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Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

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EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

El Fondo Nacional de Eficiencia recibirá este año más de 204 millones de euros de las empresas del sector energético

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EFE.- La contribución de las empresas obligadas a hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018 por el reparto del objetivo de ahorro ascenderá a 204,91 millones de euros, según la orden del Ministerio de Energía que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética por el que los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía están obligados a alcanzar en 2020 un objetivo de ahorro mediante la consecución anual a partir de 2014 de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los porcentajes de ahorro y la contribución al fondo para 2018 se fijaron a partir de los datos de ventas de energía correspondientes a 2016.

La orden fija un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 gigavatios hora (GWh) para 2018 y una equivalencia financiera de 67.916,58 euros por GWh, referencia utilizada para el cálculo de la aportación. Entre las compañías que harán mayores aportaciones están Repsol, con 40,42 millones; Endesa, con 29 millones; Cepsa, con 23,18 millones; Gas Natural Fenosa, con 28,08 millones, Iberdrola, con 15,153 millones; BP, con 10,28 millones; Galp, con 8,7 millones.

Nadal vaticina que el precio de la luz será «bastante menor» en 2018 que el año pasado

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Europa Press / EFE.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticina que el recibo de la luz de 2018 será «bastante menor» que el del año pasado. En este sentido, Nadal recordó que en los dos primeros meses del año el recibo para un consumidor medio bajó con respecto al mismo periodo de 2017 «del orden de un 7,5%» debido a que «las circunstancias son mejores este año».

El ministro ha recordado la falta de agua que hubo en 2017, un año que ha calificado de «muy malo», a la que se sumaron los altos precios que alcanzó el gas en el mercado. Así, valoró las medidas del Gobierno para bajar o mantener congelados en los últimos años los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados, que es la parte sobre la que el Ejecutivo tiene capacidad de decisión. «El año pasado los elementos coyunturales fueron muy malos y este año son sustancialmente mejores. Cuando la situación coyuntural es buena, el efecto sobre el recibo final se nota», señaló Nadal en referencia a las mejores condiciones climáticas en este inicio de 2018.

Ha subrayado que «es muy importante que todas las propuestas que se hagan de energía sean siempre pensando en que deben ayudar a bajar esos costes, no aumentarlos», y considera que todas las que está viendo de otros grupos parlamentarios «es para aumentarlos». El ministro ha indicado que en el precio de la electricidad también incide con qué se produce y eso, «a medio plazo, es decisión de la política energética» porque «no es lo mismo, por ejemplo, producir con energía nuclear o sin ella».

Por otra parte, Nadal defendió la necesidad de cambiar la Ley para modificar los aspectos en los que las compañías eléctricas están sobrerretribuidas por actividades que realizan, como son las redes de alta tensión y las redes de distribución. Ha añadido que al regulador le preocupa que las inversiones estén sobreretribuidas, pues por cada euro de más que las empresas usuarias de energía pagan al sector energético, disponen de un euro menos para pagar en salarios o invertir en innovación y mejorar su capacidad exportadora.

«En algunos elementos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dicho que sí están sobrerretribuidas y en algunos elementos Red Eléctrica, como operador del sistema, ha dicho que sí, y por eso le trasladamos a los parlamentarios que tenemos autoridades independientes que nos están diciendo que en algunos elementos están sobrerretribuidas, y para cambiar esta situación tendríamos que cambiar la Ley», apuntó Nadal, añadiendo que ahora corresponderá a los grupos parlamentarios saber «si quieren trabajar en favor de los consumidores en la manera que les propongo».

Nadal reconoció que el tema de la retribución de las compañías es una discusión en la que «siempre va a haber una tensión», ya que las empresas «van a querer cobrar lo más posible» y el deseo del Gobierno va a ser siempre que sea «una retribución equivalente al riesgo que realmente están asumiendo». «Entre regulado y regulador siempre hay una relación de amor-odio», sentenció respecto a la relación de su departamento con las eléctricas.

Ha señalado que, pese a las quejas de las eléctricas por cambios en la regulación, «aquí continuamente se está cambiando» a través de los recursos de las compañías eléctricas, un sector del que ha dicho que «prácticamente recurre todas las normas que le afectan para tratar de mejorarlas en su favor». «Cuando los tribunales les dan la razón, que a veces ocurre, no muchas veces, eso va en perjuicio del consumidor y es un cambio de regulación realizado a través de la vía judicial», ha añadido Nadal, que ha afirmado que él también piensa que otros cambios que benefician al consumidor «los podríamos hacer también nosotros por la vía legal».

La CNMC pide limitar el papel de las distribuidoras de electricidad en el desarrollo de infraestructuras para el coche eléctrico

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que se debe limitar el papel de las distribuidoras eléctricas en el desarrollo de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos a circunstancias «muy específicas y excepcionales«, para que su coste no se cargue sólo sobre los consumidores eléctricos.

En un informe sobre el decreto que modifica la normativa que regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, remitido sobre el Ministerio de Energía para simplificar los requisitos para la figura del gestor de carga, la CNMC defiende que, si bien la propuesta del Ministerio no entra sobre el papel que debe tener el distribuidor de electricidad en el sector de la recarga, el desarrollo de las infraestructuras debería realizarse «en un contexto de competencia».

El regulador señala que, en el trámite de audiencia en el que participaron Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDP España, REE, Unesa, Aedive, Hispacoop, así como distintos Gobiernos regionales, varias empresas distribuidoras han planteado la posibilidad de responsabilizarse del desarrollo de las redes para atender el suministro de estas nuevas infraestructuras de recarga, especialmente en suelo no urbano o para servicios de recarga de gran tamaño en suelo urbano, «para que el coste del despliegue de estas infraestructuras no suponga un coste para el gestor de carga ni una barrera al desarrollo del vehículo eléctrico».

Además, la CNMC indica que algunas distribuidoras plantean la necesidad de permitir el desarrollo de estas infraestructuras, no solo las redes sino también los propios postes de recarga, en la vía pública como activos regulados de distribución, lo que supondría incluir los costes dentro de sus inversiones, siendo encargadas de su ejecución y mantenimiento con cargo a la retribución regulada.

A este respecto, el organismo presidido por Marín Quemada se niega a esta pretensión de las distribuidoras ya que considera que el desarrollo de las infraestructuras de recarga deberá englobarse dentro de la estrategia nacional de impulso al vehículo eléctrico y del uso de energías alternativas en el ámbito del transporte, «en el que se involucre a todos los sectores afectados y se desarrolle de manera eficiente el reparto de costes entre todos los implicados y no sólo con la única contribución del sistema eléctrico».

Asimismo, señala que la normativa europea del Paquete de Invierno «únicamente» prevé que las distribuidoras desarrollen los puntos de recarga en unas determinadas condiciones muy particulares como, por ejemplo, cuando otras empresas no hayan manifestado su interés en una licitación. Además, destaca que el Paquete de Invierno considera que la participación de las distribuidoras eléctricas en esta actividad debe «suprimirse progresivamente», entendiendo que debería ser tan solo de «‘último recurso’«.

En su informe, la CNMC considera que la propuesta de real decreto supone una simplificación de los requisitos de la figura del gestor de cargas, lo que podrá permitir un mayor despliegue de las infraestructuras necesarias para permitir el desarrollo de vehículo eléctrico, aunque cree que la Ley 24/2013 establece una serie de limitaciones relativas a la obligación de constituirse en sociedad mercantil, y a la posibilidad de permitir únicamente al gestor de cargas revender electricidad, que siguen limitando el establecimiento de puntos de recarga.

Arranca el proceso para transponer la directiva europea que obliga a los titulares de calefacciones centrales a instalar contadores individuales

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Europa Press.- Los titulares de instalaciones centralizadas de calefacción y refrigeración de edificios estarán obligados a instalar contadores individuales siempre que sea viable técnica y económicamente, según consta en la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La normativa, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y periodo de alegaciones hasta el 3 de abril, pretende así completar la transposición de la Directiva Europea de eficiencia energética.

Así, para completar la transposición de la directiva, el decreto pretende fijar para los titulares de instalaciones térmicas centralizadas existentes en los edificios la obligación de instalar contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada consumidor, siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable. Excepcionalmente, en el caso de la calefacción, y siempre que no sea técnicamente viable el uso de contadores individuales, se impone la obligación de instalar repartidores de costes de costes de calefacción o sistemas alternativos, siempre que esta opción sea económicamente viable.

Para el análisis, los titulares contarán con una guía que aprobará en una orden el Ministerio de Energía y con la se deberá realizar una primera evaluación de la rentabilidad económica de la instalación en su vivienda o edificio de los contadores o, en caso de no ser técnicamente viables, la de repartidores de costes o sistemas alternativos para el caso de calefacción. En el caso de resultar positiva la valoración de la viabilidad técnica y de la rentabilidad económica, el presupuesto deberá incluir el periodo estimado de recuperación de la inversión de la instalación y el compromiso de ofrecer la instalación en régimen de pago aplazado en 10 años.

Se considerará que la instalación es rentable cuando el periodo estimado de recuperación de la inversión sea inferior al número de años de retorno de la inversión fijado en la orden ministerial. En el caso de ser acreditada la viabilidad, el titular deberá proceder a la instalación de los sistemas de contabilización individualizada en un plazo máximo de 15 meses.

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

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EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.

UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

EDP impulsará entre sus clientes la renovación del bono social con información sobre los nuevos requisitos y la documentación necesaria

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EFE.- El grupo energético EDP impulsará las renovaciones del bono social entre sus clientes, a los que informará, de forma proactiva y por carta certificada, de los requisitos del nuevo modelo y de la documentación necesaria para solicitarlo. Tras un periodo transitorio de 6 meses, la normativa establece que a partir del próximo 10 de abril sólo se mantendrá el nuevo modelo de bono social para el suministro de energía eléctrica.

La nueva norma, en vigor desde octubre, consiste en un descuento sobre la tarifa regulada PVPC para aquellos clientes que tienen la condición de vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. En este periodo de transición, el 11% de los clientes de EDP acogidos al bono social han renovado esta situación, concretamente poco más de 6.000 de unos 56.000. Hay, además, otro 5% de solicitudes de renovación pendientes de validación en la plataforma del Ministerio de Energía.

Para favorecer las renovaciones, EDP ha puesto en marcha una campaña entre sus clientes acogidos al antiguo modelo de bono social. La compañía les está enviando una carta certificada con toda la información, así como el formulario de solicitud y un sobre con franqueo pagado para que envíen la documentación. Los clientes pueden enviar la documentación por correo electrónico o postal, a través de la web www.edpenergia.es o presentándola en una de las oficinas de atención al cliente de EDP.

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

Energía asevera que cerrar las nucleares compromete el objetivo de reducir emisiones y defiende una transición ordenada para el transporte

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defiende una «transición ordenada» en el ámbito del sector transporte de cara a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al horizonte de 2030, sin discriminar ninguna de las alternativas existentes. Asimismo, Navia indicó que el cierre de las centrales nucleares sacaría a España de la actual «situación de cumplimiento creíble» de sus objetivos de emisiones de CO2. «Es fundamental no revertir el buen trabajo hecho hasta ahora», subrayó.

Navia destacó la importancia que tiene para cumplir los objetivos de emisiones que no se produzcan “reversiones en las políticas”. En este sentido, indicó que «no podemos tomar decisiones que nos lleven atrás en el cumplimiento de los objetivos» como, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares, lo que incrementaría las emisiones del sistema eléctrico, y señaló además que, las emisiones contaminantes deben reducirse con el menor coste posible pues, si no, acaban no cumpliéndose los objetivos, como ha ocurrido en otros países europeos.

En el ámbito del transporte, Navia se ha mostrado a favor de una «transición ordenada» y ha señalado que parece lógico no discriminar ninguna de las alternativas existentes, promocionando al vehículo eléctrico pero también con el fomento del vehículo de gas y reconociendo que hay un margen para que sigan funcionando durante un tiempo los vehículos que usan combustibles fósiles. «Tenemos margen para promocionar todas las alternativas de movilidad eficiente», ha dicho el secretario de Estado, que ha manifestado que también es “lógico” acompasar los cambios en el sector al desarrollo industrial del país, por lo que en Europa el Gobierno velará por que no se generen ventajas para otros países que cuentan con industrias que España todavía no tiene.

Ha destacado la buena posición en que se encuentra España para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030, ya que en el caso de los sectores ETS, los sujetos a la compraventa de derechos de emisión, la reducción llega al 42% y en los no difusos al 15%, lo que excede del compromiso que tiene España para 2020. Navia considera que «hasta ahora el trabajo se ha hecho bien» y ha pedido continuar así, «sin precipitaciones que supongan cambios drásticos». A este respecto, Navia ve «fundamental» que España sea un «actor relevante» en todas las tecnologías que se planteen, ya que «no podemos ser meros usuarios de las mejoras tecnológicas que se produzcan en el mundo».

Por su parte, el presidente de AOP y BP España, Luis Aires, destacó la importancia del sector del petróleo y la petroquímica como uno de los motores de crecimiento de la economía española, a la que aporta el 2,5% del PIB y más de 271.000 empleos directos e indirectos, representando, además, más del 50% de la energía final consumida en España. Asimismo, Aires señaló «el pilar» para el sector que representa la industria del refino, con un programa de inversión de más de 6.500 millones en los últimos años para su modernización. Por ello cree que el sector «no puede quedarse al margen del debate público» sobre reducción de emisiones para ver qué puede hacer.

Informe sobre emisiones en España

España tiene capacidad para conseguir reducir, a costes eficientes, 46 millones de toneladas anuales de CO2 hasta 2030, cantidad muy superior a la que tiene fijada, según el estudio elaborado por la consultora KPMG con la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030. En concreto, KPMG estima que los sectores ETS, sujetos a comercio de emisiones, tienen potencial para llegar a un ahorro con costes eficientes de 22 millones de toneladas anuales de CO2 (14,5 millones correspondientes a generación eléctrica y 7,4 millones a la industria). En el caso de los sectores «difusos» o «no ETS», el ahorro potencial según el informe asciende a 24 millones de toneladas.

El informe indica que ya desde 1990 en España se han reducido un 40% las emisiones de CO2, ahorros que en el caso de los sectores ETS supone un 43% y en los no ETS del 30%. Actualmente, la reducción de emisiones en los sectores ETS está en el 42% desde 2005, muy cerca del objetivo a 2030, mientras que en emisiones difusas es sólo del 13%, frente a un objetivo del 26% para 2030.

KPMG también evalúa los ahorros en el sector del transporte, aunque no recoge dos subsectores (marítimo y aviación), y, además, proyecta cómo será la evolución de la introducción de las nuevas tecnologías de transporte. En general, el transporte tiene un potencial de ahorro de cerca de 8,8 millones de toneladas al año, según el estudio de KPMG, que señala que los coches de gasolinas e híbridos en el escenario analizado reducirán emisiones a menor coste que los eléctricos. También el tren, en términos de coste-eficiencia en reducción de emisiones, es, según arroja el estudio, más eficiente que los autobuses eléctricos.

En el caso de la industria, el potencial de ahorro es de 7,4 millones de toneladas anuales de CO2 a 2030, destacando el sector del cemento, con una reducción del 60%, y el refino, con un potencial del 30%. Respecto al sector residencial, su potencial de reducción de emisiones se estima en 9,2 millones de toneladas de CO2, siendo los electrodomésticos los que más aportarían, seguidos de la calefacción y la iluminación. Por lo que respecta al sector comercial, el potencial de ahorro se estima en 6 millones de toneladas de CO2 anuales y las medidas que más contribuirían serían, por este orden, las de iluminación, equipos eléctricos y climatización.