Redacción / Agencias.- El Gobierno y el PSOE han firmado hoy un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares «extremadamente vulnerables», a la vez que han cerrado el nuevo modelo de financiación del bono social.
Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha presentado junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo del que Ciudadanos, que no ha estado en la firma, se ha atribuido el mérito de haber forzado a incluir sus «exigencias».
El acuerdo se plasmará en un real decreto ley que el Gobierno espera aprobar en alguno de los dos Consejos de Ministros que quedan antes de que termine el año, aunque todo el desarrollo reglamentario se prolongará unos tres meses, por lo que no podrá comenzar a aplicarse hasta abril del año que viene.
En ese desarrollo se deberá definir qué es consumidor «extremadamente vulnerable», un punto en el que jugarán un papel clave los servicios sociales locales y autonómicos.
También será clave el papel de las Comunidades Autónomas en ese objetivo de introducir la prohibición de los cortes de luz en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico.
Asimismo, se abordará incluir criterios de renta en el bono social, un descuento del 25% en la factura de determinados colectivos, y que con los fondos de esta herramienta se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por esos consumidores más vulnerables y que ahora corren a cargo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
El acuerdo también sirve, a través de ese real decreto, para arreglar el tema de la financiación del bono social, que cuesta unos 200 millones al año, tras la sentencia del Supremo, que tumbó el modelo anterior.
El nuevo repartirá el coste de esta herramienta entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deben pagarlo aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres principales compañías, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, por sus cuotas de mercado.
Nadal ha recordado hoy que existen 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de «extremadamente vulnerable», atendido por los servicios sociales.
No hay cifras cerradas, sin conocer los criterios exactos con los que se definirán estos consumidores, sobre el número de personas al que podría proteger esta medida, así como su coste aproximado.
Hernando ha afirmado que el acuerdo supone una reforma estructural importante y es bueno «para las familias más vulnerables, ya que ataca la pobreza energética».
Aunque Ciudadanos no ha asistido a la firma del acuerdo, el grupo se ha atribuido el mérito de haber forzado el acuerdo al incluir sus «exigencias» y ha reprochado al Gobierno que haya tardado ocho años en atender un problema surgido con la crisis y que siga apoyándose en «el bipartidismo rancio».
Desde Podemos, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, llamó a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas para pedir medidas contra la pobreza energética como respuesta al pacto «chanchullo» alcanzado entre PP y PSOE que «da la espalda al Parlamento».
Desde el sector eléctrico insisten en señalar su disposición a colaborar en la lucha contra la pobreza energética, ya que las eléctricas cuentan con multitud de convenios de colaboración en este tema, pero subrayan que la política social no es algo que deba recaer sobre las empresas.
