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Solaria gana el triple hasta marzo gracias a su modelo centrado en la generación de energía solar fotovoltaica

EFE.– El Grupo Solaria obtuvo un beneficio neto en el primer trimestre de 3,8 millones de euros, más del triple que en el mismo período del año pasado, gracias a su nuevo modelo operativo centrado en el negocio de generación de energía, basado en tecnología solar fotovoltaica.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (ebitda) fue de 7,3 millones de euros, un 42% más que en el primer trimestre de 2017, mientras que las ventas netas ascendieron a 7,1 millones de euros, un 18% más, y sus otros ingresos crecieron más del doble, hasta los 1,8 millones de euros.

Solaria ha explicado que su perímetro de generación y sus ingresos han crecido con la compra del 100% de la sociedad Elassona Energiaki en enero pasado, cuando se hizo con el 100% de esta sociedad, en la que tenía un 50%, al comprar el resto a Solutions Societe Anonyme of Energy and IT.

Elassona Solar Enegiaki LLC es titular de cuatro plantas, de 100 kilovatios (KW) cada una, en Grecia.

Además, este trimestre Solaria, que se inició en el sector renovable en 2002 como fabricante de equipos fotovoltaicos y térmicos, ha comunicado al Ministerio de Energía las ubicaciones de los proyectos que construirá bajo el sistema remuneratorio de subasta, con un exceso de hasta un 50% de la potencia adjudicada, esto es 375 megavatios (MW) en el caso de Solaria, que se adjudicó 250 MW en la última puja celebrada el año pasado.

El Gobierno estará «vigilante» con la evolución de los precios de los carburantes ante el repunte del barril de petróleo

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno estará «vigilante» con los márgenes de comercialización de los carburantes ante el episodio actual de repunte en los precios del petróleo, que ha consolidado el barril por encima de los 75 dólares. En este sentido Nadal indicó que, cuando «hay tensión de precios, lo que queremos que los precios reflejen el verdadero coste del barril y no otras cosas».

Nadal recordó que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien debe actuar si existe cualquier tipo de anomalía al respecto, aunque señaló que el Gobierno «siempre puede hacer su análisis para poner de manifiesto elementos, por si los considera adecuados para vigilar y actuar sobre ellos la propia CNMC». No obstante, afirmó que «por ahora» el Gobierno no ha visto «un comportamiento diferenciado» en este sentido del precio de los carburantes respecto al resto de mercados europeos. «Pero estamos siempre mirándolo, lo miramos semanalmente», apuntó.

No obstante, Nadal mostró su preocupación por el nuevo repunte en los precios del petróleo, después del que ya se registró en 2017 que llevó el barril por encima de la cota de los 60 dólares, ya que «cuando sube el petróleo es malo para España«. «No puedo predecir qué va a ocurrir en el futuro, pero es una cosa que siempre le preocupa al Gobierno, ya que España es un país que necesita un petróleo a precios adecuados para que la economía funcione», añadió.

De todas manera, Nadal consideró que todavía es pronto para saber si este incremento en los precios del petróleo va a suponer un descuadre en los Presupuestos, que se basan en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europea. «Por ahora, no se está trasladando al mercado de futuros esa volatilidad que vamos viendo en el mercado spot, por tanto es pronto para saber si la previsión es incorrecta o no», afirmó Nadal, quien subrayó que el impacto de los actuales precios del petróleo podría suponer un ajuste de «alguna décima».

Equilibro entre competitividad y medioambiente

Por otro lado, el ministro de Energía ha abogado por lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos medioambientales fijados por la Unión Europea y lograr unos precios de la energía eléctrica que garanticen la competitividad de la economía española. En este sentido, Nadal ha explicado que la política energética debe tener el mínimo componente ideológico posible y más realismo. Por ello, no ve lógico tratar de conseguir los máximos objetivos medioambientales en un país, como España, con más de 3 millones de desempleados.

El titular de Energía indicó que la postura del Gobierno es cumplir los compromisos fijados por la Unión Europea y minimizar los precios para lograr un máximo de competitividad. Nadal ha criticado la posición de algunos grupos políticos que apuestan por maximizar las políticas medioambientales «como si fuéramos Suecia«. El ministro recordó que la energía producida en España es más cara porque el país no cuenta con los recursos hidráulicos y de gas que existen en el norte de Europa.

Nadal ha advertido de que las decisiones de política energética «van al final al recibo» de la luz que pagan los consumidores. El ministro cree que «no son sensatos» los planteamientos de algunos grupos que piden eliminar algunas tecnologías de generación sin tener en cuenta su impacto en los precios de la energía. Nadal ha defendido la continuidad de las centrales nucleares como energía de base y ha dicho que a algunas empresas, en concreto si tienen plantas hidroeléctricas y parques eólicos antiguos, les podría convenir su cierre porque el precio de la electricidad subiría.

El ministro ha defendido la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Popular para ampliar los criterios que se pueden tener en cuenta para autorizar el cierre de centrales eléctricas. Según Nadal, cualquier decisión en ese ámbito debe responder al interés general y no sólo a una decisión empresarial y, aunque admitió que la regulación «es un mal sucedáneo del mercado», ha recalcado que, cuando no hay suficiente competencia, «hay que regular«.

El CES plantea sacar costes ajenos al suministro eléctrico de la tarifa pero Nadal descarta “pasar el problema” a Hacienda

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que su obligación es tratar de reducir lo máximo posible los costes del sistema eléctrico y no trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas, pero el Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria una reforma normativa que saque de la tarifa eléctrica los costes ajenos al suministro de electricidad que, en su opinión, deberían financiarse por otros medios, por ejemplo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ésta es una de las propuestas incluidas en el informe El Sector Eléctrico en España, que presentó el presidente de la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales del CES, José Manuel Morán. El informe señala que debería considerarse la posibilidad de financiar fuera de la tarifa eléctrica los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), al tratarse de una política de cohesión territorial, y también, aunque «de forma escalonada», las ayudas a las energías renovables y las anualidades del déficit tarifario acumulado. El reciente informe del grupo de expertos sobre transición energética también abogaba por eliminar de la factura eléctrica algunos costes.

El CES considera que la trayectoria «ascendente» de los precios de la electricidad en los últimos años, incluso en la etapa de crisis, «resulta paradójica», un comportamiento que vincula con «el incremento de los costes ajenos al suministro». El informe recalca que «muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura«. Según el CES, esta evolución pone de manifiesto las disfunciones que presenta el sistema en cuanto a la determinación del precio, lo que obliga a revisar los mecanismos que lo conforman.

El informe aboga por impulsar los contratos bilaterales y los mercados a plazo, y por fomentar la entrada de nuevos participantes. El CES cree que los superávit de tarifa registrados en los últimos ejercicios deberían destinarse a amortizar el déficit acumulado. El estudio también destaca la necesidad de mejorar la tributación energética «respondiendo a la necesidad de armonizar la fiscalidad medioambiental», y asegura que existe «un amplio margen» para hacerlo.

Según el CES, «la internalización de los costes medioambientales debe ser el principio a seguir al fijar el tratamiento fiscal de la electricidad en España». En este ámbito, el consejo pide reducir el IVA que se aplica a la electricidad (ahora del 21%), al ser un bien de primera necesidad; revisar el impuesto especial de la electricidad; y suprimir los gravámenes que generan una doble imposición. Para el CES, la presencia de tributos a la generación de electricidad y al consumo industrial son discriminatorios respecto a los principales socios comunitarios.

El estudio aboga también por clarificar los conceptos de la factura eléctrica y señala que las rebajas establecidas en el bono social «tienen un alcance muy limitado», ya que se aplican solo a la tarifa regulada y no tienen en cuenta el término de potencia ni los impuestos. Asimismo, el CES plantea financiar con los Presupuestos la parte del bono social que asumen las comercializadoras.

El informe pide también que se revisen los pagos por capacidad y el mecanismo de interrumpibilidad (que proporciona mejores tarifas a las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro si es necesario). El CES se refiere también al autoconsumo y asegura que la normativa española recoge «una serie de trabas administrativas» que dificultan su desarrollo. En este sentido, pide revisar la normativa actual, en concreto el tratamiento de los costes regulados, y reclama simplificar los trámites.

El estudio defiende un mix de generación (reparto de producción eléctrica entre las distintas tecnologías) «equilibrado», que proporcione precios «competitivos». Demanda también el desarrollo de las infraestructuras energéticas, en especial de las interconexiones internacionales. Para el CES, el sector eléctrico debe jugar «un papel fundamental» en el proceso de descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático. No obstante, precisa que la electricidad es «cara», lo que, a su juicio, dificulta la electrificación de la economía.

“Pasar el problema” a Hacienda

Por su parte, el ministro Nadal asevera que «la solución no consiste en trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas y sí tratar de reducir los costes del sistema lo máximo posible». «La obligación del ministro de Energía es rebajar los costes y no que el problema lo solucione Montoro«, remachó. Nadal ha señalado que todavía espera la respuesta de los grupos políticos a su propuesta de revisar la retribución de algunos activos energéticos que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), están retribuidos en exceso.

Finalmente, el ministro de Energía afirmó que no se puede cargar de más costes al sistema eléctrico, en referencia a propuestas como el autoconsumo, ya que «hemos agotado toda nuestra flexibilidad y no tenemos margen, con unos costes fijos mucho más altos que el resto de países«. Por ello, Nadal ha rechazado la liberalización total del autoconsumo y que los autoconsumidores conectados a la red dejen de pagar su parte de los costes fijos del sistema porque “eso elevaría la factura de la luz para el resto de los consumidores”. Además, añadió, el sistema entraría en déficit a medida que aumente el número de autoconsumidores.

Nadal avisa de que cambiar la energía nuclear por el gas natural eleva los costes y la contaminación

EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que sustituir la energía nuclear por gas supondría una mayor contaminación y un incremento de los costes, y ha asegurado que «hoy por hoy la tecnología no permite» sustituirla por renovables. En este sentido, Nadal ha recordado que el gas emite CO2, por lo que tiene incidencia medioambiental, e indicó que cerrar las plantas nucleares y sustituirlas por térmicas no sería una buena opción.

El ministro ha destacado que la energía nuclear produce «de continuo», es decir, 24 horas, 7 días a la semana, algo que ninguna renovable puede garantizar, por lo que no entiende que haya partidos que piden que España no tenga energía nuclear a partir de 2020. En este sentido, ha pedido un debate «tranquilo» y «de verdad» y no una «reflexión dogmática». “Suprimir la energía nuclear supondría un incremento de un 25% del coste», resaltó Nadal, que señaló que «la única ventaja es que desaparece el riesgo de accidente nuclear».

El ministro ha abogado por ir de la mano del resto de países europeos en la revolución energética, cambiando el modelo hacia uno menos emisor, lo cual «hay que hacerlo con cuidado, para no aumentar los costes». Ha criticado que se vaya «demasiado deprisa» como, a su juicio, ocurrió entre 2007 y 2009, cuando «en España se instaló la mitad de las renovables del mundo».

Prado (Endesa) considera que es momento de planificar el futuro para determinar “las inversiones necesarias en los próximos años”

Europa Press.- El presidente de Endesa, Borja Prado, considera que es el momento de «planificar el futuro«, para lo que es «imprescindible contar con una hoja de ruta que señale el destino y la cuantía de las inversiones necesarias en los próximos años». De esta manera, subrayó que, «por muy claros que estén los objetivos», hay que decidir «cuál es el camino más adecuado y beneficioso para todos», una decisión «crucial» que compete al Congreso y al Gobierno.

Asimismo, Prado requirió a las fuerzas políticas «sabiduría, determinación y habilidad» para lograr «consensos» con el fin de ser capaces de encontrar una solución al conflicto en Cataluña. En su discurso ante los accionistas de la compañía, Prado señaló que el horizonte político del país continúa «afectado por la compleja situación» en Cataluña, que supone «una amenaza y una brecha en la convivencia». «Más allá de los acontecimientos, que no me corresponde juzgar, la situación que hemos alcanzado supone una amenaza y una brecha para la convivencia tan extraordinarias”, afirmó.

Prado valoró el balance macroeconómico de España en 2017, que supone «un verdadero orgullo para nuestro país», con un crecimiento de la economía del 3,1%, alcanzando un crecimiento acumulado del 10% en los tres últimos años, «muy por encima de la media de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno«. Asimismo, consideró que el objetivo de crecimiento del 2,8% para este año «sigue siendo ambicioso», aunque subrayó que permitirá a España «seguir acortando distancias con los socios europeos, y se mostró convencido de que se alcanzará el objetivo del Gobierno de 20 millones de empleos en 2019.

Predisposición al dialogo y entendimiento

Por otra parte, el presidente de Endesa mostró al Gobierno y al Ministerio de Energía su predisposición «al diálogo y al entendimiento» para afrontar los retos que tiene el sector energético. «El Gobierno y el Ministerio de Energía saben que coincidimos en numerosas cuestiones de la política energética, sobre todo, en las esenciales», señaló Prado, quien subrayó que, cuando no se produce tal coincidencia, «saben que cuentan con nuestra predisposición al diálogo y al entendimiento«. Así, ante los «retos y dificultades» que plantean los objetivos energéticos y económicos; y la regulación del sector, subrayó que Endesa trata siempre de «encontrar y ofrecer propuestas constructivas como empresa, pero sin abandonar una visión global de las cuestiones».

Por otra parte, Prado valoró los «excelentes» resultados logrados por la compañía en 2017, con un beneficio neto de 1.463 millones de euros, un 3,7% más, que refuerzan la política de dividendos de Endesa, «que establece el reparto del 100% del beneficio ordinario neto en los ejercicios 2017 a 2020. La propuesta de dividendo para 2018 del grupo asciende a 1,38 euros por acción, un 4% más que el repartido con cargo al ejercicio 2016.

A este respecto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó que el plan del grupo para el periodo 2017-2020, en el que prevé un aumento del beneficio neto a razón de un 6% anual, hasta alcanzar los 1.600 millones de euros al final del periodo, permitirá mantener «una atractiva remuneración» para los accionistas, con un payout del 100% y un mínimo de 1,33 euros brutos por acción para 2018.

El Ministerio de Energía identifica 206 proyectos adjudicados en la segunda subasta de renovables de 2017, casi el 70% fotovoltaicos

Europa Press.– El Ministerio de Energía ha identificado un total de 206 proyectos concretos de 13 comunidades autónomas que fueron adjudicados en la segunda subasta de renovables celebrada en el año 2017, de los que 143, el 69,42%, son fotovoltaicos. Según indicó el departamento que dirige Álvaro Nadal, esta segunda subasta se saldó con la adjudicación de 5.037 MW de nuevas instalaciones renovables sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Una vez adjudicada la subasta, los promotores tenían un plazo para identificar los proyectos concretos a realizar. Trascurrido el plazo, se identificaron los citados 206 proyectos concretos, de los que la gran mayoría son fotovoltaicos en su gran mayoría, aunque también los hay eólicos, y que corresponden a 40 promotores. Los 206 proyectos identificados se localizan en 13 comunidades autónomas: Aragón (39 proyectos), Galicia (17), Castilla y León (35), Castilla la Mancha (25), Andalucía (29), Navarra (8), Cataluña (1), Murcia (15), País Vasco (1), Extremadura (23), Comunidad Valenciana (2), La Rioja (1) y Asturias (10).

En esta fase del procedimiento, los promotores tienen la flexibilidad de identificar proyectos en un volumen hasta un 50% adicional a la potencia adjudicada, de entre los cuales deberán seleccionar, posteriormente, aquéllos a ejecutar para cubrir la potencia que realmente les corresponda. La nueva potencia renovable estará en funcionamiento antes de 2020 y, en opinión del Ministerio, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020, para el que España avanza por encima de la senda prevista, al situarse en 2016 en un 17,3%.

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

El Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar el nuevo bono social tras las críticas de Facua a su gestión

Europa Press / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha criticado la «nefasta» regulación del bono social eléctrico, al que sólo ha accedido el 13% de los hogares estimados inicialmente, lo que ha achacado a que las actuales condiciones son «mucho más estrictas» y su tramitación «compleja». En este sentido, el Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar y dar a conocer el nuevo bono social entre todos los potenciales beneficiarios, después de que se haya ampliado en 6 meses, hasta octubre, el plazo para acogerse.

Fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el que señaló que el Ministerio «va a lanzar campañas informativas, así como a reforzar la página web» para potenciar la comunicación del nuevo bono social y el mecanismo para adherirse. Navia subrayó que es necesario «hacer un esfuerzo entre todos», implicando a Gobierno, eléctricas, comunidades autónomas y servicios sociales, para conseguir «el objetivo de que la gente conozca el nuevo mecanismo«. El Gobierno aprobó en octubre el nuevo mecanismo del bono social, por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura.

El plazo para adherirse expiraba el pasado 10 de abril, aunque el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prorrogó durante 6 meses más el plazo, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo bono social. Con esta prórroga de 6 meses, los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social según su nivel de renta y circunstancias personales.

Facua critica la «nefasta» gestión

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción indicó que el Ejecutivo ha aceptado hasta el momento 319.000 solicitudes del bono social de electricidad, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas, pese a que el Ministerio de Energía aseguró que 2,5 millones se acogerían a esta medida. «Del anterior bono social, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se beneficiaron 2,3 millones de usuarios», recuerda Facua, que considera que el Ejecutivo central «sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico».

La asociación insta al Ministerio a que “solvente cuanto antes la alarmante falta de información sobre el bono social eléctrico, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas. Exige, además, que se eliminen urgentemente «las numerosas trabas que existen en torno a su solicitud, que lleva a muchos potenciales beneficiarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento en el recibo de la luz».

Por debajo de 3 kilovatios

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, subraya que las actuales condiciones para acceder al nuevo bono social eléctrico «son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse al bono». La asociación cree que la caída en el número de solicitudes del bono social está también relacionada con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Facua considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas a su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación automáticamente y, en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.