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Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.

El Ministerio para la Transición Ecológica inicia las expropiaciones para la futura planta fotovoltaica de Talaván

EFE. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la planta fotovoltaica de Talaván en Cáceres, de 300 megavatios y considerada como uno de los grandes proyectos de energías renovables no solo en Extremadura sino en España.

Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar» y sus infraestructuras de evacuación.

En este sentido, el levantamiento de actas tendrá lugar el 20 de septiembre en los Ayuntamientos de Hinojal (10:00 horas), Santiago del Campo (11:30 horas), y de Casas de Millán (13:00 horas).

La planta, que ocupará una superficie total de 511 hectáreas en los términos municipales de cuatro localidades cacereñas, cuenta con un presupuesto de 331,8 millones de euros.

Declarado de utilidad pública, el proyecto incluye una subestación 400/30 kV y la línea aérea de alta tensión a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Talaván, Santiago del Campo, Hinojal y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres. 

El Ministerio para la Transición Ecológica da el visto bueno a la construcción de un parque fotovoltaico de 300 MW en Talayuela

EFE. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha formulado Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la construcción de un parque fotovoltaico de 300 megavatios en el municipio cacereño de Talayuela, en la que la empresa Genia Extremadura Solar tiene previsto invertir 300 millones de euros.

Según publica el Boletín Oficial del Estado, la planta se ubicará en el paraje conocido como Cerro Verde con una superficie total de 797,10 hectáreas.

El proyecto, denominado Talayuela Solar, incluye una subestación eléctrica de transformación y una línea de evacuación de la energía de 21,4 kilómetros, que conectará la planta con la subestación eléctrica de Arañuelo y que afectará a los términos municipales de Talayuela, Rosalejo y Navalmoral de la Mata.

En este sentido, la Junta de Extremadura y la empresa firmaron un protocolo de intenciones por el que la mercantil mostraba su voluntad de construir y explotar la planta solar fotovoltaica, que generaría más de mil empleos en su construcción.

 

Características técnicas

La planta producirá hasta 600 GWh/año de energía, suficiente para cubrir las necesidades de electricidad de 150.000 hogares. La construcción podría iniciarse a finales de 2018, con un plazo de ejecución de 12 meses. La instalación contará con la bandera más grande del mundo hecha con módulos solares en los que se escribirá la frase «Descubre Extremadura», siendo visible desde Google Earth.

La planta está diseñada para que su disponibilidad sea superior al 98,5%, lo que permite a sus promotores acudir al mercado PPA (contratos bilaterales) y actuar como una central energética más.

 

 

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en la segunda mitad de 2019

Europa Press. – El primero de los cinco primeros contenedores con el combustible gastado de la piscina de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) -una de las tareas previas al desmantelamiento de la planta- comenzará a cargarse en el segundo semestre de 2019.

Según han informado fuentes de Nuclenor, esa es la fecha prevista dentro de las tareas propias de la empresa para preparar la planta nuclear para el futuro proceso de desmantelamiento que realizará con posterioridad Enresa, la compañía estatal de residuos radiactivos.

Asimismo, estas fuentes han explicado de que las tareas previas se están realizando según lo previsto, de modo que sigue su curso el acondicionamiento de los residuos operacionales de Garoña y el posterior vaciado de la piscina de combustible gastado.

Como aseguraba la empresa, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar el primer contenedor que será trasladado al almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

A esto, se le añade que de momento Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso que tutela la empresa estatal, encargado del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando hasta 2031 denegó el Gobierno el 1 de julio de 2018.

Por fín, una vez terminadas las tareas preparatorias, cuando Enresa sea titular de Garoña comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Aunque los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al Ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta.

Después, el proceso administrativo terminará con la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña. Será entonces cuando se inicie la fase de desmontaje y desmantelamiento por parte de la empresa estatal, que hasta la fecha ha realizado estos trabajos en las centrales nucleares de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara).

Resulta destacable que el exministro Nadal indicase, en el anuncio de la decisión del Gobierno, que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034.

En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía emitirá la declaración de clausura y entonces Enresa devolverá el emplazamiento desclasificado a su titular, Nuclenor.

 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha desaconsejado la realización de sondeos acústicos marinos entre Ibiza y Mallorca

EFE. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha desaconsejado la realización del proyecto MedSalt-2, promovido por un instituto geológico italiano, para realizar sondeos acústicos usando cañones de aire comprimido en el fondo marino entre Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera.

Según un comunicado de la plataforma Alianza Mar Blava, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del ministerio emitió un informe el 20 de julio en el que se concluye que la zona donde está previsto realizar los sondeos es «un área de gran importancia» para ciertas especies de animales.

La plataforma asegura que el informe señala que la mayoría de especies marinas presentes en esas zonas, entre las que se encuentran cetáceos, tortugas marinas y peces como el atún rojo o el pez espada, están incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Asimismo, informa de que «para todas ellas» es aplicable el régimen de protección de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe «dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico».

Alianza Mar Blava ha destacado que el Ministerio de Medio Ambiente reconoció en 2016 el «impacto adverso» que podría tener el MedSalt-2, pero que, pese a ello, los promotores del proyecto persistieron en su intento de llevar a cabo las prospecciones.

La plataforma ha aplaudido las conclusiones del informe oficial y ha destacado que, al margen de la «clara y demostrable vinculación del proyecto a los intereses del sector petrolero», el MedSalt-2 no debe ser autorizado por los efectos negativos que puede acarrear en la fauna marina el uso de cañones de aire comprimido.

En este sentido, la asociación ha pedido que el proyecto sea archivado «inmediatamente» ya que el impacto medioambiental que supondría «sería crítico».

 

 

El Gobierno resuelve favorablemente 86 de las 113 solicitudes de instalaciones de energías renovables

EFE / Europa Press. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto favorablemente 86 de las 113 solicitudes remitidas por los adjudicatarios en la subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia en instalaciones renovables del pasado mes de abril de 2017.

Los expedientes que se han completados satisfactoriamente corresponden a 2.526 MW de nueva potencia renovable, de los que 39,4 corresponden a Extremadura, mientras que las 27 solicitudes restantes, todavía en proceso de análisis, corresponden a 763 MW de los 3.000 MW adjudicados.

El pasado 6 de agosto concluía el plazo para que los operadores acreditasen al Ministerio contar con una autorización administrativa para construir las instalaciones renovables. Estos tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para construir y poner en funcionamiento los proyectos.

Hay que añadir que la subasta también permitió a los adjudicatarios identificar posibles instalaciones hasta con un 50% más de la potencia adjudicada, ofreciendo una mayor flexibilidad durante el proceso de tramitación y permitiéndoles hacer frente a los posibles obstáculos o incidencias que pudieran surgir durante la tramitación.

En esta subasta se adjudicaron 3.000 megavatios: 2.979,6 para instalaciones eólicas, 1,1 megavatios para nueva capacidad fotovoltaica y 18,83 megavatios para otras tecnologías renovables.

La región con mayor potencia acreditada hasta el momento en el marco de las 86 instalaciones aprobadas es Aragón, con 1.534 MW, seguida de Castilla y León, con 473,5 MW y Galicia, con 158,4 MW. La potencia de estas tres comunidades representa el 86% del total aprobado hasta ahora por el Ministerio.

Así, para finalizar queda pendiente este mismo trámite para la segunda subasta celebrada en 2017, de 5.036,92 megavatios. La fecha límite para acreditar ante el ministerio que se dispone de la autorización administrativa de construcción finaliza el próximo 15 de octubre. Al igual que en el caso anterior, las instalaciones deben estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2019.

La transición energética requerirá invertir 80.000 millones hasta 2030, según Ribera, que cifra los arbitrajes internacionales pendientes en 8.000 millones

EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros. Asimismo, la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde, según la ministra.

En este sentido, Ribera ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de estas explotaciones a más tardar en 2018. La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en el llamado paquete de invierno para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40% de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32% de renovables y el 32,5% de eficiencia energética.

El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90% de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución». La ministra reconoce que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Otro reto es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos. Además, hay esa «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el PP porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración.

«No tengo ninguna objeción en que el PP subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha apuntado Ribera, que ve importante una ley que «permita generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, subrayó la importancia de reducir las emisiones al 0% en 2050, ya que actualmente suponen el 40%.

8.000 millones en los arbitrajes

Respecto a los arbitrajes internacionales, Ribera señala que actualmente hay 40 laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque «son estimaciones y hay que ser muy cautos», estaría por encima de los 8.000 millones. Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente». Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, «la factura puede salir más cara que la que pretende evitar«.

Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles. La titular de Transición Ecológica señaló que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea, «parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer».

Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, «que ya se recurrirá», o «explorar si hay otras opciones«. En este sentido, resaltó que los portugueses fueron «muchísimo más inteligentes desde el primer momento», ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes. Finalmente, Ribera ha recalcado la importancia de que España sea «un país atractivo y seguro en términos de inversión«, ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.

Endesa gana 752 millones en el primer semestre, un 15% más, y ve imposible cerrar las nucleares a medio plazo

Europa Press.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado. Respecto al futuro de las centrales nucleares, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha considerado «imposible» que se pueda cerrar todo el parque nuclear español cuando expire la vida útil de diseño de 40 años ya que tendría impactos negativos.

En este sentido, Bogas advierte que el «temprano cierre» de las nucleares entre 2023 y 2028, tal y como desea el Gobierno socialista cuando las centrales operativas actualmente en España cumplan los 40 años desde su entrada en funcionamiento, afectaría a la seguridad de suministro, supondría un mayor precio de la electricidad y tendría un impacto negativo en términos de emisiones. Además, consideró que alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 50 años permitiría solucionar el problema del agujero de Enresa, la empresa estatal que tiene asignada la función de desmantelar las nucleares y gestionar los residuos atómicos.

Impulsada por el mercado liberalizado

Respecto a otras cifras de Endesa, sus ingresos en el periodo de enero a junio ascendieron a 9.934 millones de euros, prácticamente en línea con los 10.004 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 1.804 millones de euros a cierre de junio, con un incremento del 12%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) en el primer semestre fue de 1.053 millones de euros, un 17% más.

Así, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que, a mitad de ejercicio, el grupo puede afirmar que está «en la senda de alcanzar los objetivos comprometidos para 2018», en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.400 millones de euros. La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido a la compañía eléctrica incrementar un 19% el margen de este negocio, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 42%.

Este aumento se ha producido en un escenario en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista cayeron un 2,3%. Además, el negocio del gas experimentó una mejora significativa que le ha permitido aportar 65 millones de euros al margen bruto de Endesa durante el primer semestre. Así, teniendo en cuenta el Ebitda en términos ajustados, sin contar con los elementos no recurrentes, el resultado bruto de explotación liberalizado de la energética creció un 26%. Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 0,4%, un 4% en términos ajustados, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 1,4% en Ebitda regulado.

El Gobierno advierte de que «no se puede comprar el tiempo» en la lucha contra el «imparable» cambio climático

Europa Press.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que combatir el cambio climático es una lucha en la que el «enemigo» «somos nosotros mismos» y en la que, además, «no se puede comprar el tiempo» porque es un proceso «imparable» e «irreversible«. También advierte de que el que se incorpore tarde tendrá «menos oportunidades».

«El tiempo es el único elemento que no estamos en condiciones de gestionar políticamente. Podemos abordar con mayor o menor intensidad el esfuerzo y podemos volcar más recursos en la acción, pero lo que no podemos comprar es tiempo», aseveró Morán, que expuso algunas de las medidas del actual Gobierno de España para abordar la transición ecológica hacia un modelo «más sostenible y más justo«. Morán reivindicó la importancia del «capital natural» y ha resaltado la necesidad de construir un nuevo protocolo en la relación entre el ser humano y el entorno en el que vive, que «ponga límite a su capacidad de explotación» de los recursos de la naturaleza.

“Necesario modificar el patrón energético”

Además, ha señalado que el derecho al agua, el derecho al acceso a la energía y la protección de la biodiversidad son los «tres elementos fundamentales» en que se debe sustentar la acción política en esta transición ecológica. En primer lugar, ha insistido en la necesidad de modificar el «patrón energético», que es, según ha dicho, el factor que causa el fenómeno del cambio climático. Advierte que sin un cambio «radical» en el mismo a nivel planetario será «imposible» revertir el fenómeno del cambio climático hasta unos límites «vitalmente asumibles«.

En este sentido, el secretario de Estado ha aludido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno está preparando y, básicamente, ha insistido en los plazos señalados recientemente por la ministra, Teresa Ribera. Así, explicó que «está bastante avanzado» el borrador del anteproyecto de la ley y la intención es presentarlo a la Comisión Interministerial para que los ministerios que estén concernidos por el texto puedan realizar sus aportaciones y ya en septiembre poder abrir un proceso «amplio» de participación pública.

Morán ha subrayado que está Ley es un objetivo de legislatura para el Ministerio y, como ya avanzó la ministra, se quiere llevar al Parlamento para iniciar su tramitación en las Cámaras antes de que concluya el año. Asimismo, el secretario de Estado ha señalado que dos de los espacios donde se hace más visible, a su juicio, el problema de haber mantenido durante 2 siglos el actual modelo energético es en la destrucción de la biodiversidad y en la reducción de los recursos hídricos.