Pilar Lucio (Plasencia, 1972) es desde 2014 la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, en 2011 llegó al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, circunscripción donde en estas elecciones lidera la candidatura de su partido. Previamente fue consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011. Con el programa presentado, el PSOE reivindica una transición hacia las renovables con severos ajustes en los mercados energéticos actuales.
-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?
Ha sido la legislatura del frenazo a las energías renovables, consolidando nuestra dependencia energética exterior, poniendo en riesgo nuestros compromisos internacionales e imponiendo todas las barreras, cargas y peajes al autoconsumo, impidiendo su expansión. Es importante recordar que la reforma energética del Gobierno del PP se ha hecho con el rechazo de todos los sectores industriales del país, la CEOE, las empresas del ámbito de las energías renovables, las del gas, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, las organizaciones de consumidores y la ciudadanía. En definitiva, un auténtico disparate.
-Dígame algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.
Es difícil, más si cabe teniendo en cuenta que, a la falta de consenso, se une la ausencia de una mínima lógica regulatoria, económica y ambiental del proyecto de país en materia de energía. Ya que me pide algo bueno, le diré que coincidimos en la necesidad de potenciar las interconexiones con otros países como una de las herramientas para consolidar la seguridad energética no sólo de España sino también de Europa. De hecho, el Gobierno del PP ha podido inaugurar alguna de las interconexiones iniciadas en las legislaturas anteriores.
-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?
Está claro que la energía debe ser un factor fundamental en la competitividad de nuestras empresas y no una carga como está sucediendo en nuestro país, en un escenario mundial con precios del barril de petróleo en torno a los 40 dólares. Nuestras empresas deberían competir en igualdad de condiciones y no lo están haciendo por decisiones equivocadas. Tenemos un sector energético con un potencial enorme en tecnologías limpias, con un desarrollo tecnológico que no estamos aprovechando.
Hay que afrontar, sin más dilación, una profunda reforma del mercado eléctrico que haga compatible asegurar, en un marco de competencia, las inversiones de largo plazo en la nueva generación y que promueva una gestión más eficiente del parque de generación disponible. Existe una anomalía entre lo que pagamos y lo que recibimos. Hay una sustancial diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que los ciudadanos pagamos por ella. Y esta anomalía sólo se corregirá con la reforma a la que he hecho referencia.
SECTOR ELÉCTRICO
-Proponen una transición energética que haga que el 70% de la electricidad sea de origen renovable en 2030. ¿Cuál será el impacto económico de esta transición? ¿Cerrar las centrales nucleares incrementará el precio de la electricidad en el recibo?
La transformación de nuestro modelo energético en el marco de la transición que proponemos debe tener a las energías renovables y a la eficiencia energética como protagonistas. El impacto económico será positivo si logramos restaurar la seguridad jurídica y un marco regulatorio estable que asegure un retorno de la inversión que el mercado como está diseñado no proporciona.
Nosotros establecemos en nuestro programa electoral un calendario de cierre que finalizaría en 2028 cuando el último reactor de nuestro país cumpla 40 años, su vida útil. No hay ninguna formación política que sea más clara que la nuestra. Este hueco de generación debe ser cubierto por producción renovable con lo que daríamos una clara señal de cuál quiere ser nuestro modelo energético de futuro.
Con el cierre de las centrales nucleares no va a verse incrementado el precio de la electricidad. Ya hemos hablado antes de la necesidad de una reforma del mercado eléctrico que aporte transparencia a un sistema demasiado opaco y que fije realmente el precio de cada tecnología en función de lo que cuesta producirla. De hecho, lo que la tecnología nuclear hace es socializar algunos costes que deberían ser asumidos por las empresas. Tenemos alternativas basadas en un desarrollo tecnológico y que ya son competitivas. Apostemos por ellas.
-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas?
El Gobierno ha hecho una ley que ha incumplido a la primera de cambio para intentar ocultar el resultado de la misma, que no es otro que su fracaso. El Gobierno ha mentido sobre el precio de la luz. En esta legislatura, con los datos que ha proporcionado la CNMC, la tarifa de luz ha subido un 10% en España. Somos el cuarto país con la electricidad más cara, con lo que ello supone para la competitividad de nuestras empresas y las economías familiares.
Necesitamos absoluta transparencia en el mercado eléctrico y, para ello, es imprescindible una auditoría de los costes integrados en la tarifa energética. No es admisible soportar una parte fija tan elevada en el recibo de la luz ni que consumir más o menos importe tan poco. Creemos que debemos extraer del sistema eléctrico aquellas decisiones que no tengan una relación directa con el coste real energético.
-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?
Algunos parecen no haber aprendido las lecciones de una crisis consecuencia de las graves deficiencias regulatorias que ha permitido campar a sus anchas a los especuladores que se mueven en sectores económicos básicos, y la energía es uno de ellos. Cañete propone más desregulación y nosotros justo lo contrario.
-¿Qué consecuencias puede tener la auditoría de costes del sistema eléctrico, habida cuenta que ya en el programa denuncian una posible sobre-retribución a las centrales desarrolladas antes de la liberalización?
La principal consecuencia es, como ya he comentado antes, conocer los costes integrados en la tarifa energética, lo que nos dará, además de transparencia, las claves para la reforma del mercado eléctrico que nosotros consideramos prioritarias. Una de las primeras medidas que tomaremos en los primeros 100 días de gobierno será esta auditoría. Queremos que los generadores no ingresen beneficios injustificados y que los consumidores paguen precios justos.
GOBERNANZA
-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador?
En contra del criterio de la Unión Europea de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición, el Gobierno ha debilitado una herramienta imprescindible para velar por los intereses de los ciudadanos.
Nuestro programa dedica un amplio catálogo de medidas para los organismos reguladores. Defendemos la necesidad de garantizar su independencia, la suficiencia de recursos y de defensa de la competencia como condiciones necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.
Además de modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores vamos a evaluar el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente como ya existe en Alemania.
-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?
Parlamento, Gobierno y regulador deben recuperar una notable capacidad de decisión en la planificación que ha ido traspasándose por omisión a un conjunto de agentes cuyo objetivo es velar por sus propios intereses y no por el interés general. Nuestra posición respecto a los operadores del mercado y del sistema debe ser el resultado de un consenso lo más amplio posible cuyo punto de partida es la auditoría regulatoria.
FISCALIDAD ENERGÉTICA
-A tenor de su programa y de la reforma fiscal verde que anuncian. ¿Subirán los impuestos a los carburantes? ¿Reducirán o eliminarán los impuestos a la generación eléctrica?
No podemos seguir ignorando las señales que nos ha enviado la COP21 de Paris. Creemos que manteniendo el mismo nivel de presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones. Hablamos de una reforma fiscal ecológica. Ha habido consumos de energías fósiles que han quedado fuera del incremento impositivo en esta legislatura, recayendo la mayor carga en el sector eléctrico.
Hay que impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a estándares europeos con una serie de nuevos tributos que especificamos con claridad en el programa electoral, siendo uno de los más importantes el que se aplicará sobre las emisiones de CO2. Con parte de este impuesto, y ya contesto a la segunda pregunta, crearemos un fondo verde para la transición energética con tres líneas básicas: Una social para familias y colectivos vulnerables, otra destinada a PYMES y rehabilitación de viviendas y una tercera dirigida a la movilidad y el transporte.
-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?
Ya lo hemos dicho anteriormente. Pagamos por la energía que no consumimos, una especie de tarifa plana que no responde al consumo de los ciudadanos. El recibo de la luz volverá a tener una parte fija de alrededor del 35%. La actual composición del recibo de la luz lanza la peor de las señales para promover el ahorro y l eficiencia porque el resultado final es que paga más el que menos consume.
RENOVABLES
-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?
Primero debemos cumplir con los objetivos internacionales a los que nos hemos comprometido y que el Gobierno del PP ha puesto en serio riesgo. Luego en nuestra hoja de ruta a 2030 consideramos que debemos superar el 70% de participación de las energías renovables. Debemos tener en cuenta que en este escenario se abre un abanico de posibilidades enormes para el desarrollo e implantación de esta tecnología, tanto en la electrificación del transporte, como con el autoconsumo, sobre el que derogaremos el impuesto al sol, así como en la sustitución progresiva del parque nuclear por generación renovable. Nuestro futuro energético es renovable.
-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?
Restituiremos las regulaciones de origen, bajo las cuales se produjeron las inversiones de las distintas tecnologías, y las renovables no pueden ser una excepción. De esta forma, España recuperará hacia el futuro el marco imprescindible para el impulso inversor necesario. Para que sea viable la restitución del marco regulatorio de las renovables, sin que ello acabe afectando al recibo que llega la consumidor o al déficit de tarifa, hay que restituir también el marco de las tecnologías convencionales, de tal forma que las primeras no sigan padeciendo una arbitraria minoración de unos ingresos que estaban garantizados en el BOE, ni las segundas percibiendo unos beneficios sobrevenidos totalmente injustificados.
-El modelo retributivo diseñado para las renovables de rentabilidad razonable está actualmente a juicio en varios tribunales. ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?
Debemos abrir un proceso de negociación con los inversores que han interpuesto demandas contra España. En esa negociación, deberemos poner encima de la mesa diferentes soluciones y, sobre todo, las oportunidades que se abren con el proceso de transición energética que queremos impulsar. No vamos a esperar a que los tribunales fallen. Nosotros proponemos de partida restituir el marco de referencia para todas las tecnologías en igualdad de condiciones.
-Respecto al autoconsumo, ¿qué fórmula utilizarán para su impulso? ¿Está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?
Nuestro Secretario General ya ha manifestado, en numerosas ocasiones, que derogaremos el denominado impuesto al sol y eliminaremos las trabas al desarrollo del autoconsumo que el actual gobierno ha frenado. Es preciso, de nuevo desde el consenso, un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, es contraproducente hacer pagar dos veces por el mismo concepto a un consumidor que además es productor.
-¿Qué tecnología es su apuesta para ejercer el respaldo que necesitan las energías renovables?
Un mix renovable diversificado debe avanzar hacia su propia autosuficiencia en el marco de la seguridad de suministro, sin olvidar los avances tecnológicos que ya se están produciendo en materia de almacenamiento energético, así como la ventaja que va a suponer orientar el sistema mucho más hacia la gestión de la demanda que de la oferta como ha venido sucediendo hasta ahora. Consideramos que los ciclos combinados pueden ser una alternativa ya que su capacidad de generación está en unos porcentajes mínimos y deben ser útiles en una transición hacia un modelo basado en las renovables y la eficiencia energética.
OTRAS CUESTIONES
-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?
Tenemos que encontrar una solución justa para la minería del carbón española que combine nuestro compromiso de emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad de suministro, tal como indicamos en nuestro programa electoral. Vamos a cumplir nuestros acuerdos con el sector y la resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2012. Además, hay que impulsar las formas de combustión limpia y la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y captura de CO2, en la línea de las propuestas que recogen las conclusiones de la COP 21.
-En su programa llevan el rechazo al ATC en Villar de Cañas. ¿Qué proponen para los residuos nucleares?
Somos partidarios de la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para la gestión de los residuos nucleares pero consideramos que Villar de Cañas no reúne las condiciones. No lo decimos nosotros; existen diferentes informes que desaconsejan su ubicación en esa localidad lo que nos reafirma en nuestra idea de que la decisión fue, más que nada, política. En todo caso, no es razonable desagregar, como está haciendo el PP, las decisiones respecto a la vida del parque nuclear de la respuesta a la gestión de los residuos.
