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Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Iberdrola inicia una campaña informativa del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables en las principales ciudades

EFE.- Iberdrola ha comenzado una gira por las principales ciudades españolas para exponer las novedades del nuevo bono social de electricidad con el fin de asesorar a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración pública. Los primeros encuentros se celebraron en Bilbao y Valencia, y se celebrarán otros en Toledo, Madrid, Valladolid, Cáceres, Murcia o Pamplona.

Responsables de Iberdrola explicarán las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, con especial hincapié en las principales modificaciones introducidas. Con esta iniciativa, Iberdrola quiere que los consumidores vulnerables renueven su condición de beneficiario del bono social antes del 10 de abril o que lo soliciten por primera vez para poder tener descuentos en la factura de la luz que pueden ser, en función de la renta, de un 25% o un 40% y llegar, incluso, al total en el caso de que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma.

En Valencia arrancó la gira

De este modo, como punto de partida de la gira, Iberdrola y la Diputación de Valencia llaman a la «acción» a los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o lo soliciten por primera vez. El delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, el diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, fueron los encargados de explicar las modificaciones regulatorias y nuevos requisitos del bono social.

Datos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Iberdrola ha recibido 60.000 solicitudes, de las que han respondido a 33.420 y de éstas, 26.860, el 80%, han sido positivas. De las 6.560 restantes, 3.460 están incompletas y 3.110 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de 6 meses, que termina el próximo 10 de abril, y durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio, indicaron las mismas fuentes.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la pobreza energética y critica el nuevo bono social eléctrico

EFE.- La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad y reclama a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad de dar una solución «efectiva» a este grave problema social. En este sentido, representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critican que el acceso al nuevo bono social «está resultando caótico».

A juicio de la Plataforma, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha contra la pobreza energética es el bono social de electricidad, un descuento que va del 25% al 40% en la factura dependiendo de los casos. Pero, aseguran, tal y como está regulado, «no deja de ser un parche que no soluciona la situación», y al que incluso no puedan acceder muchas personas. Según advierte, tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia.

Esta plataforma remarca además que «más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones». También subraya que el bono social no está funcionando bien porque «se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio». Para la plataforma, «en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía». Por ello, exige la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas.

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el nuevo Observatorio Europeo de la pobreza energética

Europa Press.- Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética que se ha presentado en la Comisión Europea de Bruselas. El observatorio pretende fomentar el conocimiento sobre el alcance de la pobreza energética en Europa así como las políticas y prácticas innovadoras para abordarla. Al acto asistió la directora de Ciudades Sostenibles de Ecodes, Cecilia Foronda, como socio español del mismo.

El nuevo observatorio desarrollará actividades para mejorar la transparencia, recopilar datos existentes en la Unión Europea y proporcionarlos de forma abierta; fomentar el trabajo en red y el intercambio de conocimiento. Además, toda esta información se difundirá y se proporcionará asistencia técnica que ayude a los Estados miembros a combatir este problema. El EPOV está formado por un consorcio de entidades europeas lideradas por la University of Manchester y entre las que están Ecofys, European Policy Centre, Intrasoft International, National Energy Action y Wuppertal Institute. Ecodes, junto con la Asociación de Ciencias Ambientales, participa en la difusión y comunicación en España de las actividades e información generadas por el EPOV.

Compromís exige a Nadal no facturar a los consumidores gasistas «los chanchullos de PP y PSOE con ACS» en Castor

Europa Press.- Compromís denució ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que el coste de la indemnización por el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor, que entienden como un «chanchullo de los gobiernos del PSOE y del PP con ACS», acaben cargándose en la factura del gas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que anulaba las indemnizaciones aprobadas tras la hibernación del almacén por los seísmos causados en la zona, la formación valenciana espera que el Gobierno «recalcule a la baja» estos pagos. Asimismo, pide que el departamento de Nadal «depure las responsabilidades políticas pertinentes y que sean los culpables de las cláusulas abusivas los que las paguen de su bolsillo«. «Lo que han llevado a cabo es un auténtico atentado contra los derechos más básicos de la ciudadanía», subrayó la portavoz energética de Compromís, Marta Sorlí.

En este sentido, ha criticado que «miles de familias en situación de pobreza energética parecen no ser suficientes para Rajoy» pues «apuesta por que toda la ciudadanía pague a través de la factura del gas los 4.700 millones, entre la indemnización y los intereses, de sus errores y los del PSOE». «Se ha demostrado que el Castor fue una autoadjudicación sin precio para ACS», ha criticado Sorlí, que reitera «que los chanchullos de los Gobiernos del PSOE y del PP con Florentino no se pagan con la factura del gas».

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre el bono social que reclamaba respetar las competencias autonómicas

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se responde al requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo formulado por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social que, a su juicio, vulneran sus competencias en relación con la asistencia social.

Así, el Gobierno rechaza las pretensiones de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales. Además, las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma y ya obtuvieron respuesta.

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Un 10,1% de los españoles es incapaz de calentar su hogar adecuadamente, por encima del 8,7% de la media europea

Europa Press.- Un 10,1% de la población española es incapaz de calentar su hogar de manera adecuada, un porcentaje superior a la media europea, que se sitúa en el 8,7%, según datos publicados por Eurostat correspondientes a 2016. El porcentaje más bajo en España se registró en 2008, año en el que el 5,9% de la población no podía calentar adecuadamente su casa. El máximo porcentaje se registró en 2014 con un 11,1%, mientras que en 2015 se situaba en el 10,6%.

A nivel medio, el 8,7% de la población europea no puede calentar su hogar de forma adecuada. Esta tasa ha descendido desde que en 2012 se registrara el dato más alto de la serie, que alcanzó el 11%. No obstante, la situación varía mucho entre los Estados miembros. En 2016, los países comunitarios con mayores porcentajes fueron Bulgaria (39%), Lituania y Grecia (ambos el 29%), Chipre (24%) y Portugal (22%). Por contra, los socios europeos con un menor porcentaje en esta estadística fueron Luxemburgo y Finlandia (1,7%), Suecia y Países Bajos (2,6%), Estonia, Austria y Dinamarca (los tres un 2,7%).

Facua denuncia que la subida del gas natural para el primer trimestre lo eleva al nivel más alto desde 2015

Europa Press.- Facua ha denunciado que la nueva subida de la tarifa regulada TUR de gas natural sitúa su precio en el nivel más alto desde abril de 2015. La asociación señala que la TUR 1, para consumos superiores a los 5.000 kilovatios hora (kWh) anuales, será un 6,3% mayor que en el último trimestre de 2017, mientras que la TUR 2, para los que sobrepasan esa cantidad de consumo con agua caliente y calefacción con gas natural, será un 5,5% superior.

En concreto, los usuarios de la TUR 1 con un consumo de 400 kWh pagarán ahora 32,31 euros, frente a los 30,62 euros que les costaba en octubre de 2017, mientras que en el caso de los acogidos a la TUR 2 con un consumo de 800 kWh abonarán 57,82 euros, frente a los 54,38 euros anteriormente. Así, Facua critica que, «lejos de aliviar la situación económica actual de las familias españolas, el Gobierno toma medidas insuficientes y no baja la tarifa de gas natural para alcanzar al menos los niveles del comienzo de legislatura».

El recibo soporta varios impuestos

Además, subraya que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo yla tarifa por el consumo se han visto «agravados» con la subida del IVA en septiembre de 2012, que pasó del 18% al 21%, y la introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en enero de 2013, «que ha incrementado el precio del kWh«. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a 2016, en España hay 7,6 millones de clientes de gas natural y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.748 kWh al año, según indicó la asociación.