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Colectivos de Nomascortesdeluz.org lamentan que el acuerdo entre Gobierno y PSOE no impida los cortes de luz este invierno

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EFE / Europa Press.- Colectivos sociales, integrados en la plataforma NoMásCortesDeLuz.org, consideran que el decreto ley aprobado por el Gobierno para reformar la ley del sector eléctrico y prohibir los cortes de luz a los consumidores “extremadamente vulnerables” es insuficiente porque «no es de aplicación inmediata» y por tanto no va a ayudar a las familias durante este invierno. El decreto deberá ser convalidado por el Parlamento en un mes.

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, impedir el corte de luz a cualquier familia debe ser algo instantáneo, y una vez que pase el invierno, se analiza caso a caso para determinar si realmente estos hogares se pueden acoger a la medida de protección. «Hay muertes por pobreza energética y durante la etapa invernal es precisamente cuando hay más problemas», indicó Sánchez, que lamentó que «un Gobierno con capacidad de aprobar un decreto ley por el que se prohíba de inmediato esos cortes no lo haga, salvo que se quiera dar una moratoria a las eléctricas para que sigan cometiendo gravísimos abusos». «Este acuerdo entre Gobierno y PSOE es insuficiente y es una nueva tomadura de pelo», sentenció Sánchez.

Para Facua, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos «busca más la foto que soluciones a la pobreza energética». Sánchez señaló que el acuerdo representa una «absoluta falta de sensibilidad» en la actual coyuntura en que ha empezado el invierno. Así, considera que «no hay ninguna excusa regulatoria» para proteger definitivamente a los consumidores vulnerables, tal y lo reconoce la directiva europea de 2009. De esta manera, Sánchez pidió separar el debate de los distintos perfiles de consumidores vulnerables y consideró necesario aprobar una norma que dé solución a la pobreza energética en el actual marco de la llegada del invierno.

Cambios regulatorios sin efectos inmediatos

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano considera que «se ha perdido una oportunidad de legislar a nivel estatal el principio de precaución» en la ley del sector eléctrico. «Solo se ha introducido una frase, que es la de que no se va a cortar la luz a familias con vulnerabilidad severa, pero ni se define que es la vulnerabilidad severa ni cómo se van a evitar esos cortes de suministro y el procedimiento para evitar esos cortes de luz es importantísimo», indicó.

Para la alianza, este acuerdo «es un parche que no va a servir para nada» y «lo que se ha hecho es hacerse una foto». «Se ha perdido una oportunidad de hacer una propuesta real de acabar con la pobreza energética, no solo evitando los cortes de luz, sino también reformando el bono social y empezar a hablar de una verdadera tarifa social». Para la Alianza contra la Pobreza Energética esa tarifa social debe ser financiada «por las empresa del oligopolio» y ha lamentado que el pacto vaya a recaer sólo sobre las comercializadoras en función del número de clientes, dejando fuera a las distribuidoras.

También Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha defendido que se aprueben tarifas sociales y «que se pague en función de la capacidad económica». El acuerdo, para la PAH, «es un parche» a un problema al que se debería haber buscado «soluciones reales y globales». «Hay que definir los baremos de vulnerabilidad y los procedimientos para parar los cortes y este acuerdo político dice que ha de ser regulado a posteriori; es papel mojado incluir ese concepto en la ley energética porque no supone la paralización de los cortes».

Un juzgado suspende cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética

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Europa Press.- El Juzgado contencioso administrativo 2 de Barcelona ha suspendido cautelarmente el protocolo para la aplicación de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética aprobada en el Parlament de Cataluña porque en su articulado recoge medidas que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En un auto de este jueves, el juzgado contencioso ha admitido un recurso de Endesa en el que considera que el protocolo obliga a las suministradoras a mantener el servicio en caso de que el cliente esté en riesgo de exclusión, cuando esta obligación no se incluye en la ley y en todo caso fue considerada inconstitucional.

El juzgado considera que, pese a que la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat asegura que el protocolo solo es vinculante para las partes que lo firman y busca facilitar a los servicios sociales y de intervención una herramienta de trabajo, en realidad lo que se pretende «es que sea de obligado cumplimiento para las empresas».

Para el tribunal, «la imposibilidad de que se corte el suministro establecida por el protocolo supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas, de ahí que ese coste deberá compensarse para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico».

Por eso, el juzgado considera que esa compensación puede comportar que los demás usuarios, incluidos los de fuera de Cataluña, «puedan ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes del sistema derivados de la aplicación del protocolo».

Para el tribunal, el protocolo «supone una quiebra del principio constitucional de seguridad jurídica», lo que justifica la adopción de la medida cautelar de suspensión, además de que obliga a la Agencia Catalana del Consumo a publicar en su web esta decisión.

Así, recuerda que el TC ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 6 y 7 del artículo 252.4 del Código de Consumo de Cataluña, en las que se establecen obligaciones similares para las compañías suministradoras que las que se recogen en el protocolo.

Para el juzgado, si una norma, con rango de ley, que contiene previsiones similares a las que se incluyen en el protocolo, ha sido suspendida por el Constitucional, los criterios tenidos en cuenta por el Alto Tribunal «son perfectamente trasladables» al caso actual.

Recurso

En su recurso contencioso, Endesa justificaba la petición de suspensión cautelar porque con el protocolo se está estableciendo «ex novo» la obligación de las empresas suministradoras de mantener el suministro a personas que estén en un supuesto de riesgo de exclusión residencial, cuando esa previsión no se incluye en la Ley 24/2015, y por vulnerarse las competencias del Estado.

Alegan que aplicar esta medida puede suponer vulnerar competencias del Estado, afectar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico, con el quebranto del principio de igualdad entre los españoles, que podrían ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes de la eléctrica.

La Generalitat se opuso a la suspensión alegando que el artículo 6 de la ley no había sido impugnado y que no es el protocolo el que obligará a las eléctricas a no poder cortar el suministro, y aseguró que el protocolo solo es una guía para facilitar a los agentes implicados la aplicación de la normativa vigente, lo que podría resultar un acto inimpugnable.

Endesa reclama una regulación «completa» contra la pobreza energética y se muestra abierta a soluciones

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Europa Press.-Endesa considera que las medidas para hacer frente a la pobreza energética deben regularse de forma «completa» y expresa su disposición a encontrar soluciones de la mano de las administraciones públicas, según fuentes de la compañía consultadas por Europa Press.

«Endesa está plenamente convencida de la necesidad de afrontar el problema de la pobreza energética y profundamente comprometida en la búsqueda de soluciones para intentar erradicarla», afirman las fuentes de la empresa.

La eléctrica reacciona de esta forma a la decisión del Juzgado contencioso administrativo 2 de Barcelona de suspender de forma cautelar el protocolo que desarrolla la Ley 24/2015 de Cataluña contra la pobreza energética. La suspensión se debe a que el Tribunal Constitucional ha suspendido a su vez varios artículos de esta ley.

Endesa considera que los 157 convenios suscritos por la empresa con distintas administraciones públicas y la propuesta que hizo en marzo sobre pobreza energética son prueba «evidente» de su compromiso con la búsqueda de soluciones a este problema.

«Seguimos y seguiremos abiertos y comprometidos en la búsqueda de soluciones, siempre de la mano de las administraciones públicas», indica, antes de considerar que la aplicación de estas soluciones debe hacerse «de manera coherente, ordenada, y ajustada a Derecho, y a través de normas y procedimientos claros, eficaces y basados en criterios de seguridad jurídica».

Endesa, que asegura que «la sentencia de hoy confirma esta posición», indica que está aplicando lo dispuesto en la Ley 24/2015 en la forma directamente establecida por la Ley, «como hace absolutamente siempre».

Además, sostiene que «las medidas sobre la denominada pobreza energética deben regularse de forma completa, incluyendo el régimen de financiación de la misma, que debe dar a los poderes públicos el papel que les corresponde».

Por último, se muestra «siempre dispuesta a trabajar de manera conjunta con las administraciones públicas para buscar las mejores soluciones para alcanzar el objetivo común de acabar con la pobreza energética».

Cientos de personas claman en Madrid contra la pobreza energética mientras Podemos califica de “chanchullo” el pacto PP-PSOE

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Redacción / Agencias.- Cientos de personas se han manifestado en Madrid para exigir el fin de las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas, la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y para pedir la creación de una «tarifa social» destinada a los más desfavorecidos. Convocados por la plataforma #NoMásCortesDeLuz, que conforma cerca de treinta organizaciones, la protesta ha tenido lugar está tarde desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, a lo largo de la madrileña calle Alcalá y vigilada en todo momento por un dispositivo policial.

La movilización de Madrid, bajo el lema «No más cortes de luz. Basta ya de abusos con la factura de la luz», ha sido sólo una de las protestas que durante todo el día se han celebrado en un gran número de ciudades españolas. Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son otras de las ciudades que han acogido una protesta similar a la de la capital.

Además de lo ya citado, los participantes han exigido la devolución, por parte de las eléctricas, de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. A lo largo de la manifestación se han podido oír consignas como «La pobreza energética mata», «Ni gente sin casa ni casas sin luz», «Las eléctricas roban y matan» o «Esto es un atraco». Además, algunos asistentes portaban velas y pitos.

También han acudido representaciones de los partidos políticos del PSOE, Equo, Izquierda Unida y Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, ha sido uno de los asistentes a esta protesta. No han faltado los carteles, en los que se podían leer frases como «No son muertes, son asesinatos» o «Exministros son enchufados en eléctricas».

Además de las manifestaciones, los convocantes habían llamado a hacer un «apagón», tal y como han hecho los principales edificios públicos de Sevilla, y los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Granada entre otros.

«Chanchullo» el acuerdo «secreto» PP-PSOE

Por su parte, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, tachó de «chanchullo» el acuerdo «secreto» alcanzado entre el PP y el PSOE para prohibir los cortes de suministro eléctrico a las familias más vulnerables, y ha llamado a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas este miércoles para exigir medidas contra la pobreza energética.

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con las organizaciones de la Alianza contra la pobreza energética, Mayoral ha denunciado que el «pacto secreto» de PP y PSOE es un «chanchullo» entre dos partidos que «da la espalda al Parlamento», que ya aprobó por mayoría una moción de Podemos. Mayoral ha criticado que el Gobierno haya «dado la espalda» al resto de grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales para conseguir un «titular vacío de contenido», lo que a su juicio demuestra que «son representantes de las élites económicas en el Parlamento y que están empezando a ceder».

En este sentido, ha tildado de «chanchullo» el acuerdo alcanzado entre ‘populares’ y socialistas porque «se están rebajando las demandas de las organizaciones sociales y los planteamientos acordados en sede parlamentaria» para «privilegiar» a los intereses del sector energético. «No puede ser un debate entre dos partidos de siempre, cuyos ministros terminan en el Consejo de Administración de las empresas energéticas», ha manifestado Mayoral, quien ha pedido un «diálogo abierto» e «inmediato» con las organizaciones sociales.

Preguntado por cuál será el posicionamiento de su grupo parlamentario en la votación del decreto, cuando llegue al Parlamento aproximadamente dentro de un mes, Mayoral ha dicho no poder concretar cuál será su voto al desconocer el contenido de la misma, si bien ha avanzado que la formación morada no participará en «chanchullos» ni «paripés». A su juicio, el Gobierno intenta parar con el acuerdo las movilizaciones convocadas para este miércoles, para las que ha llamado a la ciudadanía a participar en las convocatorias previstas.

«No nos hemos quedado fuera del acuerdo, quien se queda fuera es el PP y el PSOE de la realidad de este país, piensan que cosas se abordan a base de titular y colgarse medallitas. Hemos venido a respetar el derecho de la gente, no a por titulares grandilocuentes, huecos, vacíos, que lo único que escenifican son chanchullos», ha apostillado. En esta línea, la diputada de En Comú Podem Lucía Martín ha rechazado también el acuerdo al ser un «parche» del PP o el «lavado de cara» que busca el PSOE.

Martín ha detallado que desde Unidos Podemos exigen que se garantice que no haya cortes de ningún suministro a familias en situación de vulnerabilidad, que se incluya el principio de precaución para que la responsabilidad de comprobar esa situación precaria de las familias recaiga también en las empresas y que se paralicen todos los cortes con independencia de qué contrato tengan los usuarios con las compañías eléctricas o de gas. Además, consideran que la financiación debería recaer igualmente en todas las empresas del sector energético, en función de sus ingresos, y que a su vez sean quienes asuman el pago de las facturas impagadas.

Nomascortesdeluz.org llama a hacer un «apagón protesta» este miércoles y manifestarse contra la pobreza energética

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EFE / Servimedia.- Cerca de 30 organizaciones, impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, convocaron para este miércoles un «apagón» y manifestaciones en ciudades contra las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. Se trata de unas 60 concentraciones que estarán secundadas además por sindicatos y varios partidos políticos, con el fin de que a través de una nueva legislación se prohíban todos los cortes de luz, se cree una «auténtica» tarifa social y se aplique el IVA superreducido a la electricidad.

Estas son algunas de las reclamaciones que los convocantes han recopilado en un manifiesto, en el que además de pedir el fin de los «abusos tarifarios», instan al reconocimiento y devolución por parte de las eléctricas de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron «indebidamente» en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. Asimismo, instan a ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos a que aprueben declaraciones institucionales de apoyo a las movilizaciones. Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son algunas de las ciudades que están convocadas mañana por estas organizaciones.

Apagón protesta de una hora

Aparte de las movilizaciones, los promotores de la iniciativa han convocado también un «apagón» de luz durante una hora, que comenzará a las 19.00 horas y hasta las 20.00 horas, que hacen extensible a las instituciones y consistorios para que muestren su compromiso contra la pobreza energética apagando la luz de edificios o monumentos y la iluminación navideña exterior. Los convocantes subrayan que la pobreza energética es uno de los principales problemas sociales y económicos desde que comenzó la crisis y destacan la «escandalosa subida» de tarifas de electricidad, lo que ha provocado un escenario de «evidente vulnerabilidad». Recuerdan que 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la luz y más de 5 millones no tendrán calefacción este invierno.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza Energética, la ONG ecologista Amigos de la Tierra, Anticapitalistas, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Convocatoria Cívica, Democracia Real YA! y Ecologistas en Acción. También participan Facua, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma Garanticemos las Pensiones, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos Izquierda, Somos Sindicalistas, UGT, Unccue, USO y WWF.

Madrid contra la pobreza energética

La Plataforma Nomascortesdeluz.org protestará este miércoles en Madrid contra la pobreza energética, en una marcha que transcurrirá entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La protesta, convocada a las 18.30, exigirá una tarifa social asumida por las compañíasy la auditoría del sistema eléctrico. La plataforma denuncia la vulnerabilidad producida a causa de la «cronificación del desempleo», la «drástica reducción de salarios» y la «escandalosa» subida de tarifas y consideran el acceso a la electricidad como un derecho fundamental de las personas. Los convocantes critican además el actual bono social de la tarifa eléctrica, que consideran una «medida paliativa y estética» que, dicen, excluye a dos terceras partes de las personas necesitadas.

Apagarán las luces en Sevilla

Los edificios públicos de Sevilla apagarán su iluminación entre las 19:00 y 20:00 horas de este miércoles para respaldar la campaña nacional Nomascortesdeluz contra la pobreza energética. Según indicó el Ayuntamiento sevillano, «la finalidad principal es que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para evitar la paralización del suministro por parte de las compañías eléctricas a las familias con problemas económicos”. Los grupos políticos municipales (IU, Participa, Ciudadanos, PP y PSOE) han rubricado una declaración institucional en la que proponen tal apagón eléctrico durante una hora, al considerar importante que el Ayuntamiento hispalense se sume a esta iniciativa social.

«La propuesta pretende que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen al Gobierno central que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta«, según indicó el Ayuntamiento, que reseña que, «desde el estallido de la crisis económica», la pobreza energética se convirtió «en uno de los principales problemas sociales y económicos de España». «Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis económica», agrega la declaración institucional.

El alcalde socialista de Elche pide al Gobierno central medidas para evitar los cortes de luz por impago

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EFE.- El alcalde de Elche, Carlos González, reclamó al Gobierno la adopción de medidas urgentes para evitar los cortes de suministro eléctrico por motivos de insuficiencia económica y ha instado a «resolver» este «problema» y a «buscar una salida urgentemente». Asimismo, indicó que los ayuntamientos «se encuentran en disposición de colaborar a través de la elaboración de informes sobre la situación de necesidad de las familias afectadas», una actuación que, en su opinión, «tiene que ser preceptiva antes de cualquier corte de suministro».

En este sentido, González ha reiterado la importancia de la cooperación municipal, pues, según ha asegurado, desde los consistorios están «pagando las facturas de energía eléctrica y de gas de muchas familias que son incapaces de costearlas por sí mismas». Ha recordado que el Ayuntamiento de Elche ha suscrito un convenio con las compañías eléctricas para que el departamento de Bienestar Social pueda actuar y evitar el corte de luz. El regidor ilicitano solicitó también que desde el Gobierno se otorgue el rango legal suficiente a estas medidas para que «la lucha contra la pobreza energética sea efectiva y real».

El sindicato CCOO pide que la luz y el gas sean gratis para los consumidores vulnerables

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Servimedia / Europa Press.- CCOO pidió al Gobierno que la nueva regulación del bono social contemple que el suministro eléctrico y de gas sea gratuito para las familias vulnerables y que sea financiado por las compañías comercializadoras. Así se expresa el sindicato, que demanda al Ejecutivo que garantice el acceso a la energía a la población así como que ejecute medidas «paliativas»  que «no se limiten a unos retoques del actual bono social».

A este respecto, advierte de que la actual medida deja fuera a una gran parte de los consumidores vulnerables, mientras que resultan beneficiados colectivos como las familias numerosas con independencia de su renta o instalaciones con menos de 3 kilovatios (kW), que pueden corresponder a segundas residencias o despachos profesionales. También denuncia que no ampara a los consumidores de gas natural, cuando una gran parte de las familias utilizan este combustible para conseguir agua caliente, calentar su casa o cocinar.

El sindicato sostiene que la pobreza energética es un drama que afecta en sus diferentes grados a cinco millones de personas y que se caracteriza por su «invisibilidad». Además de ello, CCOO estima que el debate social y político generado por algunos sucesos como el fallecimiento de una anciana en un incendio provocado por unas velas debería concluir con una regulación que proteja eficazmente a los consumidores «vulnerables». Frente a esta situación, la plataforma de organizaciones sociales y sindicales en las que participa puso en marcha una campaña denominada #NoMasCortesDeLuz.

Por ello, el sindicato CCOO cree que el bono social debería incluir a todos los consumidores de electricidad y gas, con ingresos familiares por debajo de los límites que se establezcan. De esta manera, se podrían fijar varios niveles de ayuda en función de dichos ingresos y con unos grados de subvención de las correspondientes facturas que irían desde la gratuidad total para las familias más vulnerables, hasta descuentos muy significativos en los siguientes tramos.

Respecto al procedimiento de concesión, CCOO estima que debería ser automático y tramitado por los Servicios Sociales correspondientes en el referido tramo gratuito, mientras que en el resto el sistema debería ser sencillo. Finalmente, CCOO considera de la máxima urgencia una norma estatal que establezca la prohibición de los cortes de suministros energéticos a los consumidores domésticos por falta de pago, sin una previa consulta a los correspondientes Servicios Sociales. 

Nadal cree que el bono social aborda “con efectividad” la pobreza energética al cubrir a 7 millones de personas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el bono social eléctrico aborda «con bastante efectividad» el conjunto del problema de la pobreza energética al cubrir a unos 7 millones de personas. En este sentido, Nadal indicó que, según Eurostat, la pobreza energética en España se sitúa en un 10% de personas «que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía y que les cuesta pagar el recibo», ligeramente por encima del 9,6% de la media europea.

Así, Nadal consideró que ese porcentaje de pobreza energética equivale «más o menos» a los 7 millones de personas que cubre el bono social, que consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El ministro destacó que el actual esquema de financiación del bono social, que hacía que fuera asumido por las matrices de las grandes eléctricas, que representan aproximadamente el 94% del mercado, debe ser encauzado después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo considera discriminatorio, para lo que es necesario «hablar con el resto de partidos políticos».

Habla de renovables y nuclear

En cuanto a determinar la competencia, Nadal indicó que en el caso de las personas de extrema vulnerabilidad es una materia que debe ser competencia de las instituciones y de las comunidades autónomas, mientras que el tema del bono social debe ser asumido por las compañías eléctricas. Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social, lo que, a una media de 3 personas por vivienda, corresponde a unos 7 millones de ciudadanos.

Respecto a las renovables, Nadal criticó que hubo «una irresponsabilidad muy grande» en su desarrollo en el periodo de 2007 a 2009 en el que «se invirtió demasiado rápido en demasiada cantidad y a unos precios desorbitados», lo que hizo que ahora los españoles estén pagando 6.500 millones de euros al año en el recibo de la luz durante 25 años. «Hubo una irresponsabilidad muy grande en los años 2007, 2008 y 2009 y esa factura hay que pagarla, ajustando precios y costes y pagando la deuda», añadió al respecto.

Asimismo, Nadal defendió la necesidad de mantener las nucleares dentro del mix energético si se quiere cumplir con el objetivo de «un mundo sin emisiones de CO2«. «Es muy difícil prescindir de las nucleares, ya que son las que permiten trabajar 7 días a la semana y 24 horas diarias, eso nunca me lo va a dar la renovable», reivindicó.

Reunión con Abel Caballero (FEMP)

También en relación con la pobreza energética, el ministro se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para analizar las medidas que se pueden adoptar. Caballero, alcalde socialista de Vigo, ya instó al Gobierno el pasado mes de noviembre a que adoptase con urgencia las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la pobreza energética. Se trata, según Caballero, de que «bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro».

Concretamente, se trasladó al Gobierno que los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas, de tal modo que no se pueda realizar ningún corte de suministro energético «sin un informe previo que verifique la situación socioeconómica del afectado y las necesidades que hayan podido ocasionar el impago». La Junta de Gobierno de la FEMP recordó en su petición que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la situación de los afectados.

El PSOE cree que extender la financiación del bono social a más empresas, como Red Eléctrica, dará seguridad jurídica

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Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.

España pide cambios contables a la Unión Europea para impulsar la eficiencia energética de edificios públicos y crear 200.000 empleos

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EFE / Europa Press.- El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió a la Comisión Europea una reforma en las reglas de contabilidad en eficiencia energética relativas a los edificios públicos, que en España permitirían crear «unos 200.000 empleos». «Si nos dejasen una regla mucho más libre que la que hay ahora, barajamos del orden de 200.000 empleos directos, en lo que es renovación de todo el parque o de una buena parte del parque de edificios públicos», argumentó Nadal.

Según el titular de Energía, ahora mismo «hay unas reglas muy estrictas en la contabilidad nacional de forma que si una universidad, un hospital o un colegio invierte en eficiencia energética, toda la inversión se le contabiliza como gasto en un año». «Una regla similar a la que tiene la contabilidad privada» podría «generar en el sector de la construcción, sin duda ninguna, unos 200.000 empleos», añadió Nadal, quien señaló que esos puestos de trabajo serían, además, duraderos, porque «no lo vas a cambiar de un día para otro». El ministro español indicó que la Comisión Europea «ha prometido tener el tema resuelto para marzo».

La propuesta española se enmarca en los comentarios de los Estados miembros sobre el «paquete de invierno» energético que presentó la semana pasada la Comisión Europea para legislar sobre renovables, eficiencia y consumo energético en la Unión Europea. Entre otras ideas, plantea medidas para animar a la inversión para la renovación de edificios y mejorar su eficiencia energética. «Lo que se está buscando es ambicioso: aunar dos objetivos. En primer lugar, los medioambientales aprobados en París y, por otro, que la energía en España y el resto de la Unión Europea sea asequible, sea competitiva», indicó el ministro para resumir la amplia reforma comunitaria, que se traduce en un millar de páginas de textos legales.

Se propiciarían las inversiones públicas

Según Bruselas, los edificios absorben el 40% de la energía consumida en la Unión Europea y, sin embargo, su tasa de renovación se limita al 1% anual. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a aclarar de aquí a marzo la naturaleza de este tipo de inversiones en la contabilización del déficit de las administraciones públicas. Tras la presentación de la propuesta, fuentes comunitarias advirtieron de que no se trata de modificar las reglas, sino de especificar que no es meramente un gasto a corto plazo. Así las cosas, Nadal ha apostado por diseñar una regla contable menos «estricta» que permitiese un desarrollo de la inversión para renovar la flota de edificios públicos en España, que las condiciones actuales no permiten.

«Sería importantísimo, porque significaría que proyectos que tengan sentido económico, sentido medioambiental, que crean empleo por su efecto de arrastre en el sector de la construcción, podría tener un desarrollo enorme», ha explicado el ministro. Según Nadal, la propuesta de la Comisión «está claramente en la línea de lo que ha sido la propuesta del Gobierno español en dos temas que está, en el candelero, políticamente hablando». El primero se refiere al autoconsumo energético, que quiere fomentar Bruselas y que en su propuesta «establece que tiene que haber cargas equivalentes para el ciudadano que autoconsume como para el que no». «Habla de un principio de proporcionalidad, que es lo que venimos defendiendo desde hace tiempo», reivindicó el titular de Energía.

En segundo lugar, prosiguió, la Comisión Europea propone que la pobreza energética se aborde desde la política social, sin «intervenir en precios». «Es algo que venimos defendiendo porque esa es precisamente la postura del Tribunal Constitucional en España cuando ha ocurrido el caso de la sentencia del Real Decreto ley en Cataluña», comentó el ministro. Ese tribunal, al que recurrió el Ejecutivo, suspendió la ley catalana de emergencia social que impedía a eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no pudieran pagar las facturas, es decir, en situación de pobreza energética, por invadir competencias exclusivas del Estado central.

Bruselas quiere agilizar las inversiones

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, aseguró que está en curso de negociación con otros servicios de la Comisión y con (Eurostat) de «soluciones» para agilizar la política de eficiencia energética, en alusión a la posibilidad de que este gasto tenga un trato especial en relación al déficit. Cañete busca “una solución», habida cuenta de que el tipo de proyectos a los que se quiere ayudar con ello no sólo se amortizan «muy rápidamente», sino que siguen generando beneficios a posteriori y son «consistentes» con los objetivos climáticos de la Unión Europea. «El sector público debe tomar decisiones de inversión para mejorar la eficiencia energética, que a veces están limitadas por unas normas de contabilización«, explicó.

Arias Cañete apuntó, además, que España no ha estado sola a la hora de defender la flexibilización del cómputo de la inversión y que «tres o cuatro países» más se han mostrado «partidarios» de avanzar en esa línea. Preguntado por si las cifras de la Unión Europea avalan el cálculo de Nadal en cuanto a que el cambio normativo permitiría crear 200.000 empleos en España, el comisario ha señalado que Bruselas estima que se crearían 400.000 puestos de trabajo en el conjunto de la Unión Europea si se pasara de un 27% a un 30% de eficiencia y que el beneficio por países «depende de cómo se aplique cada Estado».