Entradas

Los españoles pagarán 250 millones de euros menos al año en peajes eléctricos

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Los españoles pagarán 250 millones de euros menos anualmente gracias a la rebaja de los peajes eléctricos que el Gobierno incluyó el pasado viernes en el decreto ley de medidas urgentes que también recoge el adelanto de la rebaja fiscal. En la memoria, el Gobierno explica que la partida de pagos por capacidad a la que todos los consumidores eléctricos deben contribuir acabará este año con un «exceso de recaudación», por lo que se ha decidido revisar los precios de esos costes para disminuir la factura eléctrica.

Esto supone que todos los consumidores, tanto domésticos como empresas, pagarán unos 250 millones de euros menos por peajes cada año, lo que supone una reducción media de la factura del 0,9% con respecto a lo que se pagaba a principios de año. Un porcentaje que el Gobierno elevó el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, al 2,1% de media ya que la reducción de los precios que se aplicará este año se concentrará en apenas cinco meses, de agosto a diciembre, por lo que a principios de 2016 la factura eléctrica subirá un 1,2% respecto al mes anterior.

Pequeño impacto en la recaudación

Sí impactará las cuentas públicas aunque de forma «poco significativa» la otra modificación de la Ley del Sector Eléctrico que se incluyó en el decreto para reducir las «excesivas» cargas administrativas y de gestión que se imponen a los consumidores con potencia contratada de entre 4 y 10 kW. Y es que según el Gobierno por cada 100.000 pequeños autoconsumidores apenas se dejarían de recaudar entre 15 y 20 millones de euros, que se sumarían a una pérdida también «no significativa» de ingresos por IVA y por el Impuesto de Electricidad. En total, esta pérdida supondrá un 26% de la minoración de la recaudación de ingresos para el sistema eléctrico, se calcula en la memoria.

Medidas sociales para el carbón

Por otra parte, el decreto ley también recoge medidas sociales para los trabajadores de la minería del carbón ante la «constante caída de la cotización» de esta materia prima, que obligará a muchas empresas a adelantar el cierre y a declarar concurso de acreedores o insolvencia y liquidación. «Resulta de capital importancia paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y pocas oportunidades de reinserción», explica el Gobierno, recordando además que muchos de los trabajadores afectados están en una edad de difícil reinserción laboral.

Por eso se ha decidido dar «flexibilidad» al régimen de ayudas previsto en el Acuerdo Marco para la minería del carbón 2013-18 de modo que se puedan anticipar las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada al ejercicio 2016 y facilitar las bajas indemnizadas a un grupo reducido de trabajadores que se incorporaron desde compañías auxiliares a las plantillas de las empresas mineras entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015. Así, a corto plazo habrá un incremento de ayudas sociales «difícil de cuantificar» por su carácter voluntario pero que, en cualquier caso, se «compensará» con la rebaja en las líneas de ayudas en los años sucesivos.

De hecho, se barajan dos hipótesis, que permitirían un ahorro total con respecto al Plan de la Minería del Carbón 2013-2018 inicialmente acordado con sindicatos y patronal de entre 1,9 millones de euros y 117,5 millones de euros aunque adelantaría gran parte de las necesidades de gasto a los Presupuestos del año que viene. Por una parte, un escenario «probable» en el que las ayudas por bajas indemnizadas se producen progresivamente hasta 2018 y se acogen unos 448 trabajadores el año que viene, lo que produciría un ahorro de 1,9 millones de euros respecto a las previsiones del Plan de la Minería aunque con un coste adicional de 11,5 millones en las cuentas del 2015.

Y, por otra parte, un escenario «extremo» que supone el cierre de todas las minas no competitivas ya en 2016 con un ahorro de 1,3 millones en el plan global pero un coste adicional de 44,5 millones a recoger en los Presupuestos del año que viene para pagar ayudas por edad avanzada a 448 trabajadores, bajas indemnizadas a otros 591 trabajadores y bajas indemnizadas de carácter excepcional a 40 empleados más. En este caso, también habría que tener en cuenta que el Estado se ahorraría 73 millones de subvenciones a la producción de carbón nacional.

El Tribunal Supremo rechaza la petición del Gobierno de paralizar los recursos renovables mientras la Comisión Europea examine las primas

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rechazó la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías renovables, según el auto, ya que solicitaba la paralización de todos los procedimientos contra el recorte retributivo a las energías renovables, cifrado en 1.700 millones de euros, hasta que la Comisión Europea resuelva el examen preliminar de ayudas de Estado que abrió sobre este tema en febrero.

El Supremo contesta que «el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de examen preliminar, a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas, no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio«. El alto tribunal ha resuelto en los últimos días en el mismo sentido la misma petición del abogado del Estado planteada en otros de los recursos contra el esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, regulado en el Real Decreto 413/2014, y la Orden IET/1045/2014, ambas aprobadas el 6 de junio del 2014.

El concepto de rentabilidad razonable

Esta cuestión se remonta a la aprobación, en 2013, de la reforma del sistema eléctrico, en el que se modificó el modelo retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Este modelo se materializó en un decreto y una orden ministerial aprobadas en junio de 2014, en los que se vinculaba esta rentabilidad razonable al interés de la deuda del Estado, que se aplicaba sobre una serie de parámetros de inversión calculados por el Ministerio de Industria en función de cuestiones como la antigüedad de la planta o su ubicación.

Precisamente fue el diseño de estos parámetros el que más polémica suscitó, querellas incluidas, ya que en teoría venía apoyado por informes independientes que finalmente o no se presentaron o lo hicieron después de la aprobación de la normativa. Frente a las críticas, Industria argumentó en todo momento que la elaboración de la normativa correspondía al Gobierno y que los informes solo pretendían contrastar sus cálculos. En definitiva, contra la regulación hay planteados más de 300 recursos por patronales y empresas de energías renovables de toda España en el Supremo. En los casos resueltos, las partes recurrentes se opusieron a la petición de suspensión planteada por el abogado del Estado.

Arias Cañete entra en escena

En paralelo al avance del procedimiento judicial, también polémico por supuestos retrasos por parte de Industria a la hora de entregar documentación, el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, anunció que la Comisión había emprendido un estudio para «analizar» si los esquemas de subvenciones a las renovables puestos en marcha por algunos países podrían constituir ayudas de Estado. Tras este anuncio, tal y como figura en el auto, el Abogado del Estado solicitó que se suspendiera la tramitación del recurso hasta que se resolviera el expediente comunitario, emprendido a raíz de una notificación del Gobierno español, que afecta tanto a la normativa de 2014 como a las de 2007 y 2008, una pretensión que el Supremo ahora ha rechazado.

Industria rectifica y el descenso del 5% de la bombona, que costará 13,42 euros, se aplicará desde el martes 21

/0 Comentarios/en , , , , /por

Redacción / Agencias.- El precio máximo de la bombona de butano tradicional, de 12,5 kilogramos, bajará desde el martes 21 de julio un 4,96%, por lo que pasará a costar un máximo de 13,42 euros, frente a los 14,12 euros anteriores, según una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que recoge una actualización del precio máximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados (butano y propano), cuyo precio baja pese a incluir un alza de los costes de comercialización de casi el 2%.

Industria rectificó en 24 horas y la bajada del precio de la bombona de butano que iba a entrar desde el martes 14 se aplicará finalmente a partir del próximo martes 21 de julio, según una resolución del Ministerio de Industria que publica este martes el BOE. El motivo es que, según la normativa vigente, las revisiones de precios deben aplicarse cada dos meses el tercer martes de cada mes, y este martes es el segundo martes de julio. El BOE publicó ayer una resolución en la que fijaba los nuevos precios que se aplicarían a partir de este martes.

Esta reducción del precio se suma a la del pasado mes de mayo, cuando ya bajó un 10,7%, hasta 14,12 euros, y se suma a la de marzo, cuando el precio de la bombona se redujo un 9,7%, al pasar de 17,5 euros por bombona a 15,81 euros por bombona. En esta revisión, el Gobierno ha fijado el precio máximo de venta por cada kilogramo de butano en 87,2545 céntimos por kilogramo, tras reconocer un coste de comercialización de 50,1143 céntimos por kilogramo. Bajo estas premisas, una bombona de 12,5 kilos costaría 10,9 euros. Si a esta cantidad se le suman los impuestos, incluyendo el 21% de IVA, el precio final de la bombona de butano asciende a 13,42 euros.

El nuevo precio estará vigente hasta el tercer martes del mes de septiembre, cuando se revisará de nuevo el precio según las cotizaciones internacionales. Con la nueva modificación del sistema de revisión de precios, las variaciones del precio de la bombona sólo podrán registrar subidas o bajadas de hasta un máximo del 5%, con el fin de dar estabilidad de precios al consumidor. De momento descendió un 23,3% respecto al precio que marcaba a comienzos de año (17,5 euros).   El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos.

Los precios del butano se revisan bimestralmente y en la revisión de mayo, el Ejecutivo aseguró que el déficit que existía en la comercialización de la bombona se había eliminado totalmente y entonces se saltó, excepcionalmente pero por segunda vez consecutiva ya que en marzo cambió la ponderación de las cotizaciones internacionales para adaptarla «a la realidad actual del origen del producto», el límite de que el precio varíe más del 5% (al alza o a la baja). Según fuentes de la Asociación de Operadores de Gas Licuado de Petróleo (AOGLP), en esta ocasión hay superávit y el precio debería bajar un 6,9%, aunque debido al citado límite, la rebaja se quedará en el 5%.

Por otra parte, los distribuidores consideran insuficiente el alza aplicada en los costes de comercialización, que habitualmente se revisan en julio, y consideran que no se ajustan a la situación actual, en la que se distribuyen 70 millones de bombonas frente a los 150 de hace 10 años. En este sentido, indicó que el Gobierno pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que elabore un informe para revisar el cálculo de dichos costes con los que ser remuneran a las compañías distribuidoras, que han pasado de 800 a 200.

Para el cálculo de los precios se tienen en cuenta factores como las cotizaciones internacionales de la materia prima, los fletes (transporte), el tipo de cambio o los costes de comercialización; con una limitación del 5% de subida o bajada, vigente desde hace dos años. El Gobierno congeló la bombona de butano en 17,5 euros durante un año y, posteriormente, prorrogó el precio en varias ocasiones a pesar del encarecimiento de la materia prima, lo que generó un déficit en el sector. Este déficit acumulado empezó a reducirse cuando bajaron las cotizaciones internacionales del crudo y gracias a que el precio de venta estaba congelado.

Ha faltado piel

/0 Comentarios/en , /por

Desde el mismo momento en que el Gobierno pergeñó la revisión del IRPF desde julio, el anuncio de la bajada en un 4% de los peajes por los costes regulados del sistema eléctrico era una apuesta segura. Desde hace meses, se especulaba en los mentideros de la energía con la posibilidad de que el Gobierno buscase una bajada de la parte regulada de la tarifa eléctrica. Cuánto más cerca de los procesos electorales, mejor; y así ha sido. Incluso se planteaba la expresión «no serán capaces». Como cualquier construcción demagógica, cualquier oposición a la medida puede ser tachada de “antisocial” y la apropiación de la misma estaba más que descontada.

El pequeño remanente de superávit eléctrico emergente producto de las cuestionadas medidas legales de los últimos dos años, con toda su provisionalidad y novedad, eran puestas en el escaparate y almoneda de la nueva política de un Ejecutivo necesitado de “gestos”. Ni siquiera las autoridades han tomado la mínima precaución prudente de esperar al final de año con unos resultados definitivos de la liquidación completa del ejercicio, puesto que quemaba en las manos empezar a proveer de buenas noticias y la política de dar abrazos.

Precisamente, las propias declaraciones de Soria afirmando que los 800 millones al cierre de 2015 de superávit irían destinados a la evicción de la deuda antigua confirmaban lo inevitable, es decir, que no iba a ser así. Se trata en una política en la que lo que se expresa es diferente a lo que se hace, con todas sus asimetrías y desniveles lo que, en definitiva, ha abocado a la pérdida de la confianza en las instituciones económicas del país.

Los periódicos titulan así: “El Gobierno baja la tarifa, e incluso, el 2,2% de los costes regulados lo hacen extensivo a toda la factura” También es nuestra cultura económica. Por tanto, con esa afirmación que lo atribuye al Ejecutivo, lo que no ha cambiado es que la tarifa eléctrica sea algo político, lo que quiere decir que no está sujeta a lo que determinan los mercados y los parámetros que deben ser sufragados, según la norma vigente en cada momento: es decir, que hay un componente discrecional. Y así ha sido y es. Todo permanece.

Los eventuales superávits que debían ir dirigidos a pagar los déficits tarifarios pasados han buscado una amortización electoral inminente, la misma mañana que empezaba la Conferencia política del Partido Popular y Soria aparecía ante el teleprompter. Los defensores de esa cultura política, incluso. la dan por asumida, normalizada, usual, corriente en una democracia como la española: para eso hemos ganado unas elecciones, para utilizar el BOE con esta finalidad. La única solución hubiera sido que se hubiera producido la liberalización plena de los precios de la electricidad, pero, siendo así, ¿qué sería de nosotros, consumidores, sin el protectorado político y los períodos preelectorales y su respiros? ¿A qué estaríamos expuestos?

Lectura uno: el Gobierno endosa al siguiente Gobierno el problema futuro del déficit tarifario y su resurrección. Si nos encontramos con un escenario de fracaso en los tribunales, arbitrajes y conflictos y, además, se pulen los superávits incipientes en electoralismo, nos encontraremos en la casilla uno del déficit tarifario más pronto que tarde: nos volveremos a encontrar hablando de la “herencia”, como los populares con la retribución a la fotovoltaica. La estrategia de división por subsectores y tecnologías ha funcionado para la distracción, pero el problema ha quedado “latente” como se puede ver.  Y, el futuro político, ya anuncia presagios.

Lectura dos: lo que denomina Jordi Sevilla como el populismo de derechas en el que enmarca estas medidas y las que vendrán. La nueva política y la nueva comunicación del partido del Gobierno es, en realidad, la misma de siempre, lo que viene a basarse en las recetas más esquemáticas de la política politizada: anuncio de bajar impuestos y la electricidad como último reducto de la Junta Superior de Precios en vísperas de las elecciones.

Lectura tres: ¿Qué pasará cuando se compruebe la dimensión de estas noticias? ¿Cuándo se maticen las bajadas por la situación meteorológica o por la facturación horaria de la electricidad o porque es un euro mensual?

La respuesta es que ha faltado piel.

El recibo de la luz bajará un 2,2% desde agosto

/0 Comentarios/en , , /por

Redacción / Agencias.- La rebaja del recibo de la luz del 2,2% para los consumidores domésticos aprobada por el Consejo de Ministros se aplicará desde el próximo mes de agosto. Así lo señaló el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado por real decreto ley una disminución en los costes de las actividades reguladas del sistema eléctrico del entorno de un 4%.

Esta rebaja de la parte regulada del recibo se traduce en una disminución media de la factura del 2,2%, «una bajada que se va a aplicar durante los meses que quedan del año 2015, es decir entre los meses de agosto y diciembre». Soria explicó que «esta reducción ha sido posible gracias a los efectos de las distintas medidas contenidas en la reforma energética que han permitido pasar entre otras cosas, de un déficit en el sistema eléctrico, a tener un superávit en el año 2015», según el ministro. Recientemente, el ministro de Industria aseguró que cualquier superávit del sistema eléctrico se aplicaría a reducir el déficit de tarifa acumulado.

El precio final que los consumidores pagan por la electricidad consta de dos partes: el coste de la energía, que depende de su evolución en el mercado, y los peajes, que retribuyen actividades reguladas como el transporte y la distribución. Fuentes del sector recordaron que, según la legislación vigente, los peajes no se podían rebajar mientras se mantuviera el déficit tarifario, la diferencia negativa entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico. En esa línea, tanto Soria como Sáenz de Santamaría incidieron en que la rebaja ha sido posible por la reducción de los costes del sistema y una vez «resuelto» el déficit tarifario.

5 meses por un año

Según Industria, la desaparición del déficit se traduce en una caída de las amortizaciones de capital e intereses que se puede trasladar al consumidor. «Se trata de que, con cargo a ese superávit, pueda haber una progresiva reducción en los costes de determinadas actividades reguladas del sistema eléctrico y esa disminución de costes pueda traducirse directamente en un descenso del precio para el consumidor», explicó Soria. De esta forma, el ministro de Industria valoró el «efecto directo, claro y positivo de la reforma en el sector de la energía» que permite «seguir disminuyendo los precios en el sector eléctrico y por tanto a los consumidores».

Según se publicó en el BOE del sábado, el decreto-ley incluye una revisión de los precios que soportan los consumidores en concepto de pagos por capacidad, ajustando los valores unitarios, y que supone una reducción de la cantidad que pagan actualmente en términos anuales«. No obstante, para 2015 para efectuar una reducción equivalente de la cuantía total en concepto de pagos por capacidad debe tenerse en cuenta que los valores unitarios aplican solo en los meses que restan de año (agosto-diciembre), lo que se traduce en una disminución media de la factura anual de los precios de los consumidores en estos meses superior a lo que representaría en cómputo anual.

El Ejecutivo explica que «por criterios de prudencia y hasta ver el comportamiento real de la demanda, cuya recuperación se viene constatando», hasta el momento se ha mantenido la cantidad que pagan los consumidores por este concepto, existiendo un exceso de recaudación en esta partida para 2015. Igualmente, señala que «la medida debe adoptarse con la máxima antelación posible para evitar saltos bruscos en la repercusión que estos cambios de precios podrían suponer para los consumidores en caso de retrasarse su aprobación, lo que rompería la estabilidad de precios actual».

De esta forma, el Gobierno bajará por primera vez la parte fija de la factura, ya que hasta la fecha sólo había aprobado congelaciones en esa parte regulada del recibo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría indicó que esta rebaja fue posible gracias a la mejora de las condiciones de la demanda y el ahorro de los costes como consecuencia de la «eliminación» del déficit del sistema eléctrico tras la reforma eléctrica. En concreto, la rebaja de la parte regulada del recibo, aquella sobre la que el Gobierno puede actuar, supondrá un abaratamiento de la factura de la luz del 2,2% para los consumidores domésticos.

También suaviza requisitos al autoconsumo

Por otra parte, Industria modificará algunos aspectos en la Ley del Sector Eléctrico para beneficiar al autoconsumidor particular, aquel que cuenta con instalaciones de autogeneración con potencia menor a 10 kilovatios, a fin de distribuir las cargas tributarias a los pequeños autoconsumidores y las cargas administrativas. De esta forma, aquellos consumidores que lo deseen «podrán acometer la instalación deseada de autogeneración con menos impuestos y tramitación administrativa más fácil y sencilla«. En concreto, la nueva normativa exceptuará a los pequeños consumidores, aquellos que produzcan menos de 10 kilovatios, de las cargas administrativas y de gestión garantizando la «seguridad y sostenibilidad económica y financiera del sistema».

En cuanto al autoconsumo, en el BOE indicó que «de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo«. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kilovatios (kW).

Soria dice que el precio de la luz baja ahora porque España es «la economía que más crece»

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno ha podido aprobar una rebaja del precio de la factura de la electricidad gracias a que la economía está creciendo más que en el resto de los países de la Unión Europea. Una rebaja que los cálculos cifran en un ahorro aproximado a 1,5 euros al mes por hogar. Aún así Soria destacó la importancia de tener una energía «más barata y competitiva».

Soria admitió que muchos españoles se estarán preguntando por qué el Ejecutivo hace esto a cinco meses de acabar la legislatura y, sobre todo, por qué no lo hizo al principio de la legislatura. El ministro destacó que «cuando empezó la legislatura España estaba en recesión y hoy España es la economía que más está creciendo» de toda la Unión Europea, hasta el punto de que cada día se afilian a la Seguridad Social 1.300 personas. «Esto es lo que hoy nos posibilita disminuir los tipos impositivos y la factura de la electricidad», remachó Soria.

El ministro de Industria destacó que una energía «más barata y competitiva» es un «factor fundamental para la industria«. Soria subrayó que durante la etapa de los gobiernos socialistas de Zapatero hubo un incremento del 82% en el recibo de la luz y que una familia media pasó de pagar anualmente unos 340 euros por una factura energética a más de 700. Ahora vaticina que, con las medidas puestas en marcha, España va a volver a ser una «potencia industrial«.

1,5 euros mensuales por hogar

La bajada en un 2,2% en el recibo de la luz para los hogares supondrá un alivio cercano a los 1,5 euros al mes para un consumidor medio, según datos recogidos a partir del simulador de la factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Conforme a este simulador del regulador, un consumidor medio pagó 70,19 euros en su factura de la luz en junio, un 5,2% más que los 66,68 euros desembolsados un mes antes. En este cálculo, se toma como referencia los 30 últimos días de mayo para poder realizar una comparación homogénea.

Como usuario medio similar se tiene en cuenta el utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos. La rebaja en un 2,2% del recibo final es fruto de un recorte en la partida destinada a sufragar los costes regulados del sistema eléctrico, conocida como peajes.

Estos peajes, que se sufragan a través del término fijo del recibo y una parte del variable, tienen un peso cercano al 38% sobre el recibo final de electricidad, frente al 37% correspondiente al coste de la energía y el 25% de los impuestos, IVA incluido. El Ministerio de Industria decidió congelar en enero los peajes de acceso, de modo que las variaciones registradas en lo que va de año responden al comportamiento del mercado mayorista de electricidad. El recibo subió un 3% en enero, un 0,5% en marzo y un 1,8% en abril, pero bajó un 5,4% en febrero y un 1,5% en mayo.

Industria aprobará medidas de estímulo para la compra de vehículos de energías alternativas

/0 Comentarios/en /por

Servimedia.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, que incluye acciones de impulso y medidas de estímulo de la adquisición de estos «vehículos verdes«. En la estrategia se analizan las tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y se articulan 30 medidas que cubren tres ejes de actuación. El objetivo es ofrecer un plan de acción al mercado, a los inversores en infraestructura y a los impulsores de la industrialización.

El primer eje busca impulsar la industrialización de vehículos con energías alternativas y de los puntos de suministros asociados, con el objetivo de situar a España a la vanguardia del impulso de estas tecnologías. Así, se recogen medidas para la industrialización de vehículos, así como medidas der potenciación de la I+D+i. En cuanto al eje de mercado, se definen acciones de impulso de la demanda para conseguir un mercado suficiente que impulse las economías de escala y la oferta, permitiendo consolidar la infraestructura y la industrialización en España. También recoge medidas de difusión y concienciación de los nuevos combustibles y tecnologías, y medidas de estímulo de la adquisición de vehículos.

Por último, la estrategia incluye medidas para favorecer una red de infraestructura que permita cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios y así permitir el desarrollo de un mercado de combustibles alternativos. Industria recordó que 6 de las 17 plantas de multinacionales ubicadas en España, y un importante fabricante de cabezas tractoras, están produciendo vehículos de combustibles alternativos: eléctricos, GLP y de GNV. «España cuenta con el conocimiento y la experiencia en las tecnologías de vehículos con energías alternativas y tiene el potencial para responder al desafío tecnológico e industrial que suponen», destacó Industria.

Mejor llamen a un abogado del Estado

/0 Comentarios/en , , , /por

El pasado domingo el diario El País, publicaba un artículo de su equipo de investigación en el que se recogía cómo un número importante de Abogados del Estado estaban asesorando contra la Administración española en los arbitrajes que se están llevando a cabo por iniciativa de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales por el recorte renovable. Se conoce esta información, además, después de los primeros pronunciamientos negativos para el Gobierno en los conflictos internacionales abiertos al considerarse estos tribunales de arbitraje «competentes» para juzgar la cuestión.

Inciso número uno. Los Abogados del Estado son un cuerpo muy importante y profesionalizado de la Administración española. La oposición que da acceso al cuerpo es muy compleja. Son grandes profesionales del Derecho, muy demandados y cotizados,  y su valor aumenta como consecuencia del deterioro en el que se mueve la actuación de los reguladores españoles. Existe un consenso casi generalizado: es un cuerpo de élite, muy profesional, muy bien formado y, técnicamente son los mayores expertos en Derecho Público. Son imbatibles en ese campo.

Por otra parte, en este Gobierno desempeñan un papel muy relevante, dónde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría es quizás su epígono principal como miembro de este cuerpo. Hay comentaristas políticos que señalan la existencia de la Brigada Aranzadi por el despliegue de este correoso cuerpo de la Administración. En realidad, una de sus misiones es traducir las invectivas del cuerpo político, los ministros y secretarios de Estado, en normas, con todo lo complejo que a veces eso supone por el propio defecto de diseño.

Así, el artículo del pasado domingo podrá tener varias lecturas en este contexto. Podrá servir para que Soria se justifique de la cascada de fracasos en los arbitrajes que se avecina: «si nuestros Abogados del Estado, ésos que conocen bien nuestras cosquillas, trabajan contra nosotros, nos las están encontrando». O bien, también puede ser un mecanismo que le prepara el cuerpo al ministro para que vaya aceptando una realidad que se precipita y que quizá le llegue a Soria, antes de finalizar la legislatura. Algo completamente predecible. Preparen las sales.

De hecho, en su momento, los miembros de este cuerpo en excedencia ya estaban asesorando a empresas y fondos cuando se aprobaron las normativas que proporcionaba jugosas e increíbles retribuciones a estas tecnologías. Agentes que se mostraban incrédulos ante las costumbres de nuevo rico de nuestro país y la forma en que se articuló la promoción de ciertas tecnologías renovables, en especial, la solar fotovoltaica.

Quizá es uno de los pecados de soberbia y de lectura errónea de la realidad de las medidas instrumentadas contra el déficit tarifario. No es lo mismo enfrentarse regulatoriamente con estos operadores que a un grupo de terratenientes de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, al margen del debido respeto que también merece la seguridad jurídica de todos los operadores.

Detrás de la contratación de los servicios de estos profesionales, están entidades financieras y empresariales, que se rodean de los mejores en defensa de sus intereses. Ahí no vale la retórica del enfrentamiento beligerante, el modelo Alexis Tsipras, retórica como la que empleó el ministro al abolir las subastas CESUR. Es una obligación para el regulador conocer un mercado y sus agentes, así como el funcionamiento de los mecanismos jurídicos, empresariales, financieros y de mercado.

Una solución más razonable, pero más compleja, hubiera sido haber trasladado a los Presupuestos estas retribuciones desorbitada y, posteriormente, negociado su reducción y aplazamiento en una moratoria renovable. Negociar, gestionar. Pero, en su lugar, el resultado ha sido un enfoque tosco, que va a traer consecuencias que pueden ir desde la resurrección del déficit tarifario por la resolución de los arbitrajes al, como mal añadido, deterioro de la seguridad jurídica de nuestro país para la inversión, los mercados y las empresas, sin que eso no signifique el reconocimiento al desmadre interesado de la retribución y concesión que se produjo y la burbuja fotovoltaica de España.

Ahora no es tiempo de excusas, de justificaciones, de coartadas o de culpabilización hacia el cuerpo de Abogados del Estado, que ha sido comparado con el canterano Morata por su participación en chafarle la semifinal de Champions al Madrid. Lo cierto es que no ha debido sentar nada bien en Industria. Pero, como el spin off de la serie Breaking Bad, Better call Saul con su abogado protagonista, el mensaje está claro con la Administración española: si tienen un problema con la regulación, mejor llamen a un Abogado del Estado.

Sindicatos e Industria alcanzan un acuerdo para adelantar a los 52 años las prejubilaciones en la minería del carbón

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- Los sindicatos mineros CCOO, Fitag-UGT y USO, alcanzaron un acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para el adelanto de las medidas excepcionales de prejubilación anticipada de carácter voluntario para los trabajadores en el sector del carbón, de 54 a 52 años, según anunció el secretario del sector minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, tras la reunión celebrada con los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. CCOO calcula que 500 trabajadores podrán beneficiarse de los acuerdos alcanzados.

El adelanto de la prejubilación acordado a los 52 años tendrá carácter voluntario y se aplicará a los trabajadores que estuvieran afectados por su prejubilación en el Marco de Actuación. En concreto, para aquellos que hubieran cumplido 54 años de edad equivalente a 31 de diciembre de 2018, 11 años cotizados en el Régimen Especial de la minería del carbón, y los últimos tres años en la empresa matriz solicitante.

El adelanto de la prejubilación acordada será de hasta dos años, lo que supone tener 52 años o más de edad equivalente con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda. Se entenderá cumplido este requisito en aquellos trabajadores para los que estuviera previsto su prejubilación hasta el 31 de diciembre de 2018, de haber mantenido hasta esa fecha el coeficiente reductor que tuviesen asignado en el momento de la extinción de su relación laboral. Para ello, será necesario además tener 9 años cotizados al régimen especial de la minería del carbón y 3 años consecutivos contados desde la extinción de la relación laboral que da lugar a estas ayudas.

El sindicato indicó que para el cálculo de la cantidad bruta garantizada será tal y como se viene haciendo en el artículo 9 del real decreto de 2014, y una vez esta cantidad esté calculada definitivamente, tendrá una reducción del 4,66% cada año durante un máximo de dos años para los trabajadores que se acojan a esta fórmula, con un tope máximo del 9,32%, así como que las bajas incentivadas no tengan como referencia el ejercicio 2012, sino enero de 2015. «Es un texto muy bueno para la época en la que estamos», afirmó Fernández, antes de recordar que se partía de una propuesta inicial de reducción del 6,66% que, posteriormente, se bajó al 4,66%

Este porcentaje de reducción de la pensión se realizará sobre una base de cotización que va desde el 60% al 70% del salario del trabajador de la minería. Con el acuerdo, los sindicatos mineros han logrado mantener el objetivo de garantizar una remuneración del 60%, por lo que «es positivo». «Nos hubiese gustado que hubiera podido llegar a más compañeros, los que se van en 2019 o 2020, pero es lo que se nos puso sobre la mesa y no podíamos dejar pasar la oportunidad«, afirmaron desde el sindicato Fitag-UGT.

Los sindicatos calculan que el número de beneficiarios de las prejubilaciones voluntarias podría acercarse a 500. El acuerdo también recoge la posibilidad de bajas incentivadas voluntarias para todos los trabajadores en plantilla desde el 1 de enero de 2015. Hasta ahora, el acceso a estas bajas voluntarias solo era posible para los empleados que el 31 de diciembre de 2012 tuvieran una antigüedad mínima de un año en cualquiera de las empresas mineras acogidas al acuerdo marco. Este acuerdo, que está previsto que sea firmado este miércoles en el Ministerio, será tramitado como decreto ley y posiblemente aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.

«Fitag-UGT considera positivo este acuerdo, ya que da una salida sólida viable en el tiempo a estos trabajadores», añadió el sindicato. En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (USO), José Vía, indicó que el acuerdo alcanzado ahora «viene a dar solución a un colectivo que está en debacle» y ha resaltado que los trabajadores que no podían acogerse a las prejubilaciones ahora «ya tienen una vía de escape«.

«Dramática» situación del sector minero

El sindicato CCOO indicó que el acuerdo alcanzado contempla la modificación de diferentes aspectos de carácter social dentro del Marco de Actuación de la Minería del Carbón. Su contenido «supone una alternativa para los trabajadores ante la dramática situación que atraviesa el sector como consecuencia de la inacción de un gobierno que aún no ha decretado una orden ministerial que garantice el consumo de carbón nacional«, asegura. En todo caso, apunta, el acuerdo permite paliar el «difícil periodo que están viviendo miles de trabajadores de la minería en todo el país y trata de solventar con garantías su vida laboral vinculada a la actividad minera«.

Según el responsable de Industrias Extractivas de CCOO, José Luis Villares, los sindicatos han «arrancado» un acuerdo a Industria que permitirá a los trabajadores que lo precisen poder acogerse a estas posibilidades «dado el actual estado de la minería del carbón en este país». «Es realmente inadmisible que el Gobierno incumpla de manera sistemática los acuerdos de 2013. De ello se deriva que si las empresas extractivas no pueden vender su carbón el cierre está asegurado y los trabajadores en el desempleo», afirma. «Desde CCOO se reclamó una vez más al secretario de Estado que de una vez por todas tome el pulso a las eléctricas y no se deje ningunear por elementos ajenos a la estabilidad del sector», añade.

Page solicita formalmente una reunión con Soria para abordar la situación de Elcogas y del ATC

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria que encabeza José Manuel Soria para solicitar una reunión formal entre ambas instituciones y abordar la situación de la central de Elcogas (Puertollano) y para mostrar la postura contraria del Ejecutivo regional ante la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Así lo indicó el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha detallado que se fijará una fecha para mantener esta reunión, algo que no se ha podido producir ahora ya que el ministro se encuentra en una misión comercial en Cuba. «Trasladaremos nuestra preocupación por Elcogas, una empresa importante en Puertollano y en la región, y dejaremos claro nuestro posicionamiento contrario en cuanto al cementerio nuclear», explicó.