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El Congreso emplaza al Gobierno a prohibir los cortes de luz a personas sin recursos

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado este martes sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Unidos Podemos-En Comú-En Marea el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no ha querido votar en contra y ha optado por la abstención.

Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) –estimados en más de 3.500 millones de euros–, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.

Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

También reclama «respetar y reforzar si cabe» las competencias que tienen las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza energética, impulsar una mejora en la eficiencia energética y exigir a las compañías «una mayor y mejor información» sobre los conceptos incluidos en las tarifas.

De esta manera, reza la moción, «los consumidores pueden evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla»

Energía convocará a las comunidades para estandarizar acciones sobre cortes eléctricos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé abrir el diálogo político para mejorar el sistema del bono social y la asistencia social ante casos de cortes del suministro eléctrico, para posteriormente convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar un procedimiento «estándar» común a aplicar ante este tipo de casos, según informaron fuentes ministeriales.

La intención del departamento dirigido por Álvaro Nadal es mantener el «status quo» del bono social tras la sentencia del Tribunal Supremo, recurrida ya por el Ejecutivo, que declaró inaplicable el régimen de financiación de la tarifa subvencionada por las compañías eléctricas para los consumidores con bajos ingresos.

No obstante, las mismas fuentes aseguran que se abrirá el diálogo político para estudiar si realmente interesa cambiar o realizar mejoras del sistema actual y evitar que dicha tarifa subvencionada se quede sin financiación.

El Ministerio de Energía entiende que el sistema español referido a los cortes de luz y la garantía de los servicios sociales tiene que estar concentrado en el ámbito social y ve «importante» que esto quede reflejado en una directiva europea.

En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que la intención del Ministerio es alcanzar un acuerdo con los grupos políticos en el parlamento y más tarde convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para que de «común acuerdo» entre ellas se establezca el mismo procedimiento «estándar» y se aplique.

No obstante, desde Energía insisten en que el Gobierno central no puede hacer una política estatal que se inmiscuya en las competencias de las comunidades autónomas.

Los contactos parlamentarios sobre este asunto se han incrementado después de que hace dos semanas una mujer de 81 años que vivía sola falleciese en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada.

En dicho grupo de trabajo se trabajaría para intentar consensuar mejores prácticas de actuación ante este tipo de casos y se intentaría buscar el compromiso de las comunidades para acometer un mismo procedimiento estándar, si bien desde el Ministerio, en el que valoran que la ley catalana haya respetado «escrupulosamente» los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre este tema, insisten en que es una competencia «exclusiva» de las autonomías.

En todo caso, parece haber unanimidad en el posicionamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Comisión Europea respecto a que el sostenimiento de este tipo de situaciones se tiene que hacer con recursos de los servicios sociales, en el ámbito social de cada región.

El Govern catalán crea un grupo de trabajo para crear un bono social energético

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Europa Press.- El Consell Executiu del Govern catalán ha aprobado este martes crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de bono social energético para luchar contra la pobreza energética y que esté consensuada con diversas entidades para presentarla al Estado, que es quien tiene las competencias en materia tarifaria en el ámbito de la energía.

Este grupo de trabajo se centrará en configurar un marco legal que aborde la pobreza energética y que establezca mecanismos de protección para personas vulnerables, además de clarificar el sistema de financiación por parte de los operadores, ha informado la Conselleria de Empresa y Conocimiento en un comunicado.

Esta iniciativa contará con dos representantes del departamento dirigido por Jordi Baiget, dos de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; dos de las entidades de la Mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dos de la Taula del Tercer Sector, uno de la Associació Catalana de Municipis (ACM), otro de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y uno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya.

El Congreso vota mañana si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla

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Europa Press.- El Pleno del Congreso votará este martes una moción del grupo de Unidos Podemos en la que se propone instar al Gobierno a prohibir a las empresas eléctricas cortes en el suministro energético sin consultar con los servicios sociales.

Esta moción se deriva de la interpelación que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dirigió al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre la necesidad de aplicar medidas contra la pobreza energética.

De esta forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere recabar el compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad vean interrumpido su suministro energético. La moción contempla que sean las empresas las que asuman el coste en caso de que los servicios sociales justifiquen este impago.

La moción recoge otros siete puntos, entre los cuales destaca la sustitución del actual bono social por una «tarifa social de reducida cuantía» dirigida a familias con bajos niveles de renta, financiada por las compañías eléctricas y proporcional a la renta del hogar.

No más del 10% de los ingresos del hogar

Desde Unidos Podemos reclaman que la energía sea reconocida como «un bien público y común», y a partir de ahí garantizar que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, no pudiendo superar este «suministro mínimo vital» el 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Esta «tarifa asequible» se dirige, señalan, a todos los consumidores en su primera residencia, y en ella se «debe penalizar el consumo ineficiente» a través de elementos de fiscalidad energética, y considerar la renta como «criterio principal» a la hora de establecer «precios sociales y favorables para las familias en función de los ingresos económicos».

Como parte de estas medidas dirigidas a aminorar el coste de la factura energética, quieren que se aplique a la electricidad, el agua y el gas un tipo de IVA reducido.

Auditoría, Trasparencia y Pago de los CTC’s

Toda esta batería de medidas sobre las que los grupos deberán posicionarse se completan con otros tres puntos dirigidas a las compañías eléctricas, a las que reclama el reconocimiento y la devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cifrados en más de 3.500 millones de euros.

Asimismo, insta al Gobierno a realizar una auditoría de los costes de todo el sistema eléctrico nacional para determinar «los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución». También piden auditar el déficit de tarifa, «su origen y su legitimidad».

Por último, el texto sobre el que se pronunciará el Congreso acaba con una exigencia de transparencia: exige a las empresas suministradoras publicar trimestralmente el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes del suministro.

También reclaman a las empresas «una mayor y mejor información» sobre los conceptos que incluye la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de los bonos sociales.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

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Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Nadal planteará esta semana al Congreso cómo mejorar y financiar el bono social

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado que planteará esta semana a los grupos políticos del Congreso de los Diputados cómo mejorar el bono social y cómo evitar que se quede sin financiación, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a las eléctricas y rechazara el actual modelo.

En la presentación del libro ‘La Revolución Digital’, Nadal ha incidido en la necesidad de que exista un diálogo entre las diferentes formaciones políticas del Parlamento porque «lo que no puede ocurrir es que el bono social se quede sin financiación».

Preguntado por si deberá financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o con cargos a la factura, Nadal no ha querido concretar cuál es la mejor opción y se ha limitado a afirmar que, aunque se haya quedado sin financiación, el bono social «sigue existiendo» y lo que tiene que ocurrir ahora es que vuelva a tener financiación.

En este contexto, ha incidido en que tendrá una semana parlamentaria «intensa» sobre esta cuestión en la que se conocerán los distintos planteamientos que el Ministerio realizará a los grupos sobre el bono social, que es «claramente uno de los elementos que ayuda al tema de la pobreza energética».

A este respecto, ha remarcado que existen limitaciones a la hora de abordar la pobreza energética desde el Gobierno, ya que algunas competencias corresponden a las comunidades autónomas y las administraciones locales y hay que respetar el «ámbito de cada una».

En este sentido, ha calificado el fallecimiento de una mujer de Reus (Tarragona) que tenía cortada la luz en un incendio como un caso «muy terrible y lamentable» en el que correspondía a los poderes autonómicos actuar. Así, ha remarcado que, aunque lo han hecho «con la mejor voluntad», es importante saber qué ha fallado.

Nadal ha remarcado que lo importantes es que dentro del marco que cada uno tiene de competencia «haga todo lo posible» para que estos temas vayan mejorando día y día. En concreto, ha agregado que los ámbitos sociales son competencia de las autonomías y el energético del Estado, por lo que hay que ver cómo se concilian ambas cosas.

«Lo que no podemos hacer es pasar por encima de los Estatus de autonomía ni tampoco querrán las comunidades autónomas que lo hagamos. Esto es una cuestión mas de cooperación entre los distintos partidos políticos, grupos parlamentarios y distintas administraciones», ha incidido.

Sector del carbón

Por otro lado, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha negado que se vaya a llevar a cabo el cierre de centrales térmicas por decreto, algo que no ha hecho ningún país, sino que será el mercado quien decida su futuro.

En este sentido, Nadal ha explicado que ningún país europeo ha planteado un cierre radical de las centrales térmicas, ya que los procesos de la energía siempre tienen que ser graduales.

Así, ha admitido que el carbón tiene el inconveniente de ser un gran emisor de CO2, por lo que a medida que los derechos se vayan encareciendo y sean mas restringida la posibilidad de emitirlo, se limitará el desarrollo del carbón. «Vamos a dejar que las cosas evoluciones como tienen que evolucionar», ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de convocar la mesa del carbón, Nadal ha instado a ir haciendo las cosas «de una en una» y ha recordado que este tema quedo bastante bien cerrado la legislatura pasada, en la que se mejoraron los fondos de ayudas a las comarcas mineras.

Endesa pide que el Ministerio de Energía lidere la respuesta a la pobreza energética con una normativa nacional

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Servimedia / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera, en relación con la pobreza energética, que «la situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma nacional» y que debería hacerse desde el nuevo Ministerio de Energía. «Hay que buscar soluciones a lo que ha sucedido», afirmó Bogas, quien lamentó la muerte de la mujer de Reus como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse porque se le cortó el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«La situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma homogénea a nivel nacional con la colaboración de ayuntamientos y autonomías, con las peculiaridades de cada territorio y la colaboración de todos», continuó el ejecutivo de Endesa, quien agregó que «hay que definir bien esta situación y hay que reglarla bien». A este respecto, advirtió de que «las continuas discusiones, las descoordinaciones, los protocolos, la falta de disposiciones organizativas coherentes, las diferencias entre comunidades autónomas y el bono social no ayudan absolutamente a nada». «Se debería unificar, revisar, definir al cliente vulnerable y buscar una solución que, de una vez por todas, prevenga este tipo de situaciones», señaló.

En cuanto al bono social de electricidad, defendió que tiene que ser reformado para que sea efectivo basándose en criterios como la renta y el conocimiento de los Servicios Sociales sobre la verdadera situación de las familias o las personas. «El Gobierno es consciente de esto, que tiene que ajustar estos criterios y que tiene que hacerlo con una regla nacional con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos», concluyó Bogas, que se ha mostrado convencido de que es una de las prioridades que tiene el Gobierno sobre la mesa.

Las eléctricas, explicó, han firmado «múltiples convenios de colaboración» con servicios sociales y ayuntamientos, «pero la falta de una reglamentación puede llevar a lamentables sucesos» como el ocurrido. Lo cierto es que Endesa ya planteó la necesidad de «rediseñar» el bono social, una rebaja del 25% en la factura a la que pueden acogerse algunos colectivos, y crear un fondo para luchar contra la pobreza energética. La eléctrica apuntó que debían asignarse recursos a financiar un Fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni con descuento y que deberá identificar cada Ayuntamiento.