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Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

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Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

700.000 consumidores tenían al finalizar agosto el nuevo bono social frente a los más de 2 millones del anterior sistema

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EFE.- Un total de 700.034 consumidores disfrutaba al concluir agosto del nuevo bono social eléctrico, que sustituye al anterior y al que deben acogerse antes del 8 de octubre los beneficiarios que tienen el antiguo y quieran seguir disfrutando de él, que eran más de 2,2 millones en febrero de 2018.

El anterior Gobierno aprobó en 2017 un real decreto por el que modificó las condiciones y criterios socio-económicos para acceder al bono social, un descuento que se hace sobre la factura eléctrica para proteger a los colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Para poder seguir disfrutando del bono social, se estableció un primer plazo para renovarlo que finalizaba en abril de este año y que luego se extendió hasta el 8 de octubre.

A 31 de agosto, 700.034 consumidores disfrutaban del nuevo bono social, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que han señalado que hasta esa fecha se habían presentado 954.000 solicitudes completas, aunque no todas fueron aprobadas por falta de documentación o porque sus datos no se ajustaban. Para que el nuevo bono social llegue al máximo número de beneficiarios posible, el Ministerio lanzará próximamente una campaña en radio y televisión, tal y como anunció a primeros de agosto su titular, Teresa Ribera.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico en la oficina de la compañía o a través de su página web. El nuevo bono social establece 3 categorías de consumidores que pueden ser beneficiarios del bono social: «vulnerable», dentro del cual se encuentran los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas; «vulnerable severo» o «vulnerable en riesgo de exclusión social».

El Observatorio de la Sostenibilidad urge al Gobierno a rescatar las concesiones hidroeléctricas para abaratar el precio de la electricidad

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Europa Press.- El Observatorio de la Sostenibilidad ha recomendado al Gobierno recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado con el fin de abaratar el precio de la electricidad y tener un mayor control de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua una vez que las concesiones a grandes empresas realizadas por periodos de 75 años ya han sido «suficientemente amortizadas».

El Observatorio de la Sostenibilidad ha detallado en un informe por comunidades autónomas todas las concesiones hidroeléctricas para que los organismos públicos vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones, de forma que el beneficio se pueda revertir a la sociedad, sobre todo a aquellos municipios que «ya han soportado» los efectos ambientales de la presencia de las presas, que coincide con territorios de menor nivel de riqueza. Entre las principales razones que han llevado al Observatorio de la Sostenibilidad a realizar dicho informe se encuentran los elevados precios de la electricidad registrados este verano, cuando han alcanzado niveles récord de los últimos 10 años a pesar de que el país cuenta con «abundantes» reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos.

La entidad también ha denunciado que la electricidad que pagan los españoles se encuentra entre «las más caras de Europa», lo que supone una «fuerte» traba para la competitividad de las empresas y un «grave» problema para las capas de la población «que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno». Además, el OS ha mostrado su preocupación por las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que llegaron a los 411 partes por millón (ppm), y ha señalado que la economía española fue entre 2014 y 2017 la mayor emisora de este contaminante entre los países desarrollados.

El informe también destaca que alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y que otro 8% irá caducando hasta el 2030. Junto a esta recomendación, el OS también solicita que se reduzca el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años, desde los actuales 75 años, que se analice con detalle la priorización del uso del agua y que las futuras licitaciones tengan en cuenta unos resultados favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años, en un periodo de autarquía.

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

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Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

Ciudadanos pregunta al Gobierno qué medidas va a adoptar ante la subida de la luz y Fenie también exige soluciones

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EFE / Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) insta al Gobierno a ofrecer soluciones ante las «incesantes» subidas del precio de la electricidad, al haber alcanzado esta semana su máximo anual, Ciudadanos ha registrado una pregunta parlamentaria para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante este incremento y si considera prioritario acometer una reforma de la fiscalidad de la factura eléctrica y una auditoría de la misma para eliminar las cargas ajenas al suministro.

En este sentido, el escrito registrado por la diputada Melisa Rodríguez y los diputados José Luis Martínez y Antonio Cantó también solicita al Ejecutivo que concrete si estaría de acuerdo con erradicar el uso de la factura de la luz como «herramienta recaudatoria» donde “lo que menos importancia tiene es el consumo eléctrico”. Además, también pide conocer si para el Gobierno sigue siendo prioritario el cierre de algunas centrales que no emiten CO2 mientras mantiene otras tecnologías más contaminantes y pide que se expliquen las medidas planteadas para avanzar en la instalación de potencia renovable.

Durante los últimos días, a comienzos del mes de septiembre, el precio del mercado mayorista de electricidad ha vuelto a registrar continuas subidas alcanzando niveles récord, superando el máximo del año en dos días consecutivos. El martes día 4, el pool alcanzó los 71,31 euros MWh, y el precio de la electricidad alcanzó los 74,58 euros MWh para el miércoles día 5. En este contexto, Ciudadanos critica la “dependencia del petróleo de la economía española, el escaso desfase entre el crecimiento económico y las emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década, y los “escasos” niveles de producción renovable en verano en relación con las posibilidades que ofrece España.

Asimismo, subraya que el mercado marginalista, la coyuntura internacional, los costes de los derechos de emisión de CO2 o la subida del petróleo motivan “buena parte” de este ascenso en el precio de la luz. Por ello, Ciudadanos destaca la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles y agrega que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma a nivel europeo y no de forma unilateral por parte de un Estado.

Fenie exige soluciones a Sánchez

Por su parte, Fenie ha calificado de «insólita» la coyuntura de precios de la electricidad que se está alcanzando en septiembre después de que, según resaltó un análisis de Facua, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y en la cuarta factura más alta de la historia. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció que comparecerá el 19 de septiembre en el Congreso para explicar las circunstancias que están determinando el incremento del precio de la factura de la luz y para abordar cambios «estructurales» y reformas «sustantivas» que permitan una evolución racional de los precios y garanticen la protección de los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Fenie ha expresado que espera que Ribera proponga en su intervención medidas que consigan beneficiar al usuario final ya que considera que el sistema de abastecimiento eléctrico debe estar al servicio del consumidor al tratarse de un bien de primera necesidad. Asimismo, ha mostrado su apoyo al autoconsumo que, según Fenie, es parte “indispensable” de la solución, y confía en que las premisas del Gobierno sobre su favorable regulación sean materializadas pronto.

Facua ve “alarmante” la situación

De parte de los consumidores, Facua ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia ante el «alarmante» precio de la electricidad en la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que alcanzó el miércoles su record de 2018 con una media de 18,02 céntimos por kilovatio/hora (kWh), que resulta de aplicar a los 14,1647 euros del precio de la energía el 27,19% de impuestos indirectos. La asociación de consumidores advierte de que este precio es un 23,8% más caro que el del mismo día de 2017, cuando el kWh se situó en 14,55 céntimos.

Por ello, la asociación ha solicitado una reunión con la ministra Teresa Ribera para exponerle sus reivindicaciones ante las «desproporcionadas» tarifas eléctricas. Entre ellas, Facua reclama que el Gobierno amplíe la definición de «consumidor vulnerable», al que la normativa comunitaria permite proteger con tarifas bonificadas. La asociación considera que el actual modelo de bono social resulta «incoherente e injusto, ya que por un lado acota sobremanera el número de beneficiarios estableciendo niveles de renta excesivamente bajos, y por otro permite que cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos, pueda beneficiarse de él”.

Asimismo, apunta al modelo de subasta en el que se establecen las tarifas en el pool como principal responsable de la «injustificada» carestía del recibo de la luz ya que, en su opinión, “se trata de un sistema opaco que favorece la especulación”: una subasta basada en un precio marginal que viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.

Además, Facua denuncia que el modelo tarifario implantado durante el Gobierno de Mariano Rajoy «no sólo ha facilitado a las compañías nuevas subidas injustificadas sino también un «auténtico caos» para los usuarios ya que ahora no pueden conocer con antelación qué tarifas se les aplicarán y sus recibos pueden llegar a incluir hasta 744 precios distintos por la energía consumida, uno por cada hora incluida en la facturación. Facua viene denunciando que las tarifas eléctricas vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores ya que, en su opinión, la aplicación de una tarifa distinta cada hora es contraria a la obligación que tienen las empresas de facilitar a los usuarios información sobre sus precios con la antelación necesaria.

El precio mayorista se relaja

Para el jueves, el precio de la electricidad en el mercado mayorista cedió un 4,7%, 3,54 euros hasta fijarse en 71,04 euros por megavatio hora (MWh), una caída que rompe con los dos máximos anuales consecutivos pero que representa el tercer valor más alto en 2018. Según explican expertos del sector, el precio del mercado eléctrico se ha incrementado debido, principalmente, a la subida del gas natural y el carbón en los mercados internacionales y al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. De hecho, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: si entre mayo y agosto de este año estaba en 16,3 euros por tonelada, en 2017 se situaba en 5,1 euros por tonelada.

También hay que tener en cuenta la menor aportación de la generación hidráulica y eólica, lo que obliga a recurrir más a las centrales de gas y carbón, cuya producción de electricidad es más cara. Otro factor a tener en cuenta es la ola de calor que tuvo lugar en Europa en agosto. Estos factores, señalan los expertos, no sólo están afectando a España sino también a países como Alemania, Francia e Italia, que están experimentando subidas de precio similares. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo.

Facua denuncia que el recibo de la luz de agosto es el cuarto más caro de la historia de España

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Europa Press / EFE.- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se situó un 12% por encima de la factura de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos de Facua.

La factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre del año 2012. Tras ella, se sitúa la de enero de 2017 y después la de julio de 2015. La subida mensual de agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario medio también subió en julio un 2,2%. La luz viene subiendo ininterrumpidamente desde abril y este año solamente bajó en enero y marzo mientras que en febrero también subió.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%, ya que el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017. Ante estos datos, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas de España».

A finales de 2016, Facua promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar 6 medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. Facua denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado por Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y otros movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte de Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

El Gobierno activará una “campaña masiva” para facilitar el acceso al bono social e introduce modificaciones en la planificación energética

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EFE.– El Gobierno aprobó una modificación de la planificación energética para el periodo 2015-2020 que prevé nuevas actuaciones por un importe de 241,6 millones de euros, entre las que se incluye un nuevo enlace entre Mallorca y Menorca adicional al que se encuentra actualmente en tramitación. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica activará una «campaña masiva» para facilitar que los potenciales beneficiarios se acojan al nuevo bono social, ya que el porcentaje actual es «ridículo», según su titular, Teresa Ribera.

La intención del Ministerio es facilitar «no sólo la comprensión de cómo acogerse al bono social sino el hecho mismo de acogerse» para que sea «muy sencillo para todo el mundo». El objetivo, según Ribera, es que el bono social «pueda estar operativo al máximo en octubre», con independencia de que se puedan ampliar los plazos ante las “grandes dificultades burocráticas” para acogerse al nuevo.

El bono social, que consiste en descuentos en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables, fue reformado después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria. El nuevo modelo también ha sido recurrido por las 5 grandes eléctricas por ser las comercializadoras las que lo financian y no el Estado. Ribera ha señalado que el sistema «tiene que estar bien armado» y ha asegurado que «el planteamiento de un bono social asociado directamente a la cuenta de resultados de las eléctricas no es posible».

En cuanto a los precios de la electricidad, ha subrayado que, según los analistas internacionales, el nuevo modelo implantando es mucho más barato para el consumidor final, aunque «el ahorro, la eficiencia y la presencia masiva de renovables encajan mal con el modelo regulatorio actual». Esto se debe a que las nuevas tecnologías suponen una inversión importante, aunque después permitirán «enormes ahorros». Por el contrario, ha afirmado que «el modelo actual incentiva el diferencial, el beneficio marginal de lo que ya existe«, lo que dificulta la entrada de nuevas tecnologías.

Cambiar la formación de precios

Por eso, cree que hay que hacer un diagnóstico para corregir el esquema y beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece, además de actualizar las variables que la Ley del Sector Eléctrico considera que deben ser cubiertas mediante la tarifa. Ribera ha indicado que «no se entiende muy bien» que en un año en el que ha llovido en abundancia y no hubo olas de calor hasta agosto, el precio de la electricidad suba. En su opinión, hay cosas que tienen que ver más con el contexto regulatorio que con decisiones estructurales y sistémicas que tomarán en todo caso, como la transformación del modelo energético, en el que las nucleares y el carbón irán saliendo mientras entran más renovables.

En cuanto al Plan Nacional de Energía y Clima, ha señalado que le gustaría que su tramitación parlamentaria se iniciara a principios de 2019, para lo cual se remitiría al Parlamento antes de finales de año. Ribera ha subrayado que las redes eléctricas serán fundamentales en la transición energética y ha recordado que recientemente el Gobierno ha aprobado una modificación de la planificación energética para que haya mayor conexión y facilitar la incorporación de las renovables adjudicadas en las subastas y la electrificación del transporte.

Respecto a los colectivos y territorios que se verán más afectados por el cambio de modelo energético, la ministra indicó que el Ministerio quiere tener preparada la estrategia de Transición Energética Justa para después del verano. Además, ha recordado que la transición energética va a generar nuevas oportunidades de desarrollo. En cuanto a la industria del automóvil, ha señalado que su producción debe evolucionar hacia lo que se pide ya en países como China o India, donde los fabricantes europeos abren plantas de coches eléctricos.

Modificación de la planificación energética

Según apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el enlace entre Mallorca y Menorca que se ha incluido en la modificación de la planificación energética es distinto al que se encuentra en tramitación ya que hubo que acometerlo por la avería, de carácter irreversible, que hubo a finales del 2017 en el que existía para conectar las dos islas.

Las modificaciones también contemplan infraestructuras para evacuación de nuevas instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica explica en el BOE que muchas de estas actuaciones para evacuar energía renovable no supondrán coste en concepto de inversión para el sistema por tratarse de ampliaciones de subestaciones existentes. Según indica el departamento ministerial, estas actuaciones se justifican por razones de eficiencia económica del sistema, ya que redundarán en una reducción del precio del mercado de la electricidad.

Las modificaciones también incluyen una serie de actuaciones para el suministro a los nuevos desarrollos de la red de transporte de ferrocarril, fundamentalmente para alta velocidad. En la planificación también se incluyen las modificaciones relativas a nuevas instalaciones de transporte por cambio de su titularidad para, mediante su inclusión en la planificación, permitir el cumplimiento del requisito establecido por la Ley del Sector Eléctrico para el reconocimiento de su retribución.

El coste estimado de las actuaciones (241,6 millones) respeta el límite al volumen total de inversión de la red de transporte de energía eléctrica en el horizonte 2015-2020 establecido en la normativa vigente, señala la resolución. La estimación de inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en el horizonte 2015-2020 es de 4.554 millones de euros, con un volumen de inversión medio anual de 759 millones de euros, de los que se prevé recuperar 143 millones de los fondos Feder a lo largo del periodo.

El Gobierno se plantea ampliar el bono social de la luz a otros suministros como el agua o el gas

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU, porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.

A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental. En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar algún recibo.

Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó.

Críticas a Ribera por Castor

Por otro lado, la oposición criticó a Ribera porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial. Sobre este tema la ministra ha asegurado que es «extraordinariamente respetuosa con la ley» y que en «el lío de Castor» se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una «confianza inmensa» en los funcionarios de su departamento.

En respuesta a la oposición, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces le pareció «importante cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental». Si bien, ha destacado que «el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento». Ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el año pasado que habría sido «imposible» hacer más de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ha señalado que años después los «disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes» y ha asegurado que no hubo «ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial» más allá de la gestión de una infraestructura «enormemente costosa».

«Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore, algo que quizá tiene todo el sentido del mundo y dificulte de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo», ha instado. En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, según criticó, le está costando encontrar información relativa a «todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del Ministerio».

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora 10 años, ha sido uno de los asuntos que ha generado más polémica. Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho «realmente daño en el bolsillo» en cada «puñetera factura» del gas y ha añadido que «parece que va a seguir habiéndolo», porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido «dolida» y ha recordado a Ribera que el dinero público «es de todos» y que en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasista precisamente por el caso Castor. «Me ha dolido enormemente porque es el dinero de todos nuestros ciudadanos”, ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha indicado a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue «claramente lesivo para la sociedad española» porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido «más sencillo» para la ministra admitir «el error que Zapatero ya admitió».

Sobre la cuestión, la también diputada del PP, María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una DIA favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en la DIA del proyecto de gas en Doñana. «No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental» ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que «esto no vuelva a suceder».

Por último, la ministra ha pedido disculpas en su réplica por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y admitió que en el caso de Castor hay «lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir». «Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad», ha concluido.