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Asturias y el Instituto del Carbón seleccionan 73 proyectos dotados con 97,9 millones de euros procedentes de los fondos mineros

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Redacción.- El Gobierno de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) han realizado la preselección final de los 73 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Marco del Carbón 2013-2018. Estas actuaciones movilizarán una inversión de 97,9 millones, de los que el Ejecutivo central aporta 72,6 y el resto, 25,3, por la administración autonómica.

La comisión de cooperación formada por el IRMC y el Principado de Asturias ha seleccionado las 73 actuaciones entre las 127 recogidas en el convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras suscrito entre ambas administraciones en noviembre de 2017. Los 73 proyectos, 25 de los cuales han sido propuestos por el Principado de Asturias y 48 por los ayuntamientos, implican la puesta en marcha de acciones de restauración, telecomunicaciones y eficiencia energética. Asturias es la comunidad autónoma más beneficiada con la distribución de los fondos mineros, dado que recibe 72,5 millones, el 54,5% de la cuantía global de estas ayudas para el periodo 2013-2018 en todo el país, que asciende a de los 132,9 millones.

El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

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Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

La Eurocámara advierte de que la Unión Europea tiene que elevar su ambición para poder eliminar las emisiones en 2050

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Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado el objetivo de la Comisión Europea para conseguir eliminar en 2050 las emisiones de gases pero advirtió de que para conseguirlo es necesario elevar la ambición y revisar la meta de recortar un 40% las emisiones en 2030.

Los eurodiputados han aprobado con 369 votos a favor, 116 en contra y 40 abstenciones una resolución no vinculante en la que defienden que la Unión Europea «debe enviar el mensaje claro de que está preparada para revisar su contribución al Acuerdo de París». La Eurocámara ha apoyado, además, las protestas a favor de una mayor ambición en las políticas climáticas globales, especialmente las manifestaciones y las huelgas estudiantiles que se han expandido últimamente. En este sentido, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales del bloque comunitario, así como a las instituciones europeas, que hagan todo lo posible para conseguir que el calentamiento global se limite, como mucho, a los 1,5ºC.

El texto, por otro lado, remarca que la transición hacia una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero podía crear 2,1 millones de puestos de empleo en 2050 si se gestiona adecuadamente. Para ello, proponen crear un «fondo para una transición justa» que apoye a las regiones más afectadas por la descarbonización. En la misma línea, los eurodiputados han señalado que la estrategia a largo plazo de la Unión Europea debe priorizar la reducción directa de emisiones y fortalecer los «sumideros de carbono» como los bosques por encima de nuevas tecnologías de eliminación de carbón que, a su juicio, todavía deben desarrollarse a gran escala y supondrían «riesgos significativos» para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parlamento Europeo ha subrayado que la transición ecológica presenta «importantes oportunidades» para invertir en innovación industrial con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo de la economía circular y la bioeconomía. En consecuencia, han pedido que el 35% de los fondos del programa europeo para la investigación y el desarrollo, conocido como Horizonte Europa, se destine a proyectos que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.

Ribera quiere seguir de ministra

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve necesario «romper» la inercia muy fuerte de miedo al cambio porque es preciso salir de la zona de confort y tomar conciencia de que no hay tiempo suficiente y hay que luchar contra el cambio climático porque las cosas no cambian por «milagro«. «Trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Si queremos un futuro, habrá que trabajar por la estabilidad y la seguridad del clima», ha destacado la ministra.

En lo que le respecta de esa tarea como ministra, cree que se ha «estrellado contra el tiempo» a la hora de lograr una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque «8 meses son una legislatura muy corta». Sin embargo, Ribera ha defendido que ha logrado «muchísimas cosas» en estos meses como definir un marco estratégico diferente. «El trasatlántico ha empezado a girar», ha apuntado Ribera, que se ha referido a los cambios en el peso de las renovables, la estrategia para prever la salida «digna» de trabajadores y comarcas dedicadas a los sistemas tradicionales de energías fósiles o la anticipación del cierre de las plantas para no dejar a nadie «con una mano delante y una mano detrás».

El proceso en su opinión debe hacerse avanzando en muchos frentes «a la vez» como la política fiscal o el régimen energético. Por otro lado, en relación sobre su futuro político, ha admitido que a ella le «encanta» su trabajo al frente del Ministerio y le parece «fundamental» la apuesta fuerte de la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

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Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Ribera no ve fácil que las empresas titulares de centrales nucleares pidan prorrogar su vida útil más allá de 2035

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Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.

«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».

En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».

Vandellós II cerraría en 2035

Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.

Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.

No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

1 euro en la factura

Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

Los ingenieros industriales reivindican que la descarbonización de la economía no debe producir efectos indeseados en la industria

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Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) considera que la transición hacia una descarbonización completa de la economía que ha adoptado el Gobierno es un proceso «complejo» de cuyo avance depende que «no se produzcan efectos indeseados» en la economía en general y en la industria en particular, lo que repercute en el bienestar social.

El colectivo recuerda que parte de la transición energética diseñada por el Gobierno se apoya en el cierre progresivo del parque nuclear y, en el caso de que finalmente se apruebe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el 74% de la generación eléctrica en 2030 deberá proceder de fuentes renovables. El plan incluye también reducir la potencia nuclear instalada de los 7.399 megavatios actuales a 3.181 megavatios en 2030 y continuar su operación hasta 2035 para facilitar un sistema de potencia firme mientras progresa la penetración de renovables.

Los ingenieros destacan el «papel fundamental» que juega el CSN en la seguridad, en el buen funcionamiento del parque nuclear y en la protección radiológica en España en «diferentes acontecimientos que han tenido lugar». Para el COIIM, los plazos que marca el borrador y la complejidad de los acuerdos alcanzados entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los representantes de Iberdrola, Naturgy y Endesa «hacen más relevante si cabe mantener el carácter independiente del CSN frente a la Administración General del Estado».

Ribera y el economista Nicholas Stern piden «acelerar» las medidas contra el cambio climático porque estamos en «una carrera contrarreloj»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el economista Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, advirtieron de que hay que «acelerar» las actuaciones para hacer frente al cambio climático, porque estamos en «una carrera contrarreloj».

En su intervención, la ministra ha señalado que «no es suficiente» lo que se ha realizado hasta ahora y hay que «activar los mecanismos» para «avanzar» en la «eficacia» del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Además, se ha referido a la «ambiciosa, transformadora y eficiente» propuesta del Gobierno central en su Marco estratégico de energía y clima, que «requiere del esfuerzo de todos».

También ha hecho alusión al «impacto» que la revolución digital ha tenido más allá del sector. «Está transformando la humanidad», ha subrayado, para añadir que «la siguiente revolución es la ecológica», que tiene que permitir «reconciliar nuestras expectativas de patrón de bienestar con los límites de la naturaleza». Además, ha advertido de que «esa transformación no puede hacerse trampa a la hora de hacer las cuentas», porque «lo que conservemos será el patrimonio en el que podremos seguir construyendo el tiempo que queda por venir«.

Por su parte, Stern considera que «hemos entendido lo que hay que hacer» para enfrentarnos al cambio climático, pero «tenemos que acelerar mucho». En este contexto, ha urgido un «cambio radical» de la manera de innovar y «tomar decisiones ya, porque las inversiones para dentro de 20 años se están decidiendo ahora«. Además, ha lamentado que «no estamos siendo consistentes» con ese objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, como contempla el Acuerdo de París, “sabiendo lo que nos jugamos».

Por otro lado, Stern ha abogado por «descarbonizar todos los nichos de la economía, lo que implica encontrar sumideros de carbono». A su juicio, hay una «buena base» para ello, pero necesitamos «capital humano, físico, natural y social y unirlos», así como «políticas diferentes» y «gestionar mejor nuestros mercados de capital», así como crear «redes de electricidad, de transporte, que no funcionarán sin la Administración», aunque ello no significa que «todo tenga que ser público«.

También ha abogado por «compartir rápidamente la información» sobre cómo afectan ambientalmente nuestras acciones y ha recordado que en Reino Unido anualmente mueren «más de 30.000 personas por contaminación atmosférica, más del 20% de las que lo hacen por accidentes de tráfico, y no hay un clamor público al respecto«. Stern también ha reflexionado sobre el hecho de que hay que ser «productivamente flexibles» y «proteger los ingresos de la gente pobre y a los países pobres y utilizar el mercado del carbono para ello».

Europa debe unirse a Asia

Por otra parte ha destacado que «las grandes instituciones financieras deberían decir donde están canalizando sus fondos desde el punto de vista del riesgo climático, en tecnologías antiguas y peligrosas o en nuevas tecnologías». «Todos deberíamos ser capaces de saber eso no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, para ir más rápido«, añadió. Finalmente, se mostró convencido de que «desde las finanzas y las políticas públicas se puede hacer mucho» frente al cambio climático pero «es el momento de que Europa se alce con una voz y se sume a China e India en una voz mundial».

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también ha insistido en que hay que «correr» y «usar todas las tecnologías en nuestra mano» para afrontar el cambio climático, una tarea en la cual las energías limpias «pueden ser un aliado». Para ello ha apuntado que se requiere «de un marco claro que aporte estabilidad» al sector energético.

Tras subrayar la «apuesta» de Iberdrola por las renovables, Galán ha instado a «aprender de los logros y errores», como los «bloqueos» a su implantación por parte de los legisladores, para «avanzar en la transición energética«, algo que va a requerir también la movilización de «cuantiosísimas inversiones en los próximos años para acometer este cambio a un modelo plenamente descarbonizado».

En este sentido, ha opinado que también se necesitan «ejercicios de previsión, no improvisación», porque las empresas energéticas deben tomar «decisiones a 60 años», que requieren de «políticas que aporten claridad y certidumbre», con marcos normativos «conforme a objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo», que sean «fruto de un consenso», estén basados en «principios de mercado» y sean acordes con las normativas europeas.

Sánchez Galán ha puesto en valor el «modelo basado en contratos bilaterales de compra venta de energías renovables» y ha aplaudido que, en estos momentos, España «está emitiendo una señal clara para ir a un modelo energético más sostenible y competitivo», a través del Plan Nacional de energía y Clima, que contempla «una participación del 70% de las renovables para 2030», entre otras medidas. «Empezamos a tener una foto bastante clara de qué hay que hacer en España para tener un suministro energético seguro», se felicitó, para añadir que «cuando hay claridad y predicibilidad se estimula la inversión» y así Iberdrola contempla «una inversión en España de más de 8.000 millones de euros para 2030».

Sánchez Galán se ha referido a las «grandes ventajas» que conllevará la transición energética, «ambientales y en otros ámbitos», ya que, a su juicio, por ejemplo, «evitará graves problemas de salud, reforzará la seguridad de suministro, la balanza de pagos con enormes ahorros«, además de «dinamizar el crecimiento y la competitividad» y crear empleo «en sectores de futuro». «El cambio de modelo es técnica y económicamente viable pero hay que aunar esfuerzos con todos los agentes para seguir avanzando», afirmó.

También ha advertido de que en ese camino hay que «evaluar los resultados reales», evitando el greenwashing, de manera que «las memorias se publiquen con datos reales de lo que hace cada sociedad en esta dirección». Finalmente destacó que Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, en el País Vasco y «hacer cientos de megavatios» limpios en la comunidad autónoma vasca, algo que ha calificado de «oportunidad única».