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La Unión Europea fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para 2030 con posible revisión al alza en 2023

Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron un acuerdo para fijar un objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030, así como para introducir una cláusula de revisión al alza en 2023, para cumplir el acuerdo de París. Además, los negociadores han llegado a un segundo acuerdo para establecer los mecanismos de trabajo para la Unión de la Energía y crear un marco en el que los Estados miembro puedan operar y cumplir con los objetivos europeos.

Este acuerdo provisional obliga a los países a incrementar su ahorro energético un 0,8% anual durante el periodo 2021-2030, lo que «podría impulsar la renovación de edificios y el uso de tecnologías más eficientes» para la climatización. Además, cada Estado miembro deberá presentar cada 10 años un «plan nacional integral de energía y clima» para avanzar en esa transición energética e introduce «flexibilidad» para respetar las «especificidades nacionales», según la Comisión Europea. El informe incluirá objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para cada una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía: descarbonización, eficiencia energética, seguridad, mercado interior e investigación, innovación y competitividad.

El plazo de entrega del primer plan es el 31 de diciembre de 2019 y la primera fase de los planes cubrirá hasta 2030, teniendo en cuenta también la perspectiva a largo plazo que determinará su visión política hasta 2050. Para cumplir con los objetivos, el acuerdo pide a los gobiernos nacionales que utilicen todos los instrumentos de cooperación regional.

Además, por primera vez se introduce la obligación de que los países destinen una parte de la eficiencia energética a ayudar a los clientes vulnerables, como aquellos afectados por la pobreza energética. Por tanto, los planes nacionales deberán incluir un recuento del número de hogares que la sufren y, si es una cifra significativa, medidas y políticas sociales para reducirla.

La Comisión será la encargada de evaluar estos planes energéticos y climáticos y hacer recomendaciones o adoptar medidas para enmendar los problemas si considera que el país no ha hecho suficientes progresos. Según el vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, esta nueva gobernanza «reforzará la transparencia para beneficio de todos los actores e inversores. Simplificará la monitorización y notificación de las obligaciones bajo la Unión de la Energía, priorizando la calidad sobre la cantidad».

Paquete europeo de transición energética

Este acuerdo, alcanzado tras una larga negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, el llamado trílogo, llega después del que fija un objetivo vinculante de 32% en el uso de energías renovables para 2030. También hay un objetivo de reducción de emisiones de gases contaminantes. En el marco del acuerdo de París, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes al 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990.

«Después de pactar sobre las energías renovables, este acuerdo es otro gran logro en nuestra transición hacia la energía limpia», ha señalado el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. «Europa es la mayor importadora de energías fósiles en el mundo. Ponemos fin a esto. Nuevo objetivo de eficiencia energética para 2030», destacó en Twitter. Estos acuerdos provisionales deberán ahora ser refrendados por el Pleno del Parlamento Europeo y por los ministros de los Estados miembro.

La organización ecologista WWF se mostró escéptica ante el acuerdo, que considera insuficiente, aunque celebra que «finalmente la Unión Europea está despertando ante el reto del cambio climático», expresó la responsable de Cambio Climático y Energía de la ONG, Imke Lübbeke. Desde Los Verdes europeos, el eurodiputado húngaro Benedek Jávor, portavoz energético, consideró que las medidas «no son suficientes para cumplir los compromisos» de París pero celebró que «pese a la falta de ambición de los gobiernos nacionales» se ha logrado el objetivo de reducción del 32,5%, por debajo de la meta inicial del Parlamento Europeo pero superior a la propuesta de la Comisión Europea.

Según Jávor, esto «abre la oportunidad a la creación de miles de puestos de trabajo en torno a la economía verde, oportunidades muy necesarias en gran parte de Europa». También reaccionaron al pacto los socialistas europeos, que consideraron que es «un buen acuerdo por los ciudadanos, que generará importantes reducciones en el consumo de energía, reduciendo así las facturas y mejorando la salud y el bienestar, y ayudando a combatir la pobreza energética«, defendió el eurodiputado del grupo Miroslav Poche.

Los ministros del G20 destacan la necesidad de erradicar la pobreza energética

EFE.– Los ministros de Energía de los países que integran el G20 reafirmaron su compromiso de promover el acceso universal a la energía, con especial énfasis en la necesidad de erradicar la pobreza energética.

«Reconocemos que la energía está en el corazón del crecimiento económico y el desarrollo sostenible«, señalan los ministros de los Estados en el extenso documento final resultante de las sesiones plenarias.

El debate, celebrado en Argentina por ostentar en 2018 la presidencia anual del Grupo, estuvo centrado en el tratamiento de políticas públicas que impulsen las transiciones hacia sistemas energéticos más flexibles, transparentes y limpios.

Al respecto, los asistentes reafirmaron sus «compromisos para promover el acceso universal a la energía», haciendo especial énfasis en la necesidad de «erradicar la pobreza energética y garantizar la igualdad de género en toda la cadena de valor«.

«Fomentar la cooperación en el acceso a la energía en áreas remotas y afectadas por un desastre es particularmente importante. También reconocemos la necesidad de brindar acceso a las personas desplazadas», añade el texto difundido.

Además, se aboga por el acceso a los «servicios de energía modernos» y las instalaciones de cocina limpias como «uno de los requisitos previos para el desarrollo social y económico».

Se destaca el «Plan de acción voluntario de acceso y asequibilidad energética para América Latina y el Caribe», presentado por la Presidencia argentina del G20, que hace hincapié en la necesidad de abordar los costes de los servicios de energía y los problemas de accesibilidad, además de los desafíos de acceso.

«Exploraremos formas de seguir avanzando en el acceso a la energía, incluso a través de la implementación mejorada de los planes regionales del G20 y el aumento del financiamiento internacional para el acceso, en particular para aquellos países que tienen recursos financieros limitados«, concluyen los ministros.

Se trató también la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, la transparencia de la información energética y la digitalización de los mercados energéticos.

En el encuentro participaron los 20 países que integran el grupo, además de España, como invitado permanente y Países Bajos y Chile, así como representantes de diversos organismos internacionales.

El Ayuntamiento de Valverde de El Hierro y Endesa abordan el bono social destinado a consumidores vulnerables

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valverde, Oihana Reyes, se ha reunido con el director comercial de Endesa, José Lucendo, y la responsable territorial de Atención al Cliente de la empresa eléctrica, Lidia Quintana Déniz, para abordar cuestiones relacionadas con la concesión del bono social destinado a hogares vulnerables.

Durante la reunión, se trataron diversas cuestiones en los que se incluyó el bono social (descuento de la luz regulado por el Gobierno y que persigue proteger a los hogares considerados vulnerables) y al respecto Reyes expresó que el Ayuntamiento de Valverde orienta a los vecinos y se encarga de la tramitación de las ayudas.

En este sentido, tras la reunión se concretó que, próximamente, habrá una jornada de formación dirigidas a los responsables de las áreas de Servicios Sociales de las administraciones, con el fin de estar al tanto de las novedades en esta materia.

Cruz Roja y Gas Natural Fenosa combaten la pobreza energética en los hogares proporcionando al consumidor vulnerable estrategias para ahorrar

EFE.- Cruz Roja y la Fundación Gas Natural Fenosa han iniciado un proyecto para luchar contra la pobreza energética de hogares en riesgo o en situación de extrema vulnerabilidad, que pretende proporcionar a las familias estrategias concretas de ahorro económico en sus facturas para que puedan invertir ese gasto en otras esferas de la economía doméstica.

Según Cruz Roja, los formadores de la Escuela de Energía de Gas Natural Fenosa imparten talleres a 119 familias con residencia en la ciudad de Valencia, para que aprendan a entender las facturas de gas y electricidad, además de ofrecer consejos para «minimizar las pérdidas de energía y conseguir una disminución en el importe de las mismas». El proyecto también incluye la entrega de kits de microeficiencia energética, que contienen artículos como bombillas LED, burletes de ventanas y puertas, bases múltiples con interruptor y películas transparentes aislantes para las ventanas.

Entre las medidas a desarrollar, Cruz Roja auditará los hogares de 4 familias para aplicar medidas correctoras que faciliten el aislamiento del hogar y, de esta forma, reducir las pérdidas de calor, «aumentando así la confortabilidad y la sostenibilidad del hogar«, como señala la entidad. En el proyecto participan personas voluntarias de la Fundación Gas Natural Fenosa y del área de Medio Ambiente de Cruz Roja, y colaboran tanto personal técnico de Medio Ambiente como trabajadoras sociales que atienden de forma habitual a las familias.

“Se necesita una mayor colaboración”

El presidente provincial de Cruz Roja en Valencia, Rafael Gandía, ha señalado la voluntad de la organización de ampliar el alcance de las ayudas a 520 familias. Para ello, necesitan «que se sumen nuevas empresas y entidades» para colaborar en el «Llamamiento contra la pobreza energética». La organización humanitaria desarrolla diversas medidas en la provincia de Valencia con personas en situación de extrema vulnerabilidad, entre las que se hallan las ayudas para el pago de facturas de luz, agua o gas; y durante 2017 y 2018 ha proporcionado más de 2.360 ayudas con las que ha beneficiado a 973 familias.

También ha efectuado labores de concienciación y adquisición de competencias sobre ahorro energético con las familias, a las que se les ha repartido 120 kits para disminuir su consumo energético. Por otra parte, Cruz Roja Juventud destaca las propuestas basadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número once, que cuenta con el lema Ciudad, dulce hogar y que se basa en la construcción de ciudades sostenibles. Por ello, se realizarán labores de concienciación en La Pobla de Vallbona, Torrent, Valencia, Camp de Morvedre y Gandía, así como la limpieza colectiva de entornos urbanos de Requena.

La Universidad de La Laguna concluye en un estudio que la pobreza energética en Canarias es inferior a la española

EFE. – Canarias supera a la media española en pobreza y en pobreza severa, y sin embargo se sitúa ligeramente por debajo en pobreza energética gracias a sus circunstancias geoclimáticas, aunque con tendencia a converger, según un estudio realizado en la Universidad de La Laguna.

«En España hay personas no pobres que son pobres energéticamente; en Canarias hay personas pobres que no son pobres energéticamente», ha explicado Francisco Javier Ramos Real, catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna y coordinador del estudio «La pobreza energética en Canarias«, encargado por el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago Rodríguez.

Esto se debe a que el consumo de energía por hogar en Canarias es el 60% de la media española, por las menores necesidades de climatización, dijo Ramos Real en la presentación del estudio. 

El equipo que ha realizado el estudio ha creado su propio indicador, denominado IPEC, para medir la pobreza energética, ante la falta de una definición común, y está basado en los ingresos de los hogares (por debajo del 60% de la mediana nacional) y el porcentaje de la renta que dedican al gasto energético (superior a la mediana nacional o al 10% de los ingresos). El IPEC indica que en Canarias un 11,43% de los hogares sufría pobreza energética en 2016, frente al 12,48% del conjunto de España.

El estudio considera que el perfil de los hogares más vulnerables en pobreza energética en Canarias es más heterogéneo que en el conjunto del país y el riesgo aumenta en las familias donde los progenitores tienen menos estudios, están en paro, tienen menores dependientes, son mujeres o tienen altas cargas hipotecarias.

El equipo redactor insta al Gobierno de Canarias a diseñar «una estrategia integral, sistemática y coordinada» contra la pobreza energética, que involucre el ámbito social, energético, ambiental o de rehabilitación.

El informe incide además en la necesidad de mejorar la eficiencia energética en los hogares, donde hay un gran potencial de mejora, así como en la necesidad de promover campañas de sensibilización y educación ciudadana en el uso de la energía. 

Así, la definición que se propone de pobreza energética es la «incapacidad o dificultad de los hogares de acceder a otros servicios energéticos esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a un precio justo y atendiendo a sus niveles de ingresos».

El Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar el nuevo bono social tras las críticas de Facua a su gestión

Europa Press / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha criticado la «nefasta» regulación del bono social eléctrico, al que sólo ha accedido el 13% de los hogares estimados inicialmente, lo que ha achacado a que las actuales condiciones son «mucho más estrictas» y su tramitación «compleja». En este sentido, el Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar y dar a conocer el nuevo bono social entre todos los potenciales beneficiarios, después de que se haya ampliado en 6 meses, hasta octubre, el plazo para acogerse.

Fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el que señaló que el Ministerio «va a lanzar campañas informativas, así como a reforzar la página web» para potenciar la comunicación del nuevo bono social y el mecanismo para adherirse. Navia subrayó que es necesario «hacer un esfuerzo entre todos», implicando a Gobierno, eléctricas, comunidades autónomas y servicios sociales, para conseguir «el objetivo de que la gente conozca el nuevo mecanismo«. El Gobierno aprobó en octubre el nuevo mecanismo del bono social, por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura.

El plazo para adherirse expiraba el pasado 10 de abril, aunque el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prorrogó durante 6 meses más el plazo, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo bono social. Con esta prórroga de 6 meses, los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social según su nivel de renta y circunstancias personales.

Facua critica la «nefasta» gestión

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción indicó que el Ejecutivo ha aceptado hasta el momento 319.000 solicitudes del bono social de electricidad, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas, pese a que el Ministerio de Energía aseguró que 2,5 millones se acogerían a esta medida. «Del anterior bono social, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se beneficiaron 2,3 millones de usuarios», recuerda Facua, que considera que el Ejecutivo central «sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico».

La asociación insta al Ministerio a que “solvente cuanto antes la alarmante falta de información sobre el bono social eléctrico, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas. Exige, además, que se eliminen urgentemente «las numerosas trabas que existen en torno a su solicitud, que lleva a muchos potenciales beneficiarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento en el recibo de la luz».

Por debajo de 3 kilovatios

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, subraya que las actuales condiciones para acceder al nuevo bono social eléctrico «son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse al bono». La asociación cree que la caída en el número de solicitudes del bono social está también relacionada con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Facua considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas a su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación automáticamente y, en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

Los municipios más poblados de Canarias piden una «ventanilla única” para facilitar el acceso al bono social de la electricidad

EFE.- Los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro con mayor población de Canarias, han solicitado la creación de una “ventanilla única” que, desde las compañías eléctricas, facilite su tramitación a las personas susceptibles de ser beneficiarias del nuevo bono social eléctrico. Asimismo, los ayuntamientos han expresado las dificultades para asumir la carga de trabajo y financiación derivada de esta cuestión.

Asimismo, los 4 ayuntamientos han explicado que solicitarán a las compañías eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono que supone un descuento de hasta un 40% en su factura de luz. El objetivo es evitar que los consumidores domésticos tengan que realizar «una peregrinación» por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias. Asimismo, han pedido que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.

Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son, además, las localidades con mayor número de usuarios de los servicios sociales, con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales, según indicó el Consistorio de Telde. Por ello, los cambios derivados del real decreto del bono social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social. Se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas reside en estos municipios, ha subrayado el Ayuntamiento.

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad e insiste en cuestionar los proyectos gasistas en Doñana

EFE.- El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base «indispensable» de derechos fundamentales y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen los alimentos básicos.

El Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte en el incendio de su vivienda de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas puso de manifiesto «las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo». A juicio del Defensor del Pueblo, «la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales» y «su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo».

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido «un diseño técnicamente defectuoso«, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema «a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan».

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando «para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado», por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de costes.

Recuerda, asimismo, que la electricidad está gravada con un IVA del 21% y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, «a pesar de ser un bien esencial para la vida», y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad. El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar en las viviendas sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión. Además, insta a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y al Ministerio de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

Revisar impacto ambiental en Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada «en muchas ocasiones» por las administraciones públicas, aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente «puede ser muy significativa«. Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales constata también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

El Defensor destaca como «caso paradigmático» el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada «no es concluyente» por lo que ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero. Además, solicita al Ministerio de Energía que suspenda los trabajos de Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.

EDP impulsará entre sus clientes la renovación del bono social con información sobre los nuevos requisitos y la documentación necesaria

EFE.- El grupo energético EDP impulsará las renovaciones del bono social entre sus clientes, a los que informará, de forma proactiva y por carta certificada, de los requisitos del nuevo modelo y de la documentación necesaria para solicitarlo. Tras un periodo transitorio de 6 meses, la normativa establece que a partir del próximo 10 de abril sólo se mantendrá el nuevo modelo de bono social para el suministro de energía eléctrica.

La nueva norma, en vigor desde octubre, consiste en un descuento sobre la tarifa regulada PVPC para aquellos clientes que tienen la condición de vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. En este periodo de transición, el 11% de los clientes de EDP acogidos al bono social han renovado esta situación, concretamente poco más de 6.000 de unos 56.000. Hay, además, otro 5% de solicitudes de renovación pendientes de validación en la plataforma del Ministerio de Energía.

Para favorecer las renovaciones, EDP ha puesto en marcha una campaña entre sus clientes acogidos al antiguo modelo de bono social. La compañía les está enviando una carta certificada con toda la información, así como el formulario de solicitud y un sobre con franqueo pagado para que envíen la documentación. Los clientes pueden enviar la documentación por correo electrónico o postal, a través de la web www.edpenergia.es o presentándola en una de las oficinas de atención al cliente de EDP.