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Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica modifica las nuevas reglas de funcionamiento del mercado eléctrico que aprobó el anterior Gobierno

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Europa Press / EFE.- El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica modificó la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. Esta resolución aprobada en mayo por el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal provocó que la CNMC abriera una nueva batalla judicial con el Gobierno pugnando por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado, una orden, firmada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboca la competencia de la Secretaría de Estado de Energía y modifica la resolución. Todo coincide con el inicio del proyecto europeo de mercado intradiario continuo en el que los operadores de mercado y del sistema español confirmaron su participación.

La CNMC recurrió ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía al entender que se habían vulnerado sus competencias. En su recurso, la CNMC denunció el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada hora y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. Solicitaba también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa, para evitar cualquier inseguridad jurídica.

En la orden del BOE, se procede a modificar «dos aspectos concretos» de las reglas aprobadas en la resolución de mayo, «que entran en contradicción con lo aprobado por la CNMC a fin de dar más claridad al proceso de presentación de ofertas y que los agentes tengan definidos con precisión los términos en que tienen que hacerlas«. Se deja sin efecto la regla 11, «en lo que se refiere a la obligación de presentar ofertas por cada unidad de venta, que no será de aplicación para el mercado intradiario continuo», así como el guión relativo a la unidad de oferta de la regla 46.1.

Prevalece el criterio del regulador

Además, la orden establece que, en lo no previsto en la resolución de la anterior Secretaría de Estado de Energía para el mercado intradiario continuo, así como en contradicción o incompatibilidad con la resolución que se aprobó en junio por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC sobre procedimientos de desarrollo de la metodología de subastas regionales intradiarias entre España y Portugal, se aplicará lo dispuesto por el regulador.

La CNMC negoció con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba. La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones.

En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La nueva ministra ya ha señalado, respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España, tanto en materia energética como en materia medioambiental, que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible». Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Lambán (Aragón) advierte a la ministra Ribera que prescindir del carbón y las térmicas encarecerá el precio de la energía

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EFE / Europa Press.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prescindir del carbón, cuando aún no está resuelto el asunto del almacenamiento de la energía procedente de fuentes renovables, encarecería «notablemente» el precio de la electricidad. Además, señaló, pondría en riesgo la supervivencia de buena parte de la provincia de Teruel.

Para Lambán, Ribera hereda del gobierno del PP en este asunto, «como en tantos otros», una situación «complicada», puesto que su gestión respecto a la minería del carbón fue «una página en blanco» y, durante los 7 años que estuvo en el poder, no tranquilizó «nunca» a Aragón respecto al futuro de la Central Térmica de Andorra (Teruel). «El Gobierno del PP, además de engañarnos clamorosamente en algunas ocasiones, no ha hecho absolutamente nada por asegurar la supervivencia del carbón ni por buscar alternativas en las cuencas mineras», lamentó Lambán.

También recordó que el plan para la reconversión del sector para aplicarse en Castilla y León, Asturias y Aragón entre 2013 y 2016, con 250 millones de euros, «se ha incumplido de manera clamorosa», con una prórroga hasta 2022 y 132 millones en lugar de los 250 previstos. Ante esta situación, la nueva ministra habla ahora, recordó el presidente aragonés, de una transición hacia las energías renovables pero que no produzca «quebrantos» en los territorios ni en el sistema energético español, y eso es algo de lo que el gobierno de Aragón quiere hablar con Ribera en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo porque, según Lambán, prescindir ahora mismo del carbón supondría un «encarecimiento notable» del precio de la energía.

Aunque el gobierno autonómico espera que «en un momento determinado» todo el sistema se nutra de energías renovables, en este momento no está resuelto el almacenamiento y por eso, en determinados momentos, para asegurar el abastecimiento de energía hay que recurrir a otro tipo de fuentes, entre ellas, «de manera absolutamente inevitable», al carbón. Además, señaló Lambán, la Central de Andorra «sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia económica de una parte importante de Teruel», por lo que mientras no se encuentren alternativas su cierre sería «una temeridad». Por ello Lambán confía en que la ministra tendrá «sensibilidad suficiente» para coincidir con este diagnóstico.

Lo de Tejerina “no sirve”

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha asegurado haberse encontrado con un texto «avanzado» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por su antecesora Isabel García Tejerina aunque ha precisado que «sirve de poca cosa» al no incluir la parte de energía. «Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», ha indicado la ministra.

No obstante, Ribera lamenta que en el texto «no haya nada en materia de energía, implicación social o medidas fiscales«. Es un texto «interesante que permitirá trabajar sobre una base importante» pero «es poca cosa» porque se ve que «la energía no estaba en el radar». En este sentido ha recordado que desde 2015 «cada país tiene que enviar un plan nacional integrado de energía y clima y no hay una sola línea; la energía no formaba parte del debate«.

Partiendo de esta situación, ha explicado que su tarea será «facilitar un debate que identifique puntos que son complicados. Ribera pretende «presentar unas líneas maestras» a un grupo de trabajo que «de forma plural pueda empezar a discutir y construir para cumplir el objetivo de tener un documento de referencia en plazo». Para la titular de Transición Ecológica, «España no se debe permitir el lujo de llegar tarde a obligaciones que se conocen y marcan el carácter y la seriedad del compromiso con la comunidad internacional y la Unión Europea».

UGT critica a la ministra

Por su parte, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha criticado el «varapalo para Castilla y León» de Teresa Ribera, que asegura que el carbón tiene «poco futuro». Santa Eufemia ha recordado que «desde el sindicato» siguen «pensando que el carbón autóctono tiene vida» y que continuarán «defendiendo las térmicas, el consumo y la extracción de carbón autóctono». El responsable de UGT lamenta las declaraciones sobre las térmicas y el carbón de la nueva ministra, de quien ha criticado que «lleva una semana en el cargo y como quien dice ni tan siquiera se ha sentado a ver los papeles del antiguo gobierno».

Además, Santa Eufemia ha indicado que en los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un año, se verá la postura y firmeza de los políticos ante este tema y de cara a Europa, que está marcando «en Medio Ambiente las rayas» a seguir, y que si no cambian «encontrarán en frente a los sindicatos» para la defensa «de la población y del territorio». El sindicalista mostró su incertidumbre sobre qué va a pasar con la devolución de las ayudas mineras planteadas para 2020, sobre las que recordó que será Europa la que marque esa devolución, pero también ha incidido en que habrá que ver la postura del Estado y cómo se realiza la devolución.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Teresa Ribera nombra a Juana Lázaro como subsecretaria para la Transición Ecológica y a Álvaro Abril como director de Gabinete

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Europa Press.- El Gobierno aprobó, a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, nombrar a Juana María Lázaro Ruiz como subsecretaria para la Transición Ecológica y como su director de Gabinete a Álvaro Abril Aparicio. La nueva subsecretaria, que encabezará junto a Ribera la transición ecológica, Juana María Lázaro Ruiz, nació en 1950 y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado.

Representaba a España ante OCDE

Hasta su nombramiento, en la actualidad era consejera de Finanzas en la representación Permanente de España ante la OCDE. Lázaro ejerció como subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda de 2004 a 2011 y previamente ha sido inspectora de Hacienda del Estado en Zaragoza; jefa del servicio de Estudios e Informes y consejera técnica en el Gabinete del subsecretario de Economía y Hacienda, así como asesora del ministro de Economía y Hacienda y directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También fue inspectora de Equipo nº 1 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, Ribera ha nombrado como director de su gabinete ministerial a Álvaro Abril, quien nació en noviembre de 1969 en Valladolid, donde cursó estudios en los ámbitos del Derecho y la Filosofía en la Universidad de Valladolid y en Contabilidad y Marketing en diversas instituciones. Hasta ahora, Abril era coordinador del área de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 2004. Asimismo, entre 1999 y 2011 ejerció de concejal del Ayuntamiento de Valladolid y fue miembro del patronato de la Semana Internacional de Cine (SEMINCI) entre 1999 y 2011.

“Preparada para la transición energética”

Por otro lado, Ribera considera que, con las mejoras técnicas y la reducción de costes de las renovables, España está en la actualidad «mucho mejor» preparada para hacer la transición energética porque en los próximos 30 años el consumo «energético tiene que ser sumamente eficiente» pero también renovable y, por ello, ha asegurado que apostará «completamente» por estas energías. Ribera cree que en la actualidad hay soluciones técnicas que permiten acceder a energía de calidad sin incidencia en el entorno o «por lo menos minimizándolo» pero añadió que esto requerirá una visión de conjunto «integrada».

En este contexto, ha admitido que es preciso abordar «lo que ha ocurrido» con pequeños inversores que perdieron sus ahorros a consecuencia del fin de las primas a la energía fotovoltaica. «Es algo que no es estrictamente energético pero si tiene que ver en términos de dar respuesta a los pequeños ahorradores que colocaron sus ahorros en estas inversiones», ha manifestado. En cuanto al recibo de la luz ha apuntado que «hoy refleja cosas que hay que revisar», mientras que respecto al coste del cierre de las centrales nucleares considera que ya está «implícito» desde el momento en que operan.

Ribera apostará por derogar los cargos al autoconsumo y cerrar las centrales nucleares y las térmicas porque «no tienen futuro»

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó su intención de derogar el conocido como impuesto al sol y fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo, empezar a dar pasos para dejar de prolongar energías como la nuclear y el carbón porque considera que «no tienen futuro» y que «ya no tienen sentido«.

La nueva ministra ha cuestionado si no es «más sensato» diversificar la economía de las zonas donde se ubican centrales nucleares en vez de «alargar el riesgo» y pensar en «lo que está por venir», para lo que considera que se deben ir preparando «salidas alternativas» para que la gente confíe en su capacidad de tener un «futuro viable». A ese respecto, Ribera asegura que el recibo de la luz sin energías convencionales «no tiene por qué» ser más caro, sino que debe reorganizarse, algo que está en discusión en prácticamente todos los países europeos.

En ese sentido, ha destacado que ahora la mayor parte de la soluciones renovables tienen ya costes operativos comparables con la mayoría de los sistemas convencionales de generación aunque plantean «otros desafíos» que son la forma de dar salida a otras energías fósiles que «ya no tienen sentido pero que han supuesto una inversión previa en décadas anteriores«. En definitiva, Ribera admite que este es un «periodo convulso en el que hay muchas cosas que abordar» y que «no es tan sencillo» pero, en su opinión, en vez de poner «puertas al campo» es preciso «abordar con franqueza y responsabilidad, y con una visión de conjunto» y ponerse de acuerdo en cómo hacer esta transición.

La ministra ha indicado que «no hay ninguna duda» de que el Gobierno apostará por una mayor capacidad renovable y adelantó que entre sus prioridades está quitar el conocido como impuesto al sol. Precisamente, destacó que ha sido una de las «cosas más llamativas» en los comentarios de analistas internacionales, así como las dificultades y barreras que no son técnicas sino regulatorias y fiscales para el despliegue de las soluciones «más viables» para una buena parte de los consumos y para pequeños consumidores, que podrían estar gestionando soluciones de proximidad.

«Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española», comentó. Además, ha manifestado que no tiene sentido decir que España carece de recursos energéticos y añadió que lo que hay que hacer es dar encaje a los que son fundamentalmente los que tiene España, “el sol, en menor medida el viento y algo de geotermia”, e ir facilitando el proceso de transición.

Ribera también le augura «poco futuro» al carbón y ha mostrado su «preocupación» por el futuro de la población que vive en comarcas cuyo «monocultivo económico» y prosperidad depende del carbón. A su juicio, España debía llevar 10 años invirtiendo en la diversificación industrial y económica, y en alternativas que sean atractivas para la población local en vez de «desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro«. «Desde el punto de vista para el impacto del planeta, la salud y el cambio climático, es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro«, ha sentenciado.

Ribera se estrena en el consejo de Energía de la Unión Europea con una cita clave contra el cambio climático

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se estrena este lunes en el plano internacional con un consejo de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se perfilarán aspectos clave de la legislación comunitaria contra el cambio climático para 2030. Los ministros debatirán una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables para ese horizonte, baremos que luego los Estados del Consejo Europeo deberán negociar con el Parlamento Europeo.

Inicialmente, los 28 Estados miembros de la Unión Europea defienden un objetivo de mejorar un 30% la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27% para renovables, frente al 35% para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países. Pero los equilibrios podrían variar tras los recientes cambios de Gobierno en España e Italia, dos de los grandes países del club comunitario cuyos nuevos Ejecutivos tienen un discurso más ambicioso en sus proyectos de transición energética. «Espero que un cambio de posición de España pueda arrastrar a un cambio de posición en el Consejo del resto de países», asevera el eurodiputado socialista José Blanco, ponente del Parlamento Europeo en materia de energía renovable.

Desde que ambas instituciones cerraron sus posiciones sobre este asunto han tenido lugar cuatro reuniones entre sus negociadores y la próxima está prevista para el 13 de junio. Por tanto, la incógnita es saber si los Estados miembros aceparán subir la proporción de renovables para 2030 para facilitar un acuerdo con la Eurocámara. De hecho, la Eurocámara está dispuesta a flexibilizar su postura y dejar el objetivo «en torno al 34% como mínimo», en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), explicó Blanco, quien apuntó que en el Consejo (que representa a los países) también se habla ya de un «31% o 32%» en renovables.

Más allá de los escaños del Parlamento Europeo, entre las organizaciones ecologistas también esperan que España salga del grupo de los países más conservadores en la negociación, que se identifica con las tesis de Polonia, un país con una alta dependencia energética en el carbón. Fuentes de organizaciones ecologistas sitúan junto a Polonia en el vagón de cola a países como Alemania, Hungría y Rumanía. Entre los que más presionan por un acuerdo osado citan a Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia y, ahora, España, de la que esperan esté a la cabeza del grupo en ambición, apostando en la negociación por el 35%.

«En los últimos años, hemos visto más retroceso que progreso en las políticas sobre clima y energía en España», resaltó el director para Europa de la Red de Acción Climática (CAN), Wendel Trio. Esa organización espera que «Ribera, con su rica experiencia previa, ahora puede impulsar que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 sea mucho mayor que el 40%». Para los ecologistas, solo así la Unión Europea podrá cumplir con sus compromisos para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el consejo europeo servirá también para que los ministros debatan sobre el reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía, que debería ser el instrumento para garantizar una estabilidad y certidumbre que favorezca las inversiones financieras en el área de la energía limpia. «La alianza entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble e ilusionar y de gestionar algo tan complejo», agregó Ribera, quien subrayó que «España tiene que estar a la cabeza en la construcción europea» en términos de transformación de su modelo económico, aunque reconoció la dificultad de «salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones, de intereses creados».

Otro de los puntos de debate sobre la mesa es el borrador legislativo para renovar las competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se encarga de garantizar el buen funcionamiento del mercado único del gas y la electricidad. Por último, los Veintiocho debatirán sobre los temas energéticos que se abordarán durante el segundo semestre, periodo en el que Austria asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.

Serrano (Unesa) destaca el papel de las redes de distribución eléctricas para avanzar hacia los objetivos de la transición energética

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Europa Press / EFE.- Marina Serrano, presidenta de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), ha destacado el papel «crucial» de las redes de distribución eléctrica para avanzar hacia la transición energética, de acuerdo con los objetivos del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera.

La nueva ministra aludió en su toma de posesión al profundo cambio que es preciso llevar a cabo para caminar hacia un modelo económico y social más compatible con los límites del planeta, un objetivo que, según Serrano, comparten en Unesa. Asimismo, Ribera se refirió a la importancia de conciliar entre sí las políticas de energía, agua y medio ambiente, prestando atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

«Desde Unesa pensamos que, en efecto, la energía eléctrica está llamada a ocupar un papel protagonista en este proceso de transición a una economía descarbonizada, ya que es la energía final con más posibilidades de integración de renovables y de reducción de emisiones de CO2. De este modo, esperamos que las políticas que ponga en marcha el Ministerio constituyan una oportunidad para avanzar hacia una economía más sostenible», aseveró Serrano.

Según indicó, merece la pena destacar elpapel de las redes de distribución eléctricas, que ya están en un proceso de renovación y digitalización, lo que permitirá dotar de más flexibilidad al sistema y más capacidad de decisión y gestión al consumidor. «Todo ello, con un volumen importante de inversiones, que contribuirá a la mejora de la economía y creación de empleo nacional», ha destacado.

Serrano recuerda que el sector eléctrico se enfrenta al reto de integrar más renovables y otros recursos de generación eléctrica distribuida, de facilitar el desarrollo de la movilidad eléctrica y de contribuir a una mayor electrificación de otros usos energéticos. «En este proceso también será fundamental la generación de respaldo, que contribuirá a la flexibilización del sistema y aportará firmeza para garantizar el suministro», indicó.

La ministra también subraya la importancia de que todos los sectores de la sociedad colaboren para caminar hacia este escenario de descarbonización y transición ecológica. En el marco de este propósito, la patronal eléctrica ofrece su colaboración al Ministerio «para cumplir con los objetivos de los Acuerdos de París y de la Unión Europea, así como para convertir a España en un referente de sostenibilidad».