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Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

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Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

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Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

García-Page destaca que la decisión del Gobierno de paralizar el ATC es «coherente» con lo que siempre defendió Castilla-La Mancha

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «coherente» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar el permiso de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, como siempre defendió la región. «Muy cerca del objetivo. La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra», destacó García-Page en Twitter.

Posteriormente, ha afirmado que supone también el «reconocimiento» de que «todo el procedimiento del basurero nuclear encerraba mucha más basura que la nuclear», y en este sentido ha precisado que espera que esto se termine conociendo porque «ha costado muchos millones a la sociedad española». El presidente cree que el Gobierno central revisará toda la estrategia de gestión de residuos y que con esta decisión ha hecho lo «prudente», que es paralizar el proyecto, algo que considera «ya es bastante».

Supone igualmente que cuando el Ejecutivo plantee una estrategia global, habrá una alternativa al ATC, y en este sentido, ha apostillado que de momento hay almacenes temporales y que «si no se va a prolongar la vida útil de las nucleares, esto va a suponer menos residuos» y por ello será «menos necesario hacer un cementerio nuclear«. En todo caso, ha puntualizado que, independientemente de que España quiera tener un ATC, su Ejecutivo insiste en que éste no, porque es una chapuza que responde a intereses todavía más sucios y más peligrosos que la nuclear».

Asimismo, ha especificado que le gustaría que se retirara el pleito que mantiene el Estado contra la declaración de ampliación de protección medioambiental de la Laguna de Hito. A su juicio esto también sería «coherente» porque no ha sido circunstancial. «Está anulado judicialmente y legalmente el Plan de Ordenación del municipio», ha resaltado García-Page, por lo que cree que Castilla-La Mancha tiene «las de ganar».

Según ha especificado, para este año el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, cuando era ministra de Defensa, tenía planteados 145 millones de euros «de derroche más a los españoles para enterrarlos en ese basurero nuclear». García-Page ha lanzado su deseo de que esos 145 millones se dediquen ahora a la protección social y ambiental en «homenaje» a quienes han estado «batallando» por este objetivo. Por lo que respecta a que alternativas podrían plantearse ahora para Villar de Cañas, el presidente reitera que desde el Gobierno regional hay planteamientos alternativos» de energías renovables que a su juicio pueden generar más riqueza a todo el entorno y asegura que están en disposición de «tirar hacia adelante con ello sin dudas».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado que se ha conseguido «uno de los hitos más importantes de esta legislatura en Castilla-La Mancha», algo que se ha realizado «conversando con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Gobierno central, como se deben hacer las cosas». «Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es la de los intereses de los ciudadanos, y en Castilla-La Mancha los ciudadanos no querían un cementerio nuclear», subrayó, recordando que «algunos decían que no había diferencia, que los gobiernos del PP y el PSOE eran igual e iban a perjudicar a Castilla-La Mancha», y ante esto, reivindicó, «la realidad pone de manifiesto que no era cierto«.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, destacó que el Ejecutivo autonómico «puede estar muy satisfecho porque se ha cumplido en parte uno de los objetivos» de la legislatura. Aunque reconoció que «no es el último paso», argumentó que si el planteamiento del Gobierno de España de que a partir de 2028 no haya centrales nucleares en España consigue el visto bueno de Europa supondrá el «principio del fin» y eso «demuestra que hay otra forma de crecer y hacer política». El portavoz del Gobierno ha avanzado que el proyecto de ampliación de la Laguna del Hito, próxima a la zona del ATC, «sigue adelante», ya que es «una forma de proteger el medio ambiente».

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

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Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.

Cañete pide a España ser «ambiciosa» en materia de Clima y Energía y espera cerrar pronto los procedimientos de infracción

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, demandó a la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «ambiciosa» a la hora de redactar el plan integrado de energía y clima que todos los países miembro tienen que presentar a Bruselas antes de final de año para alcanzar el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases invernadero en un 40% para 2030 y que debe servir de hoja de ruta para la descarbonización.

Arias Cañete ha reflexionado sobre las principales líneas de actuación de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para iniciar una transición ecológica global. Tal y como ha comentado, en la reunión con la ministra le trasladó la «visión global» de la Unión Europea y le ha reclamado que establezca planes ambiciosos, con la pretensión de actualizarlos cada 5 años, para que cumplan la legislación comunitaria. «No tiene sentido iniciar una revolución energética, si no se cumple», ha indicado Cañete. Sobre la posición del nuevo Gobierno socialista, el comisario europeo ha apostillado que, cuando se han estado «discutiendo los objetivos sobre renovables» para buscar un consenso entre todos los país, España «apoyó objetivos ambiciosos».

Además, el comisario europeo habló con Ribera sobre los procedimientos de infracción abiertos a España en materia climática y energética, para poder cerrar los 5 relativos a Energía y así no tener que acudir a los tribunales de Justicia europeos. Arias Cañete se ha mostrado confiado en poder cerrar «en los próximos 6 meses» los 5 procedimientos de infracción abiertos a España en materia de energía. Según indicó, en estos momentos hay abiertos 1.819 procedimientos de infracción en la Unión Europea por no cumplir con las actuaciones relacionadas con el Clima en el ámbito europeo, de los cuales 116 afectan a España, mientras que en materia de Energía, hay abiertos a nivel comunitario 104 procedimientos, 5 de ellos en España.

Dentro de estos cinco procedimientos abiertos por la Unión Europea a España se encuentra el correspondiente a las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que éste se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas. A este respecto, Ribera ya ha mostrado su intención de desactivar estas medidas, aunque Arias Cañete consideró que esperará a «ver cómo quedan plasmadas las competencias del legislador en una norma».

A este respecto, Cañete subrayó que, al igual que hace con el resto de países, transmitió a Ribera la necesidad de que los países miembros «cumplan con la legislación comunitaria», aunque señaló a Ribera que se cuenta con «poco» tiempo para cerrar estos frentes ya que España está «a punto» de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Estoy seguro de que se resolverá», confió Cañete, que espera que al menos se cierre 1 procedimiento. Por otro lado, Cañete se ha mostrado convencido de que la Unión Europea puede incrementar su objetivo de reducción de emisiones hasta el 45% en 2030 y convertirse en el primer firmante del Acuerdo de París que revisa sus objetivos al alza.

Además, ha recalcado que el Acuerdo de París «no es una aspirina para un dolor de cabeza que se te quita en 4 horas», sino un sistema «dinámico«, y ha recalcado que él ya afirmó que con la aprobación del Acuerdo no se estaría en condiciones de evitar que el aumento de la temperatura media del planeta suba menos de 2 grados centígrados a finales de este siglo. Pero, ha insistido, cada 5 años se van a reunir para procurar subir el nivel de ambición.

«No hemos diseñado un sistema estático. Tenemos estas contribuciones, pero cada 5 años nos vamos a reunir, vamos a tener un sistema de transparencia y vamos a ver dónde estamos y propondremos subir el nivel», apuntó Arias Cañete, para después destacar que el Acuerdo de París ha sido firmado por más de 190 países y ratificado por más de 179.

En este sentido, se ha mostrado «muy contento» de que la Unión Europea pueda incrementar sus compromisos hasta el 45%. «Se lo dije a la ministra. Si España, Francia, países ambiciosos, pueden liderar, hagamos formalmente lo que de facto ya tenemos. De facto, tenemos legislación para reducir emisiones un 45%, formalmente las podemos considerar», añadió. A su juicio, en este contexto, «lo fundamental» es que la Unión Europea tenga un liderazgo tecnológico, que financie a los países en vías de desarrollo para que caminen en la misma dirección. «Y que nosotros mismos vayamos marcando el camino», recalcó, al tiempo que destacó que, por eso, se va a realizar la estrategia de descarbonización a largo plazo.

«La lucha contra el cambio climático es a lo largo de todo este siglo, y supone revoluciones tecnológicas, revoluciones de la movilidad, transición energética. También cambiar los pactos sociales de esta transición, cambiar totalmente la formación profesional. Es un reto que afecta universalmente y a todos», recalcó. Sobre si el Acuerdo de París seguirá siendo válido si Estados Unidos lo abandona, Arias Cañete aclaró que «el Gobierno Federal está de vacaciones climáticas, pero Estados Unidos está haciendo la transición energética«.

Finalmente, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía apuesta por que las empresas cotizadas hagan un informe anual de evaluación de riesgo climático y carbono de su actividad. «Es bueno para las empresas saber cuál es su grado de exposición y cuál es el impacto que puede tener», ha apuntado. El encuentro tuvo lugar en Madrid con la asistencia de numerosas autoridades, cargos públicos y presidentes de empresas, embajadores, ONG y asociaciones. Entre ellos, destacan los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente, José Domínguez y Hugo Morán, respectivamente; o el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín.

Teresa Ribera y Arias Cañete se reúnen para hablar sobre el plan nacional integrado de energía y clima

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, dentro de la ronda de conversaciones que el comisario está manteniendo con los países miembro de la Unión Europea para tratar las claves en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima que los Estados deben remitir a la Comisión a final de año.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, Ribera ha expuesto las prioridades de su departamento en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, señalan que el Ministerio ya trabaja en la elaboración del citado plan, que la ministra Teresa Ribera ha calificado como «un documento estratégico en el que se deben definir y acordar las sendas a seguir en materia de energía y clima, identificar retos y oportunidades, facilitando la coherencia y la solidez, así como las perspectivas seguras para inversores, sobre todo en materia de energía limpia, que permita que el conjunto de los sectores emisores aporten su esfuerzo para lograr los objetivos marcados en el horizonte 2030″.

La CNMC da su visto bueno al cierre de la central térmica de Anllares (León), propiedad de Naturgy y Endesa

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgó su visto bueno a la petición de cierre definitivo formulada en mayo del año pasado por la central térmica de Anllares (León), propiedad de la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, sociedad participada en un 66,67% por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y en un 33,33% por Endesa.

En su informe, la CNMC señala que el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), considera que el cierre de Anllares «no tendría incidencia en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años«. REE, en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió el 21 de julio de 2017 un informe respecto a la viabilidad del cierre de la central. En este informe, REE realiza una evaluación del impacto del cierre de la central de Anllares en la cobertura global del sistema eléctrico en el medio plazo considerando que no es relevante la reducción de potencia disponible en el sistema que provocaría el cierre de Anllares.

En lo que se refiere al largo plazo, en el análisis de cobertura de la demanda eléctrica peninsular, el informe indica que en todos los escenarios de crecimiento de demanda, bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 megavatios (MW) en centrales de carbón a partir de 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta 2022, por lo que el cierre de Anllares no tendría ningún impacto.

Anllares, puesta en servicio en 1982, cuenta con una potencia máxima neta de 346,8 megavatios (MW) y no dispone de las instalaciones de desulfuración, encontrándose acogida a la denominada excepción por vida útil limitada de la Directiva 2010/75 de la Unión Europea de Emisiones Industriales. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara ya los permisos de cierre para esta central de Anllares.

Iberdrola también solicitó en octubre al entonces Ministerio de Energía la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), plantas que suman una potencia de 874 MW y que suponen las únicas de carbón del grupo en el mundo. En comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya vaticinó el cierre de 7 de las actuales 15 centrales térmicas de carbón en 2020, ya que no han llevado a cabo las inversiones ambientales necesarias para prolongar su funcionamiento.

La CNMC investiga si detrás del «alto» precio de la energía «hay algo más» que una «situación coyuntural»

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expresó su preocupación por el «alto» precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y ha asegurado que está «preocupada por si hay algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente«, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su «colaboración».

Así lo señaló el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, Domínguez ha «celebrado» esa labor y ha asegurado que «en la medida que sea necesario», el Ministerio «acompañará» en esa tarea. «Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso», ha apuntado el secretario de Estado de Energía.

Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo información sobre ello porque también están «preocupados» por ese tema. «Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo tanto, para nosotros ellos son un elemento fundamental para hacer esa tarea de vigilancia para la cual les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten», ha afirmado. El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como pool, cerró el pasado junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.

Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese «mundo diferente», una tarea para la que cree que hay «buena sintonía» del actual Gobierno de España con la CNMC. «Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido», afirmó el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.

Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas «discrepancias del pasado» y falta de sintonía «no vuelva a ocurrir» y ha abogado por que «el regulador y el legislador trabajen coordinadamente». También en alusión a la CNMC, ha defendido que «un país democrático necesita instituciones independientes» y «estables» porque precisamente «dan solidez» al sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC «es parte de esa relación con las instituciones». Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, respondió a Domínguez con un «muchas gracias».

Multas a 5 empresas energéticas

Por otro lado, la CNMC multó a 5 empresas con un total de 10.200 euros por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, las compañías sancionadas han sido About White; Asal Energía, Empresa Municipal de Distribucio d’Energia Eléctrica de Ponts y Alpapat con 1.800 euros así como Eléctrica Vaquer Energía con 3.000 euros. Incumplieron la obligación de inscribirse en el Registro español de participantes del mercado mayorista de la electricidad (Remit).

La inscripción en este registro es fundamental para controlar las operaciones de compra y venta de energía que llevan a cabo las distintas empresas en el mercado. Además, se trata de una obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. El importe final de las multas se ha obtenido tras aplicar dos reducciones del 20% sobre la cuantía propuesta inicialmente, ya que las 5 compañías aceptaron su responsabilidad y pagaron en periodo voluntario, según establece la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El gas licuado por canalización sube un 0,9% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado del petróleo (GLP) por canalización ha subido un 0,9%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 82,7528 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,0297 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 1%, desde los 67,4509 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 68,1507 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.