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CCOO denuncia ante la Comisión Europea la situación del carbón en España y junto a UGT piden reunirse con Soria

Europa Press / EFE.- CCOO de Industria denunció ante la Comisión Europea que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «está llevando al cierre la minería del carbón» y que «ha incumplido prácticamente todos los puntos del Marco de Actuación para la Minería del Carbón que firmó en 2013«. Por su parte, UGT afirma que el problema «más urgente» es el de la venta de carbón. Asimismo, ambos sindicatos reclaman reunirse con el ministro José Manuel Soria para buscar una solución para la minería.

Los representantes de CCOO aseguran que la única finalidad del Gobierno es «dejar morir al sector por inanición» y que «el Gobierno está llevando al cierre de la minería del carbón», ya que desde el 1 de enero 2015 «debería estar funcionando un mecanismo que permita a las empresas mineras dar salida a la producción del carbón». Además, el sindicato acusa al Gobierno de «no tener ninguna intención de dotar a la minería de un marco estable que permita el futuro de las empresas y los puestos de trabajo». Igualmente, denuncia la falta de apoyo a las nuevas tecnologías de captura de dióxido de carbono.

Además, desde el sindicato advierten de que si las empresas mineras españolas cierran «arrastrarán también a los grupos termoeléctricos que consumen carbón nacional». El responsable de Industrias Extractivas de CCOO, José Luis Villares, solicitó a los representantes de la minería europea que «defiendan los recursos autóctonos frente a las materias primas importadas de terceros países», ya que en su opinión no tienen los mismos estándares de seguridad, salud, ni sociolaborales.

Cuándo y dónde se quemará

Por su parte, FITAG-UGT mostró asimismo su indignación con el titular de Industria y aseguró que la orden ministerial sobre el carbón que tramita el ministerio «es un auténtico atropello a la minería del carbón». Por ello, la Federación de Industria de UGT apremió a Soria a explicar «cuándo y dónde» se van a quemar los 6 millones de toneladas anuales de carbón que el ministro aseguró para 2015 «ahora que tiene que aprobar la Orden Ministerial la Comisión Europea«.

A juicio del sindicato, el problema «más urgente» ahora es el de la venta de carbón nacional. Asimismo, FITAG-UGT recrimina al ministro no haber mencionado este problema en ninguna de sus intervenciones y por haberse situado más al lado del cierre que de las soluciones. Además, aseguran que «están seguros» de que el titular de Industria desconoce «totalmente» la realidad del sector y de las comarcas mineras. Igualmente, recrimina a Soria el hecho de ignorar el significado de los acuerdos que firma «y nunca cumple». En este contexto, UGT pidió al ministro Soria que vaya a las comarcas mineras y explique por qué va a cerrar las minas de carbón, ya que considera que «son la única garantía de suministro«.

Ambos quieren reunirse con Soria

Tanto FITAG-UGT como CCOO de Industria han solicitado mediante una carta mantener una reunión «a la mayor brevedad posible» con el ministro para poder avanzar en la búsqueda de soluciones ante la «crítica» situación de la minería. Ambos sindicatos instan a José Manuel Soria a «proponer medidas urgentes» que permitan restablecer la normalidad, así como mantener la actividad en las explotaciones mineras. Según denunciaron, los «sobresaltos» en la minería del carbón son, lamentablemente, cada vez más frecuentes. A los procesos concursales, añaden, se suman expedientes de regulación de empleo y la paralización de la actividad en cada vez más explotaciones.

Ante la «alarma y desasosiego» entre los trabajadores del sector y en las comarcas donde se concentra esta actividad, CCOO y FITAG-UGT vuelven dirigir su mirada hacia el Ministerio de Industria. En su carta los dos sindicatos recuerdan a Soria que la crítica situación en la que se encuentra el sector es «consecuencia de haber incumplido lo acordado en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018». La oferta del Ministerio se cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto que tendría la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional durante los próximos tres años.

El PSOE reclama explicaciones de Soria en el Congreso sobre el «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico»

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que dé cuenta del «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento. Una propuesta de decreto que cuenta también con el rechazo de la Fundación Renovables.

Segura considera que el proyecto de ley remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supone «un nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» al mantener los peajes para este tipo de instalaciones y «además, establece un cargo asociado al resto de sistema, con lo que se desincentivarán aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias». «Una medida que choca frontalmente con la normativa europea y nacional de promoción de la producción individual y la eficiencia energética», reprochó el portavoz socialista.

El Gobierno considera que quienes instalen equipos de autoconsumo eléctrico y estén conectados a la red tendrán que pagar por el uso de la misma. «Si el usuario, aparte de autoconsumir, quiere tener enganche a la red, tiene que pagar esas infraestructuras, porque, de lo contrario, el resto de consumidores estarían pagando por ese usuario», ha insistido últimamente el ministro de Industria, Energía y Turismo.

La Fundación Renovables lo rechaza

La Fundación Renovables rechaza en su totalidad la regulación del autoconsumo propuesta por ser «antidemocrática» y denuncia que en el texto «subyace el intento de perpetuar el oligopolio del sistema eléctrico y negar la misma capacidad de decisión de la ciudadanía que la Unión Europea defiende como el centro de la Unión Energética». Así, considera que el Gobierno «obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos«. Además, pide a todos los partidos políticos que «sean coherentes» con los compromisos adquiridos en las campañas electorales e impidan la aprobación de este decreto. Para la Fundación Renovables, el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética en 2050.

El Gobierno quiere una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno pretende conseguir una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón nacional y que «siga siendo una parte importante del mix energético«. Así lo señaló Soria durante su intervención en el pleno del Senado, en el que explicó que el diseño del nuevo sistema pasa por incentivos a las inversiones para la desnitrificación de centrales térmicas.

Soria explicó que el objetivo es que el nuevo sistema esté operativo para que «el resultado sea el mismo» que con el anterior, de ayudas directas, y «se pueda seguir quemando carbón nacional» ya que «de otra forma no se quemaría por razones de precio y eficiencia«. Tras vencer el real decreto, Soria recordó que actualmente no hay ninguna norma en virtud de la cual se pueda obligar a las centrales a quemar carbón nacional como ya «se sabía en el mismo momento en el que se aprobó» en 2010.

«El Gobierno pretende que haya una norma con cobertura comunitaria», sostuvo Soria, quien precisó que la normativa se encuentra en trámite en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se requerirá que la orden ministerial tenga el visto bueno de las instituciones comunitarias. En este sentido, hizo hincapié en que la legislación en materia de reestructuración y ayuda al sector de la minería del carbón «trae causa de directivas comunitarias que nos podrán gustar más o menos pero que tenemos que cumplir». «Así se ha conducido el Gobierno y así va a seguir siendo; queremos que el carbón siga siendo parte importante del mix energético«, agregó.

Por su parte, el senador de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias, manifestó su inquietud por el estado del carbón en el caso de que el ministro deje su cargo próximamente ya que «hay quien pide su cabeza desde el Partido Popular de algunas comunidades autónomas como consecuencia del carbón». Por ello, Iglesias cuestionó «si va a dejar resuelta de manera satisfactoria esta cuestión«. Además, apuntó que en los cinco primeros meses del año se produjeron 1,1 millones de toneladas de carbón y que «a este ritmo en 2015 se conseguiría una producción de 1,5 millones, aproximadamente el 20% de las previsiones para el plan». El senador recordó que el 2014 ya «fue considerado «catastrófico con una producción de 3,7 millones».

Endesa reformará sus centrales de carbón en función de las condiciones de mercado

EFE / Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó que la eléctrica no ha decidido aún si reformará sus centrales térmicas de carbón nacional para adaptarlas a los requisitos medioambientales, lo que dependerá de las condiciones de mercado. «No hemos tomado la decisión», apuntó Bogas en una conferencia y añadió que las inversiones «serán una opción si se cumplen las condiciones de mercado».

El Gobierno acaba de enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para consulta pública un borrador de normativa en el que plantea unas ayudas para la inversión en mejoras medioambientales de las centrales térmicas de carbón nacional, vinculadas a compromisos de compra de mineral. Estas inversiones, necesarias para que las centrales cumplan los requisitos medioambientales que les permitan seguir funcionando, ascienden a unos 200 millones de euros por central, según Bogas, que apunta que las ayudas planteadas se sitúan en unos 100 millones. Endesa no ha incluido estas inversiones en las previstas en su plan estratégico para el periodo 2015-2019.

Por otro lado, Endesa advierte de que, si bien existe «sobrecapacidad a corto plazo» de centrales eléctricas en España, a medio plazo se producirá una «falta de capacidad». Si las plantas de carbón cierran en 2020, serán necesarios 2.500 megavatios (MW) adicionales, asegura. En este contexto, trabaja en la «preparación de las plantas nucleares para su operación a largo plazo» y se muestra interesada tanto en las instalaciones de bombeo hidráulico como, de forma «selectiva», en la modernización medioambiental de las centrales de carbón en línea con el nuevo decreto de incentivos en el que trabaja el Gobierno. La propuesta del Gobierno ofrece 90.000 euros por megavatio (MW) vinculadas a la compra de 5,6 millones de toneladas de carbón nacional.

Soria ve su gestión «más que aceptable» aunque admite que es «mejorable»

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hizo un balance «mejorable», pero «más que aceptable», de la política de su departamento en esta legislatura, al tener España «más industria», ser «más digital», «haber eliminado el déficit de tarifa junto con una reducción de los precios de la luz» y volver al «pódium mundial» en turismo.

Así lo señaló el ministro durante su intervención en el pleno del Congreso, ante una pregunta de la parlamentaria socialista Pilar Lucio, quien acusó al ministro de tomar decisiones «contrarias a los intereses de nuestro país» y le recordó que «incluso su propio partido ha llegado a pedir su dimisión», en alusión al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Soria dijo hacer un balance «mejorable, pero más que aceptable», de la gestión de Industria desde 2011, ya que «en España hay más industria que hace cuatro años» y la energía es «más sostenible» desde el punto de vista medioambiental, económico y financiero que entonces, como se aprecia en la evolución del déficit de tarifa». Además, el titular de Industria recordó que la evolución alcista de los precios de la electricidad entre 2004 y 2012 se saldó con un incremento acumulado del 82%, mientras que los precios bajaron en 2013 y 2014 «por primera vez en los últimos 12 años».

Por su parte, Lucio acusó a Soria de aplicar una «política letal» con las renovables y de tomar «decisiones en la dirección contraria a los intereses del país, de las empresas grandes y pequeñas, y de los consumidores». «Amparándose en informes inexistentes perpetró el hachazo a las renovables, un engaño sin precedentes para un sector puntero», y «el real decreto de autoconsumo parece una propaganda disuasoria» que hace «imposible para la ciudadanía» lo que «debería ser un derecho civil», afirmó.

En este sentido, José Manuel Soria subrayó que «estamos metiendo el autoconsumo en un decreto» que por primera vez regula esta actividad. Al respecto, el ministro explicó que aquel usuario que se decante por el autoconsumo «no tiene que pagar energía al operador, ni impuestos ni peajes por la red» en instalaciones que permanezcan aisladas, pero el autoconsumidor que quiera eventualmente engancharse a la red para abastecerse cuando no esté generando «tiene que pagar las infraestructuras energéticas porque de lo contrario el resto de consumidores estarían pagando lo que consume».

De esta manera Soria respondió a las críticas vertidas desde distintos ámbitos en los últimos días después de que se enviase a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de real decreto de regulación del autoconsumo. Esta normativa, tal y como estaba previsto desde la aprobación de la reforma energética en 2013, prevé que los autoconsumidores conectados a la red paguen un peaje para contribuir a sufragar los costes del sistema, un cargo que el sector considera inasumible porque elimina toda rentabilidad de la actividad.

Soria descarta retirar a Repsol su permiso para explorar en Canarias porque habría que indemnizarla

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, descartó retirar a Repsol de forma anticipada la autorización para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias, porque supondría tener que indemnizar a la petrolera. Por ello, Industria no se ha planteado retirar a Repsol su autorización para realizar prospecciones «por el hecho de que no tramite formalmente esa renuncia».

Soria indicó que es un procedimiento reglado y que ningún Gobierno puede actuar al margen del procedimiento. El ministro explicó que, en virtud de la autorización administrativa, Repsol tiene tres años para perforar dos pozos en aguas cercanas a Canarias y que a partir de ese momento el permiso se consideraría extinguido. Por ello, Soria indicó que si el Gobierno unilateralmente «fuera a obligar esa renuncia sería el Gobierno quien tuviera que indemnizar al operador si se hiciera antes de esos tres años» en los que está vigente la autorización.

Repsol anunció en enero la «mala noticia», según Soria, de la renuncia a continuar con el proyecto tras la realización de un único sondeo, después de hallar gas con una calidad y cantidad insuficiente para su explotación comercial, y como consecuencia, no continuará con un segundo sondeo. Por su parte, el senador Fuentes (PSOE) señaló que ha habido un incumplimiento en la concesión, que no hay derechos «indemnizatorios» y que la empresa se ha marchado unilateralmente una vez no ha encontrado nada en esa zona.

Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías

Europa Press.- El Ministerio de Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías ya que recuerda que el real decreto en el que trabaja «sólo es de aplicación en las instalaciones conectadas a la red, no en las aisladas«, indican fuentes del departamento dirigido por Soria, que indican que el objetivo es permitir la «correcta utilización de las distintas modalidades de autoconsumo» y procurar «un reparto equitativo de los costes asociados a su desarrollo que garantice la necesaria sostenibilidad económica del sistema».

En todo caso, Industria considera que «no se puede evadir el pago de peajes si se utiliza la red cuando no hay sol o viento» y que «no hay que dar ventaja a los que autoconsumen frente a los que no lo hacen«. «Habrá que abonar un peaje por la utilización de la red», pero «no hay ningún impuesto». «De no ser así el resto de los consumidores estaríamos pagando o financiando una parte de ese autoconsumo», indican las fuentes.

Sobre el uso de baterías de acumulación, Industria asegura que los autoconsumidores podrán usar baterías y «no pagarán un peaje especial». «La energía necesaria para cargar la batería pagará su peaje correspondiente y el usuario la podrá utilizar cuando lo estime oportuno. En el caso de que esa energía proceda de autoconsumo se le dará el mismo tratamiento que al resto de autoconsumos. Por el hecho de acumular energía en una batería, no se pagará ningún peaje especial«, afirma Industria.

Por otro lado, Industria asegura que el real decreto de autoconsumo estará aprobado en esta legislatura y destaca que el autoconsumo en las islas «sí puede reducir los costes del sistema, al contrario de lo que sucede en la Península». «Generar con placas fotovoltaicas en las islas es más barato que la actual generación de electricidad con fuel, además de ser más limpio medioambientalmente. Debido al ahorro que genera para el conjunto del sistema, se le dispensa de una parte del peaje que corresponde al autoconsumo», añaden las fuentes ministeriales.

Soria habla de las baterías

El ministro Soria aseguró que el borrador de real decreto sobre autoconsumo no recoge «ningún tipo de mención» a un peaje para gravar el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores, e insistió en que lo único que se está planteando el Gobierno es cobrar por utilizar la red general. «Lo que hay es lo que hemos dicho desde el principio: Si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, sólo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red», señaló Soria.

A renglón seguido, Soria justificó la necesidad de este peaje de respaldo alegando que no imponerlo «equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte» del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es «pagar por aquello que se está utilizando» ya que la asunción de este coste de la red sólo por una parte de los consumidores «no se da en ningún país del mundo». Pero Soria, que recordó que el autoconsumo tendrá una regulación por primera vez en España con este Gobierno, niega que haya un recargo para el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores.

El decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. El director general de GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que se fija un nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores, por lo que los autoconsumidores sufrirán una penalización por usar los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares, que sólo podrán usar si no los conectan a la red eléctrica y disponen por tanto de una instalación aislada.

Concretamente, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión. Este importe, según Morales de Labra, será suficientemente disuasorio. Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que ven en ellas una solución para no concentrar los vertidos de electricidad a la red a las mismas horas.

El borrador de Industria también señala en su artículo 10 que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica. Este aspecto podría animarles a almacenar su electricidad para consumirla en las horas en las que no haya sol. Industria sí permitirá a los consumidores conectados en alta tensión y que realicen actividades empresariales tener una retribución por verter electricidad que no pueda ser consumida en su propia instalación, aunque sujeta a condiciones. A estos autoconsumidores en alta tensión se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamientos quedarán también excluidos de esta modalidad.

Soria afirma que la bajada de la luz en 2014 se debió en parte al final del sistema de subastas

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que durante el tiempo que estuvo vigente el sistema de subastas para fijar el precio de la electricidad, entre los años 2009-2013, los españoles pagaron en la factura «1.500 millones de euros adicionales por ese sistema», que cambió este Gobierno, «y en el año 2013 y 2014 por primera vez han caído los precios».

Soria señaló que con el sistema de subastas «el precio estaba garantizado», pero que a cambio los intermediarios cobraban una comisión anual de 300 millones de euros, aproximadamente. Soria indicó que hasta 2011 «los precios subían cada vez más», pero los ingresos que generaba el sistema eléctrico eran «crecientemente insuficientes para hacer frente a los costes de las actividades reguladas del sistema«. Es decir, para el transporte o las renovables, entre otros, para lo que «determinaba un creciente déficit en el sistema eléctrico», según Soria.

Para atajar el déficit tarifario, el Gobierno aplicó «una política consistente en aumentar los ingresos y disminuir los costes de las actividades reguladas del sistema», según el ministro. En consecuencia, «para 2013 había previsto un déficit estructural de 10.500 millones de euros», que se quedó en 3.400 millones por la política de disminución de costes, apuntó Soria, según el cual «en 2014, por primera vez en los últimos doce años, el sistema eléctrico en España se ha saldado en equilibrio«.

Por su parte, la senadora popular Juana Francisca Pons aseguró que la reforma eléctrica «evitó que la factura de la luz continúe disparándose e, incluso, los precios descendieran en los últimos años». Según explicó, entre 2004 y 2011 la factura de la luz crecía todos los años «de manera sistemática en un promedio anual de casi un 7%», mientras que las medidas tomadas por el Gobierno lograron que la factura disminuyera un 3,1% en 2013 y un 5% en 2014.

La reforma eléctrica «ha favorecido a los consumidores, que ven que lo que pagan por la electricidad está controlado y cada vez más pasará a representar una parte más pequeña de su presupuesto familiar gracias al nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad para el consumidor», apuntó Pons al preguntar a Soria sobre las ventajas que tendrá para el consumidor la nueva facturación por horas de la luz.

Soria defiende su gestión ante la pobreza energética y el PSOE le acusa de preocuparse más por el fracking

Europa Press / Servimedia.- El PSOE reclamó la «dimisión» o «cese» del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por «no hacer nada» por los dos millones de familias que sufren pobreza energética y por «legalizar por la puerta de atrás el fracking«, mientras que el ministro defendió su gestión argumentado que los precios de la energía bajan.

Así respondió a la pregunta del senador socialista Gregorio Ramón Medina, sobre la valoración del Gobierno ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran «cientos de miles de familias» en España. En este sentido, Soria destacó que cuando concluyó mayo, 213.000 personas que antes no tenían para pagar la luz, el agua, la ropa o la alimentación, dejaron de estar en esa situación de pobreza energética al pasar a estar dadas de alta en la Seguridad Social. «Eso se debe única y exclusivamente a la política económica«, subrayó Soria, que destacó que entre 2008 y 2011 se destruían 2.200 empleos al día, mientras que en la actualidad se crean 6.500 empleos diarios.

Además, esgrimió que su Gobierno ha regulado por primera vez el autoconsumo con la nueva ley del sector eléctrico y con un real decreto que establece que si un ciudadano no quiere pagar la energía que consume a ningún operador, es libre para no pagar los costes del sistema eléctrico siempre que instale una placa en su casa y sólo consuma lo que genera. Por otra parte, el ministro defendió que los precios de la energía sufrieron un incremento del 82% entre 2004 y 2012 mientras que en los últimos años, desde 2013, están disminuyendo.

En cualquier caso, Medina insistió en que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha hecho «poco o nada por los ciudadanos que sufren pobreza energética». «Usted es aquel que no quiso implantar el bono social para consumidores de gas natural, el que ha impedido el desarrollo de autoconsumo con una férrea regulación y la imposición del conocido como impuesto al sol, el responsable de que España sea el cuarto país con la luz más cara y el tercero con el gas más caro de Europa, el que se atribuye el mérito de la bajada de la luz y cuando sube, dice que son los fenómenos meteorológicos los causantes de la subida«, denunció.

Plataformas energéticas, partidos políticos y asociaciones llevan a la Fiscalía el recorte a las renovables

Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, presentaron a la Fiscalía Especial contra la Corrupción una denuncia para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

En concreto, el escrito, avalado también por la firma de más de 100.000 ciudadanos, denuncia un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por «la arbitrariedad y falta de respeto técnico», así como «la manipulación» del Gobierno a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger, a las que se destinó más de 600.000 euros para elaborar unos informes con los que no se contó a la hora de redactar la normativa, indicó la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero.

Asimismo, Romero indicó que el conocido como hachazo a las renovables, que representó «un varapalo a la retribución que estaba pactada», es una «demostración palpable» de que el Gobierno tiene abierta «una guerra contra las tecnologías energéticas eficientes». «El Gobierno legisla sólo para preservar el statu quo de las grandes corporaciones», añadió. Además, subrayó que a «los graves hechos» que las organizaciones presentan ante la Fiscalía Anticorrupción, se suma el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria, que «supone un nuevo golpe antidemocrático» al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Mientras, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que de este recorte sólo ha permitido «cerrar en falso» el problema del déficit de tarifa, ya que en cualquier momento un tribunal, nacional o extranjero, puede «echarlo atrás y lo pagaremos todos en la factura con intereses«. Así, recordó que el Gobierno de España ya ha recibido un total de 14 demandas ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, y las probabilidades de que un tribunal acabe «echando atrás estos recortes son altas».

En la denuncia, se considera que en los hechos pudo haber existido un delito de presunta «prevaricación» y se apunta «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía estuvieron presentes, junto a las organizaciones denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).

Bescansa destacó que los hechos que recoge la denuncia demuestran que la corrupción «es el gran enemigo de la ciudadanía» y que con unos «parámetros corruptos es imposible cambiar el modelo energético y transitar hacia un modelo más sostenible». Para Alvaro Abril, este tipo de políticas energéticas «en blanco y negro» aplicadas por el Gobierno del PP suponen que España «vuelve a quedarse fuera de la transición energética, mientras otros países «están muy adelantados».

Por su parte, Coscubiela aseguró que el Gobierno «ha sobrepasado todos los límites en su afán por defender al lobby eléctrico», falsificando expedientes para imponer unas medidas que no son justificadas y aseguró que hasta que el ministro José Manuel Soria «no esté sentado en el banquillo» como acusado no pararán. Mientras, Carolina Punset subrayó que «cargarse las renovables supone un error histórico» y dejar pasar la oportunidad de «una energía más barata y de generar empleo«. Asimismo, Inés Sabanés pidió una «transición» hacia a un cambio de modelo energético y el cese «inmediato» de Soria después de haberse confirmado que ha trabajado «de parte, para la minoría».

Entre las asociaciones que se han unido a la denuncia figuran: Adicae, AEBIB, Algamar, Amigos de la Tierra, ANAE, APPA Fotovoltaica, Asgeco, ATTAC, CB Arquitec Bioconstrucción,  CIFV, Coeser, CSolar, Eco-Event, Econactiva, Ecologistas en Acción, Ecooo, Energía Activa, EuroBalaguer, Eurosolar, Federación Arcoiris, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Larmendi, OCE, Patrimonial Serrana Solar, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/Birdlife, SolarWeb, Som Energía, UNEF, WWF España.