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Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

Un senador se niega a comparecer en el Parlamento de Cantabria sobre el fracking porque no es de competencia autonómica

Europa Press.- El senador del PP por Cantabria, Javier Fernández, no comparecerá en el Parlamento regional para explicar la postura que como parlamentario de la Cámara Alta mantiene respecto al fracking porque, a su juicio, la Cámara regional «carece de toda competencia para ejercer el control de los miembros de otros poderes del Estado como las Cortes Generales» y, a su juicio, acudir sentaría un «precedente inconveniente».

Fernández, exconsejero cántabro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que había sido citado por el Parlamento regional para comparecer el 17 de marzo, ha dado a conocer públicamente que no comparecerá en la Comisión de Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria tal y como se le había solicitado. La comparecencia de Fernández fue solicitada por el grupo socialista y fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo.

El senador popular ha explicado que ha consultado la pertinencia de comparecer en el Parlamento de Cantabria con los servicios jurídicos del Senado, con los del grupo popular y con el propio presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, también del PP, y le indicaron que sería «sumamente inconveniente asistir» a la comisión para explicar su postura. A su juicio, sentar este «precedente» podría abrir la puerta a «desfile» de parlamentarios nacionales por las distintas Cámaras regionales. Fernández ha explicado que ha tomado su decisión de no comparecer «en contra de su interés personal» pero cree que está «obligado» a ello por una «cuestión de principios» y de respetar el papel que tienen las instituciones.

Dar explicaciones ante los cántabros

El que fuera consejero de Medio Ambiente durante la etapa de Ignacio Diego (PP) como presidente del Gobierno de Cantabria ha opinado que, como senador, tiene que dar explicaciones sobre su postura en cuestiones como el fracking ante la sociedad cántabra y el electorado de la comunidad autónoma, pero no ante un parlamento autonómico. Y es que ha defendido que los senadores «no se encuentran sujetos o ligados a mandato imperativo» y no deber rendir cuentas de su actuación en el Senado ante el Parlamento ni ante ningún parlamento regional puesto que, a su juicio, esto «supondría limitar su independencia».

«Considero que el Parlamento de Cantabria no puede realizar peticiones de esta naturaleza a miembros de otros poderes del Estado, como son miembros del Poder Judicial o miembros del Poder Legislativo, como tampoco podría hacerlo a miembros de otras Administraciones Públicas, como, por ejemplo, los ministros, cuyo control corresponde a las Cortes Generales», argumentó Fernández. Eso sí, el exconsejero expuso su postura respecto al fracking e insistió en su oposición a esta técnica de extracción de gas no convencional en Cantabria. Fernández ha defendido la «autonomía» de cada comunidad para decidir sobre la práctica del fracking en su territorio y, por ello, considera que «no es correcto» que esta técnica se prohíba con carácter general.

Nadal advierte que no se pueden volver a tomar decisiones políticas que encarezcan el recibo de luz

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtió que no se pueden volver a tomar decisiones políticas «que acaben repercutiendo en el recibo de la luz», como ocurrió en el pasado, y subrayó que ninguna decisión del Gobierno volverá a «influir en encarecer la energía para los ciudadanos».

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Nadal aseguró que «no se puede añadir un coste más a los ciudadanos por decisiones políticas, ya que España se ha situado en un nivel muy alto de precios».

«Si alguno me llama economicista, me puede llamar como quiera, hablo de los ciudadanos que ya pagan demasiado. El sistema eléctrico ahora mismo tiene 10.000 millones en cargos que pagan la solidaridad interterritorial, una deuda que se generó y que hay que amortizar y financiar y el apoyo al cambio climático, que en sus días se hizo a unos costes altos», dijo al respecto.

Así, alabó las decisiones tomadas en la pasada legislatura en materia energética, ya que si no se hubiera hecho nada la factura de la luz se habría incrementado un 42%. Esta circunstancia «nos habría sacado fuera de toda posibilidad de competir, ya que los errores que se cometieron fueron especialmente de bulto», recalcó.

Asimismo, defendió la necesidad de un Pacto de Estado energético con todas las fuerzas políticas para «dar estabilidad». «Los frutos de ese pacto y de las negociaciones en Bruselas serán importantes para ir rellenando las partes de la ley del cambio climático», dijo.

Nadal cree que el bono social aborda “con efectividad” la pobreza energética al cubrir a 7 millones de personas

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el bono social eléctrico aborda «con bastante efectividad» el conjunto del problema de la pobreza energética al cubrir a unos 7 millones de personas. En este sentido, Nadal indicó que, según Eurostat, la pobreza energética en España se sitúa en un 10% de personas «que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía y que les cuesta pagar el recibo», ligeramente por encima del 9,6% de la media europea.

Así, Nadal consideró que ese porcentaje de pobreza energética equivale «más o menos» a los 7 millones de personas que cubre el bono social, que consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El ministro destacó que el actual esquema de financiación del bono social, que hacía que fuera asumido por las matrices de las grandes eléctricas, que representan aproximadamente el 94% del mercado, debe ser encauzado después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo considera discriminatorio, para lo que es necesario «hablar con el resto de partidos políticos».

Habla de renovables y nuclear

En cuanto a determinar la competencia, Nadal indicó que en el caso de las personas de extrema vulnerabilidad es una materia que debe ser competencia de las instituciones y de las comunidades autónomas, mientras que el tema del bono social debe ser asumido por las compañías eléctricas. Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social, lo que, a una media de 3 personas por vivienda, corresponde a unos 7 millones de ciudadanos.

Respecto a las renovables, Nadal criticó que hubo «una irresponsabilidad muy grande» en su desarrollo en el periodo de 2007 a 2009 en el que «se invirtió demasiado rápido en demasiada cantidad y a unos precios desorbitados», lo que hizo que ahora los españoles estén pagando 6.500 millones de euros al año en el recibo de la luz durante 25 años. «Hubo una irresponsabilidad muy grande en los años 2007, 2008 y 2009 y esa factura hay que pagarla, ajustando precios y costes y pagando la deuda», añadió al respecto.

Asimismo, Nadal defendió la necesidad de mantener las nucleares dentro del mix energético si se quiere cumplir con el objetivo de «un mundo sin emisiones de CO2«. «Es muy difícil prescindir de las nucleares, ya que son las que permiten trabajar 7 días a la semana y 24 horas diarias, eso nunca me lo va a dar la renovable», reivindicó.

Reunión con Abel Caballero (FEMP)

También en relación con la pobreza energética, el ministro se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para analizar las medidas que se pueden adoptar. Caballero, alcalde socialista de Vigo, ya instó al Gobierno el pasado mes de noviembre a que adoptase con urgencia las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la pobreza energética. Se trata, según Caballero, de que «bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro».

Concretamente, se trasladó al Gobierno que los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas, de tal modo que no se pueda realizar ningún corte de suministro energético «sin un informe previo que verifique la situación socioeconómica del afectado y las necesidades que hayan podido ocasionar el impago». La Junta de Gobierno de la FEMP recordó en su petición que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la situación de los afectados.

Energía convocará a las comunidades para estandarizar acciones sobre cortes eléctricos

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé abrir el diálogo político para mejorar el sistema del bono social y la asistencia social ante casos de cortes del suministro eléctrico, para posteriormente convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar un procedimiento «estándar» común a aplicar ante este tipo de casos, según informaron fuentes ministeriales.

La intención del departamento dirigido por Álvaro Nadal es mantener el «status quo» del bono social tras la sentencia del Tribunal Supremo, recurrida ya por el Ejecutivo, que declaró inaplicable el régimen de financiación de la tarifa subvencionada por las compañías eléctricas para los consumidores con bajos ingresos.

No obstante, las mismas fuentes aseguran que se abrirá el diálogo político para estudiar si realmente interesa cambiar o realizar mejoras del sistema actual y evitar que dicha tarifa subvencionada se quede sin financiación.

El Ministerio de Energía entiende que el sistema español referido a los cortes de luz y la garantía de los servicios sociales tiene que estar concentrado en el ámbito social y ve «importante» que esto quede reflejado en una directiva europea.

En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que la intención del Ministerio es alcanzar un acuerdo con los grupos políticos en el parlamento y más tarde convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para que de «común acuerdo» entre ellas se establezca el mismo procedimiento «estándar» y se aplique.

No obstante, desde Energía insisten en que el Gobierno central no puede hacer una política estatal que se inmiscuya en las competencias de las comunidades autónomas.

Los contactos parlamentarios sobre este asunto se han incrementado después de que hace dos semanas una mujer de 81 años que vivía sola falleciese en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada.

En dicho grupo de trabajo se trabajaría para intentar consensuar mejores prácticas de actuación ante este tipo de casos y se intentaría buscar el compromiso de las comunidades para acometer un mismo procedimiento estándar, si bien desde el Ministerio, en el que valoran que la ley catalana haya respetado «escrupulosamente» los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre este tema, insisten en que es una competencia «exclusiva» de las autonomías.

En todo caso, parece haber unanimidad en el posicionamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Comisión Europea respecto a que el sostenimiento de este tipo de situaciones se tiene que hacer con recursos de los servicios sociales, en el ámbito social de cada región.

Política de ‘Black Friday’ en energía

Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

Endesa ve urgente abordar un plan de transición energética en España

Servimedia.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó este miércoles que en España «no tenemos un plan de transición energética» y que es «urgente» abordarlo con la participación de todos los agentes del sector.

En el ‘4 Congreso de Directivos’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el consejero delegado de Endesa apuntó que es fundamental impulsar políticas con una perspectiva de largo plazo, pero que se adapten al entorno cambiante y que permitan alcanzar los objetivos medioambientales pactados a nivel internacional.

Subrayó que es un momento de «grandes cambios» que «exige una visión transversal e integradora», para agregar que hay que alentar una «transformación inteligente y consensuada» a la vez que se garantiza el suministro.

Cambio climático

Por otra parte, señaló que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos «puede ser una amenaza» para el Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático «si se da crédito a las declaraciones realizadas durante la campaña electoral».

El consejero delegado de Endesa recordó que Estados Unidos ha ratificado el acuerdo y que el proceso para salir del mismo es complicado.

En todo caso, apuntó que se genera «gran incertidumbre sobre cómo evolucionara el acuerdo si la primera economía del mundo hace un movimiento para abandonarlo».

Bogas subrayó que el «el sistema energético está en transición» y que se requieren «medidas firmes, reales y de largo plazo» para frenar los efectos del cambio climático.

En este sentido, consideró que el Acuerdo de París ha sido una «decisión histórica» porque «compromete y obliga a todos los países firmantes», aunque son necesarios «grandes esfuerzos» si se quiere contener la temperatura del planeta.

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa indicó que el sistema energético será «radicalmente diferente» en el futuro y que la demanda se ralentizará aunque seguirá creciendo en términos absolutos.

La CNMC pide más competencias para evitar que se haga política con la tarifa eléctrica y para hacer propuestas vinculantes

Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reclamó que las propuestas regulatorias que realiza el organismo en materia energética sean vinculantes, para lo que se le debe otorgar competencias que actualmente corresponden al Gobierno. Con más competencias cree que evitaría, entre otras cosas, que los gobiernos hagan «política industrial a través de las tarifas eléctricas».

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marín Quemada ha insistido en que las actuaciones del organismo serían “mucho más eficaces” si tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. «Somos el único regulador de la energía en la Unión Europea cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes», subrayó Marín Quemada, que recordó que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por este motivo, que puede terminar en «importantes sanciones» si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas.

En este sentido, Marín Quemada ha indicado que en Europa consideran que determinadas cuestiones es mejor que las lleven a cabo los reguladores, más que los gobiernos «por su independencia, capacidad técnica y grado de transparencia». A juicio del presidente de la CNMC, contar con más competencias evitaría que los gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, “lo que contribuiría a evitar las dudas de los ciudadanos sobre el sector y a incrementar la eficacia del sistema en su conjunto, lo que es algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo plazo», ha remarcado.

Marín Quemada ha puesto como ejemplo de los beneficios que tendría para los ciudadanos hacer sus decisiones vinculantes el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, donde la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24% de los costes de operación y mantenimiento. Respecto a las sanciones, señaló que en estos tres años se ha impulsado la actividad sancionadora y la atención a los consumidores, «que se ha convertido en una prioridad», y añadió que la finalidad de estas es disuasoria, no recaudadora, pese a que ha supuesto importantes ahorros a los consumidores.

Defiende el modelo de CNMC

Por otro lado, Quemada defendió que el «enfoque integrado» del organismo, que une el control de la competencia y la regulación de mercados, permite «una mayor eficacia y seguridad jurídica» aunque aseguró que acatará lo que determine el Congreso si se aprueba cambiar el modelo. Eso sí, recordó que no tuvo nada que ver en la creación del modelo. «Me encontré un modelo en el BOE», apuntó. Además, sostuvo que se trata de «una estrategia plenamente consolidada» en Europa y destacó que «otras autoridades están reproduciendo nuestra forma de actuar».

«La CNMC ya ha alcanzado su velocidad de crucero y hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo», señaló Quemada, quien añadió que «es una organización integrada más fuerte y efectiva para los ciudadanos». En esta línea, destacó que las actuaciones contra los cárteles realizadas desde 2011 suponen un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales, cifra que asciende hasta 1.260 millones en 2014 y 2015. Por último, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Competencia de 2007 para adaptarla a los cambios tecnológicos y para incrementar las sanciones para que sean realmente disuasorias con medidas como la prohibición de que los implicados en cárteles participen en concursos públicos.

Iglesias pide recuperar la movilización social en un acto contra la pobreza energética porque «los derechos se conquistan luchando»

Servimedia / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió recuperar la movilización social en las calles y plazas de la que nació la formación, porque «los derechos se conquistan luchando» y “aún no hay fuerza institucional suficiente para defender desde las instituciones a las capas sociales más humildes”. Iglesias participó en una concentración contra la pobreza energética en la que presentó ‘Vamos!’, un movimiento con el que Podemos pretende recuperar la movilización como fuerza de empuje político.

Iglesias aseguró que la formación morada no se va a «atrincherar» en el Parlamento. Indicó, en ese sentido, que los diputados de Podemos no tienen fuerza suficiente para “combatir la corrupción en las grandes energéticas que compran a ex presidentes del Gobierno sentándolos en sus consejos de administración”, y apostó por ello por «desbordar» las calles. Pidió expresamente que Podemos se nutra de activistas que se dejen la piel en los barrios. Los parlamentos «no regalan nada», dijo, «los derechos se conquistan luchando y es en la calle donde hay que defender a los 5 millones de personas que no van a podar calentarse el próximo invierno”, sentenció Pablo Iglesias.

Por su parte, Podemos Santander denunció la pobreza energética a través de una performance que recreó el salón de un hogar con sus propietarios vestidos con ropa de abrigo, representando así la «trágica situación» que cada vez más españoles sufren. La formación política lamentó con esta iniciativa la carestía y el frío que están pasando muchas personas en sus hogares por no tener dinero suficiente para pagar la factura de la luz. Además, Podemos criticó “la complicidad» que, a su juicio, «los pasados gobiernos y el bipartidismo han tenido y tienen con las empresas energéticas».