La propuesta de renovables que presenta el grupo socialista en el Parlamento Europeo plantea un 36% para España en 2030

Javier Angulo.- El eurodiputado socialista José Blanco aprovechó su intervención en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para exponer la propuesta que ha elaborado como ponente en el Parlamento Europeo de la directiva de renovables que se debatirá en los próximos meses y que aborda los objetivos climáticos del horizonte 2030. En este sentido, abogó por actuar “con mayor ambición” y actualizar la propuesta de la Comisión Europea a las metas establecidas por el Acuerdo de París.

Esta actualización eleva del 27% al 35% el objetivo de procedencia de fuentes renovables del conjunto de consumo energético de la Unión Europea para el año 2030, estableciendo asimismo objetivos “vinculantes” para los países, extremo que no está previsto de momento, y fijando un objetivo concreto para España de un 36% de renovables. Para Blanco, esta directiva debe suponer un llamamiento a la acción “para los que se dedican a aplaudir París” pero no toman medidas para materializar los acuerdos. El eurodiputado socialista apuntó al bloque del Este y al Gobierno de España como los principales obstáculos para que la Comisión Europea acepte su propuesta, reconociendo sin reparos la ambición del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La descarbonización es una obligación”

Por todo ello Blanco considera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por su presidente, Donald Trump, supone para la Unión Europea «una oportunidad» para liderar «de verdad» la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Hay algo que tenemos que asumir todos: la descarbonización de nuestra economía no es una opción, es una obligación, y la descarbonización pasa por fomentar el uso de renovables», sentenció el eurodiputado socialista.

Respecto a las modificaciones regulatorias desarrolladas por varios países, entre ellos la reforma del sector energético en España de 2013 y 2014, el exministro de Fomento ha cuestionado las medidas retroactivas que han acarreado problemas de financiación para los promotores de las plantas renovables, para los que demanda establecer algún tipo de “compensación adecuada” en la próxima directiva de renovables.

Blanco defendió el fomento del autoconsumo como un derecho de los ciudadanos, simplificar trabas administrativas, evitar peajes como el impuesto al sol en España y ser «mucho más ambiciosos» en sectores «fundamentales» para conseguir la descarbonización, como el transporte y la calefacción y refrigeración. En ese sentido, el eurodiputado del grupo socialista precisó que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», ya que el tiempo que se pierda ahora «no lo vamos a recuperar». Blanco recordó que España era, con el Gobierno socialista del que formó parte, un país «puntero» en energía limpia, y apuntó que las «interconexiones» que plantea el Gobierno del PP para hacer una mayor apuesta por renovables «no pueden ser una excusa».

Arbitrajes: ni uno ni todos

Respecto a los arbitrajes internacionales, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho Cuatrecasas, resaltó los precedentes no significan nada después del laudo favorable a la empresa británica Eiser y en contra del Reino de España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano donde el Estado aún debe afrontar una treintena de demandas pendientes. “Quien diga ganado uno, ganados todos, se equivoca; y al revés también», afirmó Pérez de Ayala, que subrayó que cada caso es distinto y el de Eiser afectaba a plantas termosolares. En este sentido, descartó que las indemnizaciones de los laudos adversos lleguen a los 4.000 millones de euros, aunque también rechazó el concepto de caso aislado que traslada el Gobierno.

Este abogado también rechazó que los laudos adversos puedan ser utilizados por los inversores nacionales para iniciar una nueva judicialización del proceso, si bien no descartó que puedan llegar a alegar discriminación en caso de cascada de sentencias indemnizatorias. En este sentido, recalcó que el laudo de Eiser viene a considerar que España “puede cambiar su sistema de apoyo a las renovables y ajustar la remuneración” pero lo que ha supuesto la reforma Soria es “ir más allá y cambiar el sistema entero, con una reforma retroactiva que tuvo en cuenta los ingresos ya obtenidos”.

El coche eléctrico pide infraestructuras

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil ANFAC, Mario Armero, destacó que el sector “va a cambiar en próximos 5 años más que en los últimos 50” con tendencias como el coche compartido y la electrificación del transporte. En este sentido, Armero demandó a las autoridades realizar una apuesta más decidida por el vehículo alternativo ya que España carece de infraestructuras de recarga. “Hay 1.800 puntos de recarga y son en su mayor parte de carga lenta”, señaló Armero, que demandó introducir cambios regulatorias para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.