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GasIndustrial advierte de una «subida encubierta» del gas para la industria en el borrador de Energía

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Europa Press.- GasIndustrial, la asociación que representa a los industriales españoles consumidores de gas, ha advertido de que la propuesta de orden de peajes y cánones de gas para 2017 supone «una subida encubierta» que puede «poner en riesgo» los esfuerzos del sector por ganar competitividad.

En un comunicado, la asociación, cuyas empresas suponen más del 60% del consumo nacional de gas, señala que, aunque en la propuesta del Ministerio de Energía se recoge la congelación de los peajes y cánones que se venían aplicando en el ejercicio anterior, los términos en que se redactan algunas de las cláusulas en el nuevo borrador «suponen de hecho una subida encubierta, con trabas a la flexibilidad y a la competitividad».

En concreto, GasIndustrial advierte de la disposición final tercera, en la que se propone que «los productos de capacidad no podrán modificarse ni cancelarse hasta su finalización».

Para la asociación, el escalón de peaje a aplicar debe corresponder al consumo global en el punto de suministro y no a los consumos parciales que se deriven de cada uno de los contratos que existan sobre ese punto.

El escalón de peaje vendrá determinado por la suma del contrato anual inicial más todos los adicionales contratados durante ese año. En cualquiera de los dos casos, bien subir o bien bajar, la propuesta de orden de peajes «siempre penaliza al consumidor industrial», añade GasIndustrial.

Así, considera que «lo lógico» sería que la redacción permitiera la modificación transcurridos doce meses desde su última modificación y no desde la contratación, tal y como se viene haciendo hasta ahora.

Para la asociación, la nueva redacción de la propuesta implica «una mayor rigidez» en relación a la actual norma en vigor que permite modificar la capacidad contratada una vez cada 12 meses.

Respecto a los coeficientes de productos a corto, los contratos de corta duración permiten flexibilizar la contratación de la capacidad necesaria de forma que se ajuste al perfil de consumo del usuario, afirma.

Ello no debe suponer una penalización para el consumidor, en aras de contribuir a la flexibilización que se pretende con los nuevos productos. «Penalizar de octubre a marzo y pagar el doble en productos mensuales o un 75% más en productos trimestrales, no tiene sentido en un momento en el que las infraestructuras están infrautilizadas, de esta manera se incentivaría el uso de las redes y se ganaría competitividad», subraya GasIndustrial.

Alegaciones respecto a MibGas

Asimismo, la asociación también ha realizado alegaciones respecto a MibGas, en el sentido de que se debe favorecer que sea un mercado de referencia de precio, promoviendo que todos aquellos índices que afecten al sector estén referenciados a productos que se puedan negociar en este ‘hub’ ibérico.

Por ello, cree que se debería incluir en la nueva orden de peajes la habilitación para negociarse la tarifa de último recurso de gas, «dotando así al mercado de más liquidez y ayudando a que se convierta en una referencia fiable de precios».

UGT y CCOO exigen de nuevo al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón

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Europa Press.- Los sindicatos UGT Fica y CC.OO. de Industria han registrado una nueva carta dirigida al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que vuelven a urgir al Gobierno a que convoque a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018 al objeto de poder acordar de la forma expedita el cumplimiento del plan.

En la misiva, los responsables sectoriales del sector de la Minería de UGT Fica, Víctor Fernández y de CC.OO. de Industria, José Luis Villares, critican que no se diera «respuesta adecuada» a la anterior carta registrada por ambos sindicatos el pasado 24 de noviembre, informó UGT.

Además, los sindicatos señalan que la nueva composición parlamentaria, en la que el PP no tiene ya mayoría absoluta, debe servir para que no le permitan «el mismo comportamiento» que hasta ahora se ha tenido por parte del Ministerio de Energía hacia el sector del carbón autóctono y las Comarcas Mineras, y que, en caso contrario, las partes firmantes del Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, del pasado 7 de junio, le exijan su cumplimiento.

Así, reclaman también «acordar un frente común que permita a todas las partes ser mas fuertes ante Bruselas para que sea una realidad la continuidad del sector mas allá del 2019».

Energía subastará 3.000 MW de renovables en la primera mitad de 2017

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará nueva capacidad de renovables por 3.000 megavatios (MW) en la primera mitad de 2017 y conforme a principios de «neutralidad tecnológica», según anunció en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Álvaro Nadal.

El Gobierno realizó ya a principios de este año una subasta, la primera desde la ‘moratoria a las renovables’, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa. Los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Esta nueva subasta se lanzará «en breves semanas», será con «criterios competitivos», al menor coste y basada en la neutralidad tecnológica, «ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente», indicó Nadal.

Además, advirtió que se llevarán a cabo unos «controles generales» a los proyectos que se presenten a estas subastas, a través de la petición de garantías, para que, una vez sean adjudicados, «sepamos que van a ser realizados».

El ministro subrayó que España es «un país líder» en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que «no hay que dormirse en los laureles» en esta materia.

A este respecto, apuntó que España va «muy adelantado» en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.

En su comparecencia, Nadal aseguró que el momento actual es «crucial» y está marcado por la transición energética necesaria para hacer efectivos los acuerdos medioambientales del conjunto de Europa y del Mundo tras el acuerdo alcanzado en la cumbre contra el cambio climático de París de 2015.

Más interconexión

Así, destacó que el ‘paquete de invierno’ de la UE se «alinea bastante bien con la línea del Gobierno» al marcar como objetivos la eficiencia energética, la mejora medioambiental y la protección del consumidor, aunque consideró que parte de «un supuesto irreal» de que todos mercados europeos están conectados.

Por ello, afirmó que España tiene que cumplir «de forma realista» con estos objetivos fijados por Europa, aunque subrayó que para ello es necesario pedir unos niveles mayores de interconexión con el Viejo Continente.

Junto a la falta de interconexión con Europa, Nadal aseguró que el sistema eléctrico en España está cargado con otra «gran hipoteca», como son «los costes de decisiones» políticas del pasado, con la instalación prematura de renovables que supuso «un coste muy caro» y el déficit tarifario, que derivó en una deuda financiera de casi 30.000 millones de euros cuya amortización se va a realizar a lo largo de los próximos 30 años. «Eso nos diferencia del resto de sistemas, estas decisiones del pasado que hace que tengamos estas grandes hipotecas», dijo.

En lo que se refiere a materia de defensa del consumidor, Álvaro Nadal indicó que se trabaja en medidas de transparencia y control de los productos financieros, así como en mantener la vigilancia sobre las prácticas anticompetitivas.

Asimismo, recordó el diálogo abierto con el resto de fuerzas políticas para definir el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono social. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad, debemos definir el bono social», dijo.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Colaborar con las Comunidades Autónomas

En lo referente a los cortes de luz a consumidores, respaldó la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de no permitirlos sin existir un informe previo de los servicios sociales, y se mostró abierto a colaborar en las competencias autonómicas sobre política social, «solamente si ellas quieren».

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

Por otra parte, Nadal defendió que «la mejor política» es la eficiencia energética y señaló que le gustaría que en España se llevará a cabo un «esfuerzo mayor» en esta materia.

«La eficiencia energética será prioritaria y proponemos profundizar en su inversión», destacó al respecto, subrayando que es necesario mejorar en el diseño de los programas de eficiencia energética.

Nadal dice que las energías españolas serían «las más baratas» de Europa si no fuese por la deuda eléctrica

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado este martes en el Senado que si el Gobierno no tuviese que pagar la «larga» deuda energética a 25 años, España tendría «las energías más baratas» de Europa.

«Cuando uno tiene una hipoteca, la tiene que pagar e intentar cambiarla para que no sea un lastre», ha añadido el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital tras recordar que en España la energía es «tan cara» porque el Gobierno socialista le metió «dos hipotecas al sistema descomunales».

En este contexto, ha recordado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero «se precipitó» dejando esta hipoteca a 25 años con una tecnología «extraordinariamente cara» que hoy parece «obsoleta». «El sector energético tiene que pagar 10.000 millones de euros al año más que el resto de sus colegas europeos», ha apuntado.

Además, Nadal ha recriminado al senador socialista, Ángel Mato Escalona, quien le ha interpelado para conocer los planes del Gobierno en materia de transición energética, que por la herencia recibida se ha perjudicado la competitividad en la economía.

El esfuerzo «carísimo» que se hizo en el pasado «va a servir» para que España cuente con, aproximadamente, el 17,4% de energía renovable, algo que, según Nadal, va a permitir que el país cumpla con el objetivo del 20% en 2020 sin «demasiadas dificultades».

De acuerdo con el máximo responsable de Energía, el precio de la electricidad hubiese subido un 42% sin la reforma energética. «Desde esa reforma, el precio total se ha reducido en 100 euros, aunque es cierto que ha habido un repunte porque está subiendo el petróleo», ha añadido.

Respecto al paquete de medidas que la Comisión Europea presentó para encaminar la transición energética, Nadal ha apuntado que Bruselas se ha comprometido a que en el primer trimestre del año que viene se produzca «un desarrollo interesante» en materia de edificación, ya que los edificios pasarán a computar como inversión y no como gasto de inversiones de edificación energética.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ha apuntado que la energía renovable tiene una aportación «fundamental» en el sistema español, que el futuro de la Central Nuclear de Garoña depende del Consejo de Seguridad Nacional y que el objetivo del Gobierno es que no se vuelvan a introducir costes regulados en el sistema que incrementen el recibo de la luz.

Nadal ha terminado su intervención recordando que se tiene que pensar cómo se quiere hacer la política energética y cómo se tienen que conseguir esas interconexiones, al tiempo que ha recordado que hay que empezar ya, puesto que «se parte de una situación de déficit y hay que mirar hacia el futuro».

Por su parte, el senador del grupo socialista, Ángel Mato Escalona, ha recriminado al Gobierno no haber hecho «absolutamente nada» en materia energética, ya que el recibo de la luz ha subido un 28% en los últimos ocho meses. Escalona ha señalado que los retos a los que el Gobierno debería dar respuesta pasan por realizar cambios en el modelo energético.

Nadal advierte que no se pueden volver a tomar decisiones políticas que encarezcan el recibo de luz

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtió que no se pueden volver a tomar decisiones políticas «que acaben repercutiendo en el recibo de la luz», como ocurrió en el pasado, y subrayó que ninguna decisión del Gobierno volverá a «influir en encarecer la energía para los ciudadanos».

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Nadal aseguró que «no se puede añadir un coste más a los ciudadanos por decisiones políticas, ya que España se ha situado en un nivel muy alto de precios».

«Si alguno me llama economicista, me puede llamar como quiera, hablo de los ciudadanos que ya pagan demasiado. El sistema eléctrico ahora mismo tiene 10.000 millones en cargos que pagan la solidaridad interterritorial, una deuda que se generó y que hay que amortizar y financiar y el apoyo al cambio climático, que en sus días se hizo a unos costes altos», dijo al respecto.

Así, alabó las decisiones tomadas en la pasada legislatura en materia energética, ya que si no se hubiera hecho nada la factura de la luz se habría incrementado un 42%. Esta circunstancia «nos habría sacado fuera de toda posibilidad de competir, ya que los errores que se cometieron fueron especialmente de bulto», recalcó.

Asimismo, defendió la necesidad de un Pacto de Estado energético con todas las fuerzas políticas para «dar estabilidad». «Los frutos de ese pacto y de las negociaciones en Bruselas serán importantes para ir rellenando las partes de la ley del cambio climático», dijo.

Los eólicos acusan a Energía de repetir el error y fijar una retribución un 38% inferior

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha «repetido el mismo error» de cálculo al revisar la retribución de las renovables, lo que provocará que la eólica perciba un 38% menos de lo que le corresponde.

En una nota, la AEE señala que la revisión de parámetros económicos diseñada por Energía «ha confirmado las peores sospechas del sector». «El Gobierno ha desaprovechado la ocasión para enmendar los errores de cálculo del primer semiperiodo», ya que «ha vuelto a tomar como referencia un precio de mercado artificialmente alto», afirma.

Para la AEE, en vez de ese precio, habría de haberse tomado como referencia el correspondiente a los mercados de futuros para esos años. La eólica, indica, ya es el sector más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios del mercado y verá «seriamente disminuida» su retribución en los próximos tres años.

En la propuesta de orden ministerial que modifica los parámetros retributivos enviada a la CNMC, Energía ha tomado como referencia un precio de 52 euros por megavatio hora (MWh) a partir de 2020, el mismo que en el semiperiodo anterior, en vez de los 41,32 que marcan los precios de los mercados a futuro.

Este cambio en la referencia hará que la eólica ingresará en los próximos tres años unos 400 millones de euros, lo que supone un descenso del 38% con respecto a lo que, según los cálculos del sector, le correspondería.

En los últimos tres años, indica la asociación, las empresas han cobrado una media de 6,37 euros por MWh menos por esta diferencia de cálculo, que vino acompañada de una desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley.

La diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros. «Teniendo en cuenta esta experiencia, no se entiende que el Gobierno apueste por cometer el mismo error precisamente cuando tiene la oportunidad de enmendarlo», afirma

Corrección retributiva

La propuesta de orden de parámetros elaborada por Energía introduce un incremento de 212 millones en la retribución del sector eólico de 2017 en adelante que se debe precisamente a los errores de cálculo cometidos por el regulador en el primer semiperiodo.

La AEE considera que, si a esto se añade que la existencia de unos límites a las compensaciones a las que tiene derecho el sector cuando se producen desviaciones en los precios, resulta altamente improbable la posibilidad de que las empresas sean compensadas con el 100% de la cantidad que les correspondería.

En este entorno, indica, resulta «muy difícil» que las instalaciones existentes alcancen la rentabilidad razonable prevista al final de su vida útil. De hecho, de los 630 millones que se han dejado de ingresar en el primer semiperiodo, sólo se compensará al sector con el 36%, con lo que pierde el 64% de lo que le corresponde.

Esta compensación se repartirá a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones existentes, lo que supone alrededor de 22 millones de euros anuales.

La guerra del bono social

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Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

Nadal cree que el bono social aborda “con efectividad” la pobreza energética al cubrir a 7 millones de personas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el bono social eléctrico aborda «con bastante efectividad» el conjunto del problema de la pobreza energética al cubrir a unos 7 millones de personas. En este sentido, Nadal indicó que, según Eurostat, la pobreza energética en España se sitúa en un 10% de personas «que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía y que les cuesta pagar el recibo», ligeramente por encima del 9,6% de la media europea.

Así, Nadal consideró que ese porcentaje de pobreza energética equivale «más o menos» a los 7 millones de personas que cubre el bono social, que consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El ministro destacó que el actual esquema de financiación del bono social, que hacía que fuera asumido por las matrices de las grandes eléctricas, que representan aproximadamente el 94% del mercado, debe ser encauzado después de la sentencia del Tribunal Supremo que lo considera discriminatorio, para lo que es necesario «hablar con el resto de partidos políticos».

Habla de renovables y nuclear

En cuanto a determinar la competencia, Nadal indicó que en el caso de las personas de extrema vulnerabilidad es una materia que debe ser competencia de las instituciones y de las comunidades autónomas, mientras que el tema del bono social debe ser asumido por las compañías eléctricas. Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social, lo que, a una media de 3 personas por vivienda, corresponde a unos 7 millones de ciudadanos.

Respecto a las renovables, Nadal criticó que hubo «una irresponsabilidad muy grande» en su desarrollo en el periodo de 2007 a 2009 en el que «se invirtió demasiado rápido en demasiada cantidad y a unos precios desorbitados», lo que hizo que ahora los españoles estén pagando 6.500 millones de euros al año en el recibo de la luz durante 25 años. «Hubo una irresponsabilidad muy grande en los años 2007, 2008 y 2009 y esa factura hay que pagarla, ajustando precios y costes y pagando la deuda», añadió al respecto.

Asimismo, Nadal defendió la necesidad de mantener las nucleares dentro del mix energético si se quiere cumplir con el objetivo de «un mundo sin emisiones de CO2«. «Es muy difícil prescindir de las nucleares, ya que son las que permiten trabajar 7 días a la semana y 24 horas diarias, eso nunca me lo va a dar la renovable», reivindicó.

Reunión con Abel Caballero (FEMP)

También en relación con la pobreza energética, el ministro se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para analizar las medidas que se pueden adoptar. Caballero, alcalde socialista de Vigo, ya instó al Gobierno el pasado mes de noviembre a que adoptase con urgencia las medidas necesarias para evitar las consecuencias de la pobreza energética. Se trata, según Caballero, de que «bajo ningún concepto se corte el suministro energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de ese suministro».

Concretamente, se trasladó al Gobierno que los Ayuntamientos informarán sobre la situación socioeconómica de aquellas personas o familias que no pueden hacer frente al pago de los suministros energéticos para mantener unas condiciones de vida dignas, de tal modo que no se pueda realizar ningún corte de suministro energético «sin un informe previo que verifique la situación socioeconómica del afectado y las necesidades que hayan podido ocasionar el impago». La Junta de Gobierno de la FEMP recordó en su petición que los Servicios Sociales municipales están preparados para dar a conocer a las compañías suministradoras la situación de los afectados.

El Gobierno eleva un 8,7% la retribución a renovables, cogeneración y residuos para 2017, hasta 7.071 millones de euros

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital elevó un 8,7% la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos para 2017, con un incremento de 568,6 millones de euros, desde los 6.502,43 millones de euros que abonarán en 2016 a los 7.071 millones de euros que destinará en 2017.

Según consta en el borrador de propuesta de orden de revisión de los parámetros retributivos a las instalaciones de producción de energía a partir de renovables, cogeneración y residuos, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá un total de 2.530,7 millones de euros, 65,9 millones de euros más. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a 1.476,8 millones de euros, con un incremento de 212 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá 1.337,2 millones de euros, 43,8 millones más. Mientras, la cogeneración registrará en un su partida un incremento de 173,5 millones de euros, hasta los 1.067,5 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

El Ministerio reconoce incrementos en las partidas de todas las tecnologías, aunque menores que en el caso de la eólica, solar, termosolar y cogeneración. Así, para la biomasa eléctrica la orden recoge un incremento de 26,4 millones de euros, hasta los 289 millones de euros; en el biogás una partida de 6,5 millones de euros más, hasta 52,4 millones de euros; en la combustión de residuos un total de 20,7 millones de euros más, hasta 135,1 millones de euros; en la hidroeléctrica 9,7 millones de euros más, hasta 88,2 millones de euros, y en el tratamiento de lodos y aceite 10 millones de euros más, hasta 93 millones de euros.

En el caso de los purines, Energía no determina la retribución para este año y para el próximo ya que los anteriores parámetros retributivos fueron tumbados por una sentencia del Tribunal Supremo. Con esta orden, una vez que está próximo a finalizar el primer semiperiodo regulatorio, Energía procederá a la revisión, con efectos a partir de enero de 2017, de las estimaciones de los ingresos estándar por la venta de energía en el mercado y de los parámetros directamente relacionados.

Además, el Ministerio fijó sus estimaciones de precio de mercado para el periodo, con 42,13 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, 41,65 euros por MWh para 2018 y 41,82 euros por MWh para 2019, así como ha mantenido en 52 euros por MWh el precio estimado del mercado durante la restante vida útil regulatoria de las instalaciones tipo definidas a partir de 2019. Estas estimaciones son sensiblemente inferiores a las que se recogía para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último y que han llevado al sector renovable a estimar unos pérdidas de unos 574 millones de euros en los tres años.

Con motivo de la reforma eléctrica, el Gobierno fijó en 2014 una retribución para las instalaciones renovables para que éstas alcanzaran la llamada rentabilidad razonable. Para las diferentes instalaciones estableció una retribución específica, y con ese objetivo realizó una estimación sobre la base de cuál sería el precio del mercado eléctrico diario. Una vez visto el precio real del mercado, el Ministerio de Energía debe regularizar la retribución percibida por las instalaciones renovables. Sin embargo, la reglamentación solo reconoce compensar por una parte del desvío producido por la mala estimación, mientras que hay otra parte que se pierde y no se recupera, según el sector.

Energía rebajará un 9% en enero los cargos fijos a los autoconsumidores domésticos de electricidad

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Europa Press.- El Ministerio de Energía aplicará para el ejercicio 2017 una rebaja del 9% en los cargos fijos que afrontan los autoconsumidores domésticos de electricidad, esto es, los que disponen de una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores pagarán 8,144 euros por kW a partir de enero para sufragar los cargos fijos, según consta en el borrador de la orden ministerial de peajes eléctricos. Esta cifra contrasta con los 8,898 euros recogidos en el real decreto 900/2015.

Este decreto, de octubre de 2015, exime de forma transitoria a los autoconsumidores domésticos de abonar los cargos variables, que se aplican en función de los kilovatios hora producidos. Aún así, tanto el decreto como la nueva orden ministerial siguen recogiendo un coste para estos cargos variables, pese a su inaplicación temporal. A partir de enero, los cargos variables ascenderán a 0,0431 euros por kilovatio hora (kWh), un 7% menos que los 0,0467 euros recogidos en el real decreto 900/2015. En este epígrafe se recogen diversos costes del sistema eléctrico entre los que no figuran el transporte y la distribución, imputados a la parte fija.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que el Gobierno no justifica adecuadamente en el borrador ni la bajada en el cargo variable ni en el fijo de los autoconsumidores, lo que no hace sino «incrementar la incertidumbre y desincentivar cualquier inversión a largo plazo«, afirma. Morales de Labra cita informes en los que se alude a que la amortización de una instalación domésticos lleva entre 12 y 18 años, si bien resulta «muy grave» que se estén cambiando los números y que el inversor carezca de cualquier certeza. «No te pueden estar cambiando continuamente los números. En un año ya lo han hecho tres veces. Resultan graves estos cambios al impuesto al sol«, asegura.

Morales de Labra también constata, tras el análisis del borrador de la orden ministerial de peajes, que los cargos que se aplican a las empresas que autoconsuman en 2017 en Mallorca y Menorca serán superiores a los del mismo perfil en la Península. Esta circunstancia responde a que a estos autoconsumidores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. Un cambio que aporta más incertidumbre, critica.