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Castilla y León pide a Nuclenor que «en vez de pegarse con el Gobierno» busque un acuerdo para reabrir Garoña

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Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha pedido a la empresa Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, que busque un acuerdo que permita reabrir la planta burgalesa «en vez de pegarse con el Gobierno».

Del Olmo se ha referido así a la posible intención de Nuclenor de recurrir ante el Tribunal Supremo la sanción de más de 18 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso en 2014 por parar su producción de forma anticipada en diciembre de 2012.

La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia respecto al recurso presentado por la empresa en contra de la multa de 18,4 millones de euros, de modo que confirma la sanción impuesta, según han informado fuentes judiciales.

Instantes antes de asistir al Congreso Constituyente de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León, Del Olmo ha insistido en que Garoña «es segura» y ha recordado que «muchos empleos» dependen de esta central, tanto directos como indirectos.

Asimismo, ha subrayado la contribución que Santa María de Garoña ha tenido en la producción eléctrica española, por lo que considera necesaria su reapertura, una postura que trasladará al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, quien también detenta la responsabilidad de ministro de Industria, Energía y Turismo desde la marcha de José Manuel Soria.

Garoña pierde 45,6 millones en 2015, un 60% menos que en el ejercicio anterior

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Europa Press.- Nuclenor, la sociedad que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña, declaró unas pérdidas de 45,6 millones de euros en el ejercicio 2015, un 60% menos que los ‘números rojos’ por valor de 112,8 millones del año anterior.

Este resultado se produjo en un ejercicio en el que la central se mantuvo en condición de cese y con todo el combustible almacenado en sus piscinas, como viene sucediendo desde que en diciembre de 2012 la empresa decidiese suspender la actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012.

La cifra de negocios apenas ascendió a 8 millones de euros en 2015, frente a 6,4 millones de euros en 2014, y provino de los réditos obtenidos por la participación del 2% que también mantiene la sociedad en la central nuclear de Trillo, según datos del Registro Mercantil recogidos por Europa Press a través de Infoempresa.com.

Nuclenor, que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, dice que no se han producido circunstancias diferentes a las que motivaron su decisión de paralizar la central nuclear, que se encuentra en una fase de «predesmantelamiento» cuya duración es de tres años y puede ser «reversible».

La empresa se encuentra además en la actualidad en una situación de desequilibrio patrimonial en la que el patrimonio neto se ha situado por debajo de la mitad del capital social.

Para resolver esta situación, propondrá a su junta de accionistas la adopción de medidas para restablecer el equilibro, en línea con lo ya ocurrido en 2015, cuando se acordó inyectar 24,3 millones para compensar pérdidas, así como movilizar futuras aportaciones por 18,7 millones.

Nuclenor disponía a cierre del ejercicio 2015 de una plantilla de 260 trabajadores, de los que solo 21 son mujeres. La fuerza laboral descendió en 14 efectivos durante el pasado ejercicio.

Ecologistas en Acción critica que el Consejo de Seguridad Nuclear actúa de forma «muy opaca» con Garoña

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EFE.- Ecologistas en Acción, por medio de su portavoz en materia nuclear, Francisco Castejón, ha criticado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) actúa de forma «muy opaca» en la tramitación de la solicitud de Nuclenor para que la central nuclear de Garoña, en Burgos, puedan seguir activa hasta 2031.

En declaraciones recogidas, en unos días en que tradicionalmente su organización estaba en plena preparación de la marcha reivindicativa para el cierre de Garoña pero que ha dejado de celebrarse, Castejón ha considerado que cada paso que da el CSN va encaminado a informar a favor de la «prórroga condicionada», lo que dejaría en manos del Gobierno la decisión última sobre el futuro de la planta.

Con esa fórmula, la propietaria de Garoña ni siquiera tendría que cumplir todas las condiciones impuestas antes de obtener la autorización porque se fijaría un calendario de reformas «a realizar en varios años», ha explicado el portavoz ecologista.

En su opinión, se trata de una forma «retorcida» de informar la solicitud porque hasta ahora sólo se ha informado a favor cuando las empresas reunían las condiciones necesarias.

De hecho, ha acusado también al consejo de estar «excesivamente politizado», de ser «sumiso» al actual Gobierno en funciones, partidario de prorrogar la vida útil de Garoña, y de «filibusterismo», al anunciar que no decidirá nada hasta noviembre y evitar anunciar nada relacionado con Garoña cerca de periodos electorales, «seguramente para no obligar al actual Gobierno a insistir en su apoyo a la energía nuclear».

En todo caso, Castejón ha asegurado que Ecologistas en Acción teme que se conceda la prórroga a Garoña para que sirva de precedente para Almaraz.

El portavoz para temas nucleares del grupo ecologista ha recordado que la licencia de Almaraz I y II, en Cáceres, caduca el 8 de julio de 2020.

Es una central que produce cuatro veces más electricidad que Garoña, más de 2.000 megavatios, «por lo que es mucho más rentable que Garoña alargar su vida útil», según Castejón.

En este sentido, ha alertado del precedente que supondría conceder a la planta nuclear burgalesa, parada desde diciembre de 2012, la primera autorización en Europa para operar una central hasta los 60 años y la primera prórroga de más de 10 años concedida en España.

Para Castejón, también es «inaudito» que se pretenda dar el visto bueno a la petición de prórroga para que Garoña siga operando hasta 2031 a la espera de que la planta cumpla las condiciones en el futuro.

El portavoz ecologista reconoce que el Almacén Temporal Individual que el Gobierno autorizó en octubre de 2015 para Garoña es «indispensable», tanto para el desmantelamiento como para que la central pueda seguir operando.

«Será bienvenido si se instala para vaciar el combustible gastado en la central, porque en este momento es la alternativa menos mala para esos residuos, pero también está la amenaza de que sirva para garantizar que la planta tenga capacidad para albergar sus propios residuos radiactivos hasta el final de su actividad en 2031», ha precisado Castejón.

El CSN prevé resolver en noviembre la petición de renovación de la autorización de operación de Garoña

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya había anunciado que resolvería el informe sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña en el segundo semestre de este año, ha concretado que esa resolución se producirá en torno a noviembre. El informe se emitirá una vez que el titular de la central nuclear “vaya concluyendo todos los trabajos que todavía debe realizar”, en particular las modificaciones de diseño que deben contar previamente con la apreciación favorable del CSN.

Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña formada por Endesa e Iberdrola, pretende seguir operando la planta hasta marzo de 2031, cuando cumplirá los 60 años de actividad. La solicitud de prórroga que planteó requiere de ese informe; de ser negativo implicaría el cierre definitivo de la planta y, en el caso de que sea favorable, sometería el futuro de la central a la decisión del Gobierno. La nuclear lleva parada y desenganchada de la red desde diciembre de 2012, 7 meses antes de que expirase su licencia de operación el 6 de julio de 2013, aunque Nuclenor siempre justificó esta decisión por falta de rentabilidad económica.

El pleno del CSN ha sido informado por los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de que continúa la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el pleno estableció en la Instrucción Técnica Complementaria que emitió en julio de 2014, para que una vez «satisfechos y verificados» se pueda emitir el informe correspondiente.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción habían alertado del riesgo de que el informe del CSN pudiera emitirse antes de contar con un nuevo Gobierno en España, de manera que el Gobierno en funciones del PP, el único partido que se muestra favorable a conceder la prórroga, pudiera conceder el permiso e hipotecar al siguiente Gobierno, que se vería abocado a pagar una indemnización millonaria por «lucro cesante» si decidiera cerrar la planta atómica burgalesa.

Garoña dice que «seguirá cumpliendo»

Por su parte, desde Nuclenor, el portavoz Elías Fernández Centella confirmó que el planteamiento de la central de Garoña es «seguir cumpliendo los requisitos» de cara a la renovación y que, de hecho, «el CSN sabe todo lo que se está haciendo«. En concreto, ha recordado como algo «que es normal», el hecho de que en la planta el regulador mantiene un inspector residente y que hay inspecciones «constantes» del cuerpo técnico que está viendo la «evolución» de los trabajos.

La petición de renovación se basa en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Esta modificación legislativa, impulsada por el Gobierno del PP, permitía a las plantas atómicas que no hubieran cerrado por motivos de seguridad nuclear o protección radiológica, sino por motivos económicos, pedir de nuevo su reapertura en el plazo de un año desde su cese de explotación. Nuclenor expuso entonces que «un marco temporal de explotación de estas características» era necesario para que el proyecto fuera «viable», estable y lograr la «certidumbre adecuada» para acometer las inversiones precisas.

“Es un lujo cerrar Garoña”

Desde entonces, la planta está en situación de cese de actividad, a la espera de que «se den las circunstancias administrativas y regulatorias que posibiliten la vuelta a la operación», según el Foro de la Industria Nuclear. En concreto, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, expresó la preocupación del sector porque un activo industrial como Garoña, que «funciona bien», pueda cerrarse cuando, de hecho, «puede seguir operando a largo plazo«. «Garoña es un activo industrial que funciona. Es un lujo que España, que no es tan lista ni tan rica como para permitirse prescindir de un activo viable que además ha operado más de 40 años de edad y conoce cómo hacer para operar a largo plazo», subrayó Cornadó.

En este sentido, admitió que el futuro de Garoña está «en manos del CSN» y, llegado el caso, de la posterior resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Así, ha garantizado que «está demostrado» por parte de Garoña que es «viable y seguro» operar un reactor más de 40 años, porque ya ha funcionado durante 42 años y que, incluso, un dictamen técnico del CSN aprobado por unanimidad en 2009 era «favorable» a que la planta operase hasta 2019.

De este modo, ha reiterado la defensa del Foro Nuclear sobre la operación del parque atómico a largo plazo, porque «no supone un salto cuantitativo», ya que se está haciendo en otros países, como Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen autorización para operar 60 años. En caso de que, finalmente, el Gobierno de visto bueno a Garoña, ha apuntado que entonces su vuelta a la producción eléctrica dependerá de su titular, Nuclenor, y su programa de plazos de vuelta a la operación.

Prado (Endesa) vincula el futuro de Garoña a una decisión empresarial de Nuclenor siempre que el CSN apruebe su reapertura

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El presidente de Endesa, Borja Prado, reiteró que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central nuclear de Garoña y vinculó cualquier decisión final sobre el futuro de la planta, una vez se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre si aprueba a su reapertura, a que su titular Nuclenor (sociedad participada al 50% junto a Iberdrola) estudie su viabilidad «desde el punto de vista técnico y financiero», es decir, “una decisión empresarial”.

Asimismo, Prado señaló ante la junta de accionistas que lo que sí pide la energética es «que ese informe se saque lo antes posible» por el CSN para que Nuclenor pueda tomar una decisión. Por otra parte, el presidente de Endesa descartó comprar la participación de Iberdrola en Nuclenor si finalmente ésta decide dejar de operar plantas nucleares en España. «No es algo que contemplamos en este momento», apuntó. Al respecto, Prado no quiso calificar de desleal la actitud de Iberdrola, que según los sindicatos comunicó su intención de cerrar Garoña por causas económicas antes de plantearlo en el seno de Nuclenor, aunque subrayó que «cada uno es como es». «Yo no lo haría», concluyó.

En lo que respecta a Endesa, Prado indicó que en 2015 la compañía cumplió «con éxito» los objetivos marcados, reflejando una «operativa rentable y una posición financiera sólida», con un beneficio neto de 1.086 millones de euros. Asimismo, apuntó a la renovación de la compañía, con la creación de su nueva imagen corporativa y el lanzamiento de su nuevo logo, «que representa la voluntad de modernidad y de cambio; así como la visión, enmarcada en el concepto Open Power que impulsamos para el grupo Enel».

En este sentido, señaló que «la sólida» posición financiera de Endesa y los «buenos» resultados de gestión justifican la política de dividendos «muy atractiva y estable», que distribuirá el 100% del beneficio neto consolidado y que, como mínimo, ese dividendo sea cada año un 5% superior al del ejercicio anterior. De hecho, la junta aprobó el reparto de un dividendo total de los 1.086 millones de beneficio de 2015. Endesa ya procedió al pago de un dividendo a cuenta de 0,4 euros brutos por título. Con el abono en julio de un dividendo complementario de 0,626 euros brutos, la retribución total al accionista correspondiente a 2015 ascenderá a 1,026 euros.

Por otra parte, Prado subrayó que la contribución fiscal total de Endesa ascendió a 4.213 millones de euros en el año 2015, unos 11,5 millones de euros diarios y el 96% de ella realizada en España. Así, el grupo pagó en España un total de 1.745 millones de euros en impuestos en 2015, «una cifra superior en un 60% al beneficio neto registrado por la compañía en ese mismo año». «Y los impuestos recaudados, que no repercuten en nuestras cuentas, pero que se producen gracias al valor generado por nuestras actividades, fueron de 2.468 millones de euros”, añadió al respecto.

En su intervención ante los accionistas, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, pidió dar un fuerte impulso a la electrificación de la demanda final de la energía, por razones medioambientales, de eficiencia y ahorro energético, y porque está directamente relacionada con la posibilidad de introducir nuevas tecnologías para conseguir un sistema energético más sostenible y descarbonizado. Endesa está desempeñando un papel relevante en el impulso del coche eléctrico.

Por último, Bogas incidió en la importancia de proceder a una reforma en profundidad de los mercados energéticos, «con el fin de que estos envíen claras señales de precios de largo plazo a los agentes». A este respecto, denunció que «en la actualidad el correcto funcionamiento de los mercados se está viendo negativamente afectado por un amplio número de excepciones que introducen importantes perturbaciones en la formación de los precios«.

La junta de accionistas también aprobó el nuevo Plan de Fidelización de la compañía para retener a sus directivos, que contempla retribuciones por importe máximo de cerca de 3,8 millones de euros para su presidente, Borja Prado, y su consejero delegado, José Bogas. La junta, que también aprobó el resto de puntos del orden del día, ha refrendado este sistema de retribución a largo plazo que tiene como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la sociedad.

Este plan está dirigido al presidente, al consejero delegado y a los restantes directivos del grupo con responsabilidad estratégica que sean determinados por el Consejo de Administración. El periodo del plan será de 3 años a contar desde el 1 de enero de 2015 para el Programa 2015-2017 y desde el 1 de enero de 2016 para el Programa 2016-2018.

Nuclenor niega que tenga tomada una decisión sobre Garoña y Ecologistas en Acción cree que el PP presiona para reabrirla

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EFE / Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que el PP ha tomado la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) como un “asunto personal” y presiona para su reapertura. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, indicó que la empresa Nuclenor, propietaria de la planta burgalesa, les ha comunicado que «no hay una decisión tomada» sobre un posible cierre de las instalaciones por razones económicas.

Valdeón reconoció que a raíz de lo señalado por el sindicato vasco ELA, que apuntaba a que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se había tomado la decisión de cerrar Garoña “por motivos económicos”, la Junta de Castilla y León se puso en contacto con los propietarios de la planta nuclear para recabar información. «Nos ratificaron que no hay una decisión tomada al respecto», resumió la portavoz, convencida de que la viabilidad de la central nuclear ubicada en el norte de la provincia burgalesa «está condicionada al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», tanto para retomar su actividad como para que cese definitivamente.

Valdeón aseguró que «nunca nos han hablado de causas económicas» para justificar un posible cierre, que en su opinión es un problema que tiene el «nudo gordiano» en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, pero que tiene en vilo a las cerca de 1.000 personas que están vinculadas laboralmente a la actividad de Garoña. La Junta de Castilla y León ha pedido a la empresa propietaria de la central nuclear que en caso de que tome se alguna decisión sobre el futuro de las instalaciones se la comunique con antelación y reiteró que defiende el mantenimiento de la planta siempre que se cuente con el respaldo del regulador CSN.

Los ecologistas apuntan al PP

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, señaló que la votación de la proposición no de ley para exigir el cierre de Garoña en el Congreso de los Diputados ha demostrado que el PP «ha tomado Garoña como un asunto personal pese al perjuicio para la sociedad, al CSN, al que obliga a realizar inspecciones innecesarias, y la propietaria de la planta». Castejón critica que el PP se ha quedado solo apoyando la reapertura de Garoña porque «fue su buque insignia en la campaña electoral en materia energética» y están dispuestos a «todo tipo de cesiones» para evitar el cierre definitivo, incluso en contra del criterio de Nuclenor.

Según su opinión, Nuclenor no tiene interés en la reapertura de Garoña porque, además del coste de las actuaciones y mejoras que exige el CSN, hay una «situación de incertidumbre» porque la planta podría volver a tener problemas técnicos en los próximos años cuyo coste no fuera asumible. Para Castejón, la reapertura de Garoña «es más un deseo que una posibilidad real». Sin embargo, fuentes de Nuclenor mantienen que en Garoña se sigue trabajando en el «doble escenario» de un posible desmantelamiento o de la reapertura y que no se ha aprobado ni dado trámite a ninguna solicitud de cierre definitivo de la planta nuclear.

Marcha el 11 de junio

Por otro lado, el colectivo Araba sin Garoña ha convocado el sábado 11 de junio en Vitoria una nueva manifestación para exigir el cierre definitivo de Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria. La fecha se ha escogido así porque en junio se reúne el consejo de administración de Nuclenor, propietaria de Iberdrola, y «es más que probable» que haya unas nuevas elecciones generales y por tanto el «otro actor llamado a cerrar la central», el Gobierno, podría cambiar su composición. Araba sin Garoña confía en que no se les impida la celebración de la manifestación, como ya ocurrió en diciembre, cuando la Junta Electoral prohibió la marcha que este colectivo había convocado para la víspera de las elecciones.

Así lo indicó el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, que restó importancia a las «magnificadas» declaraciones del presidente de Iberdrola y apuntó que cada vez que algún responsable de la central «ha hecho alguna alusión a su cierre» el Gobierno central «aprobó cambios en la legislación favorables» a su continuidad. Dado estos «precedentes», Araba sin Garoña entiende las palabras de Galán como «un aviso a navegantes: ‘No os paséis con las exigencias de seguridad o se cierra Garoña'» y, por ello, considera necesario convocar una nueva manifestación para reiterar el rechazo a la central.

Asimismo Foro contra Garoña ha advertido que «si Galán hablase en serio» habría hecho el anuncio en la Junta de Accionistas, en un medio de comunicación o «retirando directamente la solicitud al CSN para renovar el permiso de funcionamiento de Garoña hasta 2031«. Sin embargo lo dijo «en una reunión privada», lo que «pone en duda la veracidad de sus intenciones» y apunta, según este Foro, a «un aviso a navegantes dirigido al Gobierno en funciones». Por ello ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose contra la central burgalesa.

País Vasco señala que el cierre de Garoña «sería una buena noticia» mientras la Diputación de Álava pide prudencia

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EFE / Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, afirmó que «hay que ser prudentes» respecto a lo indicado por el sindicato ELA, que asegura que el presidente de Iberdrola les trasladó su decisión de cerrar la central nuclear de Garoña (Burgos)»por motivos económicos». En este sentido, el portavoz del Gobierno del País Vasco, Josu Erkoreka, señaló que la confirmación del cierre de Garoña «sería una buena noticia», que además respondería al sentir mayoritario de la sociedad y de las instituciones de Euskadi.

Erkoreka reconoció que el Gobierno autonómico vasco «sí tenía conocimiento» de que Iberdrola «podría estar considerando» el cierre de Garoña, pero recalcó que no tiene «ningún conocimiento oficial» de que esto vaya a ocurrir. Recordó además que la decisión no corresponde a Iberdrola, sino a Nuclenor, propietaria de la central y en la que la eléctrica vasca participa al 50% junto con Endesa. «En cualquier caso, si la noticia se confirma, la valoración del Gobierno sería positiva porque coincide con una reivindicación sostenida en repetidas ocasiones por la sociedad e instituciones vascas«, resumió el portavoz.

«Prudencia» en Diputación de Álava

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), apuntó que «hay que ser prudentes» respecto de unas noticias de las que la entidad foral «no tiene mayor información». En este sentido ha reiterado que «lo que la Diputación espera es que se produzca el cierre de Garoña cuanto antes». Fuentes de la multinacional eléctrica declinaron hacer declaraciones sobre este asunto y se limitaron a señalar que la compañía no hace «ningún comentario» al respecto mientras el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, afirmó que «no hay ninguna petición» de cierre de la central nuclear de Garoña por parte del operador.

Industria debe «aclarar la situación»

Según el secretario de Medio Ambiente y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, es una «buena noticia» pero hay que «tomarla con mucha cautela», debido a que «el oligopolio eléctrico tiene como objetivo prolongar la vida útil del parque nuclear de 40 a 60 años y Garoña ha sido y es su punta de lanza para ese objetivo«. «Hay que tener en cuenta que esta noticia debería ir acompañada también de la negativa de Endesa de no querer reabrir la planta. No olvidemos que Nuclenor  está participada al 50% entre Iberdrola y Endesa  y sólo es una parte la que se ha pronunciado», añadió.

En este sentido, el PSOE de Álava pidió al Ministerio de Industria que «aclare la situación» y que «ejerza su responsabilidad pública frente a las decisiones de las empresas privadas«. Por todo ello, el PSOE de Álava ha indicado que seguirá trabajando a todos los niveles  institucionales y jurídicos para que Garoña no se reabra y «su desmantelamiento definitivo sea una realidad«. Además, ha pedido a todas las instituciones vascas que no «bajen la guardia» y sigan trabajando para que Garoña no retome su actividad.

Los sindicatos aseguran que Galán (Iberdrola) apuesta por cerrar Garoña pero desde Nuclenor indican que nada se ha decidido

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Europa Press / EFE.- El sindicato vasco ELA y, posteriormente, CC.OO., aseguran que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, trasladó a los sindicatos hace unos días la decisión de clausurar la central nuclear de Santa María de Garoña «por motivos económicos». El Ministerio de Industria no ha recibido novedades al respecto pero ELA explica que Galán mantuvo, con motivo de la Junta de Accionistas, una «recepción» con la sección sindical de ELA y el resto de secciones sindicales y que les trasladó esta decisión.

Según eldiario.es, en el encuentro también estaban presentes el director de Finanzas y de Recursos de Iberdrola, José Sáinz Armada, y el director de Recursos Humanos, Ramón Castresana. ELA señaló que su sección sindical en Iberdrola informó a la plantilla de la empresa del contenido de esa reunión y, en concreto, hacía mención a la «información trasladada sobre Garoña». El sindicato reiteró su exigencia de un cierre «definitivo e inmediato» de Garoña y exigió a Iberdrola que «confirme publicamente la decisión del cierre de Garoña».

Por su parte, Nuclenor, titular del reactor burgalés, aseguró que «no ha tomado la decisión» de echar el cierre de la planta atómica y «desconoce» las informaciones en ese sentido. Según su responsable de comunicación, Elías Fernández, en Nuclenor «desconocen la información» que apunta al cierre de la central y asegura que «se sigue igual, como se estaba». Concretamente, indicó que, en todo caso, el encargado de tomar una decisión de este tipo es el consejo de administración de Nuclenor y aseguró que de momento «no hay ninguna decisión tomada».

De este modo, recuerda que la situación de la central atómica de Garoña sigue en situación de cese, a la espera del informe de evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la petición de renovación de licencia hasta 2031. «Nuclenor tiene un consejo de administración, compuesto por Iberdrola y Endesa al 50%, que es a quien le corresponde este tipo de decisiones», ha insistido. Fuentes de la multinacional eléctrica, con sede social en Bilbao, declinaron hacer declaraciones sobre este asunto y se limitaron a señalar que la compañía no hace «ningún comentario» al respecto.

CCOO también habla de cierre

Por su parte, el secretario de la sección sindical de CC.OO. en Iberdrola en el ámbito estatal, Modesto Fernández, también señaló que Ignacio Sánchez Galán, les trasladó a los sindicatos que su apuesta sería «cerrar Garoña porque no es viable» en las actuales circunstancias. Fernández matizó que lo que les trasladó Galán «no es nada nuevo»: tras un repaso sobre la situación de las centrales nucleares, les indicó que, para Iberdrola, en las actuales circunstancias, Garoña «no es rentable» y, por tanto, habría «que cerrarla».

En este sentido, Fernández ha recordado que la central requeriría de unas inversiones para prolongar su vida útil y el planteamiento de Iberdrola es que, «si económicamente no es rentable, no están para perder dinero«. El responsable de CC.OO. señaló que Galán trasladó su opinión como socios al 50% sobre el futuro de esta instalación en las actuales circunstancias. Según explicó, hay que tener en cuenta que un cierre «tiene que autorizarse por el Gobierno». «Además, no sé si con un Gobierno nuevo, cambian las tasas, los impuestos y la central es viable económicamente y no se cierra«, concluyó Fernández.

Industria «no recibió ninguna petición»

Por otro lado, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, indicó que «no hay ninguna petición» de cierre de la central nuclear de Garoña por parte del operador, que es la sociedad Nuclenor. «Desconozco si Iberdrola ha tomado una decisión que concierne a Nuclenor», señaló en referencia al anuncio realizado por la compañía a los sindicatos sobre el cierre de la central por motivos económicos.

Diputación de Burgos pide «prudencia»

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, apeló a la «prudencia» ante el posible anuncio de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta que se pronuncien los propietarios de la planta. Rico apuntó que Iberdrola es una de las propietarias de la planta e insistió en que cualquier valoración al respecto se deberá manifestar una vez que se pronuncie su Consejo de Administración. Al respecto, calificó de «muy atrevido y desagradable» que el PSOE se haya alegrado ya de una decisión de estas características y advirtió de que de la continuidad de la central depende cerca de un millar de puestos de trabajo directos e indirectos y el crecimiento de su zona de influencia.

En caso de que se confirme el cierre de Garoña, ha vaticinado un «desplome económico» en el Valle de Tobalina por las aportaciones que la empresa dejaría de hacer y ha pronosticado también una repercusión negativa en la coyuntura económica de la comarca de La Bureba. Aunque el presidente de la Diputación de Burgos destacó la necesidad de respetar cualquier decisión empresarial que se adopte, reiteró que el Partido Popular ha respaldado «en todo momento» la continuidad de la planta burgalesa, siempre que la avale el Consejo de Seguridad Nuclear.

Podemos / Equo exige de nuevo en el Congreso que «nunca más» vuelva a reabrirse la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, volverá a solicitar el miércoles de esta semana en el Congreso de los Diputados que no se reabra «nunca más» la central nuclear de Garoña. «Consideramos que nunca debe volver a ponerse en marcha», sostiene en la proposición no de ley que defenderá en la Comisión de Industria.

«Ha sido bastante indignante conocer que de repente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señaló en su día el diputado de Equo. En este sentido, recordó el acuerdo parlamentario sellado en 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

En la iniciativa, Podemos recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que ya es el momento de ser desmantelada. Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y es “gemela” al reactor ‘número 1’ de la central japonesa de Fukushima.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el Gobierno y la empresa propietaria, Nuclenor, están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

«El actual proceso puesto en marcha por el gobierno del PP para reabrir Garoña podría suponer la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supondrían posteriormente un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre«, sostiene el diputado verde en su iniciativa en relación a las posibles indemnizaciones que podría reclamar la empresa si se decreta el cierre de la planta una vez autorizada su reapertura.

Por ello, Podemos insta al Gobierno al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras».

Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de Garoña en su 45º aniversario

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que cumple este miércoles 45 años desde que se conectara a la red por primera vez y ahora se encuentra, a juicio de la organización, «en pésimas condiciones de seguridad» y supone «un riesgo inaceptable» para las autonomías de Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Según recuerda Ecologistas en Acción, la central nuclear tiene 460 megavatios de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima-Daiichi (Japón), que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Francisco Franco. Como consecuencia de esta antigüedad, la organización considera “sensato” proceder al cierre definitivo de Garoña, la más antigua de Europa. En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que la central se encuentra «en muy malas condiciones de seguridad», como muestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al presentar “78 elementos severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo”.

«Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico, y modificar el venteo de la contención, para evitar posible explosiones», añadió. Además, Ecologistas en Acción consideró «imprescindible» aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima y recalcó que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha ordenado a Garoña construir una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. «Estas reformas supondrían un gasto de 150 millones de euros. Aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente», apostilló.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, señaló que «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central», porque supone un riesgo para seis comunidades autónomas «bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad«. «Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico”, por lo que su cierre definitivo “no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico», indicó, antes de concluir que «el negocio de pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas».

Por ello, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares asegura que el Gobierno del PP debería «rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central». Además, cree que para su titular, Nuclenor, y el resto de la industria nuclear mantener Garoña, para la que se ha solicitado prorrogar su actividad hasta 2031, es «un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años».