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El Gobierno nombra nuevo director del IDAE a Joan Herrera, antiguo líder de ICV (Iniciativa por Cataluña – Los Verdes)

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, a Joan Herrera Torres como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Herrera nació en Barcelona en 1971 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, está especializado en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Gerona, donde imparte Teoría de las élites en España. Además, es patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros. Durante la octava legislatura, entre 2004-2008, Herrera fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds, un cargo en el que siguió durante la IX legislatura hasta octubre de 2010. A partir de esa fecha pasó a ser diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, su actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, siendo portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

El Gobierno asegura que el aumento de la fiscalidad sobre el diésel será «progresivo» y eximirá «totalmente» a los profesionales

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Europa Press.– Mientras desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) han advertido de que es un «error» prescindir de tecnologías maduras y de «demostrada utilidad económica y social» como es el diesel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida de impuestos al diésel será «progresiva» y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá «expresamente» a transportistas profesionales y a autónomos.

En este sentido, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina «no incidirá» sobre las cuentas de resultados de las pymes, los autónomos o aquellos sectores que puedan ser «vulnerables» en el desarrollo de su actividad. La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa. «Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico de los vehículos diésel más contaminantes», subrayó.

Montero afirmó que esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un «camino progresivo» con el que intentar «disuadir» de la utilización de este carburante como el más empleado por los españoles. «Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea», agregó. Precisamente la ministra Ribera aseguró recientemente que el diésel «tiene los días contados».

Un «error» prescindir del diesel

Por su parte, Confemetal subraya que lejos de «condenar» al diésel, se debería considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, «en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de Europa». Además, Confemetal defiende que la implantación de «supuestos impuestos verdes» y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros gravámenes, tiene un efecto «contraproducente», tanto para la actividad económica como para la «protección del entorno».

«Cualquier iniciativa medioambiental debería, además, incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto que no se hayan amortizado en términos económicos», añade. Confemetal, que no pone en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para combatir la contaminación, destaca que los motores diésel se basan en tecnologías “muy eficientes” y tienen unos niveles de emisiones “muy ventajosos” respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina. Finalmente, resalta que los motores diésel son básicos para la industria, por lo que su sustitución es “muy difícil” y “muy costosa”.

Ribera ve necesario «repensar» el mercado energético, el sistema de fijación de precios y revisar “urgentemente” la normativa de renovables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó en el Congreso que considera necesario «repensar» tanto el mercado energético como el sistema por el cual acaba fijándose el precio de la energía. Además, ha anunciado que revisará «de forma urgente» toda la normativa de renovables para facilitar su despliegue.

«Será necesario repensar el mercado, los sistemas de fijación de precios, la ordenación, la previsión del funcionamiento de los distintos actores, la entrada y salida de los viejos y nuevos», indicó durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Cámara Baja, a la que acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Asimismo, ha apostado por «aprovechar el potencial de la digitalización» y de «los saltos tecnológicos», pendientes y consumados, dentro de los cambios que el Gobierno pretende introducir en el sistema energético.

En todo caso, la ministra avanzó que el Ejecutivo impulsará un «paquete de medidas urgentes» antes de la remisión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que empezará a tramitarse durante este año. Entre estas medidas se encontrará una modificación del marco legal de la energía renovable con el fin de «revisar toda normativa que ha impedido su despliegue y la confianza» en España. Otras de las medidas también afectarán a la cogeneración, que Ribera ha llamado a «repasar y actualizar», y ha abogado además por reformar el autoconsumo, respecto al cual ha celebrado que exista una mayoría parlamentaria que busque «eliminar barreras administrativas que impiden su desarrollo«.

«Hemos de recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. No es fácil, pero es importante. Necesitamos marcos previsibles, estables, respetuosos con las necesidades y la función que cada cual debe desempeñar en ese proceso de cambio«, manifestó la ministra, que insistió en «abordar el imprescindible cambio de modelo energético», para lo cual apuesta por dejar «de aplicar la política de la avestruz» y avanzar en la dirección marcada por la Unión Europea, «un eje de innovación y modernización».

Sin mencionar ninguna propuesta concreta, la ministra expresó la necesidad de revisar y replantear las funciones de los operadores del sistema, la comercialización y distribución, con el fin de estudiar «cómo reorganizar en un esquema de gobernanza de la energía que se corresponda con los tiempos actuales y no de hace 20 años» y que el Gobierno debe «ir introduciendo».

Ribera señaló que considera como «ventaja» que el sistema eléctrico español cuente con una capacidad de generación «tan grande», pues cree que permite «solapar razonablemente» la entrada y salida de actores, como un mayor peso de las renovables o el cierre de centrales, «sin que eso impacte, o minimizando el impacto al máximo, en cuestiones como la seguridad de un suministro de calidad y la estabilidad y la previsibilidad de cara a inversores y costes«.

En este sentido, ha indicado que estos costes «tienen mucho que ver con el marco que ordena cómo se establecen esos precios», por lo que ha apostado por «revisar en su conjunto» la regulación eléctrica, si bien a renglón seguido ha contenido su apuesta: «No sé hasta qué punto podremos avanzar en esa modificación de la Ley del Sector Eléctrico».

En todo caso, ha apuntado que estas modificaciones deberán abordar el funcionamiento del mercado, «quién y cómo se fija esa capacidad de tarifas, y qué y cómo se incorpora en la determinación que ha de contemplarse a la hora de reconocer costes». Precisamente, ha puntualizado que estos cambios no deberán realizarse al margen de los reguladores que, a su juicio, «han de evaluar, incorporar y señalar los costes que, con arreglo al marco regulatorio nacional, debe reconocer el sistema», así como sin tener en cuenta las directivas comunitarias ni «a capricho del ministro de turno«.

La cogeneración expresa su satisfacción

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha valorado «muy positivamente» que la ministra Ribera haya aludido en el Congreso a la necesidad de revisar y actualizar la cogeneración como una de las cuestiones prioritarias. Para la patronal del sector, los cogeneradores necesitan una regulación que permita a las plantas continuar su operación al concluir su vida útil regulada y que fomente nuevas inversiones y, por ello, reclaman un nuevo marco regulatorio. «Centenares de industrias clave para el país no pueden seguir en esa injustificada incertidumbre sobre su futuro y el de las positivas contribuciones que realizan a los sistemas energéticos», explica Acogen.

El Gobierno confirma el cierre de las térmicas sin modernizar para 2020 y de las nucleares a los 40 años

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de 7 de las 15 centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado a diferentes circunstancias la supervivencia de las otras 8 que sí que han invertido para continuar funcionando. Asimismo, la ministra confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan los 40 años de funcionamiento, plazo que se cumple en 2028.

Ribera ha expresado su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE: tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central«. A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto».

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra añadió que es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los residuos peligrosos.

Así, indicó que «no se ha encontrado» al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea, y también expuso que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. En definitiva, cree que es un «tema crítico fundamental» que necesita un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado «más bien poco», salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas «que se echan encima».

En este contexto, considera que es una «ventaja» la capacidad de generación «tan grande» del sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. «No podemos actuar con el capricho del ministro de turno», concluyó.

Cierre de las centrales térmicas

Respecto a las circunstancias a exigir a las centrales térmicas que han invertido para seguir funcionando, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema«, tal y como ha explicado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

«Las otras 7 centrales, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», ha señalado Ribera, puntualizando que «los plazos de cierre vienen dados» por la propia Comisión Europea. «Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara», apostilló, al tiempo que también invitó a los grupos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Respecto al gas, la ministra ha llamado a «evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo «extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento» de un recurso del que, recalcó, carece España y que además «no tiene una larga vida por delante».

«Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas», ha apuntado Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del MidCat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos. En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía «como materia prima en procesos industriales o cualquier otra combinación tecnológica que permita su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas».

Por otro lado, Ribera se ha referido a las subvenciones que pudieran apoyar la generación de energía a través de combustibles fósiles, y ha señalado que hasta ahora no se ha realizado «un diagnóstico» de este sistema en España. Así, ha reconocido que existen «distintas versiones de qué son subvenciones» y cuestionó si hay ayudas «encubiertas» a través de un tratamiento fiscal diferenciado, por lo que ha pedido hacer «un análisis serio» al respecto. En este análisis, apostó por un calendario de eliminación de esas subvenciones, pues considera que «no solo es necesario, sino que es una recomendación del G-20 que no se aplica con todo el rigor que corresponde».

El Gobierno se plantea ampliar el bono social de la luz a otros suministros como el agua o el gas

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU, porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.

A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental. En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar algún recibo.

Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó.

Críticas a Ribera por Castor

Por otro lado, la oposición criticó a Ribera porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial. Sobre este tema la ministra ha asegurado que es «extraordinariamente respetuosa con la ley» y que en «el lío de Castor» se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una «confianza inmensa» en los funcionarios de su departamento.

En respuesta a la oposición, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces le pareció «importante cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental». Si bien, ha destacado que «el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento». Ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el año pasado que habría sido «imposible» hacer más de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ha señalado que años después los «disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes» y ha asegurado que no hubo «ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial» más allá de la gestión de una infraestructura «enormemente costosa».

«Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore, algo que quizá tiene todo el sentido del mundo y dificulte de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo», ha instado. En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, según criticó, le está costando encontrar información relativa a «todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del Ministerio».

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora 10 años, ha sido uno de los asuntos que ha generado más polémica. Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho «realmente daño en el bolsillo» en cada «puñetera factura» del gas y ha añadido que «parece que va a seguir habiéndolo», porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido «dolida» y ha recordado a Ribera que el dinero público «es de todos» y que en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasista precisamente por el caso Castor. «Me ha dolido enormemente porque es el dinero de todos nuestros ciudadanos”, ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha indicado a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue «claramente lesivo para la sociedad española» porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido «más sencillo» para la ministra admitir «el error que Zapatero ya admitió».

Sobre la cuestión, la también diputada del PP, María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una DIA favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en la DIA del proyecto de gas en Doñana. «No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental» ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que «esto no vuelva a suceder».

Por último, la ministra ha pedido disculpas en su réplica por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y admitió que en el caso de Castor hay «lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir». «Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad», ha concluido.

El Gobierno trabaja en una Ley «transversal» de Cambio Climático y Transición Energética que se tramitará a final de año

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta «clara y firme» para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será «transversal» para «abrir la puerta» a España «en el siglo XXI» y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria «antes de final de año» porque España es «una excepción» entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

Considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo «sólido, amplio y participado» que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una «transición justa y equitativa» con herramientas como un Plan de Transición Justa para «no dejar a nadie atrás», sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, indicó que la ley deberá introducir al menos 4 grandes ejes que serán transversales para facilitar una «señal clara» a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20% en 2030, respecto a 1990, lo que supondrá «partir a la mitad las emisiones actuales», porque sin ello, «apenas se podrá alcanzar los objetivos de París«.

«Debemos adoptar sendas de descarbonización», ha insistido la ministra, que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un «lastre» para la competitividad. A este respecto recordó que, según los datos del Inventario nacional de emisiones, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4% en el último año, sobre todo «arrastradas» por el carbón, que generó el 58% de las emisiones del sector eléctrico.

«Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea», ha reprochado al anterior Ejecutivo. «España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático», sentenció. Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera insistió en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada 5 años.

Ribera ha recordado que, de cara al horizonte 2050, España remitirá en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la Ley de Cambio Climático pasa porque entre las «obligaciones» de las empresas cotizadas estará presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono. Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios «verdes» obligatorios en la contratación pública. Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que «ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas».

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y acometer una reforma fiscal para que España deje de estar «en el furgón de cola» de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que «quizá la medida más relevante para dar coherencia» es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática. Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa.

Ribera ha agregado que una pieza «crítica, complementaria» a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá para sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales «claras» que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. «Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos», ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador este año.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno «más sofisticado, descentralizado, plural» en el que es «imprescindible» una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo. Entre los objetivos que considera «irrenunciables», destaca la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial. De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o apostar por un transporte público y bajo en emisiones.

En esa línea ve fundamental «rescatar» al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que «se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas», y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el «nuevo papel» que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia. Finalmente, del mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería.

Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

El transporte público pide 500 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y acelerar la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.– El sector del transporte público reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la Ley de Cambio Climático y que ésta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4%, el mayor incremento desde 2012.

La Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y, de éstas, más del 90% son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6%, según los datos publicados por el Gobierno que ahora remitirá a Bruselas para su validación. En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque móvil “muy dieselizado”

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil está «muy dieselizado» pese a que estos vehículos emiten un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina. La ATUC propone que de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones «justifica de por sí» medidas encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia. Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades. Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, «no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que es la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan».

Teresa Ribera compromete ante el sindicato CCOO un plan de transición justa que complementará a la Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un Plan para la Transición Justa, que será complementario a la futura Ley de transición energética, cuyo borrador verá la luz probablemente antes de agosto. En la Jornada sobre transición energética y justa, organizada por Comisiones Obreras, la ministra señaló que entre los primeros objetivos del Gobierno está facilitar una transición justa con un modelo energético, social y productivo diferente en el que ningún colectivo o región se quede atrás.

Para ello, ve fundamental fortalecer “el entendimiento y el diálogo social”, así como hacer visibles las oportunidades de empleo e inversión en un nuevo modelo de producir diferente. La ministra opina que es «indispensable» que las personas se sitúen «en el centro» del proceso para lograr una «nueva etapa» en España «más justa socialmente y más realista ambientalmente«. Por eso, ha insistido en la necesidad de un plan en el marco de una estrategia seria y participativa y, por ello, ha dicho que su Ministerio está trabajando acompañado de otros departamentos como Industria y Trabajo, pero ha añadido que también se necesita implicar a Economía, Hacienda y «también a Educación». Esta es, según añadió, una «prioridad» del presidente del Gobierno.

Respecto al Plan de Transición Justa, ha detallado que será una parte «complementaria» de la Ley de Transición Energética necesaria para dar «un giro a las políticas llevadas hasta la fecha». Ribera considera que no basta con decir que se necesita una economía baja en carbono sino que hay que «facilitar» ese proceso de cambio, hacer factible la creación de empleo sostenible en el tiempo, priorizar las oportunidades y propuestas para las comunidades locales. Además, añadió que es «imprescindible» que esta transición tenga en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de la población, pero también sus emociones. «Es imprescindible que los pueblos, sociedades y comarcas entiendan que lo que se está haciendo es la mejor opción», ha insistido Ribera.

Al respecto, la ministra ha dicho que para no dejar a nadie atrás en esta transición se tendrá que realizar un acompañamiento financiero, político, industrial que permita dar credibilidad a este proceso y cree que hacerlo es una «obligación» que solo puede hacerse desde el diálogo y la correcta observación de prioridades. «Necesitamos un marco coherente. Es un debate importantísimo. Necesitamos, por tanto, entender, incorporar los ajustes, los cambios, corregir aquello que no funciona con una visión amplia que vaya más allá», ha concluido. En este contexto, resaltó que las emisiones de gases invernadero son un lastre para España, los ciudadanos, las actividades económicas, los inversores y los trabajadores, tanto del presente como del futuro».

Ribera ha destacado que el proceso hacia una transición ecológica «no es una actividad reservada exclusivamente a los activistas ambientales», sino que desde la política se debe trabajar «intensamente» para construir medidas que tengan cobertura «más allá del corto plazo». Por otra parte, la ministra quiso destacar la «fragilidad» que presenta el equilibrio ecológico en la actualidad y la necesidad por crear un «modelo diferente» en España. Además, ha expresado que desde la Administración son conscientes de que aún quedan heridas «no cerradas» desde la crisis y que el desempleo sigue siendo «precario», especialmente entre la población joven. En este contexto, Ribera señaló que esta situación se debe corregir mediante alternativas promovidas por el diálogo y que «miren al futuro«.

La ministra ha declarado que esta aproximación «no es nueva» y que, a veces, la reacción a un cambio produce que no haya cambio. Así, hizo hincapié en que este no es el camino y que «no hay institución, centro de estudios o analista serio que no haya señalado, una y otra vez, que un proceso de cambio genera oportunidades».

En el marco de la jornada, el sindicato Comisiones Obreras presentó sus propuestas para una transición energética justa hacia un modelo bajo en carbono. El plan es fruto de un trabajo confederal y se encuentra dirigido a orientar las propuestas del economista Jorge Aragón Medina en la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética nombrada por el Gobierno. Durante la inauguración, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido la participación sindical en esta transición energética en la que considera que no se puede olvidar a los sectores industriales. «La transición a un sistema productivo libre de CO2 debe llevar también a momentos de oportunidades laborales estables. La sostenibilidad del modelo no puede mirar hacia otro lado», subrayó.

Sin embargo, respecto a las comarcas que se verán afectadas por el cambio del modelo energético, Sordo ha reclamado «soluciones políticas» para las empresas y los trabajadores afectados que no se puedan reconvertir. Entre estas propuestas, ha reclamado precisamente un plan de transición justa para cada zona afectada y un plan de inversión industrial y del empleo al tiempo que ha propuesto que se prime a las empresas que acometen esta transición frente a las que no lo hacen. En definitiva, insiste en que el desarrollo económico debe hacerse también en áreas que «no pueden ser abandonadas a su suerte».

Sordo quiso resaltar las consecuencias locales que la transición puede acarrear y promover un cambio que no deje de lado el crecimiento «sostenible» desde el punto de vista social. En este sentido, Sordo ha declarado que la transición hacia un modelo energético justo debe tener en cuenta a los trabajadores y las comarcas afectadas por el cambio. Además, añadió que los sectores industriales son «fundamentales» en el modelo productivo español y que gran parte de los problemas económicos en España tienen que ver con la dependencia energética y con la presencia «insuficiente» de los mismos.

El contenido del documento de Comisiones Obreras reivindica una transición energética hacia un sistema productivo libre de carbono en todos los sectores económicos, el cual implante fuentes de energía renovables y conduzca a una eficiencia en el uso de la energía que configure un nuevo tejido de empresas y de actividad económica generadora de abundante empleo en todos los sectores.

En este sentido, el plan propone medidas para la transición, como estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, la adecuación en la formación en los colectivos laborales, la reactivación económica de zonas afectadas mediante la inversión pública o la creación de una protección social específica; así como planes de reactivación por zonas y sectores y un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un posible cierre o reconversión.

Respecto a la financiación, el documento defiende la creación de un «fondo de transición justa» con instrumentos de financiación que primen el empleo creado, sus condiciones y su permanencia. Además, CC.OO. remarca la importancia de potenciar el I+D+i mediante incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos procesos de generación o de actividades relacionadas con el cambio de modelo energético.

En su intervención, el secretario general de la federación de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha llamado a crear una «visión integral» de un modelo energético que tenga permanencia para «más de 4 años» y así logre un progreso «estable» y «responsable». En este sentido, ha señalado que el cambio debe hacerse a nivel europeo y debe perseguir los objetivos de estabilidad, suficiencia y ser generador de empleo y riqueza.

Además, Martín ha reivindicado que se ha hablado «muy poco» de las personas que viven de estos sectores y que pueden ser afectadas por el cambio del modelo, por lo que CC.OO. quiere tratar su futuro y promover un proceso energético que genere «ganadores». Asimismo, ha querido resaltar que «no puede haber transición justa sin justicia social» y que llama a la Administración y a las empresas a colaborar en este objetivo y dar pasos «muy medidos» hacia el cambio.

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

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Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.