos lleva a no apoyarla«, ya que «no enriquece el texto y genera más desigualdad«. La enmienda del PSOE plantea «poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas a todos los hogares afectados por pobreza energética en Madrid, con especial urgencia durante el otoño e invierno, evitando, por tanto, la suspensión de dichos suministros». Asimismo, los socialistas proponen «establecer un baremo relacionado con la renta y que sean los servicios sociales los que determinen la situación de pobreza energética«.

Extremadura también anuncia nuevas medidas

La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar la semana que viene un decreto-ley para atender las necesidades de «mínimos vitales» de las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Así lo describió la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, al estudiar un informe del consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles. Este decreto incluirá garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua. El Ejecutivo de Fernández Vara, según la portavoz, se encontró «una región quebrada socialmente» y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en un 40%.

El PSOE pide a Red Eléctrica un informe sobre Solvay y exige al Gobierno que impulse las negociaciones

Europa Press.- El PSOE quiere que Red Eléctrica de España (REE) elabore un informe sobre las circunstancias que llevaron a que la empresa Innovyn-Solvay quedara «excluida» de la última subasta de interrumpibilidad, y reclama además al Gobierno que impulse las negociaciones con todas las partes para evitar la deslocalización de la compañía de Cataluña.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas lamentan que la decisión del Ministerio de Industria de «excluir» a Solvay de la subasta de interrumpibilidad para 2015 y 2016 «pone en grave riesgo la viabilidad» de la planta de Martorell (Cataluña) y podría conllevar la pérdida de hasta 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, critican que no se atendieran las alegaciones de la compañía tras su suspenso en las tres pruebas de interrumpibilidad que Industria realiza a los grandes consumidores eléctricos para comprobar que pueden funcionar desconectados si es necesario, situación que motivó la recomendación de REE de excluir a Solvay de la subasta.

«Se podría haber optado por una solución que hubiera permitido la participación en la subasta», cree el principal partido de la oposición, que recuerda que la orden ministerial de octubre de 2013 permite al Ministerio de Industria autorizar esa posibilidad si el suspenso en los test se debe a «motivos excepcionales debidamente justificados», tales como los que alegaba la empresa. Así, ante las «graves consecuencias» que se pueden derivar de esta medida tanto para la viabilidad de la empresa como para el mantenimiento del empleo, el PSOE pide a Red Eléctrica que realice un informe para «conocer todo lo sucedido» y para verificar que el operador nacional cumplió «en tiempo y forma» con las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios.

La socialista Teresa Ribera advierte de que sólo fijar cifras de reducción de CO2 por países no es «suficientemente creíble»

Europa Press.- Teresa Ribera, encargada de Medio Ambiente en el equipo delsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, advirtió de que costará realizar una descarbonización sin tener en cuenta a los países vecinos y que «ya no basta» con establecer una cifra de reducción de emisiones de CO2 porque no es «suficientemente creíble», desde su experiencia como exsecretaria de Estado de Cambio Climático y exdirectora de la Oficina Española de Cambio Climático.

Por ello, la asesora socialista subrayó que es «crecientemente importante» explicar cómo se va a desarrollar ese proceso para ganar credibilidad en el contexto de las relaciones entre países, y para valorar decisiones de inversión para cualquier actor privado. Ribera se refiere así a la Cumbre del Clima de París (COP 21), que se celebrará el próximo diciembre y para la que todavía no existe un texto de negociación. Esto es «lo más delicado en estos momentos», según señaló. La ahora directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) presentó el proyecto Deep Decarbonization Pathways, que recoge hojas de ruta para la descarbonización de 16 países.

Desde sus cargos en la administración, Ribera encabezó durante las legislaturas de Zapatero la delegación negociadora española en el ámbito internacional y asistió a todas las COP. Entre ellas, la Cumbre del Clima de Copenhague, que contó con la presencia de más de 100 jefes de Estado y de Gobierno y preveía cerrar el acuerdo que se persigue de nuevo este año en París pero que entonces, sin embargo, fracasó.

Ribera reflexionó sobre las negociaciones de París. En este sentido, cree que hay voluntad política para lograr acuerdos. «París puede ofrecer un tratado internacional en el que se incluyan reglas que garanticen el proceso de trabajo conjunto para los próximos años; y una señal del mínimo de ambición compartido en estos momentos a partir de la suma de todas las contribuciones de los diferentes países, aunque se sabe que ese mínimo está por debajo de lo que se necesita«, indicó.

Asimismo, destacó que los países tenderán a «ser prudentes» y que «llama la atención» ver cómo países en desarrollo, cuando entienden que la reivindicación de los 2ºC para ellos significa un escenario de descarbonización «muy importante», reaccionan con «sorpresa e incapacidad» mientras se preguntan por qué tienen que ir a un escenario de un nivel de emisiones per cápita «reducido». También, aseveró que la próxima reunión de Lima, que se celebrará a principios de octubre, es «clave» porque se presentará un documento que analizará el funcionamiento del sector financiero y que tendrá «un gran impacto».

Además, indicó que de París cabe esperar el cumplimiento de la promesa de Copenhague de garantizar la movilización de recursos por importe de 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, con una senda «creíble y compatible», y con una parte dedicada a aspectos de solidaridad. No obstante, subrayó que se debe asegurar de «forma creciente» la coherencia en cualquier decisión de inversión, que los grandes reaseguradores, fondos de inversión, reguladores financieros y bancos de desarrollo, a la hora de evaluar proyectos y exigir transparencia respecto a los riesgos valorados para cualquier préstamo, tomen en consideración «estas verdades».

Respecto al proyecto sobre el proceso de descarbonización en 16 países (Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, México, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos), señaló que estos países, los grandes emisores, coinciden en las recomendaciones de impulsar las políticas de eficiencia energética, establecer una electricidad sin CO2, cambiar los usos eléctricos y que hay que comenzar estos cambios cuanto antes. Estas conclusiones son resultado del estudio de los escenarios de cada país en el proceso de descarbonización para llegar a 1,7 toneladas per cápita de emisiones para 2050, teniendo en cuenta la evolución demográfica, económica y los objetivos socioeconómicos.

Page pide al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha «ayuda» en la interlocución con Soria sobre el conflicto del ATC

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió al delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, «ayuda» en la interlocución con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y su titular, José Manuel Soria, a la hora de abordar el conflicto de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas. Sin embargo, Gregorio subrayó la necesidad de construir el ATC, «para dinamizar la economía de Villar de Cañas y de la comarca».

Así lo desveló el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, tras una reunión institucional celebrada entre ambos dirigentes en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellano-manchego. Hernando indicó que enésta y en otras cuestiones ha visto al delegado del Gobierno «muy receptivo y con una actitud comprensiva«, por lo que calificó como «fructífero» el encuentro. «Le hemos dicho que actúe como interlocutor para poder trasladar este mensaje al Gobierno de España, que es parte de su responsabilidad», indicó.

Sobre la instalación del ATC, Hernando recordó el informe de Greenpeace sobre la posible repercusión negativa del transporte de residuos nucleares por la región, en la que según los ecologistas hasta 71 localidades castellano-manchegas «podrían verse en peligro». Para Hernando, la solución sería «un almacenaje desagregado y que por cada zona nuclear pueda procesar sus residuos y no un almacén unificado que ponga en riesgo muchos municipios» por el transporte.

El portavoz gubernamental explicó además que en la reunión entre Gregorio y García-Page se han abordado otros asuntos, como la situación de Elcogas, sobre lo que han pedido al representante del Gobierno de Mariano Rajoy «que eche una mano para que se le dé una solución a todas las familias afectadas«. Sobre Elcogas, el delegado del Gobierno recordó que ya en la reunión que mantuvo García-Page con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el titular del Ministerio ofreció un pacto político para salvar conjuntamente la planta de ciclo combinado Elcogas en Puertollano y todo el empleo que ello supone.

Gregorio señaló que el ministro Soria ya ofreció una solución que compromete al Gobierno central y a la Junta de Castilla-La Mancha a poner sobre la mesa las cuantías necesarias. En este sentido, el ministro anunció la aportación de en torno a 20 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años. «Para ello, ha de haber un compromiso firme y público por parte de la Junta de financiar otro tanto igual. De esta forma, entre ambos gobiernos sumarían una cuantía de en torno 40 millones de euros y la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, directos e indirectos, estarían garantizados», señaló.

Respecto al ATC, Gregorio recordó que permitirá cubrir las necesidades de almacenamiento del combustible generado por las centrales nucleares españolas, que producen del orden del 22% de la electricidad y supondrá 1.000 millones de euros de inversión, «lo que dinamizará la economía de Villar de Cañas y de la comarca». Asimismo, señaló que está previsto que genere alrededor de 400 puestos de trabajo durante su construcción y de 100 durante su explotación. Por ellosubrayó la necesidad de construir el ATC. «De no ser así, habría que construir almacenes individualizados en cada central, con el aumento de costes e ineficiencias que esto supondría, así como la dispersión de estos almacenes por el territorio nacional«, indicó.

ATC con la dotación presupuestaria

Por otro lado, el PP rechazó las enmiendas planteadas por la Izquierda Plural para dejar sin dotación presupuestaria al ATC de residuos nucleares que se está construyendo en Villar de Cañas, durante la votación de los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno para 2016 y aprobados por el Congreso, que ahora se envían al Senado. En concreto, la Izquierda Plural había registrado tres enmiendas parciales para minorar en un total de 412 millones de euros el dinero que se dedica a esta partida.

«El almacén nuclear genera un gran rechazo social, que pone en peligro la agricultura, la ganadería y los proyectos de turismo rural de toda la zona, además de los riesgos añadidos para la seguridad en todas las comarcas por las que transcurre el transporte ferroviario y por carretera de estos residuos altamente tóxicos», argumentaba Izquierda Unida en sus enmiendas. La formación defendía que este dinero se podría dedicar a otras actividades, «dada la preocupante situación de Castilla-La Mancha», una de las regiones en las que «más ha crecido el paro».

La oposición en el Congreso reprocha a Soria que su presupuesto no apoya a la industria ni a las renovables

Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados reprocharon al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que las cuentas que ha preparado para su departamento en 2016 no contribuyen a la reindustrialización ni al desarrollo de las energías renovables, pese a tratarse de sectores fundamentales para consolidar la recuperación.

Durante el debate de las enmiendas de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2016, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, afirmó que las cuentas «consolidan el freno a la reindustrialización y al desarrollo de un modelo energético alternativo e innovador basado en las renovables«. «La industria no es una prioridad para el Gobierno», acusó, avisando de que «difícilmente» se alcanzará el objetivo del que el 20% del PIB sea industrial en 2020. Además, lamentó que no se haya «sabido aprovechar el impulso externo para consolidar un cambio de modelo productivo que asegure un crecimiento sostenible y permanente» y que la «caótica gestión energética» sólo haya servido para «desincentivar» el ahorro y las renovables.

Por la Izquierda Plural, el diputado Josep Pérez Moya coincide en que el Gobierno «renunció a dotar al país de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita una salida justa de la crisis» y que durante toda la legislatura haya «supeditado los intereses de los españoles» a los de la banca alemana o a los «intereses especulativos» de la industria energética. Mientras, el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que sean «continuistas» y «muy conservadores» ya que financian un modelo económico que «ha tenido un papel fundamental en el agravamiento» de la crisis al no apostar por sectores innovadores que dan «dinamismo» a la economía y generan empleo de calidad.

Por Convergència (CDC), Pere Macias puso en duda que los Presupuestos de Industria contengan las medidas «necesarias para dinamizar la reindustrialización que el país necesita», según esgrime el Gobierno, y advierte de que aunque en algunos sectores como el del automóvil «las cosas se han hecho razonablemente bien» en otros «se están haciendo bastante mal». Igualmente, echó en falta una «política decidida de apoyo a las pymes» y la apuesta por el vehículo eléctrico como el mejor instrumento para poner en valor el exceso de potencia eléctrica instalada que hay en España, lo que se suma a las decisiones que se han adoptado en contra del desarrollo de las renovables.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que estos Presupuestos se presentan en un contexto económico totalmente diferente al de años anteriores por el crecimiento y por la creación de empleo. Así, aseguró que con estas cuentas se «consolidará» la recuperación, que a su juicio es «sostenible y clara» siempre y cuando «persista esta política económica», particularmente en los ámbitos de su competencia. «Que la recuperación sea o no irreversible dependerá de que se mantenga el signo de la actual política económica, que ha generado confianza y credibilidad. La única sombra en el horizonte es que haya un giro radical en el signo de la política económica», advirtió.

A renglón seguido, Soria resumió las principales cifras de su departamento, explicando que la ligera caída del gasto se debe, entre otras cosas, a los menores costes del sistema eléctrico o al fin de las inversiones para reantenización. Y subrayó particularmente la buena marcha del turismo, que vinculó entre otras cosas a la buena calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) gestionado por las comunidades autónomas o a la seguridad.

El presupuesto de Industria para 2016 alcanza los 7.269 millones de euros, un 10,6% menos, como consecuencia del descenso del 14,8% del presupuesto no financiero, hasta 4.889 millones. Este descenso se debe a la reducción o desaparición de partidas como la destinada a financiar los costes del sistema eléctrico, el Plan PIVE o la eficiencia energética. El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al área de Energía, con 4.226,5 millones, un 12,45% menos, por la caída de los costes del sistema eléctrico, el ahorro energético y la corrección del déficit eléctrico.

Finalmente, el portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, esgrimió que el actual Ejecutivo ha «afrontado claramente la necesidad de desarrollar los sectores que crean empleo de más calidad» tras la «inactividad» del Gobierno anterior, que generó así numerosos problemas. Así, el diputado defendió que se consiguió la «sostenibilidad» del sistema energético apostando «decididamente» por la eficiencia y las renovables; se «apoyó e impulsó» a sectores tractores en la economía, atrayendo inversiones que «benefician a empresas de alto valor añadido» como el del automóvil o el aeroespacial; y se ha conseguido corregir los errores en la política turística, donde la pasada legislatura «había más presupuesto pero menos inversión y menos turistas».

El PSOE y Greenpeace alertan del peligro que supondrá para 216 municipios el transporte de los residuos nucleares al ATC

Europa Press.- Al tiempo que Greenpeace alerta del riesgo que supondrá el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para 216 municipios de toda España por el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas (Cuenca), la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, aseguró que es «una tremenda irresponsabilidad» que el emplazamiento del ATC en Cuenca suponga «que 40 camiones al año vayan a transportar por el país residuos radiactivos sin ninguna seguridad«.

Maestre indicó que estos camiones «pasarían por 216 municipios de todo el país y 71 de Castilla-La Mancha», criticando que «se carezca del plan de seguridad necesario para transportar los residuos». La portavoz subrayó que este hecho «consolida aún más» la posición del Gobierno regional y del PSOE «de que esta instalación no debe salir adelante», lamentando el «empeño» del Gobierno central en ubicar «porque sí» el silo «en un emplazamiento que es sumamente pernicioso e inadecuado«. «Ya se sabía que el emplazamiento carecía de idoneidad, que faltaban informes técnicos en toda la tramitación y ahora se conoce que se carece de un plan de seguridad para el transporte«, reiteró.

La socialista se preguntó «cómo es tan irresponsable el Gobierno de España empeñándose en dejar esta papeleta en Castilla-La Mancha«. «No hay plan de evacuación ni medidas», argumentó, afirmando que «esto se sabe porque hay un Gobierno que tiene la determinación de que el proyecto debe ser paralizado», en referencia al Ejecutivo autonómico. En este sentido, Maestre señaló que, además de las propuestas que su partido ha llevado a cabo en los parlamentos regional y nacional «en la línea de que se paralice el ATC», también avanzó que no se descartan iniciativas en los municipios por los que pasarían las rutas de los camiones que transportarían los residuos «sin las más mínimas medidas de seguridad».

Riesgo del transporte al ATC

Por su parte, Greenpeace alertó de los riesgos del transporte de residuos nucleares hasta el ATC de Villar de Cañas (Cuenca), si finalmente se realiza, para los 216 municipios por los que pasarían unos 40 camiones al año, con el riesgo de accidente de tráfico que ello supondría. Así lo recoge la organización en su iniciativa El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios.

La ONG alerta de que durante el transporte de estos residuos se irradiaría a las personas más próximas a los contenedores, las cuales recibirían mayores dosis en función de la distancia y el tiempo de exposición. También advierte de que pueden producirse accidentes porque es «imposible» predecir las situaciones inesperadas y recuerda los accidentes que se produjeron en Estados Unidos y en Reino Unido. Además, destaca que los contenedores no son invulnerables y apunta que a pesar de que el proyecto contempla que estos contenedores deben soportar una caída libre de 8 metros y, en caso de incendios, aguantar 800 grados centígrados durante media hora; indica que «muchos investigadores consideran que estos parámetros son escasos».

También alerta del riesgo para la economía debido a que la radiactividad deteriora el valor de las propiedades inmobiliarias y causa perjuicio al turismo. Además, subraya que el proyecto supondría un «despilfarro económico», ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, los cuales ya están construidos o en proyecto en 8 de los 9 reactores nucleares. Además, del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central. Asimismo, destaca que es «casi imposible» la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población cercana.

El documento traza las siete rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al ATC, designadas por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En concreto, los 40 camiones que transportarán los residuos circularán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supondría una media de 3 transportes cada mes, según los cálculos de Enresa. Estas rutas pueden ser consultadas en www.greenpeace.es/maparutasnucleares. También se puede consultar la situación de las centrales nucleares, del cementerio nuclear y de los puntos negros de la carretera por los que pasarán las rutas. A través del mapa, la ciudadanía puede enviar un email a los responsables de los municipios afectados para pedir una moratoria.

Por otro lado, la organización denuncia que en la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil, «sin tener aún» todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una «situación irregular». Por todo ello, Greenpeace pide la paralización «inmediata» del ATC mediante una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa más apoyada.

El PSOE pide subastas de interrumpibilidad para tres años y aumentar en 100 millones de euros la consignación anual

Europa Press / EFE.- Mientras 200 personas se concentraron ante la factoría de Alcoa en Coruña para reivindicar su continuidad, el PSOE considera que el sistema de subastas de interrumpibilidad ideado por el Gobierno no cubre las necesidades de las empresas electrointensivas, lo que genera riesgo de deslocalización. Por ello propone modificar el sistema para hacer subastas que tengan una vigencia de tres años y aumentar la asignación presupuestaria a 600 millones de euros anuales.

Así se recoge en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Industria del Congreso. En ella, los socialistas argumentan que las grandes consumidoras de energía «están teniendo muy difícil competir con las de otros países en igualdad de condiciones por el alto coste de la energía», que desde la liberalización del sector se ha incrementado un 70%. Además, critican las subastas reguladas por el Ejecutivo del PP, que asignan los paquetes de energía durante un año, porque a su entender «generan incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo«.

Por eso, el principal partido de la oposición propone que las subastas tengan una periodicidad de tres años, con una consignación económica de 600 millones anuales, mientras que ahora se dan 500 millones, y con una nueva modalidad de distribución de 50 MW y más paquetes de 90 MW. Asimismo, los socialistas plantean la posibilidad de promover la celebración de contratos bilaterales entre empresas y productoras, y reclaman más interconexiones eléctricas con la Unión Europea.

Continuidad de Alcoa en Coruña

200 personas se concentraron ante la factoría de Alcoa en A Coruña para reivindicar su continuidad y denunciar su «falta de respeto tremenda» a los trabajadores por no confirmarles «de una vez por todas» si mantendrá sus puestos. El presidente del comité de empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho, aseguró que «mejora no hay ninguna» en su situación, de ahí esta acción reivindicativa, respaldada en la protesta por grupos políticos como AGE y PSOE. «Pasan los días y de alguna manera esto va a peor», lamenta Corbacho, quien aspira a que esta concentración demuestre a la empresa que «no estamos de acuerdo para nada con lo que están haciendo».

La dirección de Alcoa está analizando la situación de sus fábricas españolas sobre la base de los resultados de la última subasta eléctrica, tras la que considera que se encuentra en una situación peor, y teniendo en cuenta que los precios del aluminio en el mercado internacional son los más bajos en seis años. Fuentes de la multinacional estadounidense apuntaron que, una vez concluido ese análisis, informará de las conclusiones tal y como los sindicatos esperan que haga para conocer el futuro de las plantas.

En el caso de A Coruña, sus trabajadores continuarán movilizándose hasta que «cambie la situación de reparto de energía en este país, necesitamos un modelo distinto, más justo y transparente», explicó el presidente del comité de empresa. A su juicio, se pueden «copiar» los modelos de otros países europeos «aplicables» en España. «Nuestro modelo, aparte de perverso, es antiguo y margina siempre a la misma empresa a sufrir esta situación«, sostuvo mientras aseveró que seguirán «peleando» para cambiarla «dispuestos a hacer lo que haga falta».