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El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.

El Senado rechaza con los votos del PP y Foro Asturias una comisión de investigación sobre el almacén gasista Castor

Europa Press.- El pleno del Senado rechazó, con los votos de PP y Foro Asturias, la abstención de PNV y UPN, y el apoyo de resto de grupos, una petición de Compromís para abrir una comisión de investigación sobre el proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado frente a Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió.

El senador Jordi Navarrete, que ha defendido la iniciativa, ha agradecido el apoyo de los grupos promotores de esta comisión de investigación (Compromís, PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos) y a Ciudadanos y PSOE por su «coherencia y responsabilidad» al sumarse y votar a favor. Por el contrario, ha criticado «el comportamiento totalitario y lobbista del PP y el entorno de los grupos de presión». Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», señaló.

Paralelamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre el proyecto y en su intervención ha insistido en que los estudios anteriores a la construcción del almacén eran correctos y «no se podían prever» los terremotos en la zona. El ministro no ha adelantado si el Gobierno tiene planes próximos de desmantelar la plataforma.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.

Bogas (Endesa) pide consenso político sobre Garoña y destaca que está «en perfecto estado de revista»

Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha destacado que la central nuclear de Garoña está «en perfecto estado de revista» y que «podría seguir adelante» desde el punto de vista del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero ha apuntado la necesidad de llegar a un consenso con los partidos políticos. En este sentido, Bogas ha transmitido «tranquilidad» ante la situación de la central.

«Nosotros no hemos cambiado de punto de vista, creemos que las cosas hay que hacerlas de forma ordenada», subrayó Bogas. «Decía el ministro que la política energética del país no podía supeditarse solo a decisiones económicas y yo estoy de acuerdo con él», añadió. Por ello, ha apuntado que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en «un tema tan importante como este».

A pesar de que Bogas ha hecho hincapié en que Garoña está en perfecto estado de funcionamiento, reconoce que abrirla o cerrarla «no influye ni cambia absolutamente nada», porque solo supone «450 megavatios nada más». En esta línea, ha afirmado que si la vida útil de las nucleares finalizase a los 40 años «habría un déficit», lo que no sucedería si cerrasen a los 50.

Respecto a la transición energética, el consejero delegado de Endesa ha señalado que para cumplir con los objetivos de renovables de la Unión Europea con vista a 2030 es necesario incrementar su potencia instalada en 30.000 megavatios. «Si eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios», ha apuntado, para justificar que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería «físicamente imposible». «Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares», añadió.

Debate en Castilla y León

Por otro lado, el grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado sendas enmiendas de PSOE y Podemos a través de las que se reclamaba la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos, ante la posibilidad de cierre y que fueron votadas en contra por el PP al defender el mantenimiento de la central. En concreto, entre las iniciativas planteadas por el PSOE y defendidas por Javier Izquierdo, se encontraba una valorada en 1,7 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de revitalización de Garoña.

No obstante el procurador del PP, Salvador Cruz, ha insistido en su postura en contra ya que, como ha recordado, los populares defienden el mantenimiento de la nuclear con el respaldo del CSN. Además, Cruz se ha preguntado qué pretende hacer el PSOE con ese dinero ya que, como ha recordado, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció el cierre presentó acciones valoradas en 950 millones de euros. «Plantean ahora una inversión de 25 millones del Estado y 1,7 millones de la Junta, ese es su gran plan», se ha preguntado Cruz, quien insistió en su continuidad.

“Ustedes acabarán haciendo el ridículo”

Sin embargo, Izquierdo ha advertido a Cruz que quienes van a hacer el ridículo sobre este aspecto va a ser el PP que actúan como «cobaya» de las «eléctricas» en materia de energía nuclear. «Es muy probable que no se reabra y quien acabará en ridículo serán ustedes» ha aseverado. Asimismo, el procurador de Podemos, Félix Díez, también defendió una enmienda de su grupo en este sentido, ya que «el PP no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa económica».

Nadal asegura que «el coste eléctrico sería hoy 10 veces más barato si se hubiera tenido paciencia» con las renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirma que la luz sería «hasta 10 veces más barata en España si se hubiese tenido un poco de paciencia» a la hora de llevar a cabo instalaciones de renovables.

En este sentido considera que España fue líder en energía solar a costa de instalar «todo y muy caro», lo que actualmente «se ha visto repercutido en el recibo». «Hemos invertido mucho dinero en una tecnología que hoy en día nos parece obsoleta«, ha apuntado. Así, lamenta que el coste del megavatio por hora era entonces de 490 euros, mientras que en la última subasta se situó por debajo de los 40 euros, ha apuntado.

Aunque ha destacado que el coste de la energía en España «está bajando», Nadal reconoce que es «de los más caros de Europa» debido al coste adicional en renovables que arrastra el sistema. En este sentido, ha explicado que España cuenta con 10.500 millones de euros de sobrecoste por decisiones políticas del pasado que se anteponían al precio y la competitividad. «Pagamos 7.000 millones en primas a las renovables, que son las más caras del mundo porque se instalaron en una etapa en la que costaban mucho esas instalaciones«, lamentó.

Según Nadal, en España se instaló una tecnología «muy madura y cara» y «ni siquiera se subían los precios al tiempo que los costes», lo que generó un déficit que ahora se está pagando. «Nuestro país tiene una de las energías más caras por decisiones que se tomaron en el pasado sin importar los costes ni lo que iban a durar en el tiempo», ha apostillado, un lastre que España aún pagará «durante muchos años«.

Energía regulará el cierre de centrales térmicas sin el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que denuncia la falta de diálogo

Europa Press.- Ciudadanos ha lamentado la falta de negociación por parte del Gobierno sobre la regulación del cierre de centrales térmicas de producción eléctrica y ha reclamado que se fije un Pacto de Estado de Energía previo a cualquier decisión al respecto tras el anuncio del Gobierno de que regulará el cierre de estas plantas sin el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, lo que impedirá que la norma pueda convalidarse en el Congreso de los Diputados y adquirir rango de ley.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que a su departamento le habría gustado «un edificio más amplio y más sólido» para regular el cierre de las centrales térmicas, pero «no ha sido posible». Nadal se preguntó si, ante la sobrecapacidad del sistema eléctrico, la clausura de las plantas debe responder a decisiones empresariales o a una planificación del mix en función de los objetivos nacionales. Después de mostrarse partidario de la segunda opción, advirtió de que la normativa europea es «escueta» en este asunto.

«Habrá que decidir primero el mix y luego tomar decisiones», señaló, antes indicar que ha hablado con «diferentes fuerzas parlamentarias para plantear un cambio normativo con rango de ley» para que los cierres se apliquen «de forma ordenada». «He hablado con el grupo socialista y no tiene interés por una norma por el estilo», afirmó. «Si no podemos hacer un desarrollo normativo amplio de estas características, en el que prime la política energética sobre las decisiones empresariales, sí podemos hacer una regulación sobre estas cuestiones lo más amplia posible», indicó. «Haremos lo que podamos con el rango reglamentario», afirmó Nadal.

Ciudadanos denuncia falta de diálogo

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, subrayó que el Ejecutivo no puede regular el cierre de centrales térmicas sin un pacto previo que fije la política energética del futuro. «Con Ciudadanos nadie se ha sentado a hablar del tema», ha lamentado la portavoz de Energía del grupo parlamentario de Ciudadanos, que registró en el Congreso una pregunta por escrito para reclamar al Ejecutivo información sobre sus planes en este sentido y, además, ha reclamado la comparecencia del ministro del ramo, Álvaro Nadal.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que previamente a la regulación debe existir un consenso sobre el mix energético y ha reiterado que debe haber una planificación energética fruto de un pacto y no «improvisando» para que luego «acabe reflejado en el recibo de la luz» de los ciudadanos. «Hay que decidir lo que queremos ser de mayor», incidió la diputada de la formación naranja, para recordar que esto daría «seguridad» de cara al futuro.

La propuesta de renovables que presenta el grupo socialista en el Parlamento Europeo plantea un 36% para España en 2030

Javier Angulo.- El eurodiputado socialista José Blanco aprovechó su intervención en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para exponer la propuesta que ha elaborado como ponente en el Parlamento Europeo de la directiva de renovables que se debatirá en los próximos meses y que aborda los objetivos climáticos del horizonte 2030. En este sentido, abogó por actuar “con mayor ambición” y actualizar la propuesta de la Comisión Europea a las metas establecidas por el Acuerdo de París.

Esta actualización eleva del 27% al 35% el objetivo de procedencia de fuentes renovables del conjunto de consumo energético de la Unión Europea para el año 2030, estableciendo asimismo objetivos “vinculantes” para los países, extremo que no está previsto de momento, y fijando un objetivo concreto para España de un 36% de renovables. Para Blanco, esta directiva debe suponer un llamamiento a la acción “para los que se dedican a aplaudir París” pero no toman medidas para materializar los acuerdos. El eurodiputado socialista apuntó al bloque del Este y al Gobierno de España como los principales obstáculos para que la Comisión Europea acepte su propuesta, reconociendo sin reparos la ambición del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La descarbonización es una obligación”

Por todo ello Blanco considera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por su presidente, Donald Trump, supone para la Unión Europea «una oportunidad» para liderar «de verdad» la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Hay algo que tenemos que asumir todos: la descarbonización de nuestra economía no es una opción, es una obligación, y la descarbonización pasa por fomentar el uso de renovables», sentenció el eurodiputado socialista.

Respecto a las modificaciones regulatorias desarrolladas por varios países, entre ellos la reforma del sector energético en España de 2013 y 2014, el exministro de Fomento ha cuestionado las medidas retroactivas que han acarreado problemas de financiación para los promotores de las plantas renovables, para los que demanda establecer algún tipo de “compensación adecuada” en la próxima directiva de renovables.

Blanco defendió el fomento del autoconsumo como un derecho de los ciudadanos, simplificar trabas administrativas, evitar peajes como el impuesto al sol en España y ser «mucho más ambiciosos» en sectores «fundamentales» para conseguir la descarbonización, como el transporte y la calefacción y refrigeración. En ese sentido, el eurodiputado del grupo socialista precisó que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», ya que el tiempo que se pierda ahora «no lo vamos a recuperar». Blanco recordó que España era, con el Gobierno socialista del que formó parte, un país «puntero» en energía limpia, y apuntó que las «interconexiones» que plantea el Gobierno del PP para hacer una mayor apuesta por renovables «no pueden ser una excusa».

Arbitrajes: ni uno ni todos

Respecto a los arbitrajes internacionales, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho Cuatrecasas, resaltó los precedentes no significan nada después del laudo favorable a la empresa británica Eiser y en contra del Reino de España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano donde el Estado aún debe afrontar una treintena de demandas pendientes. “Quien diga ganado uno, ganados todos, se equivoca; y al revés también», afirmó Pérez de Ayala, que subrayó que cada caso es distinto y el de Eiser afectaba a plantas termosolares. En este sentido, descartó que las indemnizaciones de los laudos adversos lleguen a los 4.000 millones de euros, aunque también rechazó el concepto de caso aislado que traslada el Gobierno.

Este abogado también rechazó que los laudos adversos puedan ser utilizados por los inversores nacionales para iniciar una nueva judicialización del proceso, si bien no descartó que puedan llegar a alegar discriminación en caso de cascada de sentencias indemnizatorias. En este sentido, recalcó que el laudo de Eiser viene a considerar que España “puede cambiar su sistema de apoyo a las renovables y ajustar la remuneración” pero lo que ha supuesto la reforma Soria es “ir más allá y cambiar el sistema entero, con una reforma retroactiva que tuvo en cuenta los ingresos ya obtenidos”.

El coche eléctrico pide infraestructuras

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil ANFAC, Mario Armero, destacó que el sector “va a cambiar en próximos 5 años más que en los últimos 50” con tendencias como el coche compartido y la electrificación del transporte. En este sentido, Armero demandó a las autoridades realizar una apuesta más decidida por el vehículo alternativo ya que España carece de infraestructuras de recarga. “Hay 1.800 puntos de recarga y son en su mayor parte de carga lenta”, señaló Armero, que demandó introducir cambios regulatorias para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

El Gobierno propondrá un sustituto en el pleno del CSN tras la salida de Cristina Narbona, su consejera más crítica

Europa Press.- El Gobierno tendrá que proponer un sustituto en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la salida de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, su consejera más crítica, que ha anunciado que se va a dedicar en exclusiva a presidir el PSOE.

Según establece la Ley de creación del CSN, el presidente de este organismo y los consejeros tienen que ser designados entre personas de conocida solvencia en las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio. Los nombra el Gobierno, a propuesta del Ministro de Energía, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso. Esta cámara, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los 3/5 de sus miembros, tiene que manifestar su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes natural.

La normativa indica que transcurrido dicho plazo, si no hay una manifestación expresa del Congreso, se entienden aceptados los correspondientes nombramientos. El periodo de permanencia en el cargo es de 6 años, pudiendo ser designados, mediante el mismo procedimiento, como máximo para un segundo ciclo de 6 años. Los cargos no podrán ser ostentados por personas mayores de 70 años.

La exministra de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó su escaño en 2013 para formar parte del CSN. En línea con el programa político del PSOE, que defiende un calendario de cierre de las nucleares, Narbona votó en contra del dictamen favorable del CSN para la renovación de la central de Garoña (Burgos), de febrero, alegando que no cumplía en su totalidad los requisitos. Asimismo, en el último pleno, Narbona también se quedó sola al votar en contra del informe relativo a la propuesta del Gobierno para que las centrales de Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona) puedan retrasar su solicitud formal de renovación de la autorización de explotación hasta 2019.

Nadal asegura que las nucleares “son más rentables de lo que dicen algunos” y quiere intervenir el cierre de centrales

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, argumenta que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales», en referencia a las decisiones que deben tomar las compañías eléctricas sobre las plantas térmicas y reactores atómicos. En este sentido,  el ministro asegura que las centrales nucleares son más rentables de lo que están diciendo algunas empresas propietarias, aunque «su obligación es decir que pierden», y ver si así se pueden bajar las tasas nucleares.

Respecto a las quejas de las compañías eléctricas sobre la falta de rentabilidad de su negocio atómico por los altos impuestos que soportan, Álvaro Nadal señaló que, aunque esas empresas dicen que tienen pérdidas, luego reparten dividendos, por lo que descarta bajar la fiscalidad a las nucleares. El ministro ha indicado que él ha pedido las cuentas a esas compañías, pero «nunca me han venido con las cuentas bien hechas», y ha asegurado que los resultados operativos de las centrales son positivos, aunque si las empresas incluyen amortizaciones y costes financieros que, según Nadal, no deben meterse, pueden arrojar pérdidas.

«Todo esto es muy discutible», ha añadido el ministro, que ha señalado, en alusión a Iberdrola, que «hay una empresa que habla de esta manera, pero otras no». Así, explicó que mientras unas han acortado en su balance la vida útil de sus plantas, acortando el valor de la inversión, otras han hecho lo contrario, extendiendo el tiempo de amortización de sus inversiones y necesitando la prolongación de la vida útil para cumplir con lo que está establecido en su balance. Por eso, recrimina que «hay mucha ingeniera contable» y que, aunque «todo el mundo tiene derecho a presionar al Gobierno», ya que les gustaría cobrar mayores precios, «a mí lo que me preocupa es el recibo de la luz».

Respecto a su interés en el precio final de la electricidad, el ministro indicó que «vamos a tener esta tensión. A ellos les gustaría el precio más caro y a mí lo contrario. En otras cosas nos vamos a poner de acuerdo, pero en esto es difícil«. Además, aseguró que el mix energético debe fijarlo la política pública y, «a partir de ahí, que las empresas fijen sus estrategias». «Las decisiones de política energética se toman «por interés general, no por presión de nadie», advirtió.

Además, ha señalado que sería bueno hacer una revisión de los costes de sistemas, incluidas las instalaciones no replicables, aquellas que no se pueden poner en ningún otro sitio, como centrales hidráulicas o nucleares. Explicó que, en este tipo de explotaciones, los propietarios tienen la ventaja de que nadie va a hacer su misma actividad en su emplazamiento, con lo que no tiene que disputarse el beneficio con nadie y es entero para el propietario.

Por eso, ha señalado que el Gobierno alcanzó un pacto con Ciudadanos para hacer un «análisis serio» para saber si las tecnologías no replicables están sobreretribuidas, si se cobra o no mucho por el canon hidráulico o por las tasas nucleares. Resaltó que sería bueno analizar las amortizaciones y los costes históricos de esas instalaciones, algo que a Ciudadanos le ha parecido correcto y ahora está a la espera de si otros grupos quieren participar.

Respeto a la regulación por ley que quiere hacer el Gobierno para poder intervenir en caso de necesidad en el mix energético, la ha justificado en que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales». Ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista ya le ha dicho que no respalda esa posibilidad y que «otros no lo han terminado de decir». Aún así, Nadal afirmó que, a pesar de no contar con ese respaldo en el Parlamento para adoptar medidas que permitan al Gobierno intervenir en el cierre de centrales nucleares y térmicas, se pueden hacer cosas sin rango de Ley, ya que «es bueno ordenar este proceso».

Nadal cree que «la energía no es un bien normal de una economía de mercado», sino un producto de primera necesidad, básico para la competitividad y la seguridad nacional, y es una cuestión estratégica. Por eso, afirma que la energía «no es cuestión de mercado puro» y, aunque es bueno que haya gestión privada porque mejora la eficiencia, la política energética corresponde es al Gobierno. Respecto al precio de la luz, señaló que este 2017 estará en línea con 2015, aunque advirtió que existe un «problema de agua enorme» y que “cada borrasca baja 10 euros el precio del pool.

Por otra parte, Nadal señaló que con la potencia de 3.000 megavatios (MW) de la próxima subasta, España quedará a «apenas unas décimas» de cumplir el objetivo del 20% en renovables previsto para el 2020. El ministro vaticinó también que lo «previsible» es que en esa nueva subasta verde, que se celebrará antes del verano, es que no haya «tanta eólica«, que fue la gran vencedora de la subasta anterior al adjudicarse el 99% de la subasta puesta en juego.

El Gobierno tacha de «mala noticia» la salida de Trump del Acuerdo de París y reafirma su compromiso climático

Europa Press.- El Gobierno de España considera una «mala noticia» que Estados Unidos plantee retirarse del Acuerdo del Clima de París porque es el segundo emisor mundial, con entre el 14 y el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo,  según indicó la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que «reafirmó» el compromiso de España con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático, que «no tiene marcha atrás» y habrá que «redoblar los esfuerzos».

En ese sentido, ha garantizado que la Unión Europea seguirá liderando la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y que España va a estar en este liderazgo, que marca todos los ámbitos, especialmente en los compromisos de reducción de emisiones, que son los más ambiciosos. «Ejerceremos liderazgo reforzando las alianzas con nuestros socios y otros países para la lucha contra el cambio climático», aseveró la ministra, que ha dicho que en estas alianzas también participará el sector privado.

Con todo, tras la decisión estadounidense, García Tejerina resaltó que «toca redoblar» los esfuerzos y las alianzas porque el Acuerdo de París está «en vigor» y fue acordado en 2015 por 196 países, firmado por 194 y ratificado por 147 algo que califica de «éxito de la comunidad internacional sin precedentes» y que reúne «a todas las naciones». Tejerina argumenta que el Acuerdo de París tiene como objetivo proteger el medio ambiente pero también impulsar y fijar un desarrollo socioeconómico sostenible. «Es un acuerdo de todos y con todos. El Acuerdo de París no tiene marcha atrás», ha insistido. Por ello, ha sentenciado que este acuerdo «no se puede renegociar».

En este marco, Tejerina defendió que España ha cumplido «todos» los periodos de la lucha contra el cambio climático, Kioto 1, y el segundo periodo de cumplimiento, Kioto 2, y comprometió que del mismo modo cumplirá el Acuerdo de París y los objetivos de 2030. «Todo sigue en marcha», subrayó. En esa línea recuerda que el presidente Mariano Rajoy anunció la ley de cambio climático y la transición energética para llegar a lograr el beneficio ambiental y el desarrollo sostenible de la economía, mediante la reducción de las emisiones invernadero.

Respecto a las posibles consecuencias para Estados Unidos, admitió que el Acuerdo de París no contempla mecanismos de sanciones pero sí un mecanismo de revisión por el que cada 5 años los países firmantes comunican sus compromisos. Así, ha precisado que la Unión Europea se comprometió a reducir un 40% sus emisiones y ha explicado que las contribuciones de todos se suman para evaluar el impacto de la suma de todas estas contribuciones en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, prevé que si en la próxima revisión se observa que la suma de emisiones no es suficiente, ya que Estados Unidos se habría comprometido a un 26% de reducción de emisiones, «entre todos” se deberán acordar nuevas contribuciones.

“Error histórico” para el PSOE

Por su parte, el responsable del área de sostenibilidad de la comisión gestora del PSOE, José Muñoz Lladró, considera que el abandono de Estados Unidos es «un error histórico» y un «duro golpe a la sostenibilidad» del planeta. Así, subraya que el cambio climático, el mayor desafío al que se enfrenta la población con «efectos devastadores» que ya se están padeciendo. «Trump ha optado por enfrentarse al planeta, sin ser consciente del error histórico que comete», ha manifestado Lladró que considera que la comunidad internacional liderada por Europa debe seguir adelante en la búsqueda del equilibrio entre economía y ecología.

A ese respecto, considera «imprescindible» una transición ecológica y energética que Obama entendió y que Trump ha dinamitado». Al mismo tiempo, considera que España debe estar a la altura del desafío que Trump ha lanzado. «El potencial y la capacidad tecnológica que España dispone en biodiversidad, energías renovables o gestión de residuos, debe ser impulsado y apoyado para conseguir alcanzar los objetivos a los que nos hemos comprometido internacionalmente», reclamó.

En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo socialista, Meritxell Batet, ha condenado la decisión de Trump de descolgarse del Acuerdo de París contra el cambio climático y ha criticado la «pasividad» el Gobierno de España ante este problema global. Por ello, ha exigido la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y de la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que rindan cuentas por su «pasividad» y «falta de estrategia» en esta materia.

La salida de la Administración Trump de este acuerdo ha provocado «preocupación» y una «profunda decepción» en el Grupo Socialista, según ha comentado Batet, quien ha exigido al Gobierno que se pronuncie en contra. Para conocer la opinión del Gobierno ante «el mayor desafío global» que es, a su juicio, el cambio climático, el PSOE ha pedido que acudan al Congreso García Tejerina y Nadal. Los socialistas reprochan al Gobierno que no haya desarrollado una estrategia energética y climática y exigen a Rajoy que cambie de actitud porque el cambio climático «no es un chisme».