Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.
La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.
«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.
Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».
Ciudadanos pide no avalar reapertura
La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.
Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.
País Vasco ve «riesgo innegable»
Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.
Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.
Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.
Facua ve “escandalosa” la decisión
Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».
«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».
