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Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

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Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

Podemos pide a la Junta de Andalucía que explique qué tipo de residuos llegan al almacén nuclear de El Cabril

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Europa Press.- Podemos Andalucía ha presentado una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, «para que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre cómo pueden afectar a la salud de las personas y al medioambiente los residuos que están llegando al cementerio nuclear de El Cabril».

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha demandado al Gobierno andaluz «que haga pública la información de la que dispone, para que los vecinos de Córdoba puedan saber a qué riesgos se les está exponiendo con la llegada de nuevos residuos de alta toxicidad». Podemos ha alertado de que, «según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desde 2013 se ha almacenado en el Cabril dióxido de uranio, un emisor de radiación para el que el almacén nuclear no está preparado».

Por este motivo, Podemos ha advertido de la posibilidad de que «vayan a parar a este cementerio nuclear», situado en Hornachuelos (Córdoba), «todos los residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento de una generación completa de centrales nucleares, que ya ha comenzado con el cierre de Garoña«. Ante esto, el diputado nacional de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados «para que dé cuentas sobre la gestión de las instalaciones que Enresa tiene en Córdoba».

Pablo Iglesias anuncia la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos para principios de 2018 y asegura que será «histórica»

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la proposición de ley de Cambio Climático que prepara su grupo parlamentario en el Congreso estará lista para principios de 2018 y ha señalado que la norma será «histórica» y marcará «un cambio de época».

Así lo ha puesto de manifiesto en el Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático que ha sido organizado por Unidos Podemos y en el que han participado diferentes actores relacionados con esta materia. Al término de las exposiciones, que ayudarán a redactar el texto definitivo, Iglesias ha vuelto a convocarles para debatir la propuesta ya redactada.

Para el líder de la formación morada, la participación social es la que «da sentido» a la actividad parlamentaria y ha agradecido a todas las asociaciones, sectores y sindicatos que han pasado por esta jornada por su colaboración. «Queremos hacer una ley, pero no de partidos, ni de técnicos, sino debatida por los colectivos de la sociedad civil», ha señalado.

En este sentido, llamó a la sociedad a movilizarse para presionar en la tramitación del futuro texto. Un documento que, a su juicio, es «necesario sacar adelante» para responder al «reto político y social» que supone para el futuro del planeta. «Hay quien nos dice que somos catastrofistas, pero nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque si el planeta se va al garete, no habrá posibilidad de que la vida siga existiendo», afirmó.

Iglesias se ha congratulado de que «cada vez hay una conciencia mayor sobre lo que significa» el cambio climático, porque la gente «se empieza a sorprender por las numerosas olas de calor en verano, por las sequías o porque haya desaparecido prácticamente el otoño». «Creo que es importante que seamos capaces de colocar esto en primer plano y que seamos capaces de que haya una conciencia cada vez mayor y acabar con los primos de Rajoy y los científicos que lo negaban», apuntó Iglesias, quien ha indicado que estas personas ya han «perdido la credibilidad».

El líder ha defendido ante los asistentes al foro que el objetivo de Podemos es conseguir un «nuevo modelo de productividad» y «un nuevo modelo de país» hablando, por ejemplo de «transición energética, de economía circular o justicia climática«. «Si somos capaces de sacarla adelante, lo que implica un acuerdo con otros grupos, estaremos dejando un legado para el futuro y las bases de un nuevo modelo de país», insistió.

Así, Iglesias ha criticado que España esté actualmente «a la cola de los que hacen algo por el cambio climático» ante un acuerdo del clima de París que, a su juicio, ha sido de mínimos. Su objetivo, según ha apuntado, es también evitar que el Ejecutivo siga recortando en esta materia en los presupuestos generales o que el Gobierno siga dependiendo de las empresas energéticas.

«Hay que señalar una cuestión, por la que nos tacharán de radicales, y es que la lucha del cambio climático es incompatible con que haya sentados expresidentes y exdirigentes de partidos en consejos de administración de empresas energéticas, porque lo que hacen cuando sientan a esos exministros, algunos muy progresistas, es comprarlos para que defiendan sus intereses», ha denunciado Iglesias.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

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Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque generan «un problema en la calidad del aire»

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid contempla prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entiende que están generando un «problema en la calidad del aire» de la capital, según avanzó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo.

Calvo ha admitido que el tema de las estufas de gas en las terrazas es algo que les «preocupa» y en la revisión que están haciendo en el Ayuntamiento de la ordenanza de terrazas «es una de las medidas que se contempla«. «Una de las medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gas es prohibir las estufas de gas en las terrazas porque entendemos que se está dañando el medio ambiente y generando un problema de calidad del aire a toda la ciudad», ha explicado.

Unidos Podemos pide apoyar la propuesta del Parlamento Europeo para vigilar las emisiones de los vehículos y desincentivar el diesel

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Europa Press.- Unidos Podemos presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a defender y apoyar la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo para homologar y vigilar el mercado de los vehículos de motor de cara al cumplimiento de la normativa y límites de emisiones de CO2.

Así, la diputada de Equo, Rosa Martínez, ha explicado que la iniciativa registrada busca que la Comisión Europea pueda vigilar a los Estados miembro tras demostrarse en el pasado que los países han sido «muy laxos» en esta materia como demuestra el caso Dieselgate. Además, ha añadido que Podemos quiere que se imponga la «máxima transparencia» para poder publicar los resultados para que los consumidores y las instituciones sepan qué marcas cumplen los estándares de emisiones y cuáles no. «Creemos que el control de las emisiones de los vehículos es clave en la contaminación», ha manifestado la diputada por Vizcaya.

Asimismo, el grupo considera que es «clave» para la industria automovilística pasar a «una nueva movilidad», con nuevos vehículos eléctricos y que cada vez sean menos contaminantes y con los que se vayan abandonando progresivamente los combustibles fósiles. En este contexto, Martínez ha recordado que recientemente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó un informe en el que «prácticamente todos» los vehículos analizados superaban los límites de emisión. «Sólo 1 de cada 10 vehículos diesel en Europa cumple los límites de emisiones», asegura.

La iniciativa parlamentaria pide al Gobierno que apoye la propuesta del Parlamento Europeo, «muy especialmente”, en cuanto dice que se vigilarán un 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año y que se realizarán estos test en todas las categorías. Del mismo modo, la proposición pide aceptar las auditorías y revisiones a las autoridades nacionales con capacidad de realizar homologaciones y la creación de una base de datos digital pública con los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, insta al Gobierno a defender la realización de análisis de emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción para evitar «casos» como el Dieselgate.

Por su parte, Mónica Vidal, de Ecodes, presentó un informe de Transport & Environment, la ONG que descubrió el fraude de las emisiones de la industria del automóvil. El estudio Diesel: The true dirty story analiza la situación actual dos años después del descubrimiento del software instalado en algunos vehículos con motor diésel, que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio, y asegura que sobre las carreteras europeas circulan ahora 37 millones de vehículos contaminantes de diesel.

Entre sus conclusiones, el estudio afirma que el 70% de los vehículos diesel se venden en el mercado europeo, frente al 1% en Estados Unidos o el 2% en China. El informe plantea distintas soluciones para poner fin a esta situación de elevadas emisiones a consecuencia del transporte en Europa, introduciendo incentivos mayores a los vehículos sin emisiones y terminando con los bonus y beneficios fiscales a los vehículos diesel. También expone otras medidas como reducir el tráfico urbano con restricciones y zonas por las que únicamente puedan circular vehículos eléctricos o bajos en emisiones.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».