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El Ministerio de Energía suspende los permisos de investigación de fracking ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’ de Cantabria

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EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha declarado la suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’, concedidos en 2009 para la extracción de gas no convencional a través de la técnica del ‘fracking’ o fractura hidráulica dentro de un territorio que abarca Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

El Ministerio, en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado declara que los citados permisos han estado suspendidos desde el 3 de mayo de 2013 por causa no imputable al titular, Petroleum Oil & Gas España SA, debido a la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental previa a la autorización de los sondeos.

Así, la declaración está condicionada a que continúe la tramitación del correspondiente procedimiento de autorización, por lo que no surtirá efectos en el supuesto de que el operador desista voluntariamente de tal tramitación.

En definitiva, se considera que el operador desiste voluntariamente si lo hace antes de que llegue a ser otorgada la declaración de impacto ambiental, o tras la emisión de declaración de impacto ambiental favorable, «salvo que resulte acreditado que el desistimiento viene determinado por cualesquiera actos administrativos impeditivos de la obtención de otras autorizaciones indispensables para la ejecución de los trabajos o por otras circunstancias sobrevenidas que, a juicio de la Administración, otorguen justificación bastante al mismo».

Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para levantar, mantener y modificar la suspensión de los permisos de acuerdo con una serie de condiciones, como que la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento administrativo de solicitud de autorización del primer trabajo que permita al titular proseguir con sus compromisos.

En caso de que la terminación sea por resolución favorable a la solicitud del promotor, la Dirección General de Política Energética y Minas, junto con la autorización de los trabajos, levantará la suspensión de los permisos de investigación.

Si por el contrario la terminación lo fuera en sentido desfavorable o si se produjera ésta por desistimiento no voluntario del titular, la Dirección General podrá levantar, mantener o modificar la suspensión en función de las circunstancias que hubiesen producido tal terminación, así como de la situación particular de los permisos de investigación.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo.

El permiso de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ ocupa una superficie de 87.780 hectáreas, y el permiso ‘Bigüenzo’, 91.654 hectáreas, ambos en el Sur de Cantabria y el Norte de Burgos y Palencia.

El Gobierno traspasará 40 millones de euros al sistema eléctrico desde los Presupuestos para cubrir el vacío recaudatorio del euskopeaje

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos al sistema eléctrico por la eliminación de la tarifa 6.1.b, que arrancó el PNV al PP para apoyar los Presupuestos del 2017. Si se aprobara el proyecto de Presupuestos para 2018, dicho importe tendrá que ser incorporado de una sola vez como ingreso al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por la CNMC.

El acuerdo entre el PP y PNV para aprobar las cuentas del Estado de 2017 incluía la eliminación en 2018 de esa tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kilovoltios (Kv), utilizadas sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros anuales para las industrias afectadas. La medida fue contestada en Cataluña, donde hay más de 3.000 empresas conectadas a una tensión de 25 Kv que no se benefician del cambio, y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) protestó ante la Comisión Europea, que acordó investigar la reforma pactada entre PP y PNV.

Además, el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 mantiene en sus disposiciones adicionales dos medidas que ya incluyó en 2017 y que implican que el superávit del sistema eléctrico pueda utilizarse no sólo para reducir la deuda acumulada. Así, se mantiene que los superávits de ingresos puedan utilizarse, de forma excepcional, a pagar indemnizaciones correspondientes a resoluciones de litigios referidos a la normativa del sector eléctrico, aunque la legislación vigente establece que se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema eléctrico.

También está previsto en una disposición adicional que, con cargo al superávit eléctrico, se puedan conceder ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico por un importe máximo de 60 millones de euros en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER. Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos se prevé destinar 755 millones de euros en 2018 a atender el extracoste de la generación eléctrica en los sistemas extrapeninsulares.

Además, en el proyecto de Presupuestos se habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas, de acuerdo a la normativa europea, para la reducción de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación, según una disposición.

Revisión retributiva de actividades eléctricas

Por otro lado, el Gobierno revisará aspectos de la retribución de las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica, siguiendo así las recomendaciones de la CNMC. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de lesividad de determinados aspectos relativos a las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica. El Consejo de Ministros declaró lesivas para el interés público una orden que establecía la retribución de las empresas de distribución eléctrica para 2016, así como otra que fijaba la de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, respecto de la retribución fijada para Red Eléctrica de España.

El origen de esta declaración radica en observaciones presentadas por la CNMC, que consideró necesario corregir diversos errores “que incrementaban de manera no justificada la retribución de las empresas que realizan la actividad de distribución o transporte de electricidad”. Así, mediante la declaración de lesividad acordada, se iniciará el procedimiento para corregir las órdenes afectadas y adecuar las retribuciones de las empresas, siguiendo los trámites del procedimiento administrativo. Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio de Energía inició un procedimiento de declaración de lesividad de la orden que establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 2016. Energía tomaba en consideración para iniciar este procedimiento las recomendaciones de la CNMC respecto a la sobrerretribución detectada.

En concreto, la CNMC constató que, en la retribución percibida en 2014 por la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes, no se aplicó una penalización al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación. Por ello, la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto. El organismo presidido por José María Marín Quemada cifraba esta penalización en 4,93 millones de euros para el conjunto de compañías.

Otra de las cuestiones puestas en consideración por la CNMC se refería al cálculo de la vida de los activos de las empresas, en donde advertía que en la retribución para aquellas empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes se procedía a descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

El anuncio de la corrección de estas órdenes se produce cuando el Ministerio de Energía ha anunciado que tiene intención de aprobar, mediante una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso, una serie de ajustes en los sistemas de retribución, atendiendo a las observaciones que hizo la CNMC sobre la existencia de un exceso de retribución por diferentes conceptos. Las reformas generarían en total un ahorro al sistema eléctrico de hasta 190 millones de euros, según las estimaciones que facilitó entonces el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Los administradores de fincas critican la demora del decreto que regula la contabilización en instalaciones térmicas de consumos individuales

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EFE.- El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) ha criticado el retraso con el que llega el decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios y ha pedido que las nuevas instalaciones sean «económicamente rentables».

En este sentido, la presidenta en funciones de CAF Madrid, Manuela Julia Martínez, ha lamentado que el decreto llegue «sin el debate público necesario, empujado por Bruselas» y con base en las reflexiones del sector instalador que, según ha apuntado, «no han tenido, hasta el momento, el suficiente contraste público«. «Las experiencias conocidas, si bien indican una reducción del consumo de energía, no confirman que se produzcan ahorros económicos en el recibo que se cursa a los vecinos», señaló Martínez.

Contadores individuales para cada vivienda

Igualmente, ha instado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que el proyecto se realice de una manera «económicamente rentable, como el mismo borrador del real decreto alerta» y aseguró que estarán «muy vigilantes» para que así sea. Según este proyecto de real decreto, los edificios colectivos con sistema de calefacción central deberán tener instalados contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada vivienda o local, «siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable». Pero, en el caso de calefacción, y si la anterior opción no es posible, el Gobierno impondrá la obligación de instalar repartidores de costes de calefacción, unos dispositivos que se colocan en cada uno de los radiadores de las viviendas.

Desde CAF Madrid también han denunciado que no se tenga en cuenta la posibilidad de instalar válvulas termostáticas que permitan regular el caudal de agua que entra en cada radiador de la vivienda para que la temperatura en cada estancia sea independiente de las demás. «Conviene indicar también que para un correcto funcionamiento de las instalaciones, sobre todo las más antiguas, es preciso un equilibrado hidráulico del sistema e incluso la instalación de bombas de frecuencia variable», ha resaltado Martínez.

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.

 

Nadal se muestra en contra de los expertos sobre el traspaso de algunos costes del sistema eléctrico a los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado en contra de traspasar costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. En este sentido, Nadal afirmó estar a favor de que los costes del sistema eléctrico, «que son históricos y debido a decisiones muy precipitadas», se sigan pagando «como costes energéticos» y no trasladarlos al contribuyente.

Concretamente, los expertos proponen en su informe sacar de la tarifa eléctrica costes que actualmente recaen en la factura eléctrica a los presupuestos del Estado. Para financiar esos costes, el comité de sabios propone crear nuevos impuestos medioambientales y cambiar el modelo actual de financiación de las energías renovables, repartiendo su sobrecoste entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así, Nadal consideró que la política energética, «más que trasladar sus problemas a los Presupuestos, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes», por lo que defendió «hacer reformas, evitar que entren nuevos costes en el sistema e intentar que esos costes bajen en beneficio de los consumidores».

No obstante, el ministro de Energía valoró «el trabajo bastante único en España» realizado por el comité de expertos, conformado por representantes de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, ya que en energía «es imposible encontrar algo perfecto» y con este trabajo han puesto sobre la mesa «las ventajas y los inconvenientes» de todas las propuestas. «A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos descarbonizar la economía española tendremos que consumir más electricidad y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y otras propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo», apuntó.

Respecto a la energía nuclear, señaló que los expertos respaldan que su supresión supondría la ventaja de «tener menos residuos», aunque también apunta como desventajas que habría más emisiones y subiría del orden de «unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la generación eléctrica a todos los españoles, que es más o menos como un 20-25% en el precio del mercado mayorista».

En lo que se refiere al carbón, el ministro destacó que si se cumpliesen las previsiones de subida del precio de los derechos de emisión de CO2 «en un momento determinado dejará de ser competitivo». Eso sí, subrayó que, a los precios actuales de los derechos de emisión, la desaparición de las plantas de carbón implicaría un encarecimiento de los costes de generación de electricidad.

Sobre las energías renovables, Nadal señaló las «enormes dificultades técnicas, no solo por los altos costes para los consumidores» con que cuentan, debido a que no es tan fácil sustituir energías ordinarias por verdes, que tienen el problema de que son impredecibles y dependen del viento, la lluvia y el sol. A este respecto, afirmó que «la gran incertidumbre es saber cómo va a evolucionar la tecnología de aquí a 30 años». «No lo sabemos, por eso hay que actuar con prudencia porque ya hemos pagado unas renovables caras y seguimos pagando un auténtico dineral todos los meses en la factura de la luz», añadió.

«Juego de trileros» para Facua

Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de «juego de trileros» la propuesta de los expertos sobre Transición Energética de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares. En este sentido, la asociación de consumidores denuncia que estas medidas son «un caramelo envenenado» y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, «ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles«.

«Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes», destaca Sánchez. En definitiva, Facua considera «descabellada» la propuesta de los expertos porque «perjudica al consumidor». Además, desde su punto de vista, censura que el planteamiento de los expertos «rehuya una intervención gubernamental en el sector eléctrico para bajar unos precios hinchados a partir de las medidas especuladoras que desarrolla el oligopolio».

Ha recriminado que los expertos defiendan «no perjudicar los intereses del sector eléctrico mediante más tributos que castigan al que menos tiene a través de una subida de los impuestos indirectos, como el IVA» y también con un «desproporcionado» aumento de la fiscalidad del gasóleo para potenciar los vehículos eléctricos o híbridos. Asimismo, el portavoz de Facua ha rechazado la propuesta de los expertos de prolongar la vida de las centrales nucleares, con la que se muestran favorables a los «intereses del lobby nuclear», lo que a su juicio es el resultado «de haber seleccionado expertos acorde a la ideología del Gobierno y de los intereses de las grandes empresas».

Para el portavoz de Facua, «el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos» y acusa al Ejecutivo de «no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz«. Así, la asociación considera que la única medida «indispensable» que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico, ya que de esta forma podría impedirse que «el lobby eléctrico consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos».

CETM no quiere más impuestos

Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «total oposición» a la subida que sobre los impuestos a los carburantes propone la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y ha añadido que tendría consecuencias inflacionistas. La CETM opina que con la medida se incrementaría el precio final de todos los productos y reduciría, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. La propuesta, según la CETM, «incidiría de forma desproporcionada e injusta» sobre el transporte de mercancías por carretera, que a su juicio es el «principal» consumidor de hidrocarburos.

Otro factor negativo para CETM si se aplicasen las medidas es que «dificultarían enormemente» la exportación de productos nacionales, como frutas y verduras, componentes de automoción, vehículos, productos químicos, textiles, siderurgia o papel. El comité de sabios plantea nuevos impuestos medioambientales, uno de ellos a las emisiones de CO2, y un recargo para financiar las renovables. Además, el grupo de expertos propone crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas», que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.

El presupuesto de Industria y Energía para 2018 crece un 6,2%, hasta los 5.768 millones de euros

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Las políticas de Industria y Energía contarán en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio precedente, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En materia de energía, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

Así, los Presupuestos recogen dotaciones para hacer aportaciones derivadas de los ingresos obtenidos por subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios, medidas fiscales para la sostenibilidad energética y transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros. En cuanto a la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará en 2018 con unos recursos de 319 millones para financiar el marco de actuación en el período 2013-2018, 30 millones menos que en 2017.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha consignado también una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Esta cantidad servirá principalmente para llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, de forma que se anticiparán a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.

Para medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas de cualquier origen, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contará en 2018 con un presupuesto de 46,88 millones de euros. Según consta en el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la cantidad prevista apenas varía respecto a los 46,51 millones de euros que contemplaban los presupuestos generales de 2017 y también los del ejercicio anterior. De los 47 millones de euros, 150.320 euros se dirigirán a indemnizaciones de altos cargos al cesar sus puestos y 75.000 euros a premios de jubilación de su personal.

Además, 135.000 euros se destinarán a becas para la formación de postgraduados en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y otros 280.000 euros a Universidades públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Dinero para ATI en Garoña

Por otro lado, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado incluye una partida de algo más de 4 millones de euros para el Sistema de Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI) de residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta partida figura en el detalle de inversiones de las empresas públicas en la provincia de Burgos, a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que gestionará esta inversión. En el mismo epígrafe el Gobierno detalla que en la programación plurianual de este proyecto figuran 813.000 euros para el siguiente ejercicio, si bien recuerda que para este mismo fin fueron presupuestados en 2017 algo más de 3,4 millones de euros.

El Almacén Temporal Individualizado para residuos de alta actividad, fundamentalmente el combustible que se sacó del reactor de Garoña y sigue almacenado en la piscina de la central nuclear, se construiría dentro del recinto de la planta, según fuentes de Enresa. Fuentes de Ecologistas en Acción aclaran que el proyecto contempla el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado de la central nuclear así como su protección física hasta su traslado al futuro Almacén Temporal Centralizado, que albergará este tipo de residuos de toda España.

La alcaldesa de Valle de Tobalina, donde se encuentra Garoña, Raquel González, ha insistido en su deseo de que el almacén temporal permanezca el menor tiempo posible en el entorno de la central nuclear burgalesa, por lo que urge la construcción del almacén centralizado para que el material radiactivo se lleve allí. El Almacén Temporal Individualizado podría operar en la zona de Garoña por un periodo de 20 años y albergará los residuos de alta actividad para que pueda desmantelarse la planta nuclear, cuyos residuos de baja actividad se trasladarán en su totalidad a las instalaciones de El Cabril (Córdoba).

El Ministerio de Energía considera «lógico» avanzar de forma gradual en la imposición energética que recomiendan los expertos

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera «lógico» que se avance en la imposición medioambiental que propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de una «forma gradual«.

Fuentes del Ministerio han explicado que los expertos no plantean un único escenario válido, sino diferentes variables, y apuestan por que se adopte un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que este importe se use como financiación del traspaso de costes de la factura de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un país en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y no es que se deje de emitir CO2, sino que se emite en otro lugar», explicaron desde Energía.

En cuanto a las recomendaciones del documento, desde el Ministerio de Energía apuntan que España, en los diferentes escenarios que se manejan, cumple con los objetivos de emisión de CO2 con un impuesto de 15 euros por tonelada, por lo que estas medidas podrían ser demasiado ambiciosas, lo que da margen para cumplir con ellas «de una forma más gradual». Dichas fuentes apuntaron que los expertos, en su informe, hacen recomendaciones que traspasan el ámbito de la cartera de Energía, como puede ser la reforma fiscal que supondría trasladar los costes de las renovables, de los sistemas extrapeninsulares y de la deuda del sistema eléctrico a los Presupuestos del Estado, lo que haría más propicia la electrificación de la economía.

Esta reforma fiscal, según la comisión, lograría un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz, aunque implicaría un recargo de otras energías finales, principalmente las fósiles, con un aumento del precio del gasóleo de automoción del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%. También sería necesario un aumento del tipo impositivo del IVA general para todos los productos de entre 1,1 y 1,3 puntos, en función del escenario analizado. «La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo», aseguraron, aunque indicaron que sirve como un punto de partida para ver qué medidas se pueden tomar de forma gradual.

Dicho documento recoge que la reforma fiscal y de los peajes serviría para eliminar el cargo transitorio al autoconsumo eléctrico sin que se generen distorsiones entre los consumidores. Fuentes del Ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen «implicaciones de todo tipo» que «hay que calibrar con cuidado», por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural. Eso sí, todos los escenarios analizados muestran una penetración «muy elevada» de energías renovables.

Apuntaron que existe en la actualidad consenso político entre los grupos parlamentarios para avanzar en la transición energética. El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética. El Ministerio cree que lo lógico sería iniciar el debate sobre el informe presentado «cuanto antes» e incluir las conclusiones en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, que se debería presentar antes del 31 de diciembre. «La idea es convocarlo cuanto antes en el Congreso y lo ideal es contrastar los resultados de esta discusión con los expertos en el Plan Nacional de Energía y Clima», explicaron desde Energía.

Respecto a la energía nuclear, desde Energía destacaron que el informe de los expertos resalta que esta energía tiene un papel «determinante», por lo que sería razonable alargar 10 años su funcionamiento, y añade que prescindir de las centrales nucleares supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del coste variable de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales en función del escenario, es decir, del 20%. «Si las centrales cierran con 40 años podría haber riesgo para el contribuyente; habría que analizar dicho riesgo y ver quién lo tendría que asumir. Habría que ver si se equipara a otros países europeos», aseguró Energía.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2. En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva. Sin embargo, las fuentes del Ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45% si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.

La factura de la luz se redujo un 2,06% en marzo

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 65,01 euros en su factura de la luz de marzo, por lo que esta factura se redujo en un 2,06% respecto a los 66,38 euros de marzo de 2017, lo que supuso una bajada en el recibo eléctrico de 1,37 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 65,01 euros abonados en los 31 días de marzo del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de marzo, 35,74 euros obedecen al consumo, 2,61 euros al impuesto eléctrico y 11,28 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el descenso que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han reducido la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Baja 8,7% respecto a febrero

Por otro lado, la factura de la luz de marzo bajó un 8,7% respecto al mes anterior, febrero, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,1 euros en marzo de 2018 respecto a los 2,3 euros de febrero de 2018. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses (28,29, 30 o 31) a efectos de garantizar la homogeneidad estadística.

Con la bajada de marzo, el recibo de la luz cerró el primer trimestre del año con una bajada del 6,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La bajada de precios en marzo contribuyó a que el recibo del primer trimestre se haya situado en 199,8 euros, 13,58 euros menos frente a los 213,38 euros en el mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 44,65 euros por el término fijo, de 112,44 euros por el de consumo, de 8,03 euros por el impuesto de electricidad y de 34,68 euros por el IVA.

Datos del pool y futuros

El precio medio del mercado diario del mes de marzo ha sido de 40,2 euros por megavatio/hora (MWh), un 7,5% inferior al precio medio de marzo de 2017 y un 36,6% inferior con respecto a febrero de este año, según el barómetro energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Asimismo, la cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se ha situado en 50 euros/MWh, un 37,6% superior a la cotización del mercado alemán, que es de 36,3 euros/MWh.

Así, considerando la evolución del mercado diario hasta la fecha y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 a cierre de año es de 51,2 euros/MWh, un precio algo menor que el precio medio de 2017. De confirmarse esta previsión, 2018 y 2017 serían los años con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 2009, según AEGE. Para la industria electro-intensiva, industria de los productos básicos, los precios de la energía eléctrica son un asunto vital, puesto que la electricidad llega a representar el 50% de sus costes de producción.

Los expertos calculan que cerrar las nucleares duplicaría el CO2 de la generación eléctrica y subiría un 20% su precio

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética estima que el cierre adelantado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%. La comisión ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno y recomiendan aplicar, entre otras medidas, impuestos verdes a los vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuenta con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. También señalan que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Los expertos advierten de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; además, se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos. Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el 2010.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. «Su valor actual (6,69€/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR», aseguran. Los 7 reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la Unión Europea.

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 50 años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.

Impuestos ambientales en el transporte

Por otro lado, la recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema. Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.

Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar notablemente el tipo impositivo aplicable al gasóleo. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.

Respecto al ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones. En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas in situ, o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.

Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social. En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.

Respecto a la gobernanza, los expertos advierten de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima «pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro», por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas. Concluyen que la transición debe ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia. En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.

El final de la concesión de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos) extingue los 16 empleos de CPS

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EFE.- Los 16 trabajadores de la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) acordaron con la empresa la extinción de sus contratos y su desvinculación desde el 29 de marzo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del final de la concesión de explotación de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos), aunque solo a los efectos de convocar concurso para una nueva concesión.

En realidad, la explotación cesó hace poco más de un año, en febrero, cuando el Gobierno denegó la solicitud de una prórroga de 10 años solicitada por la empresa adjudicataria. La empresa comenzó a redactar entonces un «plan de suspensión» para retirar los elementos obsoletos o inservibles, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Ministerio de Energía.

Ahora la actividad se declara extinguida «por caducidad al vencimiento de sus plazos y a los solos efectos de posibilitar la convocatoria de un concurso en el área, la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos». Solo en el caso de que el nuevo concurso, aún sin convocatoria, quedara desierto o se demorara más de 3 años, la empresa concesionaria tendría que acometer el desmantelamiento total de las instalaciones.

Los pozos de Ayoluengo o La Lora son los únicos de España en suelo firme y comenzaron a funcionar en 1964, cuando surgió por primera vez el petróleo de uno de los sondeos, aunque la primera concesión data de 1967. Se trata de unos campos con una superficie de más de 10.600 hectáreas en los que la concesionaria pretende efectuar una inversión importante para cambiar el método de extracción y aumentar su producción, aunque para ello requiere un periodo largo de amortización y, por tanto, de concesión, según fuentes de la antigua compañía concesionaria CPS.

Extinción de contratos para trabajadores

En definitiva, el portavoz de la plantilla, Julián Núñez, ha asegurado que causan baja con la esperanza de volver al trabajo en un año si se otorga una nueva concesión a la compañía, que reiteró a los trabajadores su intención de concurrir al concurso que previsiblemente convocará el Gobierno. En este sentido, Núñez ha criticado el retraso del Ministerio de Energía, que ha dejado pasar más de 12 meses desde el momento en que se denegó a CPS su solicitud de prórroga por 10 años.