Entradas

Los inversores reclaman a España 7.566 millones por los recortes de las primas a las renovables

/0 Comentarios/en /por

EFE.- Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Esta cifra resulta de la suma de las cantidades reclamadas por cada uno de los demandantes en sus escritos procesales, según recoge una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta planteada por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La respuesta escrita precisa las cantidades reclamadas en 34 demandas y cita otras dos en las que no se detalla la cuantía.

También se dan detalles del laudo desfavorable dictado en mayo por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que obligaba a España a abonar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure.

La cantidad reclamada en este caso era muy superior, de 298 millones, según la respuesta del Gobierno.

La lista recoge un laudo favorable a España emitido por el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Suecia a raíz de una demanda de Isolux.

Entre las 34 demandas cuyo importe precisa la respuesta del Gobierno, la de mayor cuantía es la planteada por The PV Investors (sociedad que engloba a varias empresas energéticas) ante el tribunal de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

A continuación se sitúa una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Suecia, que reclama 840 millones.

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.

Unidos Podemos exige a Nadal investigar la «anómala» subida en la factura de la luz y auditar sus costes

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos ha exigido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que lleve a cabo una investigación de la «anómala» subida del precio de la electricidad y realizar una auditoría de los costes que componen la factura energética.

Así, el portavoz de Energía, Josep Vendrell (En Comú), ha preguntado a Nadal por las medidas que piensa adoptar para investigar «las presuntas anomalías» sucedidas el 23 de octubre, cuando el precio de la electricidad alcanzó una media de 61,7 euros por megavatio hora (MWh), superando el máximo registrado en lo que va de año. En este sentido, alude a que el propio presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, observa «puntos atípicos» en el encarecimiento puntual del sistema eléctrico, más allá de «la habitual responsabilización a las condiciones climatológicas de esta época del año», critica.

Así, Vendrell destaca que el regulador «pone su vista en el encarecimiento del mercado de ajuste de la reserva de potencia a subir, y el repunte sufrido en la misma». No es la primera vez, recuerda Vendrell, que la CNMC advierte de anomalías en el precio de la electricidad ya que en 2013 señaló que una subasta energética «no se había celebrado en las condiciones habituales”. “En ese caso, el Gobierno tuvo que intervenir”, resaltó.

En Comú también pregunta a Nadal si tiene previsto realizar «una auditoría independiente de los costes que conforman la tarifa energética», y si cree que los precios actuales «reflejan el coste de producción de la energía». El diputado catalán argumenta que el hecho de que la mitad de la factura energética refleje cualquier alza de los precios de la electricidad «potencia la vulnerabilidad» de la ciudadanía ante estas subidas, por lo que pregunta al Gobierno si es consciente de esta situación, y si piensa tomar medidas «para atenuar o evitar dicho daño». Asimismo, cuestiona a el ministro si «valora la posibilidad de modificar» la reforma del sector eléctrico de 2013.

Nadal llama «irresponsables” a los partidos que reclaman el cierre de las térmicas y rechazan el carbón en el mix

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El PP alerta del cierre de las centrales térmicas que se produciría de aplicarse la moción de Podemos apoyada por PSOE y Ciudadanos en el Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha criticado la «drástica» moción en materia de carbón, que responde «meramente a motivos ideológicos», por lo que les recriminó ser unos «irresponsables» y «no conocer» la realidad del sector, al contrario del PP, que quiere que esté dentro del mix energético 2020-30.

Una decisión que, según consideraÁlvaro Nadal, «afectará al recibo de la luz de todos los españoles», cuando «el interés general es que el carbón esté para que las puntas de precio no sean muy altas«. «No estamos de acuerdo con un planteamiento que, de aprobarse en las condiciones que ha reclamado el Congreso, en 2020 dejarían de funcionar todas las centrales de carbón de España, por lo que la situación es muy grave», ha añadido. Nadal ha explicado que el Gobierno se encuentra en medio de una negociación con la Unión Europea sobre el futuro del carbón y lamenta que la postura mayoritaria del Congreso «no ayuda en absoluto«.

Según la legislación europea, mientras se cumplan los objetivos europeos en reducción de emisiones, cualquier país puede elegir el mix energético que considere, por lo que Nadal ha recordado que «si España, cumpliendo dichos objetivos, encaja las centrales de carbón porque son útiles desde el punto de vista económico, se pueden mantener«, mientras que la propuesta aprobada «las elimina, lo que no tiene sentido». No obstante, el ministro señala que «no todos los países están de acuerdo con propuestas así», por lo que se están buscando aliados dentro del Consejo Europeo para ver de qué manera «esto se puede modular».

Alerta contra el cierre térmico

Por otro lado, el diputado del PP, José Alberto Herrero, ha advertido de que la aplicación efectiva de la moción de Podemos conduciría al cierre de las centrales térmicas en Europa y, concretamente, de las centrales españolas más significativas, como las de Andorra (Teruel), Asturias o León. Herreno ha visto «sorprendente» que el PSOE se sumara finalmente a la iniciativa de Podemos defendiendo el mantenimiento de las energías de respaldo. «Es triste ver al PSOE adhiriéndose a esta moción a través de una transaccional que va al hilo de lo que dice la formación morada», ha lamentado el diputado popular.

«Todos los países tienen que defender el mismo fin, pero no los mismos medios», indicó Herrero sobre los objetivos nacionales en materia energética, «porque cada país tiene unas singularidades diferentes a la hora de incorporar otros tipos de energía, y en el caso español necesitamos de interconexiones con Europa porque España es una isla en términos energéticos». Según subrayó el diputado popular, aprobar las medidas contenidas en dicha iniciativa supondría el final de la central térmica de Andorra (Teruel), que para esta provincia española supone el 40% del PIB provincial.

España tendrá anteproyecto de ley de cambio climático a comienzos de 2018

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- El Gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el que participan «prácticamente todos los ministerios» con el fin cumplir con el Acuerdo de París, en el primer trimestre de 2018, tras cerrarse ayer el plazo de recepción de propuestas para la norma.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de cambio climático del PP en el Congreso, Belén Bajo, durante su intervención en la jornada «Sobrevivir al Cambio Climático» organizada por Sociedad Civil para el Debate.

La mayoría de portavoces parlamentarios de cambio climático del resto de grupos políticos allí presentes han incidido, sin embargo, en que España «llega tarde» con esta ley para hacer frente a un problema «que requiere urgencia».

El director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñueales, ha recordado, de hecho, que «hasta un parlamento catalán dividido fue capaz de aprobar por consenso una Ley de Cambio Climático».

El portavoz parlamentario de cambio climático del PSOE, Ricardo García Mira, ha incidido en que si el Gobierno «estuviera comprometido con el cambio climático» no reduciría la partida dedicada a esta materia en un 47 % en los presupuestos de 2017, y «no mantendría a España en la cola de los países que apuesten por la fiscalidad verde».

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los ciudadanos preocupados por el cambio climático que «contribuyan a recuperar la política como herramienta para cambiar la realidad».

José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos, ha subrayado, por su parte, que la futura ley de cambio climático «tiene que suponer una auténtica revolución para el país».

Por su parte, Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España, ha reprochado a los representantes políticos que sus partidos «no estén lo suficientemente preocupados ni den al cambio climático la prioridad en la agenda que se merece».

Isabell Büschel, experta de la organización Transporte y Medio Ambiente, ha reclamado que la futura ley «sea transparente, y deje claro qué va a hacer España para descarbonizar su transporte -principal fuente de emisiones-«.

Finalmente, Carlos Sallé, director de Política Energética y Cambio Climático de Iberdrola ha subrayado que luchar contra el cambio climático «es una tarea titánica pero, al mismo tiempo, presenta grandes oportunidades sociales y económicas».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

/0 Comentarios/en /por

EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

La Asamblea de la Región de Murcia rechaza tramitar una iniciativa legislativa popular para obstaculizar las perforaciones con fracking

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- La Mesa de la Asamblea Regional no ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por alcaldes del Noroeste, el Altiplano y la Vega Alta para que se convirtiera en una proposición de ley en la Cámara que endurezca los requisitos necesarios para efectuar perforaciones de fracking en la Región.

Los 5 miembros de la Mesa han rechazado el documento porque, en virtud del artículo 4.2 de la Ley reguladora de la iniciativa popular, ya se encuentra en tramitación la proposición de Ley de Podemos sobre esta materia, que se registró el 2 de junio, un mes y medio antes que la iniciativa firmada por los regidores de Abarán, Calasparra, Cieza, Jumilla y el municipio albaceteño de Hellín. Los regidores planteaban que la Cámara diera luz verde a una ley que obligue al Gobierno regional a reforzar las condiciones ambientales y de salud a los proyectos de fracking que impidieran la realización de los mismos.

En cambio, la propuesta de Podemos, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas, plantea directamente prohibir el fracking mediante esta técnica atendiendo a las competencias autonómicas en materia de protección del medioambiente y de planificación de la actividad económica. El texto considera hidrocarburos no convencionales los líquidos o gases que estuviesen atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea inferior a 1 millidarcy, así como los gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de carbón o de hulla y que no saldrían ni se desprenderían sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

El empleo de esta técnica, si se aprueba la ley, conllevará la comisión de una infracción urbanística por parte de la Comunidad Autónoma en virtud de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Podemos ha recordado en el preámbulo de la norma que la Región tiene escasez de recursos hídricos y altos valores naturales y acuíferos que proteger, como el sinclinal de Calasparra, que se vería «amenazado» por la explotación del fracking en el Noroeste.

Para Podemos, existen numerosos riesgos asociados a este tipo de industria, que puede generar graves consecuencias para usos fundamentales como el abastecimiento humano y la agricultura, al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional ha otorgado permisos para llevar a cabo esta práctica sobre acuíferos calcáreos, «los más frágiles y vulnerables a procesos de contaminación». Finalmente, Podemos ha advertido de los riesgos para la salud de esta práctica, puesto que la técnica emplea un «cóctel» de entre 500 y 600 sustancias químicas «desconocidas» en su mayoría al negarse las empresas a revelar la composición.

Podemos En Marea quiere reformar la Ley del Sector Eléctrico para que el Estado tenga una participación en las distribuidoras

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley por la que pretende reformar la Ley del Sector Eléctrico para modificar el régimen de propiedad de las empresas distribuidoras y conseguir una mayor participación del Estado. Esta participación se llevaría a cabo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para la que se establecería un umbral mínimo de participación del 20%.

Yolanda Díaz ha presentado esta iniciativa acompañada del ingeniero y colaborador de En Marea, José Bembibre, junto al cual ha defendido la importancia de que la red de distribución energética sea de titularidad pública. Díaz ha denunciado que «el actual modelo energético» es un «negocio especulativo que está en manos de 5 grandes multinacionales que están expoliando derechos fundamentales de las personas a través de la energía«. Así pues, la representante de En Marea ha manifestado que se da una situación «anómala» en este sector, en el que se permite que 5 empresas» controlen todos los procesos de la energía, como son la distribución, producción y comercialización de la misma».

Por ello, ha querido defender que su iniciativa tiene como objetivo «atacar de lleno un sistema que es un auténtico expolio y un enorme negocio para las multinacionales» y lograr su «democratización». Asimismo, la portavoz de la candidatura de confluencia ha señalado que este tema tiene especial importancia para Galicia, por la dispersión geográfica de su rural, en el que se deben desarrollar fórmulas de producción local al estilo de las que se promueven por toda Europa. La proposición se debatirá en el próximo período de sesiones, que dará comienzo en el mes de septiembre.

PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno en confirmarlo

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado «el tiempo perdido», el «retraso» y «tardanza» del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado que «se ha perdido un tiempo precioso» en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español «no necesitaba Garoña».

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que «explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales» y para que aclare «cuál es el modelo energético» que busca, al tiempo que reclamarán que se «abra el diálogo y se lleve a cabo un debate» sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares «es clara»: «Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil», ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es «la más razonable», aunque «llega tarde». A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña «un instrumento de acción electoral y de desgaste» contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica «que permita tener una oportunidad de futuro a las familias» la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal «ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años».

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho que «por fin se termina el culebrón de Garoña» y que la decisión llega con «5 años de retraso». «El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad», ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto» de centrales nucleares españolas, pero «no les ha salido bien». «El futuro energético español pasa por las renovables», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la «tardanza» del Gobierno: «No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta». No obstante, ha señalado que se «congratula» de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña «es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español».

Así, Gutiérrez ha pedido al Gobierno que «deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles», y que España «merece tener una energía limpia».

Reacciones en Twitter

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: «Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca».

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: «Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás».

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: «Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña».

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: «El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia».

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: «Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña».