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Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.

CECU exige al Gobierno medidas urgentes contra la pobreza energética

Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha exigido a las diferentes administraciones implicadas en el sector energético y al Gobierno que tomen «medidas urgentes» para evitar las situaciones de pobreza energética.

CECU señala que los problemas energéticos españoles afectan cada vez más directamente a los ciudadanos y lo hacen no sólo en su bolsillo sino también sobre la salud de personas que no pueden permitirse encender la calefacción por su elevado coste.

Así, ha echo referencia al índice AROPE, que detalla que más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y muchos de ellos no tendrán este invierno en casa una temperatura adecuada, condiciones que acentúan la proliferación de enfermedades relacionadas con el frío.

La confederación ha señalado que es consciente de «los esfuerzos» que hacen algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar estas circunstancias aunque las ayudas son limitadas, complejas o afectan únicamente a las situaciones de pobreza extrema, «dejando fuera a miles de familias que tienen que elegir entre comer o calentarse».

Asimismo, indica que tal y como está configurado el bono social no está solucionando estos problemas, ya que contempla criterios muy excluyentes, dejando fuera a una «gran parte» de la población española que ahora se encuentra en el umbral de la pobreza, incluso con trabajo.

En definitiva, CECU ha echo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones, en base a nuestra Constitución y a la Declaración de Derechos Humanos, para asegurar a sus ciudadanos una vivienda y condiciones de vida dignas. Por ello, considera importante impedir los cortes de luz en invierno y evitar que se produzcan desahucios por causas económicas durante el periodo invernal.

«Una sociedad avanzada no puede permitirse que continúen produciéndose casos como el sucedido ayer, en el que una anciana con la luz cortada falleció al utilizar velas para iluminarse. No podemos permanecer impasibles mientras condenamos a miles de personas a un inverno de frío y enfermedad», subraya la confederación.

Guipúzcoa dispondrá en enero de un observatorio de pobreza energética

EFE.- El diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, anunció que su departamento presentará en enero un nuevo observatorio de la pobreza energética. Asensio avanzó esta propuesta en unas jornadas de energía organizadas por la Diputación de Guipúzcoa, en el que ha asegurado que para luchar contra la pobreza energética «hay que dar pasos hacia la descentralización del sistema energético actual y hacia la reducción de la dependencia energética».

El observatorio, que será «una pieza clave para la lucha contra la pobreza energética», ofrecerá indicadores y datos sobre este problema y sus causas y dispondrá de recursos informativos y documentales para la planificación en este ámbito. Esta iniciativa persigue también «sensibilizar a la ciudadanía» sobre la pobreza energética que, según sus datos, afecta a 2 de cada 10 hogares guipuzcoanos. En el transcurso de estas jornadas la Diputación expuso los resultados del programa Argitu y varios expertos abordaron asuntos como la gobernanza climática. También se organizó una feria de la energía en la que se exhibieron sistemas reales para el ahorro y la eficiencia energética, como los coches eléctricos, los suelos radiantes de baja temperatura o la iluminación LED.

El plan contra la pobreza energética de Castilla-La Mancha concluye la primera fase con 6.054 ayudas

EFE.- La primera fase de la aplicación del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha concluido con un total de 6.054 ayudas de 150 euros cada una que han beneficiado a cerca de 21.000 personas, el 44% de ellas menores y 407 más en situación de emergencia personal. Así lo detalló el diputado regional socialista José Luis Escudero, quien hizo balance de una primera fase que se ha saldado con 216 actuaciones de reposición del suministro.

Unos datos con los que Escudero se ha mostrado «muy satisfecho» porque demuestran que «el ejecutivo de García-Page está cumpliendo con los compromisos que alcanzó con la ciudadanía de la región, pero sobre todo y con especial atención con aquellos que han sido más castigados por la crisis y por el anterior gobierno de Cospedal». «No son anuncios, sino realidades que se han materializado en sólo 15 meses de gestión al frente del Gobierno regional», ha apuntado el diputado regional, quien ha recordado que la primera fase se inició sólo unos meses después de que García-Page tomara posesión de su cargo y aún así, ya se aplicó el pasado invierno.

Así, según Escudero, han resaltado que «eran medidas necesarias, urgentes e imprescindibles para ayudar a las familias que peor lo estaban pasando y tanto habían sufrido en la anterior legislatura». Escudero reivindicó que este mes se reanuda la segunda fase del Plan, «pionero en nuestro país», en la que se pretende conceder alrededor de 4.000 ayudas y cuenta, como novedad, «incluir medidas de ahorro en los hogares para que también gasten menos vía ahorro energético».

Escudero recordó que, al igual que durante la primera fase, se concederán ayudas por importe de 150 euros por familia para los meses de invierno de este año. Con este Plan, insistió, se contemplan cuatro actuaciones: paralización de procesos de corte de suministro, reposición urgente cuando hay un corte en las familias, ayudas contra la pobreza energética y plan de orientación para el ahorro energético».

Iglesias pide recuperar la movilización social en un acto contra la pobreza energética porque «los derechos se conquistan luchando»

Servimedia / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió recuperar la movilización social en las calles y plazas de la que nació la formación, porque «los derechos se conquistan luchando» y “aún no hay fuerza institucional suficiente para defender desde las instituciones a las capas sociales más humildes”. Iglesias participó en una concentración contra la pobreza energética en la que presentó ‘Vamos!’, un movimiento con el que Podemos pretende recuperar la movilización como fuerza de empuje político.

Iglesias aseguró que la formación morada no se va a «atrincherar» en el Parlamento. Indicó, en ese sentido, que los diputados de Podemos no tienen fuerza suficiente para “combatir la corrupción en las grandes energéticas que compran a ex presidentes del Gobierno sentándolos en sus consejos de administración”, y apostó por ello por «desbordar» las calles. Pidió expresamente que Podemos se nutra de activistas que se dejen la piel en los barrios. Los parlamentos «no regalan nada», dijo, «los derechos se conquistan luchando y es en la calle donde hay que defender a los 5 millones de personas que no van a podar calentarse el próximo invierno”, sentenció Pablo Iglesias.

Por su parte, Podemos Santander denunció la pobreza energética a través de una performance que recreó el salón de un hogar con sus propietarios vestidos con ropa de abrigo, representando así la «trágica situación» que cada vez más españoles sufren. La formación política lamentó con esta iniciativa la carestía y el frío que están pasando muchas personas en sus hogares por no tener dinero suficiente para pagar la factura de la luz. Además, Podemos criticó “la complicidad» que, a su juicio, «los pasados gobiernos y el bipartidismo han tenido y tienen con las empresas energéticas».

Pablo Iglesias se concentrará contra la pobreza energética mientras Podemos propone que las compañías paguen la implantación de precios sociales

Servimedia / Europa Press.– En Comú pide que las compañías suministradoras de energía se hagan cargo de todo el coste que supondría la implantación de precios sociales para las personas con más dificultades para hacer frente a estos pagos, y “evitar así que este coste repercuta en administraciones públicas y usuarios”. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en una concentración en Madrid el próximo lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para protestar contra la pobreza energética.

La concentración tendrá lugar en la Plaza Dos de Mayo de Madrid. Pablo Iglesias asegura que más de 5 millones de personas van a pasar frío este invierno por no poder pagar la factura de la luz. Para informar del acto, Podemos difundió un vídeo en el que aparecen los rostros más visibles de la formación, entre ellos el del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que denuncia que las políticas del PP y del PSOE «han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007».

Por su parte, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, dice en el vídeo, en el que aparecen los dirigentes de Podemos encendiendo bombillas, que «mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas, lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España«. También aparece el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, diciendo que «las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que han provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa».

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, defiende que «seguirán luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia». Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanza el siguiente mensaje: «No se puede consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética», dice para hacer un llamamiento a acudir el próximo lunes a esta concentración en un acto que quieren impulsar en redes sociales a través del hashtag #Nadiesinluz.

Que las compañías lo paguen

Según plantea la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso, la Asociación de Ciencias Ambientales expone que un 17% de los españoles sufre pobreza energética. La confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando “2 millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos”. La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el «consumo ineficiente«. También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por «actores independientes y con acceso a todos los datos» que cuantifique «los costes reales» del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener «unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo» y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el gas y la electricidad, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este sentido.

Moción ya aprobada en Comisión

Precisamente la Comisión de Industria, Energía y Turismo acaba de aprobar, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas «vulnerables» y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética. En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la obligación de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

Europa Press.- El Senado ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética. En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los «costes reales» del sector y otra sobre el déficit tarifario, según recogía la propuesta. Asimismo, Podemos pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios «claros, transparentes y homogéneos», tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de «mayor y mejor información» sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los afectados por cortes de suministro. Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere “un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo”.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos. Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de «tregua invernal».

Barcelona advierte a las compañías eléctricas de que las multará si no cumplen la ley catalana de pobreza energética

EFE.- El Ayuntamiento de Barcelona advirtió a las empresas eléctricas que les impondrá «multas coercitivas» si no se avienen a participar en los convenios con las administraciones que contempla la ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética.  La teniente de alcalde, Laia Ortiz, anunció la aprobación de una instrucción jurídica y una propuesta de convenio con las eléctricas para avanzar en la aplicación de la ley, que contempla la aplicación de sanciones de 3.000 euros a quien se niegue a participar.

La edil ha apuntado que la comisión de gobierno del consistorio aprobó una propuesta-convenio «ambiciosa» elaborada con la colaboración de la Alianza Contra la Pobreza Energética, entidad impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la ley 24/2015, y ha asegurado que las empresas de suministros deberán sentarse a negociar «porque si no, se pondrán multas». Sin embargo, Ortiz ha asegurado que debería ser la Generalitat quien impulse un convenio de ámbito catalán, y ha exhortado al ejecutivo de Carles Puigdemont a «hacer suya» la propuesta del Ayuntamiento de la capital catalana.

Asimismo, Ortiz ha indicado que entre las medidas que propone el convenio están la aplicación de descuentos en las facturas de luz y gas, la condonación de deudas a las personas «atrapadas» en situaciones de pobreza energética o facilitar que quienes están conectados a los suministros de forma «irregular» vuelvan al sistema. La dirigente catalana también exhortó a las compañías eléctricas a enviar regularmente a los servicios sociales la situación de los avisos de cortes de suministros, y les ha recordado que no se les puede cortar el suministro si están en riesgo de exclusión.

En cuanto a las multas que plantea aplicar el consistorio a las empresas de suministros, Ortiz ha explicado que se contemplan dos tipos de sanciones, las coercitivas, para obligar a las compañías a sentarse a negociar el convenio, y otras para las faltas «graves o leves» que deriven del incumplimiento de esto, y que oscilarán entre 10.000 y 100.000 euros.

Guipúzcoa crea una Mesa Territorial de Energía Sostenible y Pobreza Energética

EFE.- La Diputación de Guipúzcoa ha creado una Mesa Territorial de Energía Sostenible y Pobreza Energética para sumar las actuaciones de las diferentes mesas comarcales y definir distintas líneas de actuación que permitan reducir este tipo de pobreza y lograr un modelo sostenible.

El diputado de Medio Ambiente José Ignacio Asensio, ha presentado esta mesa territorial en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, en la que también ha dado a conocer los convenios que a suscrito con las agencias de desarrollo comarcal de Oarsoaldea, Urola Erdia, Tolosaldea y Debabarrena, por importe de 67.500 euros cada uno, para impulsar los planes de energías de estas zonas, que agrupan a 43 municipios guipuzcoanos.

Asensio ha revelado que en la nueva Mesa Territorial de Energía Sostenible y Pobreza Energética participarán las administraciones, instituciones y agentes sociales y empresariales vinculados a la energía sostenible y a la pobreza energética.

Entre sus funciones, el diputado ha destacado la coordinación en materia energética de la Diputación y otras entidades locales y comarcales, el análisis de los datos del Observatorio de Pobreza Energética de Guipúzcoa, y proponer medidas para mejorar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en esta materia.

Asimismo, promoverá estudios sobre energía sostenible, impulsará proyectos que favorezcan las sinergias y alianzas en este ámbito, y participará en redes internacionales del sector, además de emitir informes sobre energía sostenible y pobreza energética.

Durante su comparecencia, Asensio ha dicho que la Diputación tiene claro que «para combatir la pobreza energética», que afecta a más de 70.000 personas en Guipúzcoa (entre el 10 y el 12 % de la población), «son necesarias acciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética, así como el uso de energías renovables e ir hacia modelos de negocios de la energía socializados y con una distribución equitativa de rendimientos».

Con este fin, Asensio ha abogado por adoptar «medidas preventivas» para mejorar los hábitos de consumo y de la eficiencia de los edificios, instalaciones, equipos y vehículos, y «medidas transformadoras»: como «la planificación y acción en materia de energía a escala local y comarcal, y cooperativas energéticas», entre otras.