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Podemos enseña en Castro Urdiales (Cantabria) a ahorrar energía y expone los beneficios de las renovables y las viviendas pasivas

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EFE.– Podemos celebró una jornada en Castro Urdiales (Cantabria) sobre las viviendas pasivas y el uso de las energías renovables como herramientas para facilitar la eficiencia energética. El encuentro contó con la asistencia de Miguel Ángel del Olmo, arquitecto técnico y delegado de la plataforma PassivHaus en Cantabria, y Javier San Martín, técnico fotovoltaico y miembro de Podemos Cantabria. La jornada se centró en dar a conocer la optimización de los recursos existentes para facilitar la eficiencia energética en las viviendas.

Un hecho que, según afirma Podemos, se traduce en «un ahorro económico en las facturas de luz y gas y en sus consiguientes beneficios para el medio ambiente». «Los edificios Passivhaus consiguen reducir hasta un 75% las necesidades de calefacción y refrigeración. La poca energía suplementaria que requieren se puede cubrir con facilidad a partir de energías renovables, convirtiéndose en una construcción con un coste energético muy bajo, y una alternativa real a los combustibles fósiles», añaden. En el encuentro también se abordó la realidad de las cooperativas energéticas de la mano de Solabria, que suministra y factura energía renovable.

Podemos achaca a la «escasa voluntad política» del Gobierno los retrasos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos achaca los retrasos del Gobierno en la creación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a su «escasa voluntad política» así como a su «nulo compromiso» con este problema. En este sentido, la formación morada ha denunciado que el Ejecutivo anunció recientemente que el proyecto de ley de Cambio Climático se retrasa hasta que esté lista la normativa europea sobre este mismo tema.

Así lo aseguraba el ministro de Energía, Álvaro Nadal, alegando que en España siempre se han hecho las leyes así, transponiendo una norma aprobada por la Unión Europea, y que ahora no se iba a cambiar este procedimiento. Sus palabras sorprendieron, principalmente, porque la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró en varias ocasiones que la nueva Ley comenzaría a redactarse en 2018. Para Unidos Podemos, las palabras de Nadal «no tienen sentido», como tampoco lo tiene «esperar a una normativa europea, cuando hay países como Francia, Reino Unido o Suecia, que ya tienen sus Leyes de Cambio Climático».

«Incluso dentro del Estado, ante el vacío de legislación climática por parte del Gobierno, las comunidades autónomas han cogido la delantera, y ya hay leyes en Baleares o en Cataluña, en donde, según recuerdan, está recurrida por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el secretario general del grupo parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y su falta de compromiso «con los acuerdos internacionales ya firmados contra el cambio climático».

Por su parte, el portavoz de Cambio Climático de la formación, el diputado de Equo Juan López de Uralde, cree que «ya es imposible seguir mirando para otro lado o echar balones fuera» sobre este materia. En este sentido, recordó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía de que, «si se continúa con las políticas actuales, será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC».

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

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EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

La Asamblea de Extremadura rechaza instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía a petición de Podemos

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EFE.- El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía, a impulsar un debate monográfico sobre la situación del sector y a legislar sobre la eficiencia energética en los centros educativos públicos. Se trataba de una moción subsiguiente a interpelación del grupo parlamentario de Podemos ante la que el PSOE se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Ha sido defendida por el parlamentario Eugenio Romero, que ha dicho que se han reunido con muchas empresas del sector para conocer la situación y que la propuesta del 35% de renovables que ha hecho la Unión Europea para 2030 no es ambiciosa ya que la Unión Europea podría alcanzar un mayor porcentaje. Además, ha indicado que, por ejemplo, la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) tiene una tasa de paro del 25% a pesar de que la central nuclear de Almaraz «mete en la zona» 2 millones de euros diarios, y además “es preciso” clausurarla.

Ha agregado que se intenta «pinchar» el modelo de energía verde con la continuidad de Almaraz y que es posible crear miles de empleos y cambiar el modelo productivo de la región mediante la potenciación de las energías renovables, entre las que las que ha mencionado la solar y la biomasa. Para esto, ha dicho, hay que activar un modelo de empleo en energía renovables y mejorar la eficiencia energética de los municipios y en el sector de la construcción.

Por su parte, el diputado del PP, José Antonio Echávarri, ha defendido una enmienda de modificación en el sentido de que la región no tiene todas las competencias en materia energética y que no se puede exigir al Gobierno el cierre de la central nuclear dentro de dos o tres años, aunque estaban de acuerdo en el resto de puntos.

A su vez, el del PSOE, Andrés Moriano, presentó una enmienda de modificación y ha aseverado que no pueden aceptar pedir al Gobierno regional a elaborar un Plan Regional de Energía ya que ya se ha trabajado y se trabaja en esta cuestión de apoyo a las renovables al igual que lo hace el Parlamento Europeo, mientras que el Ejecutivo central no hace lo mismo.

Ante ellas Podemos ha presentado una enmienda transaccional para «unificar los criterios» ya que los socialistas «lo dejan todo en manos del Gobierno central» a pesar de que la Junta tiene competencias, mientras que los populares no apoyan suficientemente a las renovables. Esta enmienda de la formación morada no ha sido aceptada ni por el PSOE ni por el PP.

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

La apuesta energética de la Junta de Extremadura pasa por instalar más renovables hacia la economía descarbonizada y cerrar Almaraz

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EFE.- El consejero de Economía de Extremadura, José Luis Navarro, ha indicado que el modelo energético de la Junta pasa por el fomento de las energías renovables, una economía descarbonizada y sin nucleares; mientras que el diputado de Podemos, Eugenio Romero, le pidió  que «informe, forme y genere demanda», al margen de convocatorias de ayudas esporádicas, para la transición hacia las renovables al tiempo que, en materia de planificación energética, demandó un Plan de Energía regional.

El consejero de Economía ha manifestado que la transición hacia un nuevo modelo energético descarbonizado, incluyendo el autoconsumo y los sectores del transporte y la calefacción, «es imparable«. A este respecto, Navarro critica la «inacción» del Gobierno central, encargado del marco regulatorio y de aportar «seguridad jurídica» a los inversores. Así, insistió en la necesidad de un «gran acuerdo energético» en España, que fije la evolución del mix energético a largo plazo. Un acuerdo que debe incluir el calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón, con planes de transición para las zonas afectadas, como la de Almaraz.

En Extremadura, ha añadido, las expectativas inmediatas son «muy positivas»; en las próximas semanas comenzará su construcción el primer parque eólico de la comunidad, en energía fotovoltaica se prevé también la construcción este mismo año de varias grandes plantas y en 2019 de «un número mayor». «Todas ellas para vender la electricidad en el mercado o con contratos bilaterales pero sin ninguna prima», ha precisado Navarro, quien también ha defendido la promoción de las renovables en los hogares y las pymes, pues todos son necesarios para alcanzar el objetivo de una economía descarbonizada en 2050.

Por el momento, Extremadura ha recibido solicitudes para una potencia total que sobrepasa los 8.000 megavatios, mientras que en España hay en funcionamiento 4.675 megavatios fotovoltaicos. Ello ha provocado que todos los nudos de la red eléctrica en la región incluidos en la última planificación de 2015 estén hoy saturados, por lo que se solicitará al Ministerio de Energía una modificación de la planificación, de forma que se incluyan nuevos nudos y se permita así la viabilidad de numerosos proyectos.

Además, ha recalcado que la energía fotovoltaica es ya tan competitiva, que, incluso con el impuesto al sol, el autoconsumo puede ser rentable. También anunció que próximamente convocarán ayudas al transporte sostenible y para planes municipales de movilidad y se espera sacar este año una convocatoria de ayudas para fábricas de biocombustible sólido (pellet, carbón vegetal) con ayudas de hasta el 30%, además de mantener todas las que ya existen.

Por su parte, Romero ha subrayado que ahora hay «una magnífica oportunidad» de pasar de un modelo energético «insostenible», basado en tecnologías «sucias y peligrosas», a un modelo basado en energías limpias. En este sentido, ha señalado que la apuesta por renovables «a pequeña escala», como el autoconsumo, es una apuesta «segura», pues a «la mayoría de estas instalaciones no les afecta el impuesto al sol«. Finalmente, Romero solicitó a la Junta que mantenga abiertas las convocatorias de ayudas que promueve hasta agotar los fondos y que actualice el Plan Renove de electrodomésticos y lo abra a climatización y sustitución de las «obsoletas» calderas de gasoil por otras de biomasa.

La Eurocámara da luz verde a la financiación para las interconexiones entre España y Francia pese al recelo de Podemos

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EFE.- La comisión de Industria del Parlamento Europeo aprobó la lista de 171 Proyectos de Interés Común (PIC), que incluye un proyecto de interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya en el que la Unión Europea invertirá 578 millones de euros, el 37% de los 1.750 millones de euros del total. La comisión parlamentaria validó también otros 1,7 millones de euros de financiación para el MidCat, una tubería gasística de 235 kilómetros a través de la frontera franco-catalana.

De los 171 proyectos de la lista 53 son de gas, hidrocarburo que la Comisión Europea considera clave en la transición energética hacia una economía baja en carbono, lo que inquieta a los grupos ecologistas. Por ello, una docena de eurodiputados de Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal presentaron ante la comisión parlamentaria una objeción a la lista, al considerar que se otorga demasiada financiación a proyectos gasísticos y que el uso de ese combustible fósil compromete los objetivos del Acuerdo Climático de París. La comisión, que sólo podía aprobar o rechazar la lista en su totalidad sin introducir enmiendas, desestimó la iniciativa por 15 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.

Los eurodiputados que presentaron la objeción intentarán ahora reunir las firmas de 38 escaños para someter la lista a votación en el pleno de la Eurocámara, donde el veto tiene pocas opciones de prosperar ya que necesita reunir una mayoría real de 376 sobre 751 europarlamentarios. Entre quienes votaron en contra de la lista se cuenta el eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, que criticó que la Comisión haya elaborado la lista «sin ningún tipo de consulta con el Parlamento». Benito arremetió contra el MidCat al considerar que ha registrado «una gran oposición local por falta de transparencia» y cuestionó la necesidad de construir nuevas infraestructuras gasísticas en la Unión Europea cuando las existentes están «infrautilizadas».

El proyecto del Golfo de Vizcaya, que operará en 2025, aumentará la capacidad de interconexión entre España y Francia hasta los 5.000 megavatios (MW) y elevará del 2,8% al 5% la tasa de interconexión entre ambos países, que a su vez llegará al 8% con otras dos conexiones por Aragón y Navarra, aunque aún se quedará lejos del objetivo del 15% de interconexiones planteado por la Comisión Europea para 2030.

El Senado rechaza pedir el cierre de la nuclear de Cofrentes en 2021 porque el PSOE ve necesario el ATI

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y los votos a favor de Unidos Podemos y Compromis, una moción de Unidos Podemos para instar al Gobierno a cerrar y posteriormente desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando termine su actual permiso de funcionamiento en marzo de 2021.

Además, la moción también pedía al Gobierno que no autorizase la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos al considerar que es «innecesario» puesto que la central tiene capacidad de almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre. La propuesta reclamaba asimismo la aprobación de un Plan de cierre de centrales nucleares y su progresiva sustitución por fuentes renovables. En su argumentación, la formación morada repasa los sucesos notificados de la planta valenciana y asegura que Cofrentes está envejecida y es propensa a incidentes, además de ser «absolutamente prescindible».

Respecto al ATI, considera la moción que se trata de una «palpable demostración del fracaso en la gestión de los residuos nucleares» en España y asegura que la instalación es «innecesaria«. Asimismo, el senador de Esquerra Republicana, Xavier Castellana, reclamó la transferencia de las competencias nucleares al «País Valenciá» y la creación de una oficina de seguridad nuclear dependiente de la Generalitat Valenciana que supervise «cualquier» central en ese territorio.

Por su parte, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, justificó la abstención de su grupo parlamentario porque «estando de acuerdo en el fondo» y a pesar de coincidir en su voluntad de cierre de la central nuclear valenciana, discrepa de la moción en cuanto a que considera imprescindible y urgente construir el ATI de residuos nucleares de la planta.

Salvemos Doñana registra casi 200.000 firmas pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas planteado por Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana, en la que se incluyen hasta 214 organizaciones adheridas, ha registrado en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 197.000 firmas para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la cancelación definitiva del proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del espacio. A la entrega han acudido representantes de algunas de las organizaciones que conforman la plataforma que defiende este entorno natural.

En nombre de Salvemos Doñana, Juan Romero ha advertido tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico que «el subsuelo de Doñana no es una infraestructura industrial para que una empresa multinacional venga a hacer negocio a costa de un bien público». Tras recordar las acciones que ha realizado la plataforma para pelear contra el proyecto de gas, Romero ha incidido en que hay nueva información que respalda sus reclamaciones, como el Instituto Geológico Minero, que «ha aportado documentación que recoge que se trata de una zona inundable», así como también ha criticado que «se ha obviado» el riesgo sísmico que hay en la zona.

«Queremos que el Gobierno central modifique la Declaración de Impacto Ambiental y que la Junta, de oficio, modifique la Autorización Ambiental Unificada», ha agregado el portavoz, que ha avisado a Gas Natural Fenosa y a las administraciones que apuestan por el gas de que «no nos vamos a cansar hasta parar este proyecto». «Tenemos la esperanza de que a esto le quede dos telediarios», zanjó.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho hincapié en que «es la sociedad civil organizada la que va a conseguir salvar el patrimonio que es de todos, mientras quienes gobiernan en no pocas ocasiones están pensando en cálculos electorales». Además, ha subrayado que el proyecto de gas «no aporta absolutamente a la ciudadanía»: «No hay nada de contrapartida, convertimos nuestra joya natural más preciada en un almacén de gas para que se lucren multimillonariamente los que nos cortan la luz y nos dejan en la pobreza energética a cambio de absolutamente nada, y teniendo sobre la mesa nuevos elementos que nos permiten parar el proyecto«, sentenció Rodríguez.

Por eso, ha dicho que el partido morado tiene muchas esperanzas en que las firmas registradas «generen reacciones», al tiempo que ha recordado al Gobierno autonómico que «tiene que cumplir sus compromisos» y, por tanto, emprender acciones legales contra el proyecto. «Estaremos ahí para, erre que erre, recordar a la Junta que debe cumplir con los compromisos y no sólo hacerse la foto con las plataformas», ha proseguido Teresa Rodríguez, quien ha insistido en que «si conseguimos parar esto será obra de la sociedad civil organizada de Andalucía que defiende el patrimonio de nuestros hijos».

De su lado, el líder andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a la Junta a denunciar al Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por permitir el desarrollo del proyecto de Gas Natural. Ha defendido que para lograr paralizar este proyecto es necesario que la Junta «pase a la acción«, toda vez que ha reiterado que su formación está totalmente «en contra de que se metan en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas», lo que convertiría esta joya de Andalucía en «un polígono industrial». Según Maíllo, «Marismas Occidental es un proyecto especulativo que demuestra que las puertas giratorias existen y funcionan perfectamente».

López de Uralde, de Equo, ha señalado que este proyecto de Gas Natural «no hace falta», de manera que «además de los impactos medioambientales o de que los estudios de impacto ambiental se han dividido en 4 subproyectos para saltarse ilegalmente la normativa ambiental, es innecesario». «El Gobierno tiene la obligación de parar este proyecto, que no tiene sentido», sentenció antes de advertir de que puede ocurrir lo mismo que en el caso del Castor.

Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural, incluidos todos y cada uno de los 4 subproyectos que integra.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en primavera del año pasado, Fiscal recordó a la plataforma que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«. Salvemos Doñana, por su parte, ha informado al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad.

La asamblea está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén de gas en Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en la zona para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías renovables.

Tejerina admite que le «chocó» que Madrid no le informara de nuevas medidas anticontaminación para defenderlas ante la Unión Europea

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, admitió que les sorprendió «mucho» que el Ayuntamiento de Madrid no informara al Ministerio de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante Bruselas.

«Nos sorprendió mucho porque después de estar reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, no oculto que nos chocó un poco que mientras teníamos la reunión en Bruselas con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas», ha declarado la ministra, que ha recalcado que “lo más serio” no es “lo que cuento a la prensa sino cómo cuido la salud de los ciudadanos sobre los que tengo una responsabilidad porque gestiono la calidad de su aire», ha indicado la ministra en relación a las nuevas medidas que plantea el Consistorio de la capital.

Respecto a la calidad del aire en España y el incumplimiento de la normativa europea, la ministra defiende que la calidad del aire «mejora» desde el año 2001 y que si en 2010 el país tenía 10 infracciones, en la actualidad se han reducido a 5. García Tejerina ha afirmado que no hay un problema generalizado de calidad del aire, sino que se concentra en Madrid y Barcelona donde, sin embargo hay «mucha» población afectada. Ante esta preocupación, Tejerina ha esgrimido que en la pasada legislatura se aprobó el Plan Aire y ahora se ha aprobado el Plan Aire 2.

Incentivos a la movilidad alternativa

Sobre esta temática, ha reconocido que les «preocupa» en cuanto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos y que por ello han diseñado dos planes, que, entre otras cosas, contemplan la renovación de la flota de vehículos. En este sentido, ha asegurado que en España seguirá habiendo un «incentivo importante» a los vehículos impulsados con motores alternativos, con el fin de mejorar la calidad del aire. Tejerina ha recordado que ya habido ayudas a la adquisición de vehículos impulsados con energías alternativas que se agotaron «rapidísimo», por lo que confirmó que el Gobierno seguirá apoyando estas tecnologías con nuevos planes de incentivo.

«Me consta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene encima de la mesa muchas propuestas que iremos viendo porque, efectivamente, el problema no solo es medioambiental sino también para la salud de las personas», ha añadido. En esta línea, la ministra ha resaltado que hay que seguir trabajando en el campo del coche eléctrico, aunque también en el apoyo a otros vehículos «más limpios», como los impulsados con gas.

Tejerina recordó que, a través de los planes PIVE, se destinaron cerca de 1.200 millones de euros a la renovación del parque automovilístico español, e indicó que gran parte de estos fondos fueron a parar a modelos con motores «no convencionales«. Finalmente, ha resaltado que todavía «quedan muchas cosas por hacer» a la hora de mejorar la calidad del aire y subrayó que al final son los ciudadanos los que deciden si utilizan el transporte público u otras soluciones de movilidad, como las motos y coches eléctricos compartidos que existen en la ciudad de Madrid.