EFE / Europa Press.- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, advierte de que cerrar las centrales térmicas supondrá un mayor coste energético, algo que considera que el país «no lo puede permitir». En este sentido, el PP registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tendrá como objetivo limitar estos cierres y evitarlos, con un contenido en la línea del proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Energía.

Fuentes del PP han explicado que la idea es que su toma en consideración pueda ser debatida en marzo y, aunque el contenido será fundamentalmente el mismo que el del texto elaborado por el Ministerio, la idea es incorporar alguna de las prevenciones que estableció en su informe del pasado 24 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que alertó de la posibilidad de que el real decreto pudiera contravenir la normativa europea. En concreto, el PP se plantea matizar el mecanismo de subasta, considerado por la CNMC como «muy complejo», para que la compensación a un tercero por mantener una central térmica no pueda ser considerado por la Unión Europea como ayuda de Estado.

Este informe de la CNMC determinó que, al ser una norma de rango inferior, no era posible modificar mediante un real decreto aspectos que figuraban en leyes reguladoras de este sector, por lo que en ese momento el Gobierno se planteó la posibilidad de sacar adelante la regulación mediante un Decreto Ley, que debía ser convalidado en el Congreso, pero que tiene una tramitación más larga y compleja que la de una proposición de ley.

En la misma línea, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en que la posición de la comunidad en cuanto a las térmicas es «archiconocida», en la línea de lo que acordó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los de otras comunidades afectadas, Asturias y Aragón. Esta solución pasa «por dar rango de ley a la normativa que ponga trabas a las eléctricas cuando de motu proprio estás sólo buscan el beneficio económico», por más que lo «enmascaren de reverdecimiento», criticó.

La portavoz de la Junta ha insistido en que las eléctricas «ya no engañan a nadie» y ha recalcado que se trata de decisiones que afectan a la minería, pero también producen un «perjuicio social» que incide en el coste de la luz. Marcos también ha tenido reproches para el PSOE y se ha referido en concreto a la presidenta socialista Cristina Narbona, que no apoya el mantenimiento del carbón y de las térmicas, por lo que ha confiado en que «recapacite» y respalde una «transición» con una «descarbonización progresiva».

UGT está con el Gobierno

Por su parte, Hojas también se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda. El responsable de UGT considera que es «incomprensible» que las eléctricas se escuden en las energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7% pero que considera que su abandono sería «brutal» para el país en impacto social. En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una «pequeñísima parte» de ellos en una transición hacia energías verdes «responsable».

Hojas ha advertido de que dentro de poco las compañías pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad. Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se «cargarán de un plumazo» todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30% en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. «Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía», ha señalado.

En este contexto, Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera «fundamental», no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una «política de Estado». Asimismo, anunció «movimientos importantes» en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha matizado que hay que hacerlo de manera «socialmente responsable» porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se «disparen». Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son más caros, por lo que considera que hay debates que se caen «por su propio peso», aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.