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El Gobierno fija un nuevo techo a las emisiones de gases contaminantes de España para los horizontes 2020 y 2030

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Europa Press.– El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de España a la atmósfera, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Así, se establecen nuevos compromisos nacionales con nuevos techos a las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5.

Además, el Real Decreto prevé la elaboración de un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con medidas aplicables a sectores como la agricultura, la generación de energía, la industria o el transporte, entre otros. También se establecerá una red de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas. Con esta decisión, el Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030. Con la aprobación de esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, que establece los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos).

La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono contribuirá a reforzar la protección de la salud y del medioambiente y a mejorar la calidad del aire. Para ello, será importante que los sectores afectados integren la variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías más limpias y eficientes.

El Real Decreto establece la obligación estatal de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. El programa contendrá medidas que impulsen un comportamiento más sostenible de los sectores mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. En todo caso, el programa tendrá que ser aprobado y presentado a la Comisión Europea, como muy tarde en abril del 2019, y deberá ser revisado de manera periódica.

Por otro lado, el Decreto establece que se creará una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica para realizar un seguimiento de sus efectos negativos en los ecosistemas. La red, que permitirá seguir la contaminación en ecosistemas naturales y seminaturales, ya se está constituyendo y cubre tres regiones biogeográficas de la Península Ibérica. En concreto, tanto los emplazamientos de las estaciones como los parámetros medidos deberán comunicarse a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fijará los puntos que conformen esta red utilizando, cuando sea posible, emplazamientos y datos recabados según otros programas de medida ya en marcha.

Ribera defiende ante responsables del PSOE la necesidad de presentar cuanto antes un borrador de Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en la sede madrileña del PSOE que su primera prioridad es presentar «cuanto antes» un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según confirmó el PSOE. Ribera ha explicado que el Gobierno quiere para esta Ley un «acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades, de todos los sectores, del ámbito público y del ámbito privado, y que garantice una transición ecológica justa y equitativa».

Así, señaló que esta norma servirá de marco para acomodar las leyes y todas las iniciativas en materia de cambio climático que ya se están adoptando por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PSOE. La ministra anunció que también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, exigido al conjunto de los Estados Miembros por el Marco de Clima y Energía del Consejo Europeo. Este Plan, según el PSOE, impulsará medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables.

Transición justa para cada región

La segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa. Para ello, Ribera propone trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, la protección social específica necesaria y planes de transición. «El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización«, ha apuntado Teresa Ribera. Según el PSOE, los responsables de gobiernos autonómicos y ejecutivas regionales han dado su respaldo al reforzamiento en las acciones para cumplir el Acuerdo de París a una nueva estrategia de creación de empleo verde.

El PP considera «una falta de respeto» a expertos y funcionarios que Ribera prepare una nueva Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La portavoz de cambio climático del Partido Popular, Belén Bajo, ha defendido su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentada el pasado mes de junio en el Congreso y en la que han colaborado 400 expertos, según la diputada popular, que considera «una falta de respeto» que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prepare otro texto.

«Nos parece una falta de respeto al trabajo que ha había hecho el Ministerio con todos los expertos el hecho de que la ministra anuncie una Ley que no va a dar tiempo a aprobar porque queda poco de legislatura», argumentó la portavoz popular. Ribera confirmó en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Algo que Belén Bajo califica como una «pataleta» de la ministra socialista para tener «una ley firmada por ella».

«Creemos que la lucha contra el cambio climático es muy seria y el PP lo que hace es empezar, a través de la proposición de ley, a hablar con los grupos para que se tramite como una ley que tenga todas las enmiendas, que no sea de nadie y sea de todos. No entiendo ese menosprecio de la ministra con los funcionarios y expertos que han trabajado en esas proposición de ley al anunciar otra ley», sentenció la diputada Bajo.

El Gobierno declara área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo para impedir las prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se declara área marina protegida (AMP) el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, entre Alicante, Gerona y Baleares, donde a partir de ahora no se podrán realizar prospecciones petrolíferas.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que la designación de este área, que ocupa una superficie marina similar al tamaño de Aragón, supone la toma de medidas para la protección efectiva de la zona, así como la elaboración de un plan para reducir el ruido o la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos. De hecho, añadió que con esta declaración «se pone fin a nuevas prospecciones» y a «cualquier tipo de actividad extractiva» de hidrocarburos, al tiempo que anunció que el Ministerio revisará a partir de ahora las que ya están en vigor.

El objetivo es proteger de los efectos que se asocian al ruido submarino a la gran diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Asimismo, se aprueba un régimen de protección preventiva para garantizar que no existe una merma del estado de conservación de la fauna marina y se establece la prohibición de usar sistemas activos dirigidos a la investigación geológica subterránea, tanto a través de sondas, como aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea, y también la de cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor.

Las medidas se mantendrán hasta que se apruebe el correspondiente plan de gestión para lo que el Ministerio abre un plazo máximo de tres años desde el momento en el que el espacio marino se incluya en la Lista ZEPIM del Convenio de Barcelona. El Decreto aprobado afecta a una zona que comprende la totalidad del espacio marino designado, incluidas sus aguas, el lecho, el subsuelo y sus recursos naturales.

El corredor protegido se extiende por el norte, desde el Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur. Por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 kilómetros, mientras que por el oeste, también discurre paralela a las costas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y se mantiene a 38 kilómetros de distancia media.

El PP quiere el mérito

Por su parte, el presidente del PP de las Islas Baleares, Biel Company, aseguró que fue la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la que impulsó este AMP. «Estamos muy contentos de que se haya aprobado pero hay que dejar muy claro que lo hizo el PP. El Gobierno de Mariano Rajoy es el que impulsó este Real Decreto que se ha aprobado ahora para proteger nuestro entorno frente a las prospecciones petrolíferas», explicó Company.

Domínguez Abascal se compromete como secretario de Estado de Energía a dotar de un marco regulatorio «predecible» a las renovables

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Redacción / Agencias.– El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se comprometió a dotar de un marco regulatorio «predecible» al sector eólico español para facilitar el «desarrollo y crecimiento estable» de esta industria. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, antes incluso de tomar posesión como secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Domínguez aseguró que el Gobierno hará «todo lo necesario para que haya una regulación y unas reglas del juego que permitan ser previsibles«.

También ha señalado que para integrar toda esa energía renovable que la Unión Europea se ha marcado como objetivo en el 32% de la demanda final para 2030 hace falta tener un «sistema solvente», donde el regulador jugará un papel destacado. «Creo que es una oportunidad para el desarrollo económico y la prosperidad de nuestro país», subrayó. Además, el secretario de Estado de Energía afirmó que en el pasado se han cometido «errores» con las renovables en lo que respecta a «inestabilidad, falta de confianza e incluso abusos», por lo que aseguró que para el nuevo Gobierno es «una prioridad» conseguir un contexto estable de crecimiento para todos los actores que intervienen en el desarrollo del sector de las renovables.

Domínguez Abascal se ha referido a la energía eólica, a la que ha definido como un «elemento central» en el desarrollo de la energía renovable y ha agregado que, a nivel general, «tenemos que desarrollar una nueva industria y una nueva forma de hacer las cosas«. En este sentido, ha subrayado, además, el papel que tiene la industria renovable en el desarrollo de los países, que siempre radica en la capacidad de «generar productos complejos y que otros no son capaces de hacer por medio de un conocimiento colectivo aplicable».

Finalmente, Domínguez Abascal consideró que la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ha mandado un mensaje claro» respecto a la dirección que quiere tomar en el mundo de la energía, con el medio ambiente y la energía como «las dos grandes apuestas para hacer una transición hacia un mundo más sostenible».»Nos lo planteamos como una oportunidad y tenemos que transmitir a la sociedad la convicción de que el desarrollo sostenible no es una obligación como una rémora con el medio ambiente, sino que es una oportunidad», concluyó.

Ribera defiende su aval al impacto ambiental de Castor porque era «frívolo» ir contra el criterio de los organismos técnicos

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió su decisión de avalar el proyecto Castor cuando era secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, alegando que hubiera sido «frívolo» por su parte haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén de gas.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, la ministra ha recalcado que «nadie recurrió» la declaración ambiental que ella firmó y con la que autorizó el polémico proyecto Castor durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó, la DIA fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron «más de 20 organismos» administrativos y técnicos. Asimismo, ha destacado que «nadie objetó» cuando tuvieron la oportunidad de hacer «comentarios y observaciones» sobre la propuesta de resolución que les fue comunicada sobre el proyecto.

«Me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos», aseveró, insistiendo en que tampoco nadie recurrió la declaración de impacto ambiental una vez firmada. Además, señaló que posteriormente se confirmó que la tramitación «se había realizado correctamente» y «sin complicación«. De hecho, ha apuntado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó que la evaluación de impacto ambiental «había sido correcta». En cualquier caso, la ministra sostiene que un proyecto como Castor «tiene una tramitación enormemente extensa» y cree que «ahora» lo que debe hacer el Gobierno es «afrontar» qué hacer con la instalación.

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, preguntó al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorableque Ribera firmó en relación al Castor y ha reprochado al Ejecutivo socialista que «cuando las cosas van mal o se toman malas decisiones en un Gobierno socialista» se eche la culpa a los técnicos. Según ha señalado, la firma para autorizar Castor cuando Ribera era secretaria de Estado es «una clara incompatibilidad sobre su cargo».

Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas y «ha sacudido los bolsillos de los españoles» además de generar una «bomba retardada» que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea. «Castor nos ha costado lo mismo que 10 líneas de AVE«, denunció el diputado popular.

En septiembre de 2013 el anterior gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

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EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

Unesa confía en que Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, contribuya como secretario de Estado a avanzar en la transición energética

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, como nuevo secretario de Estado de Energía. En este sentido, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha mostrado su confianza en que el trabajo de José Domínguez Abascal «contribuya a avanzar en la transición energética» que debe de afrontar España, en la que tienen que jugar un papel destacado las redes de distribución eléctrica.

Fuentes de la patronal eléctrica resaltaron «la importante labor» que corresponde desarrollar a la Secretaría de Estado de Energía en este período y valoraron la figura de Domínguez, «con una destacada trayectoria académica y técnica en el sector de la energía». Asimismo, subrayaron el papel de las redes de distribución eléctricas para avanzar en la senda de la transición, ya que mediante su desarrollo y digitalización «se dotará de más flexibilidad al sistema y más capacidad de decisión al consumidor«. «Todo con un volumen importante de inversiones, contribuyendo a la mejora de la economía y creación de empleo nacional«, subrayaron.

Además, desde la patronal, que ofrece su colaboración al nuevo secretario de Estado de Energía para alcanzar los objetivos marcados desde la Unión Europea y «favorecer el diálogo y el debate en torno al escenario energético hacia el que nos encaminamos como sociedad», consideraron que en este proceso también será fundamental la generación de respaldo, «que contribuirá asimismo a la flexibilización del sistema y aportará firmeza para garantizar el suministro».

Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa

Nacido en Sevilla en 1953, Domínguez Abascal es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y doctor ingeniero industrial por la misma Universidad en 1977. También fue investigador en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) a través de una beca Fulbright (1977-1978). Además, es profesor de las universidades Politécnica de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde 1982. Entre los años 2004 y 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Asimismo, como secretario general técnico de Abengoa, entre 2008 y 2015, fue responsable del desarrollo de tecnología de energías renovables de la compañía.

Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, asumió la presidencia de Abengoa en una época crítica, cargo en el que sustituyó a Felipe Benjumea tras más de 25 años dirigiendo la sociedad y después de que Abengoa presentase el preconcurso de acreedores asfixiada por una deuda de 9.000 millones de euros. Domínguez se hizo cargo de las funciones ejecutivas del grupo varios meses después tras la renuncia del consejero delegado Santiago Seage, que marchó a Estados Unidos para asumir la dirección de Atlantica Yield.

Domínguez Abascal fue sustituido en la presidencia de Abengoa por Antonio Fornieles y, aunque permaneció como consejero un tiempo, en abril de 2016 presentó su renuncia por motivos personales. El nuevo secretario de Estado de Energía también ha pertenecido a otros consejos de administración, entre ellos, el del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) entre 2011 y 2015.

Desde septiembre de 2017, es profesor invitado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Domínguez también recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2004. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, Fellow de la American Society of Civil Engineers, miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Academia Europea en su Sección de Física e Ingeniería. Asimismo, es autor de numerosos artículos y de dos libros publicados en Estados Unidos y Reino Unido. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que Domínguez, como secretario de Estado de Energía, «aportará su experiencia y compromiso a la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica».

Hugo Morán a Medio Ambiente

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Hugo Alfonso Morán Fernández como nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, que dependerá también del Ministerio de Transición Ecológica. En la actualidad, Morán estaba al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE y fue diputado por Asturias y portavoz de medio Ambiente del grupo parlamentario socialista durante la segunda legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno destaca su dilatada trayectoria institucional en el ámbito local y después como diputado del Congreso y su estrecha vinculación con el desarrollo rural, la gestión ambiental y el compromiso por la acción climática.

Hasta ahora, Morán compatibilizaba su actividad profesional en la empresa privada con su labor al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE. El secretario de Estado nació en Lena (Asturias) en 1963, localidad donde inició su trayectoria pública como concejal del Ayuntamiento de Lena y del que fue alcalde entre 1995 y 2007. Además, ha participado como miembro en la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras ACOM España (1995-2007). En la misma época, Morán presidió la Federación Asturiana de Concejos entre 2001 y 2007 y perteneció en el mismo periodo de tiempo al Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

En 2007-2008 ejerció de director de la Oficina de Relaciones del Gobierno en la Junta General del Principado. Durante la IX legislatura fue elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales donde fue portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista. En el PSOE fue secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (37ºCongreso) y secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (38º Congreso).

El Gobierno ha subrayado también su compromiso en el ámbito de la gestión ambiental y su compromiso personal con la acción climática. Morán es patrono de la Fundación Renovables y colabora en la difusión de sus objetivos y en conseguir alianzas sociales para una transición energética justa y hacia un modelo productivo de país libre de emisiones. Morán dirigirá la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, donde aportará su experiencia a conseguir los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica.

Según indicó el departamento que dirige Teresa Ribera, sus cometidos, que compartirá con el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se centrarán en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; la Transición justa (hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono) con las personas y los territorios. Asimismo entre sus funciones estará la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o mejorar la calidad del aire. Con estos nombramientos, el Gobierno completa su estructura para llevar adelante su proyecto.