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Todos los grupos del Congreso salvo el PP se comprometen a modificar el decreto de autoconsumo en cuanto haya Gobierno

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados salvo el PP se han comprometido por escrito a aprobar un decreto ley en los primeros 100 días de Gobierno con el que modificar parte del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015, incluida la derogación del impuesto al sol, así como a iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.

En concreto, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad, el PNV, EH Bildu, Compromís, IU, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman 227 diputados, firmaron un acuerdo en el que plasman este compromiso con 26 organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales, sociales y de empresas de renovables. El documento constituirá el texto del decreto ley que el próximo gobierno, siempre y cuando lo constituyan algunas de estas formaciones políticas, aprobará en sus primeros 100 días y cuya convalidación en la Cámara Baja será apoyada por todos los firmantes. Fuera han quedado, junto a los populares, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha explicado junto a representantes de los partidos políticos que el principal cambio que conllevará la aprobación de este decreto ley será «reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo». Esto supondrá en la práctica eliminar de forma inmediata los peajes de respaldo, el llamado impuesto al sol, por consumir energía autoproducida instantáneamente o almacenada en baterías y consumida con posterioridad, si bien se seguirán cargando peajes sobre la energía vertida u obtenida de la red al mismo nivel que se pagan por la generación convencional.

En un futuro reglamento se podrán desarrollar mecanismos de compensación simplificada, es decir, procedimientos de balance neto con los que los generadores puedan compensar sus excesos de producción puntuales con energía en momentos de déficit. «Hay que negociar cómo hacerlo», indicó Morales, reconociendo que de momento cualquier vertido o compra se pagará a precio de mercado. Preguntado sobre si merecerá la pena entrar en este tipo de comercio, señaló que la intención es fomentar el autoconsumo y no el «negocio» de los excedentes. En cualquier caso, Morales considera que a largo plazo tampoco debería incentivarse una producción excedentaria porque el objetivo debe ser la eficiencia y el ahorro, no el rédito económico del pequeño productor.

Por otra parte, el decreto ley habilitará de forma inmediata la posibilidad de que varios consumidores compartan instalaciones de autoconsumo y se simplificará la tramitación administrativa de este tipo de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia), para las que «bastará una notificación», quedando suprimido el Registro Administrativo de Autoconsumo. Con el mismo objetivo se adaptará el régimen sancionador de modo que los pequeños autoconsumidores no se tengan que enfrentar en ningún caso a multas multimillonarias por incumplimientos administrativos. Así, se fija un límite máximo del 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica como sanción máxima por infracciones relacionadas con el autoconsumo.

Estos cambios de aplicación inmediata no supondrán una derogación de todo el real decreto de autoconsumo del PP, sino únicamente un «primer paso» antes de empezar a negociar un nuevo reglamento «consensuado» entre partidos políticos y sociedad civil, que permita conseguir un sistema que incentive el autoconsumo como instrumento de eficiencia energética.  «La normativa en vigor frena la lucha contra el cambio climático, va en contra de la democratización energética, contradice la normativa europea y lastra de manera innecesaria al autoconsumidor», consideran los firmantes del acuerdo, que abogan por un cambio de modelo en el que se generalicen las energías limpias y la generación descentralizada.

Sin embargo, alcanzar un consenso en torno a esos objetivos será un proceso «largo» que llevará «al menos un año» y, desde luego, «no menos de seis meses», en opinión de Morales de Labra, tanto por la dificultad de la reglamentación como por la oposición que prevé planteen las compañías eléctricas. Por eso, hasta que se consiga ese acuerdo político y social, es necesario mantener gran parte del reglamento actual, ya que derogar todo el real decreto «generaría más incertidumbre».

«Pero la redacción que proponemos permitirá muchas más instalaciones de las que son posibles ahora», insistió Morales, que recomienda a quienes ya están embarcados en este tipo de proyecto que cumplan la norma y se adapten al actual reglamento en el plazo señalado, pero invirtiendo lo mínimo posible porque «previsiblemente se cambiará» la normativa. El texto del decreto ley precisa asimismo que el cambio no supondrá un aumento de gasto ni una disminución de ingresos para el sistema porque el pequeño tamaño de las instalaciones de autoconsumo hacen que el impacto sobre los ingresos sea «despreciable» durante los primeros años.

Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

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Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

La industria nuclear señala que el concepto de vida útil no tiene significado legal ante el acuerdo de PSOE-C’s

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Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear ha defendido la operación a largo plazo de las centrales nucleares en España y ha recordado que el término «vida útil» no tiene un significado legal explícito. La industria se pronuncia así después del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos (C’s), que incluye establecer el cierre de las plantas atómicas al cumplir los 40 años de “vida útil”.

Así, el Foro Nuclear ha recordado que el periodo de funcionamiento de las centrales españolas «no tiene plazo fijo establecido» por la legislación española. Es decir, que no se determina por ley el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales. En este contexto, ha indicado que en la actualidad, las autorizaciones de operación se conceden «habitualmente» con plazos de validez de 10 años y se renuevan periódicamente tras la evaluación del organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación y permiso del Ministerio de Industria. En la actualidad España cuenta con 7 reactores nucleares operativos y uno más, el de Garoña (Burgos) en situación de cese de actividad pero con una solicitud de renovación pedida hasta 2031.

La que más electricidad genera

El Foro de la Industria Nuclear defiende también que esta tecnología es la que más electricidad genera y que en 2015 proporcionó el 20,8% de la electricidad en España, con un 7,26% del total de la potencia instalada en España. Por ello, valora que resultan «esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico» e incide en que no emiten gases contaminantes. En este contexto, subraya que la operación a largo plazo es el «funcionamiento continuado» de una central nuclear manteniendo su nivel de seguridad. Se trata de una estrategia energética habitual en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Hungría, Rusia y Suiza. De los 442 reactores nucleares que hay en el mundo, 105 tienen autorización para operar más de 40 años.

Según las cuentas del Acuerdo de Progreso entre PSOE y C’s, el parque nuclear español quedaría cerrado en torno a 2028, cuando la central de Trillo (Guadalaja) y Vandellós II celebren su 40 aniversario. El calendario atómico quedaría así: Almaraz I (Cáceres), que comenzó su actividad en 1981, cerraría en 2021; Almaraz II en 1983, generaría electricidad hasta 2023; Ascó I (Tarragona) se acopló a la red en 1983 y Ascó II en 1985, por lo que estarían operando hasta 2023 y 2025 respectivamente; Cofrentes (Valencia), que opera desde 1984 finalizaría su actividad en 2024 y, por último, las más jóvenes, Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) se conectaron a la red en 1988, por lo que cerrarían en 2028.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la reforma eléctrica

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la denominada como reforma eléctrica. El recurso, presentado en octubre de 2013 por el grupo socialista contra la aplicación retroactiva del nuevo régimen retributivo de la actividad de producción de electricidad, argumentaba que vulnera los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad de las disposiciones que afectan a derechos individuales. Sin embargo, el Constitucional responde que la modificación del régimen retributivo obedece «a una motivación justificada y cierta» y no vulnera dichos principios.

La decisión del Tribunal Constitucional podría afectar a la resolución de otros recursos presentados contra la misma norma, los de Andalucía, Extremadura, Navarra y Murcia. En concreto, el recurso socialista se dirigía a varios artículos de la ley del sector eléctrico referidos a la modificación retributiva de las renovables y la cogeneración, que en virtud de esta normativa pasó de un sistema de primas a una retribución razonable alo largo de la vida útil, al considerar que eran retroactivos y no cumplían los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad.

El Tribunal Constitucional responde que estas cuestiones ya fueron abordadas en el recurso planteado por Murcia contra la normativa renovable y que fue desestimado. En esa sentencia, el tribunal ya consideró justificada la urgencia por la evolución «expansiva» de los costes del sistema eléctrico en una situación de crisis económica. Con respecto a la retroactividad, el Constitucional defiende que la confianza legítima no se ha visto afectada ya que este principio «no protege de modo absoluto la estabilidad regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas precedentes», al tiempo que subraya que la modificación retributiva no fue «inesperada». Asimismo, el Tribunal Constitucional ratifica que el Gobierno justificó de forma suficiente la necesidad de aprobar las medidas por la vía del decreto.

A este respecto, añade que el nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos se basa en la «percepción de los ingresos derivados de la participación en el mercado, con una retribución específica que permite la cobertura de los costes adicionales de estas instalaciones respecto de las del resto de tecnologías en el mercado, y les «permita competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de las tecnologías y obtener una rentabilidad razonable». Además, a pesar de que la nueva retribución renovable no se conoció hasta meses después, el Constitucional descarta que suponga retroactividad ya que los productores conocían desde ese momento el futuro cambio.

La sentencia justifica también el rechazo a la infracción del principio de seguridad jurídica y del principio de irretroactividad de las normas, ya que considera que «no estamos ante una norma incierta o falta de la indispensable claridad, pues cuenta con un contenido preciso y unos efectos perfectamente determinados». Por otro lado, al igual que en el fallo contra el recurso de Murcia, la nueva sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren dos miembros más del tribunal, en el que muestra su discrepancia con la fundamentación jurídica referida a la invocación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima respecto a la modificación del régimen de incentivos a las energías renovables.

El PSOE reclama paralizar los proyectos de fracking en Cantabria y Burgos y prohibirlos en todo el país

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Europa Press / EFE.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados 2 proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica, el llamado fracking, autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria, y que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

Los textos, que serán debatidos en las comisiones parlamentarias de Industria y de Agricultura y Medio Ambiente, se hacen eco de la «alarma social» que estos proyectos han despertado en las zonas afectadas y cumple con el compromiso electoral del PSOE de favorecer un «modelo energético diferente» que se base en la eficiencia y las renovables, según la portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio. Así, la propuesta relativa a los proyectos en Burgos apela al «rechazo claramente mayoritario» que a juicio del PSOE han suscitado para reclamar «como mínimo» una reflexión previa a cualquier decisión, ya que los beneficios económicos «nunca demostrados» repercutirían únicamente en las empresas mientras los efectos medioambientales «adversos, ya detectados», recaerían en el territorio.

Por ello, se exige al Ejecutivo que «suspenda cautelarmente» los permisos concedidos en la provincia, que impulse modificaciones legislativas para paralizar otros proyectos de este tipo, y que paralice y prohíba en todo el país cualquier proyecto o permiso relacionado con el fracking, incluidos los de investigación. La diputada burgalesa Esther Peña señaló que espera que esta iniciativa sea la «definitiva» para terminar con la fractura hidráulica en todo el país, y ha exigido al PP que deje de «titubear» y de «hacer el paripé» de votar en contra de esta técnica en unas instituciones y fomentarla después desde el Gobierno central. «Éste es el momento para que se retraten de manera real», ha añadido.

Ander Gil, senador socialista por Burgos, también subrayó que los proyectos que ya están autorizados en su provincia son «la punta de lanza de la industria del fracking para promover otras prospecciones» en otras regiones, por lo que si su propuesta sale adelante sentaría un «precedente necesario y muy importante para pararlos», tal y como ya han hecho otros países «también dependientes energéticamente» como Francia o Polonia. Además, ha subrayado que este tipo de prospecciones suponen una «amenaza» para zonas donde la economía y el empleo dependen de forma muy importante de sectores como la ganadería o el turismo rural.

Por su parte, la iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Agricultura parte de la declaración institucional que todos los partidos, incluido el PP, respaldaron la pasada legislatura en Cantabria oponiéndose a esta técnica y reclamando medidas para convertir a la región en «territorio libre de fracking«. «Hay otras técnicas, vamos a luchar por las energías limpias, que en Cantabria tiene mucho futuro porque tenemos viento y mar, y también sol. Hay mucha alarma social porque son territorios de pura naturaleza y están muy preocupados porque se van a destrozar», explicó la diputada cántabra Puerto Gallego, recordando que los dos proyectos de investigación que hay en su región ya han recibido incluso el visto bueno del Tribunal Supremo.

Así, su proposición no de ley insta al Ejecutivo a «asumir y aceptar» el acuerdo aprobado por el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura, cuando estaba presidido por Ignacio Diego (PP); y a colaborar y apoyar el I+D de energías alternativas y limpias en la región. Igualmente, piden al Gobierno que paralice la actividad de este tipo de proyectos, suspenda autorizaciones y prohíba nuevas actividades «en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad».

Los socialistas pretenden que estas dos propuestas sean sólo el primer paso para una reforma de la Ley de Hidrocarburos que prohíba de forma definitiva el fracking en toda España. Según Lucio, que también es secretaria general de Cambio Climático del PSOE, la voluntad de su formación es «iniciar el camino» en los primeros 100 días de Gobierno. En este sentido, cree que sus iniciativas contarán con el respaldo de otras formaciones políticas, con las que ha constatado una gran coincidencia en el modelo energético por el que abogan. De hecho, señala que «dos tercios» del Parlamento se pondrían de acuerdo en este tipo de iniciativas, como ya hicieron con la petición de no reabrir la central nuclear de Garoña.

Actualmente, hay previstos dos proyectos en Burgos, en fase de alegación, y tres en Cantabria, con los permisos de investigación ya concedidos puesto que son dos de las regiones que potencialmente tienen más recursos de gas no convencional. La Ley de Hidrocarburos impulsada por el PP, que entró en vigor en mayo de 2015, prevé incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle la extracción de gas no convencional mediante la rotura de las rocas del subsuelo. «Existe la voluntad política de acabar con el fracking, con las prospecciones petrolíferas y hay una apuesta por desarrollar el autoconsumo» de energía, en el marco de un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, concluyó Lucio.

Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».

Fundación Renovables reprocha al PSOE que los objetivos renovables deben extenderse más allá del sistema eléctrico y también al carbón

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Redacción / Europa Press.- A propósito del documento Programa para un Gobierno progresista y reformista, elaborado por el PSOE como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas para formar gobierno, la Fundación Renovables reclama que el objetivo renovable para 2050 sea para toda la energía, incluido el transporte, y no solo para la producción de electricidad, al tiempo que echa en falta un compromiso concreto para lograr un mix energético antes de 2030 sin centrales térmicas de carbón y sin nucleares.

Por ello, la Fundación Renovables reclama a todos los partidos que van a participar en la negociación una mayor «concreción y compromiso» en cuestiones clave desde el punto de vista de la sostenibilidad energética. La Fundación comparte el planteamiento de apostar mediante la legislación por una transición energética para combatir el cambio climático en la que se apueste por el ahorro, la eficiencia y las renovables. También apoya que se promueva un pacto de Estado de la Energía y una ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética, así como una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados.

En todo caso, echa en falta el compromiso de alcanzar un mix energético sin centrales nucleares y sin centrales térmicas de carbón que debe lograrse en la próxima década. «De hecho, la ausencia más clamorosa del documento es la relativa al carbón, pues no se hace mención alguna al mismo, el combustible fósil más contaminante en términos de emisiones de CO2″, indica. La fundación también cita «otras omisiones importantes», como el que no se menciona, como estaba en el programa, la recuperación del régimen retributivo para las energías renovables, o la relativa al cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad y combustible irradiado (ATC).

Por otro lado, aplaude la inclusión de la «prohibición del fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos», aunque considera que debería añadir de forma clara que se prohibirán nuevas prospecciones y la explotación de yacimientos realizadas tanto por tecnologías convencionales como no convencionales. También destaca el compromiso con el autoconsumo y confía en que se pueda recuperar «el grave atraso sufrido si, en la nueva etapa política que comienza, se aplican de forma decidida las adecuadas políticas energéticas encaminadas a cambiar el actual modelo energético y a avanzar hacia uno sostenible».

El PSOE propone nuevas leyes de cambio climático y transición energética dentro de un pacto de Estado de la Energía

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Redacción / Agencias.- El Programa para un gobierno progresista y reformista que el PSOE ha elaborado como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas recoge, entre otras medidas, nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética. La propuesta socialista pasa por alcanzar un sistema eléctrico que se base en las energías renovables en 2050 y para ello promoverá un «gran Pacto de Estado de la Energía» que facilite la transición energética y aporte estabilidad a la política energética de España.

Este pacto incluye un plan de cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil, la prohibición de los proyectos de fracking y la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. En este sentido, prevé la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 para los objetivos 2020/2030/2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo energético, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.

Modificar Ley de Contratación Pública

Hay un aspecto en el que el PSOE pone más acento que en lo que aparecía en su programa electoral, que es en la modificación de la Ley de Contratación Pública, en la que plantean incluir nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. También contempla escenarios de largo plazo para Zero emisiones y la generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

El PSOE también señala como prioritario acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición». Otros de sus compromisos para formar gobierno pasan por regular el autoconsumo incluido, incluido el denominado impuesto al sol, y se compromete a elaborar un marco regulatorio estable en esa materia, en la modalidad del balance neto.

En materia energética, propone la creación de un fondo verde para la transición energética que se alimente «con parte del nuevo impuesto al CO2» que se destinará a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a la transición. Para el objetivo de reducir las emisiones en las ciudades, plantea un plan para la rehabilitación sostenible de viviendas con el que pasar de 23.000 viviendas al año rehabilitadas a las 200.000 viviendas en 2025.

Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

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EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.