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Energía aumenta en 72 millones las ayudas a las grandes industrias para compensar sus costes de reducción de emisiones

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Europa Press.- El Ministerio de Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que lance una nueva convocatoria de ayudas a las grandes empresas industriales destinada a compensar los costes indirectos de la reducción en la emisión de dióxido de carbono (CO2), lo que supone un importe superior en 72 millones de euros respecto a los 6 millones que venían otorgándose hasta ahora, alcanzando niveles más próximos a los de los países de nuestro entorno.

Energía considera que, debido a la política energética y medioambiental de la Unión Europea se centra en la lucha contra el cambio climático, a través de la utilización de tecnologías limpias que elevan los costes energéticos frente a terceros países, las empresas han tenido que elevar los costes en esta materia frente a terceros países. Esta situación, según el Gobierno, supone que las industrias comunitarias tengan que competir con las de otros países en donde las empresas no tienen que afrontar los costes derivados de los compromisos medioambientales que las radicadas en los países europeos sí tienen que afrontar, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de deslocalización.

Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea ha autorizado un mecanismo de ayudas que permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos, por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Por ello, Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que tramite ahora la convocatoria de ayudas. Según el Gobierno, las ayudas por compensación de costes de CO2 permitirán mejorar la competitividad de las empresas industriales.

Entre el resto de medidas de Energía orientadas a mejorar la competitividad de los precios energéticos están el lanzamiento de diversas líneas de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las empresas o el mantener, por quinto año consecutivo, la parte regulada de la factura. Todas estas medidas, según el Gobierno, también evitarán la deslocalización de la industria a otros países donde el coste energético es menor, lo que podría incidir negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo. El Ministerio también ha anunciado que está impulsando medidas fiscales en aras de mejorar la competitividad del tejido empresarial español a medida que la recuperación económica lo permita.

El Gobierno relanza la interconexión gasista con Francia por Cataluña reanudando la tramitación de STEP, el primer paso del MidCat

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado restablecer la tramitación de las instalaciones asociadas al proyecto STEP (South Transit East Pyrenees), que consiste en el desarrollo de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, primer paso del gasoducto MidCat, que luego debería desarrollarse desde Cataluña al corazón de la Península.

Concretamente, las infraestructuras asociadas a STEP se recogieron en la planificación energética aprobada en 2008. Sin embargo, en 2012, el Gobierno decidió la suspensión de las autorizaciones administrativas de gasoductos planificados para asegurar el equilibrio financiero en el sector del gas. Con el acuerdo del Gobierno se restablece ahora la tramitación de las instalaciones de STEP, suspendidas por dicha decisión, para el desarrollo de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, que se sumaría a las ya existentes por Irún (Guipúzcoa) y Larrau (Navarra).

El proyecto pretende incrementar la capacidad de interconexión con Francia para contribuir a la mejora en la seguridad del suministro de gas, así como a la creación de un verdadero mercado energético integrado en la Unión Europea. Fruto de su relevancia, STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común (PIC), según el Ministerio de Energía.

Con un coste aproximado de unos 400 millones de euros, que será sufragado en parte por la Unión Europea a través del programa Connecting Europe Facility, destinado a promover inversiones en infraestructuras que fomenten el crecimiento, el empleo y la competitividad, y también por España y Francia en porcentajes aún por definir, constará de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En España las infraestructuras asociadas a la conexión internacional STEP son el gasoducto Martorell-Figueras, en el tramo norte entre Hostalric y Figueras, el gasoducto Figueras-Frontera Francesa y la estación de compresión de Martorell.

El Ministerio señaló que la seguridad de suministro del sistema energético experimentará una notable mejoría con la puesta en servicio de STEP, dado que incrementará el nivel de diversificación de aprovisionamientos y permitiría reaccionar con mayor rapidez, por ejemplo, ante eventuales interrupciones de suministros por gasoducto o incidencias de abastecimiento de gas natural licuado (GNL) a las plantas de regasificación.

Además, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que su construcción resulta estratégica por «dos razones fundamentales», ya que, en primer lugar, incrementa la capacidad de interconexión de la Península con el resto de Estados miembros, que se encuentra entre las más bajas de la Unión Europea; y, en segundo lugar, contribuye a «la necesaria integración de mercados, a la convergencia en precio y al fomento de la competencia, aspectos imprescindibles de un verdadero mercado interior de la energía que redundará en beneficio del consumidor».

La Península Ibérica tiene uno de los suministros de gas natural más diversificados del mundo, gracias a sus dos conexiones directas con países productores en el norte de África y a sus plantas de regasificación, que son clave para la seguridad de suministro. El incremento de la capacidad de interconexión con Francia permitirá aprovechar ese potencial y avanzar hacia una verdadera Unión Energética. Además, contribuirá a mejorar la competitividad e incrementar la seguridad de suministro.

El Tribunal Supremo ratifica la anulación de la autorización inicial para la regasificadora de Granadilla en la isla de Tenerife

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Europa Press / EFE.- La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 16 de marzo de 2015, que anuló las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y del Secretario de Estado de Energía, de 2012, que otorgaron una autorización administrativa inicial a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan) para la construcción de una regasificadora en Granadilla (Tenerife).

En este caso, el Supremo desestima los recursos tanto del Estado como de la empresa Gascan contra la sentencia del TSJM, que tomó su decisión al estimar un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla. Esta sentencia avala la anulación de la antigua autorización para el proyecto. No obstante, Gascan procedió posteriormente a solicitar una nueva autorización en 2015 que ahora está pendiente de ser autorizado por el Ministerio de Energía.

Gascan presentó el primer escrito de petición de autorización administrativa del proyecto en julio de 2000, pero el proyecto sufrió retrasos por su posible impacto ambiental, y en febrero de 2015 el gestor del sistema gasista, Enagás, compró la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago. Enagás inició una nueva tramitación al adquirir Gascan y en julio de 2016 consiguió la declaración de impacto ambiental favorable.

En una argumentación que avala el Supremo, el TSJM decidió, para anular la autorización administrativa, que no bastaba con examinar de manera independiente el posible impacto de esa instalación de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado con una Declaración de Impacto Ambiental, sino que debió haberse estudiado si tenía algún efecto «acumulativo» con otras industrias potencialmente peligrosas existentes en esa misma zona, como la central térmica de generación eléctrica, situada a 400 metros. Esto fue considerado una omisión especialmente relevante, al no tener en cuenta el contexto que rodearía a la regasificadora, «en cuanto desnaturaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que debe ser adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en ese lugar».

Era necesario el impacto acumulativo

Añadió la sentencia que la estimación de dicha alegación determinaba la necesidad de completar la Declaración de Impacto Ambiental realizada con un informe de esas características, y que consecuentemente procedía anular esa Declaración de Impacto y la autorización administrativa impugnada, ya que debe contar con dicha evaluación antes de resolver sobre la procedencia de la autorización del proyecto y para establecer las condiciones necesarias en el desarrollo en detalle y ejecución de la obra proyectada.

Para el Supremo, la sentencia del TSJ de Madrid fue «perfectamente argumentada y razonable», y añade que su motivación no fue la ausencia de un determinado contenido del Estudio de Impacto Ambiental, «sino la falta de un análisis de los riesgos ambientales acumulados en la Declaración de Impacto Ambiental». Por ello, la Sala considera que en este caso concreto «resultaba necesario que la propia Declaración de Impacto Ambiental contemplase de manera específica la problemática de los efectos acumulativos» al quedar probado que la regasificadora se iba a instalar dentro del futuro puerto de Granadilla junto con el polígono industrial de esta localidad, y a unos 400 metros de la térmica de Granadilla, actualmente en funcionamiento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió en 2017 un informe en el que no consideraba conveniente autorizar la construcción de la regasificadora de Granadilla hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. A juicio de la CNMC, la autorización debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señaló que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron han quedado desfasados en relación con la actualidad.

Anulación celebrada en Gran Canaria

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias), ha defendido que la sentencia del Tribunal Supremo avala «la sensatez del movimiento ciudadano» que se opone a ella. «Está clarísimo, esa no es una planta necesaria para estas islas. Es absolutamente imprescindible que nos paremos a reflexionar y que avancemos en un futuro renovable para esta tierra«, ha manifestado el presidente del Cabildo. Antonio Morales, que lidera en Gran Canaria la oposición a la entrada del gas canalizado en la isla, sostiene que «no se puede imponer» a Canarias «un modelo caduco» ni se debe «volver a un pasado contaminante» porque el futuro de esta comunidad autónoma «no se puede sostener en las energías fósiles».

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

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EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Nadal asegura que el precio de la electricidad bajará en 2020 y carga duramente contra la política energética de Zapatero

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EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, criticó duramente el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, del que afirma sin dudar que «se cargó la política energética en dos años y medio» porque había que decir que España iba «a cumplir más que nadie con los objetivos de entonces del protocolo de Kioto». Asimismo, el ministro de Energía ha avanzado que en 2020 se producirá una rebaja sustancial de los costes de la electricidad entre un 5% y un 10%.

Nadal ha explicado que la bajada de la factura depende de los precios internacionales y de la meteorología, y ha mantenido que se va a revisar la rentabilidad de las actividades eléctricas en el 2020 según «el tipo de interés del bono». En esta línea, ha asegurado que el cierre nuclear supondría una subida entre un 18-25% del precio mayorista de la electricidad y «lo mismo pasa con las centrales de carbón» añadió Nadal, quien resaltó que el cierre conjunto podría subir un 65% el precio. Sobre la posibilidad de construir nuevas centrales nucleares, Nadal apuntó que es «bastante cara, sin embargo tenerla ya construida y actualizarla con las necesidades de seguridad de Fukushima es una inversión mucho más aceptable«.

Por otro lado, Nadal ha abordado el tema de la industria fotovoltaica y ha mantenido que hasta el año pasado esta energía «no ha podido competir con la producción de otro tipo porque era sustancialmente más cara». «El recurso es gratuito pero la placa era muy cara» subrayó Nadal, quien ha recordado que para «amortizar una placa en 2008 había que pagar 490 euros y ahora se paga cerca de 60 porque ha mejorado la tecnología muchísimo«. El ministro ha criticado que esta energía se vendiera como «un producto financiero«, y «no lo era». De hecho, añadió que «no es para ahorradores» sino para personas que sepan de energía. «No es un caso muy diferente al de las preferentes«, sentenció.

Críticas al Gobierno de Zapatero

Respecto a la etapa socialista, Nadal indicó que si se hubiera esperado 10 años para instalar la energía fotovoltaica, España se habría ahorrado 10.000 millones de euros de la deuda actual. Por este motivo ha acusado al Gobierno socialista de haber supuesto que los costes iban a caer, pero no lo hicieron, lo que «generó un sobrecoste enorme al conjunto del sistema». El ministro señaló que, como «no se subieron los precios al mismo tiempo que los costes porque la presión social habría sido enorme, se creó un déficit que fue acumulando una deuda de casi 30.000 millones de euros».

Por eso ahora el Gobierno es «tan estricto» y no se permite «ni un coste frívolo más», aseveró Nadal, quien ha mantenido que la reforma energética evitó una subida del 42% del precio final de la luz. Por otro lado, respecto al impuesto finalista de la electricidad, el ministro ha afirmado que existe «en todos los países europeos» y que «no está para otra cosa que para pagar servicios públicos, como hospitales, universidades o colegios».

«Siempre se puede plantear la posibilidad de hacer un cambio tributario, en este caso de tributación indirecta, pero a cambio de qué, qué bajamos y qué subimos», se ha preguntado Nadal, quien incidió en que «las cuentas tienen que cuadrar». «Como ministro de Energía me gustaría que hubiera la menor presión fiscal posible sobre los sectores energéticos», ha mantenido, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «diría que las cuentas tienen que cuadrar y los servicios públicos hay que pagarlos».

Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

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Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

Energía somete a audiencia pública la orden que fijará el reparto de costes del bono social

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EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital somete a audiencia la propuesta de orden que fijará el reparto de los costes del bono social entre las comercializadoras eléctricas, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según dicta el boletín, la propuesta de orden estará disponible para su consulta durante un plazo de diez días hábiles, a contar desde la jornada siguiente a la publicación en el BOE, para que las comercializadoras eléctricas podrán presentar sus alegaciones.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en octubre el real decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social eléctrico, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Tribunal Supremo. Así, el real decreto fija los umbrales de renta para acceder a esos descuentos en la factura de la luz y además, en la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras.

Por último, destacar que las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Energía amplía las ayudas para financiar la rehabilitación de edificios y la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos

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Europa Press / EFE.- El Gobierno ampliará las líneas lanzadas para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios y para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. En este sentido, la línea de 125,6 millones de euros para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios con el fin de reducir las emisiones de CO2, el programa denominado PAREER II, que se lanzó el año pasado, se ampliará en 78 millones de euros.

El Ministerio explicó que la solicitud de ayudas a este programa se abrieron en febrero y en una semana se quedaron agotados los fondos tras la recepción de unas 500 solicitudes. En concreto, las acciones susceptibles de recibir las ayudas del Plan son las que consigan una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final de los edificios mediante la mejora de la eficiencia energética, de la envolvente térmica y de las instalaciones térmicas y de iluminación. También pueden recibir ayudas si se mejora la eficiencia térmica sustituyendo la energía convencional por energía solar térmica o por energía geotérmica.

Según el Ministerio, las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono con respecto a la calificación energética inicial del edificio, entendiendo que la mejora de la calificación podrá obtenerse mediante una tipología de actuación o una combinación de varias. El presupuesto de este programa proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

Impulso a la movilidad eléctrica

Asimismo, Navia indicó que el plan lanzado el pasado mes de noviembre para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, el Plan Movalt Infraestructuras que estaba dotado con 15 millones de euros, se ampliará en 5 millones de euros más, una vez «vista la demanda e interés del sector». Esta dotación adicional se agotó en 24 horas tras la recepción de 321 solicitudes. El Movalt Infraestructuras financia la instalación de infraestructuras de recarga tanto para uso público en el sector no residencial como para uso privado en estacionamientos de empresas privadas, su ubicación en la vía pública y en la red de carreteras.

Navia ha destacado la reforma que se hizo en la figura del gestor de carga para eliminar barreras que limitaban el desarrollo de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, como el que sólo las pudieran poner empresas con objeto social específico. El secretario de Estado ha manifestado que el Ministerio está «gratamente» sorprendido por la respuesta que ha habido, dado el gran número de agentes que han querido instalar postes de recarga.

Por otra parte, Navia afirmó que la nueva convocatoria de subasta de potencia renovable para las Islas Canarias se lanzará «en breve», con el objetivo de que la adjudicación se lleve a cabo en septiembre. A este respecto, el secretario de Estado de Energía señaló que esta subasta estará únicamente dirigida a la eólica, aunque añadió que el objetivo es que las siguientes convocatorias se abran también a la fotovoltaica.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

La interrumpibilidad por motivos económicos se ha utilizado 27 veces este año con el recibo de luz bajando un 8%

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EFE / Europa Press.- La factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año para un consumidor medio acogido al PVPC, lo que supone que el recibo de la luz bajó 12 euros aproximadamente. La interrumpibilidad, que permite cortar el suministro eléctrico a las empresas en caso de necesidad a cambio de un incentivo económico, se ha utilizado en 27 ocasiones por motivos económicos en lo que va de año, desveló el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobó una orden que posibilitaba el uso de la interrumpibilidad para cuadrar la oferta y la demanda de energía eléctrica cuando sea más barato que recurrir a otros medios. Una reacción a la sustancial subida del precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada registrada el pasado octubre por el encarecimiento de los servicios de ajuste, cuya finalidad es adaptar la oferta a la demanda en cada momento.

De este modo, Navia ha explicado que la interrumpibilidad se ha utilizado «de forma sustancial» durante los meses de enero y febrero y ha recalcado que es una de las medidas aplicadas por el Ministerio para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos. Además, recientemente se activó la liberación de parte de las reservas de gas natural acumuladas en el marco del Plan de Actuación Invernal ante la ola de frío que afecta a gran parte de España. Este plan, aprobado en noviembre, eleva de 2 días a 3,5 días el volumen de reservas de gas que deben almacenar los operadores para garantizar el suministro de gas ante un eventual aumento del consumo.

Baja un 8% este año

Por otro lado, la factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año. Ante estos datos, Navia ha destacado que en enero hubo una situación de precios «sustancialmente» mejor que la que se registró en dicho mes de 2017, mientras que en febrero los niveles fueron casi similares. «Hay cierto encarecimiento entre enero y febrero que se deriva de cuestiones habituales en el mercado energético, como la menor participación de renovables y la situación de ola de frío generalizada, tanto en España como en el resto de Europa, que ha hecho que la demanda suba un 5% en febrero respecto al mes de enero», añadió.

Energía destaca que esta reducción en lo que va de año se produce pese a la ligera subida observada en febrero, mes en el que la factura se incrementó respecto a enero en un 2,22%, según los datos del simulador de la factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, señala que si se comparan los precios de febrero de este año (64,34 euros) respecto a febrero de 2017 (64,15 euros), se ha producido una subida de apenas el 0,3%, debido fundamentalmente a la ola de frío que se está produciendo en el centro de Europa y, aunque en menor medida, en España.

Según Energía, esta ola de frío ha provocado un incremento de la demanda eléctrica en España del 5% respecto a enero y ha supuesto un aumento generalizado de los precios de la electricidad en todos los países de Europa. En todo caso, explica que, como es habitual, las puntas de precios máximos en España en febrero, que alcanzaron los 74 euros por megavatio/hora fueron inferiores a las de los países del entorno de España, y pone como ejemplo que han sido unos 85 euros inferiores que en Francia y 5 euros menos que en Alemania.

«En conjunto, más allá de la volatilidad asociada a factores climáticos en febrero, el inicio del año confirma una reducción importante de la factura eléctrica gracias a la mejor situación comparativa con el mismo período del año 2017», subraya el Gobierno. Asimismo, recuerda que, en su ámbito de actuación, el Gobierno ha implementado recientemente diversas medidas para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos, como mantener constantes la parte regulada de la factura (peajes) por quinto año consecutivo.