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Viesgo informa sobre el nuevo bono social de electricidad en su web y en cartas a los clientes

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EFE.- Mientras la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critica que con el bono social eléctrico aprobado por el Gobierno de España «se pierde una oportunidad de abordar una reforma en parte del sistema eléctrico», la compañía Viesgo está informando sobre el nuevo bono social que entró en vigor el 10 de octubre en su página web, en las redes sociales y a través de cartas a sus clientes, tanto las que ya son beneficiarios como los que no lo son.

Viesgo ha aclarado que está difundiendo información sobre el nuevo bono social después de que la Plataforma Cantabria por lo Público haya señalado que esa información aún no aparece en la página en internet de la empresa. En su web, Viesgo explica que para acogerse a partir de ahora al bono social se tendrá en cuenta la renta, el número de miembros del hogar, si todos son pensionistas de cuantía mínima o que se den una serie de circunstancias especiales.

La compañía recuerda también que la nueva normativa limita la cantidad de energía que incluye descuento y distingue entre clientes vulnerables y vulnerables severos y qué clientes pueden beneficiarse. También recoge que los que ya son beneficiarios tienen seis meses para renovar el bono si cumplen las condiciones que se exigen. Esta información puede consultarse dentro del apartado Te asesoramos de la web de Viesgo.

Críticas a una oportunidad perdida

Por su parte, el representante de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, Luis Cuena, ha explicado que «parte de la gestión» para determinar quiénes serán los beneficiarios del nuevo bono social de electricidad «se va dejar en manos de las comunidades autónomas«. «Dudamos mucho que los servicios sociales, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en Cantabria en este caso, tenga capacidad técnica de poder abordar este asunto«, aseguró Cuena, que añadió que el ICASS «ha demostrado una incapacidad absoluta con gestiones más sencillas, promovidas y alentadas desde el propio Gobierno regional».

Ha apuntado también que el nuevo bono social, desarrollado por un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre, incluye «ciertas mejoras» respecto al que se ha aplicado hasta ahora. Una de ellas, en su opinión, es que las compañías comercializadoras que tienen capacidad para ofrecer la tarifa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) estén obligadas a comunicárselo a los consumidores, así como que es necesario acogerse a esta tarifa para poder optar al bono social.

El representante de la plataforma ha alabado también que uno de los criterios seguidos para determinar los beneficiarios del bono social sea la renta. Sin embargo, ha lamentado que todas las familias numerosas se consideren consumidores vulnerables, «independientemente de la renta». «Hay familias numerosas con renta alta que se quedan dentro y no nos parece bien«, ha reiterado. La condición de consumidor vulnerable severo sí «introduce» el elemento de la renta para las familias numerosas.

En cuanto a la financiación, Cuena ha asegurado que el coste del bono social «se mete» dentro de los costes fijos del recibo de la luz de todos los usuarios, «incluso de los que tengan bono social«. «Entendemos que una parte de la tarifa fija, de la parte que se paga por conceptos fijos, tendría que ir claramente a expensas de los Presupuestos Generales del Estado», indicó Cuena, que considera que «tampoco tiene sentido» que esa «contribución» se haga por cliente y no según la potencia contratada por cada consumidor.

Por último, ha criticado que se aplique el 21% de IVA a las tarifas que se beneficien del bono social. «Tendrían que llevar como mucho el 10% que lleva el agua ya que esto es otro servicio público», y alcanzar el 4% en los «casos más vulnerables», indicó Cuena. «No tiene sentido gravar un servicio que se va a bonificar«, sentenció. Además, ha asegurado que el Gobierno central estima que se van a beneficiar «alrededor de 2,5 millones» de personas en España, «un número similar al actual», aunque «el propio Gobierno entiende que el 45% de los potenciales beneficiarios del bono se van a quedar sin él por no solicitarlo».

UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

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Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona explican en el Parlamento del País Vasco los pasos para constituir un operador energético municipal

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EFE.- El concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y el responsable del Servicio de Energía Verde, Joël Dozzi, comparecieron en el Parlamento autonómico del País Vasco para explicar los trabajos realizados por el Ayuntamiento de Pamplona para la creación de un operador energético municipal. Su comparecencia se enmarca en el debate del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, según indicó el Consistorio pamplonés.

La charla se centró en aspectos como la posibilidad de gestionar de forma directa todo el gasto energético municipal o el hecho de facilitar la implementación de medidas de eficiencia energética de manera directa. En este sentido, según indicaron, se incidiría en una reducción de la factura energética del propio Ayuntamiento ya que, con el actual sistema, esas reducciones de consumo repercuten sobre todo en la empresa adjudicataria. Un operador energético municipal permitiría, además, atender directamente a las personas en situación de pobreza energética, aseveraron.

Uno de los ejes de la comparecencia fue la conexión entre la pobreza energética y la sostenibilidad energética a nivel municipal, ya que la primera de ellas está ausente en la redacción del actual proyecto. Asimismo, los representantes del Ayuntamiento pamplonés abordaron una dimensión más estratégica de la ciudad en materia energética, con el empoderamiento de los municipios y la ciudadanía en el campo de la energía, así como la generación local de energías renovables.

El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social de la electricidad

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social eléctrico, que cuenta ya con informe del Consejo de Estado y la Comisión Europea y está pendiente únicamente del de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estará dentro de «muy poquito«, según confirmó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recordó que el bono social salió adelante mediante un decreto ley hace meses, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.

La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como explicó Nadal, en el ámbito energético son «muy largos», toda vez que requieren diferentes informes. En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará «en muy poquito». Y cuando esté, según expuso el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su «inmediata» aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la CNMC, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde «en muy pocas semanas».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Iberdrola firma un convenio con la ONG Accem para proteger el suministro energético de los clientes en situación de vulnerabilidad

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Europa Press.- Iberdrola se compromete a no cortar el suministro de luz o gas por impago a los clientes en situación de vulnerabilidad detectados por Accem Madrid, tal y como se comprometió en este acuerdo entre las dos instituciones. El convenio también insta a asegurar el inmediato restablecimiento del suministro en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión.

La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, residentes en la Comunidad de Madrid y puedan, previa valoración técnica del personal profesional de Accem, ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social. En el marco de este convenio, vigente por un año prorrogable, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro energético a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica por parte de esta institución humanitaria.

Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios de estas ayudas y a Accem el asesoramiento en materia de eficiencia energética, la información y la formación que precisen. Las dos instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del convenio para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad, a la que aportarán dos miembros cada una. Iberdrola ha destacado que ya protege al 100% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura en el marco de los 52 convenios sellados con administraciones públicas, ONG y asociaciones o del procedimiento propio para la protección a clientes vulnerables.

Padecer pobreza energética en la Barcelona de Ada Colau servirá para no pagar la tasa de alcantarillado

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Europa Press.- El pleno de Barcelona ha aprobado de forma provisional por unanimidad modificar la tasa de alcantarillado para que las personas afectadas por pobreza energética queden exentas de pagarla, por la que unos 7.476 hogares, 18.690 personas, pagarán entre 10 y 15 euros menos al año.

También se ha modificado la tasa de estacionamiento regulado para aplicar un recargo de 2 euros la hora en las áreas verde y azul para no residentes durante episodios de contaminación, de los que se registran entre 2 y 3 cada año, medida de la que quedarán exentos los vehículos ecológicos y de 0 emisiones. La medida ha contado en el pleno con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y han votado en contra Cs y PP.

Por unanimidad, también prosperó adaptar las bonificaciones del impuesto de vehículos a las nuevas etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas modificaciones, junto a la de la tasa de alcantarillado, se han aprobado provisionalmente y pasarán ahora a un periodo de información pública de 30 días, tras lo que los cambios quedarán aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que se trata de medidas concretas y necesarias, aunque el Gobierno municipal aspira a alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las Ordenanzas Fiscales para 2018 para avanzar hacia una fiscalidad más progresiva desde el punto social y ambiental.

Sònia Recasens (PDeCAT) ha criticado que se trata de medidas aisladas que demuestran el fracaso en política fiscal del Gobierno municipal, mientras que la líder municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, ha dicho que estas son políticas de propaganda y que la modificación de la tasa de alcantarillado «instrumentaliza la pobreza energética«. El portavoz Jordi Coronas (ERC) ha pedido que al Gobierno de Ada Colau que tenga una actitud abierta y dialogante para negociar las Ordenazas Fiscales para el próximo año.

Cuba y Haití mejoran su formación sobre las energías renovables gracias al proyecto RENet que lidera la Universidad Carlos III

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Europa Press.- El proyecto de cooperación internacional RENet (Renewable Energies Education Network), que lidera la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha llegado a su fin tras casi 4 años de trabajo, en el que se han fortalecido los sistemas de enseñanza superior de Cuba y Haití en el ámbito de las energías renovables, cumpliendo un 70% de los objetivos inicialmente propuestos.

La iniciativa se configura como una red de cooperación triangular en torno a varias líneas de trabajo. Por un lado, la creación de un postgrado en energías renovables, así como la formación teórico-práctica a través de cursos, talleres e intercambios de investigadores entre las universidades socias. Por otra parte, el proyecto contempla la dotación de las infraestructuras necesarias para dicha formación en los centros correspondientes (Aula de Energías Renovables o una Unidad de Investigación y Tecnologías Alternativas) y, por último, la creación de redes académicas, de investigación y con la sociedad civil, con una proyección a futuro suficiente como para garantizar su sostenibilidad, expansibilidad y visibilidad en los próximos años.

RENet es una iniciativa que se desarrolla en el marco del objetivo 7 de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que persigue promover el acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las energías renovables resultan determinantes para la reducción de la pobreza, posibilitar el acceso a servicios básicos e impulsar el crecimiento económico en dos países tradicionalmente lastrados por la dependencia de los recursos energéticos importados y la escasa implantación de las tecnologías de fuentes de energía renovable.

Por ejemplo, en Cuba, aunque el 96% de la población tiene acceso a la electricidad, este porcentaje se reduce al 81% en zonas rurales, mientras que en las zonas montañosas más remotas, el acceso a este servicio es aún deficiente. Por otra parte, el 90% de la producción eléctrica proviene de energías fósiles importadas y sólo el 5% proviene de energías limpias (hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y biomasa). La cobertura de electricidad en Haití, por su parte, es la más baja en la región de América Latina y el Caribe, del 36%, lo que supone que casi 7 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Además de la UC3M, colaboraron organizaciones sociales como Energía sin Fronteras (ESF) o Cubasolar.

La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas se alían para «luchar contra la vulnerabilidad energética»

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Europa Press.- La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas han firmado un acuerdo para asesorar a los colectivos afectados por la pobreza energética e impulsar la mejora de la eficiencia energética de los hogares más vulnerables. El acuerdo, que establece distintas líneas de acción relacionadas con hábitos de consumo y eficiencia, ha sido suscrito por el director general de comunicación y relaciones institucionales de Gas Natural Fenosa, Jordi García; el director general de la Fundación de la entidad, Martí Solà, y el presidente de Cáritas, Manuel Bretón.

Esta iniciativa también prevé realizar intervenciones en viviendas para reducir el consumo energético, así como mejorar la instalación eléctrica de los domicilios, el aislamiento de los edificios, la climatización y cerramientos de las viviendas. «En este acuerdo también será muy importante la participación de los empleados de Gas Natural Fenosa, a través del voluntariado corporativo que ha impulsado la compañía para ayudar a las familias vulnerables, y que se enmarca dentro del Plan de Vulnerabilidad Energética», ha señalado Jordi García.

Además, con este acuerdo, la Fundación Gas Natural Fenosa pone a disposición de Cáritas su escuela de energía y su teléfono gratuito 900444000 de atención a entidades del tercer sector, en el que se podrán realizar consultas sobre gestiones y trámites para la obtención del bono social, la certificación de vulnerabilidad o títulos equivalentes para colectivos vulnerables. El Plan de Vulnerabilidad Energética de la compañía es el primero desarrollado por una energética española y contempla más de 20 medidas, que tienen como objetivo reforzar y sistematizar la gestión de los clientes vulnerables y fortalecer la colaboración con las entidades del tercer sector y la comunicación con los servicios sociales. En total, supone una inversión de 4,5 millones de euros anuales.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

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Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.