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Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

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Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Siemens Gamesa comunica a los sindicatos el despido de 408 trabajadores en los próximos 3 años en España

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Europa Press.- Siemens Gamesa ha comunicado a los sindicatos su previsión de despedir a 408 trabajadores en los próximos 3 años en las diferentes plantas que la compañía tiene distribuidas por toda España. Según ha informado la empresa, se ha trasladado a la representación sindical que la previsión es despedir a 408 trabajadores en España, de los cuales 341 serían durante 2017, contando desde el pasado 30 de septiembre.

Aunque la compañía no ha puntualizado cómo distribuirá los despidos, fuentes del sindicato ELA han asegurado que el plan no afectará a las plantas productivas de País Vasco y Navarra, ubicadas en Mungia (Vizcaya), Asteasu (Guipúzcoa) y Aoiz (Navarra), por lo que afectaría a oficinas o centros de I+D. También han asegurado que el próximo 23 de noviembre se celebrará la primera reunión de la mesa negociadora, en la que esperan que la multinacional aporte datos y concrete sus intenciones.

Siemens Gamesa anunció la pasada semana un plan de reestructuración de hasta 6.000 empleos en un total de 24 países. El grupo, que tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas en España, con 600 en Guipúzcoa y Vizcaya, alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros en sus primeros seis meses como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores de España y la filial eólica del grupo alemán, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

El PSOE de Álava pide a Nuclenor el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «lo antes posible»

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EFE.- El PSOE de Álava reclama a Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, que inicie el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa «lo antes posible». Los socialistas denuncian que después de que el Gobierno denegara la autorización de continuidad para Garoña aún «no hay constancia de que Nuclenor haya presentado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni al Ministerio la solicitud de desmantelamiento».

Por otro lado,  el PSOE exige la puesta en marcha de un plan de reactivación para los municipios de la comarca afectados por el cierre de Garoña. Ese plan, que debe incluir a las localidades alavesas de la zona, también tiene que contemplar «la implantación de energías renovables que mejor se adapten a la comarca» para que estas cubran una parte de la energía generada hasta ahora por la central.

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona explican en el Parlamento del País Vasco los pasos para constituir un operador energético municipal

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EFE.- El concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y el responsable del Servicio de Energía Verde, Joël Dozzi, comparecieron en el Parlamento autonómico del País Vasco para explicar los trabajos realizados por el Ayuntamiento de Pamplona para la creación de un operador energético municipal. Su comparecencia se enmarca en el debate del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, según indicó el Consistorio pamplonés.

La charla se centró en aspectos como la posibilidad de gestionar de forma directa todo el gasto energético municipal o el hecho de facilitar la implementación de medidas de eficiencia energética de manera directa. En este sentido, según indicaron, se incidiría en una reducción de la factura energética del propio Ayuntamiento ya que, con el actual sistema, esas reducciones de consumo repercuten sobre todo en la empresa adjudicataria. Un operador energético municipal permitiría, además, atender directamente a las personas en situación de pobreza energética, aseveraron.

Uno de los ejes de la comparecencia fue la conexión entre la pobreza energética y la sostenibilidad energética a nivel municipal, ya que la primera de ellas está ausente en la redacción del actual proyecto. Asimismo, los representantes del Ayuntamiento pamplonés abordaron una dimensión más estratégica de la ciudad en materia energética, con el empoderamiento de los municipios y la ciudadanía en el campo de la energía, así como la generación local de energías renovables.

La Ertzaintza alerta de ladrones que se hacen pasar por empleados de las compañías eléctricas

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EFE.- La Ertzaintza ha recogido dos denuncias por robos cometidos por parte de falsos empleados de una compañía eléctrica que se llevaron dinero y joyas de viviendas de Bilbao, y han aconsejado no dejar pasar a desconocidos para evitar ser víctimas de robos o estafas. Según el departamento de Seguridad, los ladrones llamaron telefónicamente al piso de sus víctimas asegurando que su consumo de electricidad en los últimos días era anormalmente elevado y anunciando que iban a personarse dos operarios de su compañía en su vivienda.

Ladrones con uniformes de compañías

Posteriormente se presentaron un varón y una mujer, con un uniforme y con un aparato que supuestamente mide el consumo de electricidad. Tras acceder al domicilio, el varón comprobó cada uno de los enchufes, mostrando especial interés en los de los dormitorios, y la mujer entretuvo a la víctima con la excusa de poner en funcionamiento cualquier aparato electrónico que no estuviera en los dormitorios.

Al terminar la supuesta inspección, los estafadores accedieron al cuadro de la luz y supuestamente colocaron un aparato por el que pidieron a la víctima que abonara alrededor de 150 euros. Posteriormente, las víctimas se percataron de que, además, les habían robado las joyas y los efectos de valor de los dormitorios. La policía vasca ha aconsejado no dejar entrar a nadie en el domicilio sin la correspondiente acreditación, verificar con la compañía suministradora el envío de operarios al domicilio.

Guipúzcoa aspira a ser en 2025 «referente industrial» en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía

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EFE.– El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, presentó la estrategia para convertir a este territorio en «referente industrial» en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía en 2025 a través de diferentes iniciativas de promoción empresarial, innovación y atracción de inversiones. Olano dio a conocer el documento estratégico que durante los últimos meses han elaborado más de 40 agentes, empresas, centros tecnológicos e instituciones relacionadas con la movilidad y la energía.

Esta estrategia del territorio, según ha anunciado Olano, persigue convertir a Guipúzcoa en «referente industrial» en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía para 2025 para lo que se recogen diversas líneas de acción e iniciativas de promoción empresarial, emprendimiento, innovación y atracción de inversiones. La Estrategia de Guipúzcoa para el Desarrollo Industrial en Movilidad Eléctrica se articula en tres ejes dirigidos a impulsar el desarrollo industrial y tecnológico, a desarrollar las infraestructuras y a posicionar al territorio en este ámbito.

Empresas tractoras para esta estrategia

Olano ha opinado que Guipúzcoa reúne las características necesarias para aprovechar el área de oportunidad que ofrece el despliegue de la movilidad eléctrica y sostenible, y el almacenamiento de energía. «Entre estos mimbres existen en el territorio empresas tractoras» que son referencia mundial y centros tecnológicos e investigadores «punteros», así como asociaciones y entidades que trabajan «en el impulso de la industria, la investigación y la formación en sistemas y tecnologías», destacó el diputado general.

Olano puso como ejemplo la apertura de la nueva fábrica de Irizar en Aduna, dedicada íntegramente a la fabricación de autobuses eléctricos, el salto que ha dado CAF hacia la producción de autobuses híbridos mediante su filial Vectia o la importante alianza entre Cidetec y Petronor para el impulso de la investigación en el campo de las baterías eléctricas. El diputado general se comprometió a destinar recursos para la materialización de esta estrategia, siempre dentro de «las posibilidades y la competencias» de la Diputación que, según ha recordado, tienen entre sus principales apuestas para esta legislatura el desarrollo de una industria ligada a la electromovilidad.

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

Los ciudadanos del País Vasco son menos partidarios de la transición energética que el resto de españoles, según Greenpeace

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EFE.- La cuarta parte de los vascos, según una encuesta de Greenpeace realizada entre internautas, quiere una «transición energética» que vaya hacia un modelo eléctrico totalmente renovable y eficiente. Greenpeace presentó a políticos vascos en Bilbao, donde está amarrado su barco Esperanza, el estudio Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables.

El estudio recoge que el 25,8% de los vascos querría consumir solo electricidad renovable, una cifra inferior a la media española, como en todos los apartados del estudio. Además, el 8,6% de la población (el 13% en España) estudia instalar equipos de autoconsumo eléctrico y un 20% estaría dispuesto a hacerlo si se lo facilita alguna asociación. Eso sí, los vascos, según Greenpeace, también se muestran en contra de las «puertas giratorias» para los políticos.

Folgado (REE) aboga por replantear los impuestos especiales que paga la electricidad y propone prorrogar 10 años más las nucleares

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EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, expuso la conveniencia de que el Gobierno central se replantee los impuestos especiales con los que se grava la electricidad. En este sentido, Folgado indicó que se debe pensar «para ver cómo, con mentalidad fiscal global, la energía eléctrica no paga impuestos especiales» como los que también soportan el alcohol, el tabaco o el petróleo.

«Nos jugamos mucho» por el peso de la electricidad en los costes empresariales y su incidencia en la competitividad, ha señalado Folgado, que recordó que ahora no solo se paga un tributo por energía generada sino también otro del 5% que se estableció en su día para «subvencionar el carbón», y «aunque esto ha ido cayendo el impuesto sigue». Asimismo, Folgado se ha referido al escenario que debe afrontar España en una situación económica que le «permite» abordar este reto, que tiene a su juicio como primer pilar la eficiencia.

Después de subrayar que «no hay energía más sostenible que la que no se consume», ha recordado que en 2016 el 80% del déficit comercial español fue por el coste energético, de ahí la importancia de las renovables. Folgado ha indicado además que tanto administraciones como empresas y particulares deben adoptar sistemas que permitan un menor consumo y aplicar tecnologías que optimicen el que se realiza, al tiempo que apuesta por «un cambio masivo en la sostenibilidad de la edificación».

Avance de la movilidad eléctrica

Ha defendido también el desarrollo de una movilidad sostenible con un desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías, y del automóvil eléctrico e híbrido para personas, algo que ha augurado que contará con el impulso de los ayuntamientos, que para 2025 pondrán «claras limitaciones» al coche tradicional. A estas medidas añadió la necesidad de aplicar «políticas sociales» al consumo eléctrico, como se hace en distintos países europeos mediante «una bajada de tarifas para las menores rentas». Todo ello sin olvidar la «importancia» de contar con redes de interconexión para el transporte de la energía.

En referencia a su origen ha recordado que la renovable debe ser para 2020 el 27% de la primaria, lo que supone el 62% de la producción eléctrica, un ratio que ya alcanzó una comunidad autónoma como Navarra el año pasado. «Pero la generación renovable también puede ser nuclear», ha puntualizado, aseverando que «lo más razonable es alargar la vida de las centrales nucleares 10 años», pese a que los «efectos colaterales» que puede acarrear el uranio. En todo caso subrayó que para 2040 «prácticamente todo será energía renovable sin nucleares» y eso conlleva otros retos, como el del almacenamiento.

Salida de las renovables navarras

Por otro lado, Folgado aseveró que, «con la objetividad propia de quien ve todo el parque nacional», la salida de Navarra a su producción de energía renovable «obviamente es por el País Vasco y Europa». «Antes podía evacuar sus energías excedentarias a Castilla y León y Aragón, pero es que ellas se han desarrollado mucho en eólicas, en mayor cantidad de lo que demandan, y por lo tanto no hay mucha salida por ahí», argumentó.

Y ha añadido que si se quiere «el desarrollo de Tierra Estella y no tener restricciones al crecimiento en sectores como automoción, biomedicina, agroindustria, industrias químicas o papelera, se necesita no tener la espada de Damocles de minicortes o falta de capacidad de evacuación de la energía«. «Eso es lo que permite capitalizar la energía renovable siempre y a un determinado precio», ha subrayado Folgado.

La nuclear de Garoña enfrenta a Castilla y León y AMAC, pidiendo su continuidad, frente a País Vasco y Greenpeace

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Europa Press.- La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones realizadas en el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo ya finalizó y en el que la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las organizaciones ecologistas.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la Junta se ha pedido la continuidad de Garoña hasta 2031 porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «ha garantizado» la seguridad y hasta esa fecha se amortizarían las inversiones exigidas por este organismo, mientras que, de producirse el cierre, «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles».

De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque toda su área de influencia. Del Olmo aseguró que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y recordó que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la Junta aprovechó sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética «más barata» junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un «lastre grande a la economía nacional». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», concluyó Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la «continuidad de la explotación» de la planta en las alegaciones presentadas, «mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN«. Sin embargo, los municipios han pedido que se revise primero la «efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una «solución segura para almacenar los residuos» ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) «no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor».

Analizar todos los efectos socioeconómicos

Además, AMAC señaló que «antes de la puesta en marcha» de la central nuclear, «debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros». No obstante, sobre la «merma de la actividad económica», la AMAC destacó que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a «provocar un monocultivo industrial» que causa «grandes efectos negativos al finalizar la explotación». Por ello, también han pedido en sus alegaciones que «no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos» en el entorno.

Del otro lado, Greenpeace, que ha presentado sus alegaciones, ha esgrimido las «deficiencias derivadas del informe del CSN en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad», así como la «falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia». Además, la organización ecologista ha alegado que existen «incumplimientos» de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los «costes medioambientales e intrageneracionales» de reabrir la central nuclear son «muy elevados».

Asimismo, Greenpeace incluyó en su escrito las «alteraciones» del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la «contradicción» en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para «no cargar combustible ni producir electricidad». Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio que «finalice con el espectáculo» sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que «parece que solo el Gobierno quiere mantener la planta en funcionamiento», después de que la operadora de la central, Nuclenor, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.

Por su parte, EH Bildu resaltó que el Parlamento del País Vasco también ha presentado sus alegaciones y recordó que el pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que puedan derivarse en este sentido. Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña«.

La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, el titular de Garoña, Nuclenor, tampoco presentó alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas en Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que «la apertura de Garoña es una temeridad».

El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y, según la legislación vigente, es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de 6 meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones.