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Petronor pone en marcha la unidad de recuperación de energía Turbo Expander de su planta de Muskiz

Europa Press.- Petronor anunció que se ha procedido a la puesta en marcha de la unidad de recuperación de energía Turbo Expander de su planta de Muskiz, asociada a la unidad FCC. Según explicó la compañía, de todo ello se ha informado previamente a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el Delegado Territorial de Industria y Energía de Vizcaya, la Coordinadora de la Comarca Margen Izquierda-Encartaciones del Departamento de Sanidad y Consumo, SOS Deiak, Ertzaintza y los ayuntamientos de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena.

Esta semana concluye el plazo dado por el Gobierno a 11 partes interesadas en alegar sobre el futuro de Garoña

Redacción / Agencias.- Las 11 entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña podrán hacerlo hasta este sábado, cuando finaliza el plazo dado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El Ministerio estudiará estas alegaciones antes de decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa, parada desde diciembre de 2012, pueda volver a la actividad.

Según Energía todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi 5 meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron notificados por el propio Ministerio en marzo. En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad. Eso sí, condicionó la reapertura a la ejecución de una serie de inversiones en seguridad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la solicitud de la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor. Las 11 entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

El sector de la madera crecerá más de un 20% hasta 2030 gracias a la bioeconomía y su uso energético

EFE.- La Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur, ha repasado las líneas estratégicas del sector forestal-madera y ha señalado que espera incrementar, de manera sostenida, su volumen de negocio un 20% hasta el 2030. A su juicio, la cifra podría superarse «ampliamente» por la «creciente apuesta» por la bioeconomía, modelo productivo basado en la innovación y en la optimización del uso de fuentes de energía y materias primas, en el que se prioriza el empleo de aquellas de carácter renovable.

«La bioeconomía va a ser el motor de crecimiento del siglo XXI y el sector que aglutina Baskegur cuenta con las fortalezas para poder tener un papel activo en ese desarrollo», destacó el director de Baskegur, Oskar Azkarate. Según ha considerado, existe una actividad «creciente» de la economía baja en carbono frente a una «decadencia» de los contaminantes combustibles fósiles, un «cambio de tendencia» que se vislumbra en «el uso de biocombustibles y el aumento de la construcción en madera». Desde la organización han recordado los «contrastables y medibles» beneficios para el entorno que conlleva la apuesta por la bioeconomía.

Nadal defiende revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables para bajar hasta un 10% el recibo de la luz

Europa Press.- Así como desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insisten en que las interconexiones energéticas deben «tener un foco y preponderancia» en las negociaciones en la Unión Europea de los objetivos del conocido como paquete de invierno, el ministro Álvaro Nadal se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles «entre un 5% y un 10%».

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal afirmó que el Gobierno «sí que está a favor» de esta revisión para que suponga «una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles». El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%. Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad razonable para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

«Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta», sentenció el ministro, que subrayó que la «prioridad número uno» del Gobierno es que todas las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

Las interconexiones deben ser «preponderantes»

Respecto a las negociaciones con la Unión Europea, Nadal advirtió que el tema de las interconexiones debe estar «al mismo nivel» que el resto de los objetivos planteados, como las renovables, el mercado interior energético o la eficiencia energética. A este respecto, resaltó que defendió ante el resto de socios comunitarios que se otorgue un tratamiento adecuado a los Estados en las obligaciones y exigencias incluidas en las propuestas que tenga en cuenta el grado de interconexión real, por lo que la normativa europea debería «tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados».

Nadal apuntó que la falta de interconexiones representa un sobrecoste para España de unos 1.200 millones de euros anuales. Por ello, apostó por ligar los objetivos medioambientales con el nivel de interconexión energética y pidió un consenso a las fuerzas políticas. A este respecto, la diputada socialista, Pilar Lucio, criticó al Gobierno el justificarse en el «mantra de las interconexiones» para situarse en contra de las objetivos para 2030. «No querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debería ser», indicó.

En materia de eficiencia energética, destacó la importancia del reconocimiento en Bruselas de un mejor tratamiento para las inversiones en esta materia acometidas en el periodo 2018-2021, lo que facilitará las inversiones «a largo plazo». Además, destacó el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, tres puntos superior al anterior del 27%, y aclaró que al final «se quitó la palabra vinculante» para estos objetivos.

Respecto al pacto entre el PNV y el Gobierno para rebajar los peajes eléctricos a las empresas de baja tensión, Nadal señaló que se trata de «un acuerdo de política presupuestaria, no de política energética» y, por tanto, se mostró «abierto» a acuerdo de este tipo con cualquier partido político. Además, insistió en que se trata de una medida de apoyo industrial que tiene más incidencia en el País Vasco pero que afecta a todo el territorio nacional, por lo que no hay trato de favor hacia las empresas vascas.

Asimismo, indicó que este pacto «no le cuesta un euro» al resto de consumidores, por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria en el presupuesto de 2018, y afirmó que existe la dificultad de que Europa lo valide y no lo considere como ayuda de Estado y de que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios territoriales en los peajes eléctricos que consiguió el PNV para el País Vasco

Europa Press.- La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denuncia que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.

La Acco ha asegurado que esta medida «aparentemente neutra, que se aplica nacionalmente sin excepción, genera en la práctica un claro desequilibrio», remarcando que parten con ventaja los operadores ubicados en aquellos lugares en los que las líneas eléctricas tienen una tensión superior.

Ha concretado que la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV, y que la regulación existente contempla distintos peajes a pagar en función de la tensión.

Así, las líneas inferiores a 30 kV se les asigna el peaje 6.1A y a las de tensión iguales o superiores a 30 kV en inferiores a 36 kV les corresponde la tarifa 6.1B, y la Acco ha destacado que la reforma pactada tendría como objetivo la desaparición del segundo peaje y su incorporación en una tarifa superior (6.2).

Según la Acco, la desaparición de la tarifas 6.1B supondrá efectos diferentes entre las empresas en función del territorio donde estén implantadas, y «se agudiza el desequilibrio que ya existía» en base a la regulación actual.

Ha añadido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su contrariedad ante una rebaja de los peajes a los usuarios a los que se les aplica el peaje 6.1B.

 

Nadal asegura que la luz sería un tercio más barata si se hubiera hecho un desarrollo «pausado» de renovables

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que si los 30.000 megavatios (MW) instalados en España de energía renovable se hubieran implantado «de manera más pausada, con menos impulso político, con menos deseo y más realismo», en vez de «7.000 millones de euros en primas que pagamos todos los años por 25 años, estaríamos pagando como mucho 300 o 400 millones y tendríamos una factura de la luz un tercio más barata de lo que ahora mismo estamos pagando».

La factura eléctrica sufraga cada año unos costes totales superiores a los 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 17.000 millones corresponden a costes regulados, entre los que se incluyen los incentivos a las renovables, mientras que el resto procede del coste de la energía en el mercado mayorista. El ministro criticó además que, «en la transición energética, muchas veces se pone por delante la ideología o los buenos deseos», cuando hay que «trabajar sobre realidades y costes».

Además, ha incidido en la mejora de la competitividad y ha instado a que el debate de política en España «se centre más en esto», en vez de hablar solo de que «el problema es de reparto». Por otro lado, ha reflexionado sobre la «revolución energética-climática y la digital». Respecto a la primera, ha indicado que afrontamos una «transición energética» hacia una energía más limpia, un cambio «costoso», que hay que hacer «con extremo cuidado».

Nadal abogó por «minimizar» las primas renovables y tomar decisiones «en los tiempos adecuados», siendo «muy realista con cómo va a funcionar la tecnología». Nadal critico que el «haber metido tanta energía fotovoltaica» en España con «una tecnología inmadura y a un precio muy caro» ha supuesto «una factura del orden de 2.000-3.000 millones de euros todos los años», como consecuencia de «precipitarse», en vez de «esperar a que la tecnología se desarrollase adecuadamente bien».

El ministro ha insistido en que «si vas muy por detrás no estás en el cambio tecnológico, pero si vas excesivamente por delante, y te puede más el deseo que la realidad, cometes errores y unos sobrecostes tremendos en el sistema» y ha destacado que la política energética requiere «consensos políticos» y «mucha visión», porque las decisiones se tienen que basar en «realidades y sobre visiones parciales que tratan de construir y aportar» y no utilizar esta cuestión «demagógicamente o políticamente para desgastar al otro».

Nadal ha subrayado que el Gobierno central tiene que asumir su «parte de compromiso» en la lucha contra el cambio climático, en lo referente al denominado Paquete de Invierno de la nueva normativa europea sobre energías renovables. «Nuestra estrategia pasa por aportar como hemos hecho antes», indicó para, a continuación, recordar que España tiene un objetivo de alcanzar el 20% de energías renovables para 2020 y «hay que fijar» el de 2030, teniendo en cuenta de que España es «una isla energética». Al respecto ha apostado por hacer una «ligazón» entre objetivos medioambientales y el nivel de interconexión energética y reivindicó «un consenso» sobre esta cuestión entre las fuerzas políticas.

No quiere prescindir de nada

En lo que respecta a la producción energética ha considerado que España no dispone de un avance tecnológico «lo suficientemente maduro» como para «prescindir de alguna tecnología» en el sistema energético y así «todavía hay que dar respaldo» a las energías renovables, lo que «cuesta mucho dinero». Por eso ha incidido en que la transición «hay que hacerla con cuidado y al menor coste posible». A su juicio, es «difícil» prescindir de gas y carbón, puesto que este último «ofrece un seguro del que es difícil prescindir, ya que nos da un seguro para la utilización de la energía térmica».

«Por eso es bueno que vayamos con esa idea constructiva al debate político», ha subrayado, para señalar, a continuación, que «el 90% de las propuestas» que recibe de política energética no consisten en «disminuir los costes del sistema y mejorar la competitividad», ni tampoco en «hacer más óptima a menor coste esta transición«, sino que pasan por el «no me cobres a mí esos costes, rebájamelos y dáselos a otros».

De este modo, ha criticado que «muchas» propuestas sobre autoconsumo no son eficientes como, a su juicio, tampoco lo es que cada uno pueda definir su potencia todos los meses. «Yo no pago cuando no consumo pero lo que no pago yo lo paga otro«, subrayó. En definitiva, ha opinado que «no son constructivas», sino «juegos de suma cero», lo cual «no es una manera de hacer política energética», porque ésta tiene que hacer que «todo el sistema cueste menos».

Sobre la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV, contemplada en el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año, Nadal ha indicado que está pactado que «no le cuesta un euro al resto de consumidores», por lo que deberá aparecer una partida presupuestaria «en el presupuesto de 2018». A ello añadió que existe la «dificultad» de que Europa lo invalide como ayuda de Estado. «Hay celos competenciales que complican la cuestión y que me gustaría que se resolviesen», incidió.

Por otra parte, cuestionado sobre los terrenos de la central nuclear de Lemoniz y la de Garoña, ha apuntado que se reunirían los Ministerios de Energía y Medio Ambiente para abordar la «desafectación» de las tierras de la primera, que «debería ir razonablemente rápido«. «A base de perseguir judicialmente a los funcionarios de Medio Ambiente, pues se lo piensan todo mucho, luego queremos rapidez pero es que todo se lleva a la Fiscalía y muchas veces quedan sobreseíadas las causas, pero muchas veces quedan años y años para que al final se archiven», ha reflexionado.

«En eso hay que tener sensatez, porque si no, se atascan expedientes que es lo que está pasando», ha añadido. Sobre Garoña ha indicado que el Gobierno central «no ha tomado ninguna decisión» y hay «tiempo hasta julio». Además, Nadal ha opinado que, «desde el punto de vista del conjunto del sistema energético, Garoña no es tan importante«, aunque si desapareciera el parque nuclear en el país «la subida del precio energético sería del 25%».

La patronal catalana Foment del Treball pide para toda España la tarifa eléctrica pactada con PNV para la industria vasca

EFE.- La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha reivindicado una «revisión general de la tarifa eléctrica de acceso» en España para asegurar un «mismo marco de competitividad» a toda la industria española. El Comité Ejecutivo de Foment ha hecho esta petición después de la polémica generada en Cataluña por un aspecto del pacto presupuestario entre el PP y el PNV.

Concretamente, 5 patronales catalanas se han quejado de que ese pacto incluye un cambio de tarifa energética solo para las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kilovoltios, algo que beneficia especialmente a las empresas vascas. Foment considera que «más allá de adoptar soluciones territoriales sobre tarifas en función de ciertas aritméticas políticas, es irrenunciable que el Gobierno considere el conjunto del sector industrial español y estructure las reformas siguiendo criterios objetivos, transparentes y uniformes en el territorio».

De esta forma, la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà se hace eco del malestar que el acuerdo provoca en la patronal Cecot, la Federación Empresarial del Metal, la Federación de Organizaciones Empresariales de Gerona, Texfor-Confederación de la Industria Textil y la Unión Patronal Metalúrgica. Estas cinco organizaciones argumentaban que las empresas que dependen de líneas de distribución entre los 25 y los 30 kilovoltios, unas 5.800 compañías en toda España, un 56% de ellas catalanas, sufren una discriminación tarifaria. En este sentido, Foment cree que el Gobierno «debe adoptar decisiones de política energética enfocadas a la mejora de la competitividad de la industria«.

Por ello pide iniciar «una negociación urgente para avanzar en la reforma y desarrollo de una política energética que resuelva los graves problemas que sufre el sector industrial catalán y española como consecuencia de los elevados costes de la energía». Foment destacó el peso industrial de Cataluña y la incidencia que la política energética tiene. En concreto, la patronal pide impulsar el desarrollo legislativo de esquemas de redes cerradas, ampliar la vida útil de la cogeneración o bien impulsar la valorización energética de los residuos.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao incorpora a Petronor a su Patronato

EFE.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha incorporado a la empresa vizcaína de refino y fabricación de productos derivados del petróleo Petronor al Patronato de su Fundación como nuevo miembro corporativo para los próximos cuatro años. En su condición de nuevo patrono de la centenaria pinacoteca bilbaína de arte clásico y contemporáneo, Petronor aportará para la financiación de las actividades del Museo 240.000 euros en los próximos 4 años (a razón de 60.000 euros al año).

El convenio de colaboración ha sido firmado por el presidente de turno del Patronato del Museo bilbaíno, el consejero vasco de Cultura, Bingen Zupiria, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. Zupiria destacó la colaboración entre las empresas más potentes de Vizcaya y las instituciones del territorio en apoyo «del arte, la cultura y otras actividades de interés general».

Esquerra Republicana denuncia la “discriminación” del acuerdo eléctrico entre PP y PNV por ser un «agravio» para otras comunidades

Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV en relación con la modificación de la tarifa eléctrica industrial para las empresas «supone una doble discriminación respecto a las empresas que no son del País Vasco: en precio de la energía y en repercusión sobre el resto de peajes».

Así lo señaló el portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, quien reclama las comparecencias en comisión de los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Economía, Luis De Guindos, en sus respectivas comisiones del Congreso. Según ERC, el acuerdo incluye la puesta en marcha de un subtramo tarifario para empresas conectadas a redes de entre 30kV y 36kV y «el agravio viene dado porque en Cataluña, como en la mayoría de las comunidades autónomas, no existe la red de 30kV (la de País Vasco), como sí la hay de 25kV, con lo que «las empresas catalanas no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo».

ERC hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma kV25-30, que hace tiempo viene reclamando el mismo tratamiento para todas las empresas encuadradas en el 25-30kV. Según distintas organizaciones empresariales de Cataluña, la decisión de no incluir en el acuerdo las empresas que están en redes de 25kV supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para más de 3.200 empresas.

Capdevila sostiene que, en términos tarifarios, el precio de la electricidad para empresas que actualmente comparten un mismo tramo puede pasar de los 26,42 euros el megavatio hora (MWh) a permitir que las que disponen del tramo entre los 30kV y los 36kV lo paguen, con precios de 2016, a 14,97 euros. Y con las previsiones de tarifas para 2017, el salto sería de pagar 26,26 euros el MWh a pagar sólo 14,72. «No criticamos que se baje la tarifa a los de 30, criticamos que se le mantenga a los de 25 y que esa rebaja se repercuta universalmente, conculcando flagrantemente la competencia entre empresas», concluye el diputado republicano.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.