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Siemens Gamesa eleva a 400 millones de euros las sinergias fruto de la fusión, prácticamente el doble de lo previsto

EFE.- La fusión de Siemens Gamesa aportará sinergias estimadas en 400 millones de euros para 2020, casi duplicando el objetivo inicialmente establecido de 230 millones, según indicaron sus máximos directivos, que han asegurado que tras un primer año duro el futuro de la firma es «brillante».

Siemens Gamesa ha celebrado su Junta General de Accionistas en su sede de Zamudio (Bizkaia). Tras la fusión de ambas el accionista principal es Siemens, con el 59%, mientras que Iberdrola controla el 8%, pero las relaciones son más delicadas porque la eléctrica vasca es también uno de los principales clientes de Siemens Gamesa. La reunión ha puesto de manifiesto las discrepancias entre ambos socios, rechazando Siemens porque «carecen de todo fundamento» las dos peticiones que hizo la eléctrica vasca.

La presidenta de la compañía, Rosa García, y el consejero delegado, Marcus Tacke, han ratificado insistentemente la permanencia de la sede en España, y se han centrado en analizar 2017, un año «muy duro». Ambos han reconocido la dificultad del año 2017: para todo el sector eólico, en el que India uno de los principales mercados, no realizó ninguna adjudicación de megavatios en 8 meses; y para Siemens Gamesa, con recortes de empleo y una evolución de la acción «decepcionante».

En este entorno los dos destacaron que la firma ha reaccionado con una integración «ejemplar». «Durante 2018 vamos a completar la integración, estabilizar la empresa, ahondar en el control de costes y generar oportunidades de negocio. En 2019 nos concentraremos además en acelerar el crecimiento, y en 2020 seremos capaces de asegurar una rentabilidad sostenible», avanzó García. «De no habernos fusionado cuando lo hicimos, las dos compañías lo hubieran tenido extremadamente difícil para resistir las turbulencias del mercado de este último año. Estamos definitivamente en la buena senda y los argumentos que sustentaron la fusión han quedado avalados», subrayó Tacke.

En cifras, las metas de Siemens Gamesa son crecer a mayor ritmo que el mercado, implantar una reducción de costes de 2.000 millones hasta el 2020, de los que 400 son las citadas sinergias y los restantes 1.600 de mejoras de productividad, y mantener una política de reparto de dividendo del 25% del beneficio neto. Precisamente, los accionistas minoritarios que han tomado la palabra han recordado que cuando se produjo la fusión la acción estaba a 21 euros y ahora a 13, y han pedido a Siemens e Iberdrola que «se dejen de peleas y remen en la misma dirección». Tacke ha concluido asegurando que es el momento de apostar por el crecimiento de la compañía: «El futuro es brillante«.

En la Junta, Iberdrola planteó dos cuestiones: una para garantizar que la sede de la firma se quede en Zamudio y otra para que las compras que se realicen al grupo Siemens cuenten con el respaldo del consejo de administración y de un consejero independiente, con el objetivo de «fiscalizar» las mismas y que no salgan perjudicados los proveedores españoles. Siemens rechazó las dos peticiones porque “carecen de todo fundamento”.

La primera frase del discurso del consejero delegado, Marcus Tacke, ha sido una respuesta a la cuestión de la sede: Tacke ha dicho que era un placer y un honor dar la bienvenida a los accionistas, «y me agrada especialmente hacerlo aquí, en Zamudio, en el País Vasco, la sede de nuestra compañía». «Estamos orgullosos de nuestras raíces vascas y valoramos enormemente el favorable entorno industrial al que estamos encantados de contribuir», ha agregado. «No hay debate» sobre el cambio de sede, ha subrayado posteriormente.

Rosa García ha recordado los compromisos del acuerdo de fusión, por el que la sede está en Zamudio: «no hay ninguna decisión ni planteamiento alguno que ponga en duda el mantenimiento de la sede social en España. Aquí viven sus principales directivos, incluyendo el consejero delegado Marcus Tacke». Respecto a la aprobación de las compras, la presidenta de la comisión de auditoría ha defendido la transparencia y el rigor de las adjudicaciones, subrayando que en el negocio eólico es esencial que las compras «se realicen en condiciones de mercado y evitando que cualquier parte vinculada pueda aprovecharse de su influencia«. Además, ha rechazado la posibilidad de la intervención de un experto ya que «podría ocasionar un retraso en la operación».

El abogado representante de Iberdrola, Iñigo Elorriaga, ha defendido las dos propuestas de la eléctrica vasca asegurando que con ellas buscaba apoyar a los administradores porque «al actual consejo le faltan herramientas de gestión» y conservar los principios en los que se basó la fusión, «un proyecto industrial fuerte en nuestro país». El abogado representante de Siemens ha contestado que las dos peticiones de Iberdrola «carecen de todo fundamento. Tanto la ley como la normativa interna establece que la comisión de auditoría se encargue de las operaciones». El letrado se ha llegado a preguntar «¿Qué aportan los representantes de Iberdrola en el consejo?», tras asegurar que estos consejeros nunca han puesto reparos a las compras.

Los dos puntos propuestos por Iberdrola han sido rechazados por la Junta, dada la mayoría absoluta de Siemens, pero también se ha introducido un matiz: la consultora PwC actuará como experto externo que determine si las operaciones de compras son correctas y responden solo a las condiciones del mercado, algo que se ha interpretado como una pequeña «cesión» a Iberdrola en su petición de más control. Por último, UGT ha pedido garantías para el mantenimiento del empleo en España, a lo que Tacke ha contestado que España ha sido el país que menos bajas ha sufrido, con 231 despidos, frente a los 6.000 en todo el mundo, y que también se están produciendo nuevas contrataciones.

La industria pide a Iberdrola elevar la tensión de la red de distribución en Comunidad Valenciana para beneficiarse del euskopeaje

EFE.– El euskopeaje, la bajada del precio de la electricidad a las redes con una tensión entre los 30 y 36 kilovoltios, es una medida que beneficia fundamentalmente a las industrias de País Vasco después de establecerse en la negociación de Presupuestos entre el PP y el PNV. En este marco, la Confederación de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana (Confeindustria CV) demanda a Iberdrola tarifas más económicas que compensen las inversiones necesarias en las empresas de consumo eléctrico intensivo.

Para ello, insta a realizar actuaciones que contemplen elevar la tensión de la red de 20 a 30 kilovoltios para evitar sobrecostes energéticos a aquellas empresas, territorios y/o áreas industriales intensivas en consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana que vean lastrada su competitividad y supongan agravios comparativos respecto a otras autonomías como el País Vasco. Confeindustria reclama que se respeten las reglas de unidad de mercado para que todas las empresas, territorios y sectores «tengan la oportunidad de operar en las mismas condiciones», según reivindicaron.

Repotenciar las redes de industrias

La energía eléctrica es uno de sus costes de producción más relevantes y su precio es uno de los factores decisivos de la competitividad de las empresas, según el presidente de la confederación, Vicente Lafuente, que defiende que cualquier medida relacionada con la disminución del coste de la energía es «bienvenida». Solicita a Iberdrola que repotencie sus redes de 20 a 30 kilovatios para los sectores muy intensivos en consumo de electricidad y potencia contratada; en aquellas zonas con alta concentración de empresas industriales; y en áreas geográficas con mayor deslocalización de empresas cuya suma de costes energéticos sea elevada.

Por otro lado, y para mantener la unidad de mercado, pide que, en caso de eliminación de peajes eléctricos consecuencia de pactos políticos a nivel estatal, las empresas valencianas no se vean desfavorecidas en relación a otras autonomías, máxime cuando ya de por sí se están abonando tarifas más elevadas como consecuencia de la diferencia de potencia de la red.

El EVE lanza una campaña para fomentar la eficiencia energética y un uso responsable de la energía en País Vasco

EFE.- El Ente Vasco de la Energía ha lanzado una campaña con el lema Deja que un ladrón entre en tu casa para concienciar a la ciudadanía sobre el uso responsable de la energía en todos los ámbitos. El ente explicó que «dejar entrar un ladrón en casa es algo más que instalar regletas, es tomar conciencia de que la energía y su uso responsable es tarea de toda la sociedad«.

La campaña está dirigida «a la ciudadanía que consume energía en el desarrollo de su quehacer diario», y pretende poner en valor «la importancia de los gestos individuales para evitar consumos que son fácilmente evitables y contribuyen a un ahorro global». En los últimos 10 años, la industria vasca «ha invertido cerca de 350 millones de euros en medidas de eficiencia», mientras que el EVE «aportó 24,6 millones de euros para apoyar este esfuerzo». El EVE destacó la importancia de las políticas de ahorro y eficiencia energética desarrolladas para la economía vasca, ya que el 78% de los 2,12 millones de toneladas equivalentes de petróleo ahorrados corresponden al sector industrial.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

El PSOE vasco lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking

Europa Press.- Tras anular el Tribunal Constitucional partes de los artículos de la ley vasca antifracking por no tener la comunidad autónoma «competencias en la materia», el sindicato ELA denuncia que la falta de «soberanía energética impone» a Euskadi un modelo «insostenible, favoreciendo el fracking» y el PSOE de Álava ha mostrado su preocupación por la decisión del Constitucional de estimar parcialmente el recurso del Gobierno central.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha anulado varios apartados de la Ley vasca sobre el fracking por considerarlos anticonstitucionales, al entender que «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad. Los socialistas alaveses han considerado que ésta es «un mala noticia ya que puede reabrir la puerta de los fantasmas» que ya se vivieron en el pasado y que daban «por zanjandos».

El secretario de Política Ambiental y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, indicó que «es necesario y urgente derogar todos los puntos de la Ley de hidrocarburos estatal que premian e incentivan el fracking, desprotegiendo el territorio y poniendo en serio riesgo su patrimonio natural y medioambiental», con una técnica que su partido «rechaza por completo y que también rechaza la mayoría social alavesa».

Senderos ha recordado que el grupo parlamentario socialista obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP «hace ahora justo un año, a una proposición no de Ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) y que el PSOE lo rechaza en su ponencia del último Congreso». Por ello, el PSOE se «compromete a seguir trabajado a nivel político e institucional para que el fracking no sea una alternativa» en territorio alavés.

La falta de «soberanía energética”

Tras recordar que la ley antifracking se aprobó en el Parlamento vasco gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recabó más de 100.000 firmas en apoyo a la misma, ELA aseveró que «esta respuesta del Estado español es una clara evidencia de que se sigue favoreciendo un modelo de energía insostenible, basado en la potenciación de las energías fósiles».

«Este modelo va en contra de la necesaria soberanía energética que tenemos los pueblos para poder decidir qué energía consumimos y cómo queremos que se genere», ha denunciado, para asegurar que la anulación de parte de los artículos de esta ley es «un nuevo golpe a las energías renovables, a la vez que deja la puerta abierta nuevamente a energías que por activa y por pasiva hemos dicho que rechazamos«.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados de la ley vasca sobre el fracking y el Gobierno autonómico reivindica su validez

Europa Press.- El Gobierno autonómico del País Vasco ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya optado por una decisión «drástica» al anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking y ha asegurado que, pese a que el Constitucional mantenga lo contrario, se trata de una norma que tiene «pleno encaje» en la Constitución Española. El Tribunal entiende que estos apartados «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad.

De este modo, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central contra varios artículos de esta ley, que establece importantes obstáculos para la utilización del fracking, una controvertida técnica para la extracción de gas del subsuelo que es rechazada por ecologistas, por considerarla peligrosa para el medio ambiente y para la salud de las personas.

El Tribunal declara inconstitucional y nulo el artículo 3 de la ley, al considerar que «desborda» las competencias de las comunidades autónomas para establecer «normas adicionales de protección» del medio ambiente. También anula un apartado del artículo 2, puesto que considera que «interpretado en combinación con otros preceptos, podría llevar a la comunidad autónoma a vulnerar el principio de territorialidad».

El Tribunal Constitucional ha aplicado la doctrina que ha quedado establecida en 4 sentencias referidas a la regulación autonómica de la técnica de la fractura hidráulica por las comunidades de Cantabria, Navarra y Cataluña. En el artículo 3 de la ley vasca sobre la fractura hidráulica, que modifica la ley de suelo y urbanismo del País Vasco, la sentencia señala que dicho precepto es idéntico al contenido en la ley sobre el fracking de Cataluña, ya anulado por el Tribunal.

El Tribunal Constitucional señala que la competencia de las comunidades autónomas para fijar «normas adicionales de protección» del medio ambiente no incluye la «prohibición absoluta e incondicionada» del fracking, pues una prohibición de esas características «contradice de manera insalvable» la ley estatal del sector de hidrocarburos, que es la que autoriza el empleo de esta técnica. Según indica, esta competencia permite a las comunidades autónomas imponer, para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, “requisitos y cargas” no previstos por la legislación estatal. No obstante,  esas nuevas exigencias deberán ser «razonables y proporcionadas al fin propuesto», añade, y no podrán alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético.

La sentencia concluye que, si bien la norma vasca impugnada no prohíbe el fracking de forma «absoluta e incondicionada», sí contiene mandatos que «reducen, dificultan o impiden la eficacia» de la normativa básica del Estado, lo que las hace incompatibles entre sí». En consecuencia, el artículo 3 de la ley es declarado inconstitucional y nulo. Lo mismo ocurre con la disposición transitoria primera, que establece el régimen transitorio del artículo 3, al que se remite.

Ojos a hidratos de metano

El Tribunal también declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso del artículo 2 referido a los hidratos de metano enterrados en el mar. En la sentencia se señala que este inciso, «aplicado junto con otros preceptos no impugnados de la norma, permitiría a la comunidad autónoma vasca extender el ejercicio de su competencia al mar territorial y al subsuelo marino, que no forman parte de su territorio«. Esto, añade, «supondría vulnerar el principio de territorialidad».

El recurso del Gobierno se dirigía también contra el artículo 5 de la ley, que modifica la normativa vasca sobre aguas. En este caso, la sentencia considera que el precepto es «respetuoso» con la normativa estatal, cuya finalidad es la protección de las aguas y del dominio público hidráulico mediante la reducción de la contaminación y el establecimiento de medidas que eviten su contaminación adicional.

Este artículo tampoco «vulnera» la competencia del Estado ya que la sentencia indica que la ley no contiene una «prohibición general» sobre todo el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco, sino sólo sobre un 37%, según su mapa de acuíferos. Además, no se impone una prohibición «genérica e incondicionada», puesto que prevé la evaluación individualizada de cada uno de los acuíferos de Euskadi, y prohíbe el fracking sólo en los que «hayan ya sido declarados con un grado de vulnerabilidad media, alta o muy alta de contaminación». La sentencia también desestima el recurso en relación con el artículo 6, que permite a las autoridades y funcionarios vascos acordar «la reposición de la situación alterada a su estado originario”.

La resolución cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se han adherido los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Estos magistrados discrepan parcialmente de los argumentos y del fallo de la sentencia, en concreto, en lo que afecta al artículo 3. Los firmantes del voto particular sostienen que la sentencia no tiene en cuenta que dicho precepto remite «a lo que establezcan los instrumentos de ordenación ambiental», circunstancia que habría exigido enfocar el análisis desde el punto de vista de la competencia sobre protección del medio ambiente, y que habría conducido a la desestimación del recurso en este punto.

País Vasco defiende su constitucionalidad

Por su parte, pese a no compartir la decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo autonómico «acata» la sentencia, según indicaron fuentes del gabinete de Iñigo Urkullu. Desde el Gobierno autonómico se ha recordado que esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en 2015, no fue impulsada por el Ejecutivo, sino que se trato de una iniciativa planteada por los propios grupos de la Cámara autonómica.

En todo caso, desde el gabinete de Iñigo Urkullu se ha recordado que cuanto el Gobierno español recurrió la norma, el Ejecutivo vasco defendió el «pleno encaje constitucional» de la ley del fracking, primero en el proceso de negociación bilateral con el Gobierno central y, con posterioridad, a través de las alegaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo autonómico ha subrayado que no está «de acuerdo» con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional.

El fracking protagoniza una pugna entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha sobre las competencias autonómicas mirando al País Vasco

Europa Press.- El PP y el PSOE han discrepado sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha interpuesto contra determinados preceptos de la ley antifracking de Castilla-La Mancha. Si la diputada autonómica popular Claudia Alonso ha recordado que en el debate parlamentario de la norma «quedó claro» que la Administración regional no tenía competencias en esta materia, la portavoz autonómica del PSOE, Cristina Maestre, ha recordado al Ejecutivo central que en otras comunidades el recurso «no les ha salido bien«.

Preguntada por este asunto concreto en una rueda de prensa, Alonso ha defendido que de llevarse a término este recurso «será por intromisión de competencias». «Aunque no estemos de acuerdo con que se hagan estas actuaciones en suelo castellano-manchego, que se dediquen a legislar cosas que son de nuestra competencia», le pidió la parlamentaria de la oposición al Ejecutivo autonómico.

Visión distinta tiene la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, pues ha afirmado que con este recurso el Gobierno de Rajoy «demuestra una vez más que tiene obsesión por traer a esta comunidad todo lo negativo y quitar lo que necesitamos: ya nos han traído un basurero nuclear y ahora no quieren que se aplique esta norma«. Tras asegurar que el Ejecutivo regional «estará a lo que diga el Tribunal Constitucional», advirtió al Gobierno central que en otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, el recurso «no les ha salido bien».

El Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica antifracking de Castilla-La Mancha, que argumenta “proteger el territorio”

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado, después de que el Gobierno central acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antifracking de la región, destacando que promueve un modelo que «protege el territorio». Madrid recurre determinados preceptos de la ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medioambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno entiende que las normas de protección reguladas en la ley manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medioambiente. Por ello, el Ejecutivo de Rajoy invoca el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, considera que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental».

En País Vasco sin suspensión

En concreto, el Gabinete de Rajoy concluye que la ley manchega que prevé la elaboración de un plan estratégico para prohibir el fracking «en zonas de restricción y zonas de exclusión» supone «una vulneración de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como la Ley de Evaluación Ambiental». El Tribunal Constitucional ya ratificó en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria o en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores, pero sin una prohibición explícita, contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Constitucional levantó la suspensión.

Castilla-La Mancha: “Protege el territorio”

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, defendió en su cuenta de Twitter que «frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente», la Junta «apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio«. «Frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de CLM @frackingNOguada», señaló el consejero.