El PSOE propone en el Congreso una ley para crear una nueva tarifa social energética cargada a los Presupuestos

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados sus primeras iniciativas parlamentarias de carácter económico para la XI legislatura, que apenas ha comenzado, incluyendo entre ellas una propuesta normativa con la que crear una nueva tarifa social para el gas y la electricidad que dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos. Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.

A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa. Ese precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico. Lo que no aclara es cómo se discriminaría este consumo entre otros.

El déficit de ingresos que sufrirían las empresas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos. Además, los socialistas incluyen en su iniciativa un procedimiento para reconocer los casos de pobreza energética a las familias que destinen más del 10% anual de su renta al pago de los suministros y que cumplan ciertas circunstancias a determinar reglamentariamente, junto con otros requisitos como la localización de la vivienda, el grado de eficiencia o el número de miembros en la familia.

A quienes se reconozca esta situación no se les podrían cortar los suministros indispensables ni tampoco las fuentes de energía durante los periodos más fríos, en función de un calendario estacional según las zonas climáticas. Igualmente, las suministradoras habrían de pedir permiso para cualquier desconexión, que en ningún caso tendría lugar antes de 6 meses desde el primer requerimiento de pago. Finalmente, el PSOE incluye también la previsión de que, en 6 meses, el futuro Gobierno apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética usando fondos del Presupuesto a complementar por comunidades y ayuntamientos, mediante actuaciones como créditos preferentes para la rehabilitación o fomento de las renovables en los hogares.