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Podemos pide a Cifuentes medidas para que «la gente no se quede sin agua, calefacción o luz» durante el invierno

Servimedia.- El portavoz de Podemos de la Asamblea de Madrid, José Manuel López, propuso al Gobierno regional la puesta en marcha, antes de la llegada del invierno, de medidas contra la pobreza energética, porque «no podemos arriesgarnos a que la gente se quede sin calefacción o luz» durante los próximos meses.

«Estamos planteando un umbral por debajo del cual no se pueda cortar el suministro», dijo López, quien también criticó «el bono social eléctrico» puesto en marcha por el Gobierno central porque «sólo se pide por Internet, lo que favorece a las familias numerosas pudientes«. A su juicio, «deben ser los servicios sociales municipales los que decidan a qué personas no hay que cobrar». Podemos considera este asunto como uno de los más «preocupantes» al inicio de este periodo de sesiones.

Las compañías integradas en Unesa seguirán pagando más del 99% del bono social de la electricidad para el consumidor vulnerable

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un nuevo esquema de reparto de la financiación del bono social para 2015, que recaerá sobre un total de 29 empresas, en lugar de las 27 que se incluyeron en la lista del pasado año, si bien las eléctricas integradas en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir más del 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

En el caso de las cinco grandes compañías eléctricas, Endesa será la que mayor porcentaje del bono social deba financiar en 2015, con el 42,28%, frente al 41,61% del año pasado; seguida de Iberdrola (39,21% frente al 38,47% del ejercicio anterior), Gas Natural (12,27% frente al 14,18%), EDP España (3,18% frente al 2,64%) y Viesgo (2,27% frente al 2,36%). Según consta en la memoria de la propuesta, el coste liquidado del bono social durante los meses de septiembre de 2013 y agosto de 2014 ascendió a 184 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros anuales, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional el coste del bono social a la tarifa eléctrica en 2013, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las compañías eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios. En concreto, este importe se carga sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades de producción, distribución y comercialización.

Déficit tarifario, superávit y pobreza energética: la versión Seco

Recientemente podíamos leer en Cinco Días, un artículo de  Andrés Seco, actual director de Operación de Red Eléctrica de España, aunque estaba firmado con una calificación académica genérica en calidad de Ingeniero de ICAI. Evidentemente, la pretensión del autor de desligar el contenido de su artículo de su actual responsabilidad en el operador de transporte y sistema español (TSO) resulta más o menos pueril, como también lo sería separarse del propio PP, del Gobierno o de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Se trataría de una manera forzada de expresar una opinión a “título particular”, sino fuera por la actualidad informativa del tema al que se refería.

Inciso número uno: el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (ICADE), son dos una instituciones centenarias en el ámbito educativo universitario de la Ingeniería y de la empresa, directamente vinculadas a la Compañía de Jesús y hoy integradas dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad, probablemente en la Universidad Pontificia de Comillas, es donde existe uno de los verdaderos think tank españoles en el sector energético.

Su nivel de influencia es bastante transversal, aunque la tosquedad con la que se han instrumentado las últimas medidas normativas han pasado de toda lógica regulatoria y nadie pueda atribuirse un posible ejercicio de influencia. En este sentido, sus encuentros semanales gozan de todo predicamento y, como grupo de pensamiento, éste se caracteriza por la profundidad de sus debates en el ámbito regulatorio y económico.

Inciso número dos, el artículo se publica con posterioridad al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica de España y  tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la Planificación Energética en el que se incorpora una previsión de inversión en transporte de más de 4.000 millones de euros a favor del TSO español. Completando el contexto, el ministro de Industria apareció informando de la previsión de superávit tarifario en 100 millones de euros en 2014 y se prevén 900 millones de euros para este año, superávit que, según Soria, se aplicaría a la reducción de la deuda pasada. Es así como lo recoge la Ley y como impone la lógica de responsabilidad frente al endeudamiento pasado.

Por su parte, Andrés Seco, hasta ahora director de Operación de REE, proponía en su artículo, de indisimulada vis política, vigoroso, incluso de vocación tuitera en tiempos de Podemos, la aplicación de este superávit a efectos de reducir la pobreza energética, a efectos de “regalar” la energía a los consumidores vulnerables. Hacía un cálculo de trazo grueso calculando esta equivalencia.

Pocos matices en la propuesta como, por ejemplo, una compensación hasta un límite de renta disponible que se establece para un consumidor vulnerable según las propias definiciones internacionales y europeas. Evidentemente, no era una propuesta que podría haber devenido de una discusión del expertise y el debate usual en el think tank de Comillas. Y, tampoco evidentemente, se corresponde con las propias declaraciones inmediatamente pretéritas del ministro José Manuel Soria.

La propuesta merece la atención no tanto por su virtualidad sino por lo que supone de contribución más o menos generosa al Gobierno en su menesterosidad de ideas amables para acercarse al electorado en tiempos de reinvención catódica en comunicación. Si no es así, es que el propio Ejecutivo tiene el enemigo en casa y algo así no puede pasar inadvertido. O que, definitivamente, este artículo pudiera ser un signo de que a Andrés Seco no le ha sentado nada bien el nombramiento de Lasala.

Soria defiende su gestión ante la pobreza energética y el PSOE le acusa de preocuparse más por el fracking

Europa Press / Servimedia.- El PSOE reclamó la «dimisión» o «cese» del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por «no hacer nada» por los dos millones de familias que sufren pobreza energética y por «legalizar por la puerta de atrás el fracking«, mientras que el ministro defendió su gestión argumentado que los precios de la energía bajan.

Así respondió a la pregunta del senador socialista Gregorio Ramón Medina, sobre la valoración del Gobierno ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran «cientos de miles de familias» en España. En este sentido, Soria destacó que cuando concluyó mayo, 213.000 personas que antes no tenían para pagar la luz, el agua, la ropa o la alimentación, dejaron de estar en esa situación de pobreza energética al pasar a estar dadas de alta en la Seguridad Social. «Eso se debe única y exclusivamente a la política económica«, subrayó Soria, que destacó que entre 2008 y 2011 se destruían 2.200 empleos al día, mientras que en la actualidad se crean 6.500 empleos diarios.

Además, esgrimió que su Gobierno ha regulado por primera vez el autoconsumo con la nueva ley del sector eléctrico y con un real decreto que establece que si un ciudadano no quiere pagar la energía que consume a ningún operador, es libre para no pagar los costes del sistema eléctrico siempre que instale una placa en su casa y sólo consuma lo que genera. Por otra parte, el ministro defendió que los precios de la energía sufrieron un incremento del 82% entre 2004 y 2012 mientras que en los últimos años, desde 2013, están disminuyendo.

En cualquier caso, Medina insistió en que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha hecho «poco o nada por los ciudadanos que sufren pobreza energética». «Usted es aquel que no quiso implantar el bono social para consumidores de gas natural, el que ha impedido el desarrollo de autoconsumo con una férrea regulación y la imposición del conocido como impuesto al sol, el responsable de que España sea el cuarto país con la luz más cara y el tercero con el gas más caro de Europa, el que se atribuye el mérito de la bajada de la luz y cuando sube, dice que son los fenómenos meteorológicos los causantes de la subida«, denunció.

La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares

Redacción / Agencias.- El índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy. El estudio recomienda sustituir el bono social por una subvención económica fija con cargo a los presupuestos públicos.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica en 2007 hasta 2013 se incrementó del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de hogares, lo que supone casi el triple. Estos datos consideran la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social lo que evita los «falsos positivos» del indicador más usado en Europa, que considera que existe pobreza energética cuando el gasto en energía supera el 10% de los ingresos. Por ello, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es «especialmente relevante» ya que los datos confirman que la crisis económica contribuyó a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que la pobreza «se ha incrementado de forma importante». Además, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 hicieron que la factura eléctrica de un hogar medio en España creciera un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

Los expertos reseñaron que ciertas características del hogar pueden aumentar la probabilidad de caer en pobreza energética.  Así, «los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad», según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy. Por autonomías, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las que menos.

Respecto a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social, un descuento sobre la factura eléctrica que pagarían el resto de los consumidores, por una ayuda fija o cheque para afrontar todo tipo de gastos de energía (electricidad, gas, carburantes) financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social. Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles con la imposibilidad del corte eléctrico como una medida subsidiaria que, de todas maneras, «no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado y los hogares dispusieran de fondos para abonar las facturas», señalaron desde Economics for Energy.

A su juicio, el bono social presenta debilidades: sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representa el 60% de los gastos energéticos de los hogares. Además, no protege a los consumidores «más vulnerables», ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician del bono social lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, «lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética», añadió Linares. Otras alternativas planteadas contra la pobreza energética reclaman medidas de eficiencia energética, de información y que las tarifas energéticas recojan únicamente sus costes, sin incluir otros conceptos relacionados con decisiones políticas.

El 42% de los hogares pasa estrecheces para pagar la luz

Europa Press.- El 92% de los usuarios considera que la liberalización eléctrica solo ha beneficiado a las grandes compañías del sector y el 42% admite pasar estrecheces para pagar el recibo de la luz, según un estudio sobre el sector eléctrico presentado por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu).

Estas estrecheces, entre las que figura por ejemplo la de tener la calefacción más baja de lo necesario, se convierten en graves en el 14% de los casos. Ceaccu calcula por tanto que algo más de 280.000 usuarios sufren carencias severas. Además, el 66% de los encuestados conoce casos tanto de retrasos o impagos en el recibo de la luz con situaciones incluso de tener que pedir ayuda a familiares o amigos para hacer frente al pago de la factura.

Según el estudio, los consumidores no han percibido ni una mejora en los precios ni en la información ni en la calidad del servicio después de la liberalización del sector, pero sí «cuantiosos beneficios para las compañías» que los propios usuarios consideran «inaceptables». El 90% de los usuarios no cree que se pueda hablar de una verdadera libre competencia porque no hay posibilidad de cambio de distribuidora, al tiempo que el 95% entiende que el ahorro medio de un euro al mes en el cambio de comercializadora no justifica este tránsito hacia el mercado libre.

Ceaccu indica que el proceso de liberalización no ha salido «gratis», ya que en los años previos a la liberalización los consumidores españoles «han pagado a las eléctricas alrededor de 12.000 millones de euros para compensar los supuestos perjuicios ocasionados por abrirse a la competencia». En este sentido, el 92% se muestra en desacuerdo con los llamados Costes de Transición a la Competencia, mientras que el 97% rechaza que se haya reconocido un déficit de tarifa, que la asociación de consumidores califica de «deuda irreal«.

Potencia contratada y bono social

Por otro lado, el 90% de los encuestados considera que el aumento del peso de la parte fija de la electricidad perjudica a las familias con necesidad de ahorro. Además, los consumidores no conocen bien el ahorro que pueden obtener disminuyendo la potencia contratada, ya que solo 3 de cada 10 consumidores saben que son 4 euros menos por recibo por cada kilovatio que se reduzca. Las personas de mayor edad y de menor nivel socioeconómico presentan un mayor desconocimiento. El bono social también supone un ahorro desconocido por cerca del 90% de los entrevistados, quienes denuncian no haber recibido información adecuada sobre el mismo.

Para el 92%, el proceso de formación de precios de la luz no resulta ni fiable ni transparente, mientras que el 83% considera que la factura es muy superior a lo que debe costar un servicio básico e imprescindible. El 68% de los encuestados afirma que ha aumentado el esfuerzo económico que tienen que hacer para pagar la luz. Sobre el nuevo recibo de la luz basado en las cotizaciones diarias, el 88% de los encuestados no tiene conocimiento de los cambios que supone y sólo el 5,6% considera que es posible beneficiarse de alguna posibilidad de ahorro, atendiendo a los cambios de cotización de la energía y modificando los hábitos en función de ello.

El PSOE y Podemos hablan del suministro eléctrico como un «derecho» y un «servicio social»

Servimedia / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a establecer, cuando los socialistas lleguen al Gobierno, un «derecho mínimo» de electricidad y de gas a los que destinen más del 10% de su sueldo al recibo de la luz. Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la luz y el agua «tienen que ser servicios sociales». En Castilla-La Mancha, la actual presidenta autonómica y candidata, María Dolores de Cospedal, promete una bajada del 25% en el impuesto autonómico de los carburantes.

En este sentido, el líder socialista afirmó que la lucha contra la pobreza va a ser «el centro de su política social y económica» y en ella estará combatir la llamada pobreza energética. Por ello, Sánchez propone la creación de unos consumidores vulnerables, a los que definió, «como pasa en todos los países de la Unión Europea», como aquellas personas que tengan que destinar más de un 10% de su sueldo al recibo de la luz, que tendrán unos «derechos mínimos» de energía y gas.

«Para todos ellos el PSOE, en cuanto llegue al Gobierno, definirá un derecho mínimo energético de suministro de luz, de gas y de electricidad porque se necesita para poder vivir con dignidad», explicó Sánchez. Esta propuesta la planteó tras criticar la medida del Gobierno que ha hecho subir en esta legislatura en un 60% la parte fija del recibo de la luz. «Consumáis luz o no, tendréis que pagar un 60% más, eso es, sobre todo para las personas con pocos recursos, demoledor», aseguró Sánchez.

Podemos carga contra las compañías

Por su parte, entre las medidas que propone Podemos, Pablo Iglesias ha citado la «desprivatización» de algunos servicios públicos. El secretario general de Podemos reivindica que la luz o el agua no sean mercancías. «Tienen que ser servicios sociales, no puede ser que esas compañías energéticas que se beneficiaron de una falsa liberalización en 1997 tengan el doble de beneficios que en Europa, que sean un oligopolio de capital extranjero, al tiempo que a los ciudadanos de este país se les corta la luz, se les corta el agua o se les corta el gas».

«Un Gobierno patriota no necesita envolverse en banderas, y entiende que la patria es la gente. Y un patriota no consiente que corten la luz, el agua o el gas, porque los ciudadanos no puedan pagar la factura«, subrayó. La ley, indicó, está para cumplirse, «y aquellas compañías que apliquen cláusulas abusivas tendrán que ser sancionadas porque ya está bien de que se sancione a los de abajo», dijo Iglesias.

Rebaja manchega de los carburantes

Como promesa de corte autonómico, la candidata del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y actual presidenta, María Dolores de Cospedal, anunció que se pondrá en marcha una bajada en un 25% del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) y un plan para su paulatina desaparición. Así lo anunció la candidata del PP en un encuentro ante más de 250 empresarios, añadiendo que será al comienzo de esta legislatura cuando comience a funcionar esta nueva medida.

La rebaja del 25% supondrá pasar de pagar 4,8 céntimos por litro de combustible a 3,6 céntimos por litro de combustible una vez que se ponga en marcha esta medida, que se materializará en forma de ley. Una vez se aplique esta reducción y según la marcha de la economía y del precio del petróleo, el Gobierno regional trabajará para que este impuesto desaparezca paulatinamente. Además, se consensuará con todo el sector, según explicó Cospedal.

El número de beneficiarios del bono social de electricidad cayó un 1,3% durante el año pasado

Europa Press.- El número de personas acogidas al bono social de electricidad se situó en 2014 en un promedio de 2,48 millones, lo que supone un descenso del 1,3% con respecto al ejercicio anterior, según refleja el último Boletín de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este descenso se debe a la caída en los consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) en su primera residencia, que es el grupo más mayoritario dentro de los cuatro perfiles de consumidores que pueden disfrutar de la ayuda, y se produce a pesar del fuerte incremento del 31% en las familias con todos los miembros en paro. Además de estos colectivos, el bono social pueden disfrutarlo los pensionistas y las familias numerosas, así como los de la antigua tarifa social anterior a 2009.

Los beneficiaros del primer grupo se redujeron un 3,5%, hasta 1,95 millones, frente al descenso en un 8,1% entre los de la antigua tarifa social, hasta 26.876. Por contra, los pensionistas acogidos a la ayuda llegaron a 289.015, un 2,1% más, y las familias numerosas registraron 163.897 altas, un 14,5% más. En cuanto a los hogares con todos los miembros en paro, aumentaron un 31%, hasta 54.234. El bono social es una ayuda creada en 2009 consistente en la congelación de la tarifa de electricidad para una serie de colectivos vulnerables; supone un 25% de descuento máximo para sus beneficiarios.

Podemos presenta sus primeras medidas en materia energética en su programa electoral del 24-M

Redacción / Agencias.- La formación que lidera Pablo Iglesias da un paso adicional para combinar populismo con desradicalización, a base de medidas tan calculadas como ambiguas en su formulación, que van desde reclamar la consideración del suministro energético como servicio público, fijando un límite máximo de gasto mensual para los hogares del 10 %, con la atracción del votante ecologista y la fijación de ecotasas a empresas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó hoy el programa de partido para las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. En el ámbito energético, las medidas conocidas siguen las principales tendencias, desradicalización de su discurso económico, ambigüedad e inconcreción sobre las medidas y su viabilidad, así como su inclusión en un conjunto de medidas denominadas de rescate ciudadano.

Medidas en Electricidad y gas

Dentro de estas medidas de rescate ciudadano, Podemos manifiesta que los suministros de gas y electricidad han de recuperar el carácter de servicio público, «entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas».

En este sentido, pide no proceder al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos «ajenos a su voluntad» y, en particular, por «pobreza sobrevenida».

Máximo de gasto de electricidad por hogar y Fondo Autonómico contra la Pobreza Energética

Además, «se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar», que no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales del hogar, configurado como un máximo. «El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética» y el consumidor «tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista».

Podemos propone, en este punto, una sanción a las compañías públicas o privadas de suministros en caso de que sus contratos contengan cláusulas abusivas o se detecte falta de transparencia en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

Ecotasas para las empresas eléctricas

Asimismo, aplicará «ecotasas» que graven las actividades contaminantes de las empresas eléctricas. «Lo recaudado se dedicará a actividades con impacto medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética», explica Podemos.

Podemos también creará ’impuestos verdes’ para hipermercados, hoteles e industrias contaminantes.

Energías Renovables y Guerra al «fracking»

El partido encabezado por Pablo Iglesias apuesta por «alcanzar la independencia energética usando prioritariamente energías renovables a largo plazo» y adquiere el «compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica» o ’fracking’, así como de ofrecer ayudas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables y de establecer «un plan ambicioso» de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios públicos. En concreto asegura que declarará las Comunidades Autónomas dónde Gobierne como «zonas libres de fracking»

La protección del medio ambiente: «un aspecto transversal», impuestos verdes y un rescate ecológico y medioambiental

Podemos se compromete a impulsar desde las comunidades autónomas donde gobierne una nueva política tributaria con impuestos medioambientales para industrias contaminantes, hoteles y grandes zonas de venta como los hipermercados, así como para las bolsas de plástico de un solo uso.

Esta fuerza política señala en su programa electoral que la protección del medio ambiente «se convertirá en un aspecto transversal que alcanzará todas las áreas» en el caso de que gobiernen, de manera que sus políticas tendrán en cuenta «criterios de eficiencia y sostenibilidad».

Entre las prioridades en este capítulo, destaca el desarrollo de un Plan de Rescate Ecológico y Ambiental, la lucha y mitigación de los efectos contra el cambio climático, la revisión y el desarrollo de la normativa ambiental, la ordenación del territorio como «política troncal» autonómica, la generación de empleo verde y el impulso a la investigación científica y técnica sobre problemáticas ambientales y formas de producción limpias y seguras.

Podemos declara «susceptibles» de aplicación cinco ’impuestos verdes’: sobre la contaminación atmosférica cuando se superen los límites superiores a los legales, sobre «actividades de alto riesgo ambiental» como las industrias de fabricación de contaminantes, sobre «el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta» mediante el volumen de envases y embalajes generados, sobre los establecimientos turísticos y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.

Transporte público y fomento del uso de la bicicleta

En cuanto al transporte, defiende el impulso de medios de transporte alternativos al coche particular, como el transporte público, el ferrocarril (incrementando la cuota modal de transporte de mercancías hasta alcanzar la media europea), los vehículos eléctricos y la bicicleta.

A este respecto, promete fomentar el uso de la bicicleta asegurando la intermodalidad entre las rutas peatonales y de bicis y las redes de transporte metropolitanas; incrementando la red de itinerarios peatonales, escolares y ciclistas, y elaborando un Plan Estratégico de la Bicicleta que fomentará ejes arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos.