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El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

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Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.

El Gobierno asigna derechos de emisión de gases de efecto invernadero a 17 instalaciones hasta 2020

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2020 por un total de 1,3 millones de derechos de emisión a 17 instalaciones afectadas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria y sector de generación eléctrica, y afecta a más de 11.000 instalaciones. En el acuerdo han participado los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; y de Energía. De estas 17 instalaciones, que constituyen el quinto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, 9 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y otras 8 a nuevas instalaciones.

La cuantía acordada asciende a 1,3 millones de derechos de emisión otorgados, que se tomarán de la reserva constituida para nuevos entrantes del periodo 2013-2020 común a todas las instalaciones de Europa. La disponibilidad actual de derechos en la reserva es de 335,9 millones. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por Bruselas.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.

Galán reitera que pretenden cerrar las centrales térmicas y asegura que Iberdrola defenderá a los accionistas minoristas en Siemens Gamesa

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EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseveró que su compañía, como accionista minoritario reforzado en Siemens Gamesa, en la que tiene un 8%, seguirá defendiendo que «no se utilicen los recursos de todos los accionistas en beneficio de un único«. Asimismo, en respuesta a un accionista durante la junta, recordó que la posición de la compañía sobre el cierre de las centrales de carbón es bien conocida, pues lleva años sustituyendo centrales con altas emisiones por otras más eficientes.

En cuanto a la postura del Ministerio de Energía, contrario a los cierres de las centrales de Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias, de los que un pequeño grupo de trabajadores de esta última se han manifestado ante el Palacio Euskalduna, afirmó que las legislaciones las hacen en cada país quiénes las tienen que hacer, en referencia a la proposición de ley que quiere tramitar el Gobierno para que pueda denegarse el cierre de centrales de generación eléctrica por razones económicas y no sólo por seguridad del suministro, «y nosotros nos sometemos a ello».

También se refirió al cierre de la nuclear burgalesa de Garoña, aunque eludió pronunciarse sobre si Iberdrola solicitará la renovación de los permisos de otras 5 centrales nucleares en las que participa la compañía y que cumplirán los 40 años de funcionamiento en los próximos años. Galán recordó que el cierre de Garoña, central de la que Iberdrola era propietaria al 50% con Endesa, no se solicitó por un problema técnico, sino que fue su falta de rentabilidad económica la que llevó a Iberdrola a solicitar su cierre. Galán indicó que queda en manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) su desmantelamiento y que espera que las asociaciones que quieran puedan opinar y ser escuchados en ese proceso.

Cisma con Siemens en Gamesa

Respecto a la situación en el gigante eólico, Galán, en respuesta a un accionista, ha agradecido que reconozca el intento que está haciendo Iberdrola «por defender a los minoritarios que invierten en Siemens Gamesa«, compañía fruto de la fusión entre la división de renovables del grupo alemán Siemens, accionista mayoritario con un 59%, y Gamesa. El presidente de Iberdrola ha dicho que por la «condición, de alguna manera, de minoritario reforzado», que le reconoció la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Iberdrola, están pidiendo que haya «transparencia» en Siemens Gamesa, que «se utilicen las mejores prácticas de gobierno corporativo y que no se utilicen los recursos de los accionistas en beneficio de uno, y seguiremos en ese campo».

Respecto a que la CNMV pudiera revisar el pacto con Iberdrola, por el que Siemens fue eximida de la obligación de presentar una opa por el 100% de Siemens Gamesa, Sánchez Galán ha respondido que son los responsables del supervisor bursátil los que tienen que tomar esa decisión. Preguntado por cómo puedan afectar a la compañía nuevos cambios regulatorios en España, indicó que Iberdrola lo que espera es que haya «una regulación como corresponde, estable y predecible, y si hay algunos cambios que sean debatidos en el Parlamento y los conozcamos todos al tiempo adecuado».

En respuesta a varios accionistas por el impacto que pueda tener para la compañía el brexit en Reino Unido, donde Iberdrola opera a través de su filial Scottish Power, ha manifestado que el negocio que tiene allí es interno, por lo que se invierte y se paga en libras. Las únicas consecuencias que ha dicho que puede haber son las derivadas de una mayor o menor actividad económica y su repercusión en el crecimiento del país, y como consecuencia, en la demanda eléctrica, si bien cree que los efectos serán «mínimos», porque la mayor parte del negocio que Iberdrola tiene en ese país es regulado.

Impacto en Castilla y León

Por otro lado, Iberdrola ha cifrado en 600 millones de euros el impacto económico de la compañía en 2017 en Castilla y León, comunidad en la que ha efectuado compras por valor de 246 millones de euros a cerca de 800 empresas, mientras que las inversiones han llegado a los 107 millones de euros. Además, el impacto fiscal de la actividad económica que la compañía ha llevado a cabo en comunidad ha superado los 160 millones de euros, los salarios y otras retribuciones han alcanzado la cifra de 74 millones y la plantilla ya asciende a cerca de 1.100 personas.

En Castilla y León, Iberdrola cuenta, además, con más de 37.000 accionistas que este año se beneficiarán de un aumento del 4,2% en su retribución con respecto a 2017. Teniendo en cuenta que estos accionistas poseen un total de 124.076.890 títulos de Iberdrola, la empresa les repartirá una retribución con cargo a 2017 de, al menos, 40,077 millones de euros.

Según los datos de Iberdrola, Castilla y León es una de las comunidades que más proveedores ha aportado el pasado ejercicio a Iberdrola. Entre los contratistas castellanos y leoneses de la compañía más activos en 2017 figuran empresas como Ecología y Espacio, Administración, Organización y Control de Proyectos, Tecinsa, Marval Seguridad Integral, Eugenio Alvarez del Collado, Royba 98, Transformadores Gedelsa, M. Calderero Construcciones, Metalúrgica Compañía Industrial Mirandesa y Cuarta Esfera.

Según indicó, Iberdrola tiene previsto culminar durante 2018 el desarrollo del proyecto de implantación de las redes inteligentes en la comunidad, un despliegue que ha supuesto ya la sustitución de 1,49 millones de contadores tradicionales por los nuevos equipos dotados de telegestión. La inversión de Iberdrola en esta iniciativa en Castilla y León alcanzará los 180 millones de euros, gracias a los cuales durante el ejercicio los más de 1,5 millones puntos de suministro a los que la empresa da servicio en la región tendrán contadores inteligentes y sus más de 15.360 centros de transformación también funcionarán con esta tecnología.

Otras iniciativas de Iberdrola se centran en el ámbito de la I+D y entre ellas figuran la colaboración con la empresa salmantina Arbórea Intellbird, S.L., en la que ya invirtió en 2013 a través de su fondo de capital riesgo Perseo. Desde entonces Arbórea se ha convertido en un aliado en el desarrollo de nuevas tecnologías para la revisión y el mantenimiento de sus aerogeneradores eólicos, sector en el que Iberdrola fue pionera en 2001.

España se suma a la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición para ofrecer alternativas a las comarcas mineras

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Europa Press / EFE.- España se ha adherido a la Plataforma de Regiones del Carbón en Transición, impulsada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es la reactivación económica y el desarrollo alternativo para lograr la transformación de las comarcas mineras ante los retos a los que se enfrentan estas regiones en la transición energética.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, envió sendas cartas al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y al comisario de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, en las que manifiesta el apoyo del Gobierno a la adhesión de España a la plataforma. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón formarán parte del equipo que participará en la plataforma, junto a representantes del Ministerio de Energía. Estas comunidades podrán presentar directamente sus proyectos concretos.

No perjudicar a comarcas mineras

Las próximas reuniones están previstas para junio y octubre en Bruselas y Polonia. El propósito de esta iniciativa es lograr un proceso de transición energética «justo», que no perjudique a las comarcas mineras. La plataforma pretende facilitar el intercambio de información sobre fondos y programas europeos de ayudas, el diálogo sobre el marco normativo del sector y el intercambio de experiencias entre las regiones mineras. En este contexto de transición energética, el Gobierno tiene como objetivo lograr que el coste de la energía sea lo más competitivo posible para el consumidor y para la industria.

La CNMC recomienda a Energía recalcular la retribución de las plantas de purines para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía retirar a las plantas de purines (plantas de residuos de origen orgánico) de su propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para 2018, a la espera de una nueva propuesta que dé cumplimiento a varios autos del Tribunal Supremo.

En su informe sobre la propuesta del Ministerio de retribución, la CNMC considera que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal debería recalcular esa retribución teniendo en cuenta los autos del Supremo que anularon parcialmente la orden ETU/555/2017, en particular en lo que se refiere a la vida útil regulatoria de estas plantas, que, tanto la orden ETU/1046/2017, como la presente propuesta retributiva que ha hecho el Ministerio para el primer semestre de 2018, limitan dicha vida útil a 15 años.

La propuesta del Ministerio establece los valores de la retribución que se aplicarán durante el primer semestre natural de 2018, y tendrán efectos desde pasado enero, por el funcionamiento de las instalaciones tipo correspondientes a las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. La retribución de estas instalaciones se actualiza cada 6 meses e incluye también las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines de cerdo, sus excrementos sólidos y líquidos. En el caso de las primeras instalaciones, la CNMC no incluye comentarios en su informe sobre la actualización de esa retribución, mientras que para el caso de los purines recomienda su actualización.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo restableció los 25 años de vida útil regulatoria para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. En concreto, el alto tribunal declaró nula la decisión del Ministerio de Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del pasado 8 de noviembre. De esta forma, esa sentencia permitía reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años.

El Ministerio ya hizo antes una orden que establecía los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, con su actualización para el período 2017-2019. La CNMC, en su informe sobre esa nueva propuesta, ya advirtió que si se rebajaban de 25 a 15 años la vida de las plantas de purines para poder recibir retribución, se excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017. Sin embargo, el Ministerio de Energía consideró que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir la retribución estaba suficientemente justificada, pues las propias plantas de purines amortizaban sus activos a 15 años.

Nadal rechaza abaratar la tarifa eléctrica a la gran industria porque otros consumidores deberían pagar más para no generar déficit

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos que supondría tendría que ser sufragada con subidas de impuestos, de peajes energéticos o bien aumentando el déficit en el sistema eléctrico.

Preguntado por el portavoz energético de ERC en el Congreso, Joan Capdevila, por el mandato parlamentario para impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores, Nadal pidió «aprender un poco del grupo de expertos» para la transición energética. Así, avanzó que esa medida supondría una «rebaja de ingresos y eso hay que compensarlo con una subida de impuestos o una subida de la parte fija de la tarifa». Además, recordó que la propia ley prohíbe al Gobierno «proponer medidas energéticas que generen déficit».

«¿Otra vez déficit porque algunos no pagan?», se ha preguntado. «No es justo: existe el resto de industrias, de empresas, de pymes, comercios y consumidores domésticos, y pagarían lo que otros no pagan», subrayó. Por otro lado, Nadal ha recordado que el Gobierno ya ha sido «acusado de estar obsesionado con los precios de energía, especialmente los de la industria»,

Así, ha destacado que, desde la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su predecesor en el Ministerio, José Manuel Soria, el precio de la electricidad para el consumidor industrial tipo, según datos de Eurostat, ha bajado un 11% en España, mientras que esta estadística ha subido un 16% para Reino Unido, casi un 10% en Alemania y en Francia no bajo.

Nadal ha recordado que el Gobierno ha congelado o bajado durante 5 años la parte regulada de la tarifa eléctrica. Según el titular de Energía, el Ejecutivo ha planteado un mix energético (reparto de la generación eléctrica entre las distintas tecnologías) que permite que los precios de la electricidad bajen cuando hay recursos. Nadal reiteró que algunas de las medidas en materia de energía propuestas por la oposición implican una reducción de los ingresos del sistema eléctrico que debería compensar el resto de los consumidores.

Por su parte. Capdevila ha lamentado que Nadal ha mostrado, a su juicio, la «incapacidad de contestar preguntas concretas sobre medidas concretas con el argumento del mueble bar«: «Te cobran siempre aunque no hayas bebido una botella», ha dicho, acusando al ministro de contener «con gracia y gracejo la rabia de la impotencia». Por ello, Capdevila ha preguntado al titular de Energía si el Gobierno «piensa cumplir los mandatos parlamentarios»

Así, ha recordado que el Congreso aprobó hace ya más de un año instar al Gobierno a aprobar medidas que sirvieran para rebajar el precio de la energía para las empresas productivas. Concretamente, una tarifa de potencia estacional que podría beneficiar a sectores como el agrícola o el turístico, o la posibilidad de disponer de redes eléctricas cerradas para mejorar la competitividad de las industrias.

Gas Natural Fenosa invierte 5,5 millones de euros para construir su primer parque eólico en Fuerteventura, de 4,7 MW

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EFE.- Gas Natural Fenosa Renovables ha iniciado las obras de construcción del parque eólico Fuerteventura Renovables II, que estará situado en La Oliva y contará con una inversión de 5,5 millones de euros. Gas Fenosa ha indicado que su parque en el norte de Fuerteventura contará con 2 aerogeneradores y una potencia de 4,7 megavatios (MW), y producirá alrededor de 14 Gwh al año, equivalentes al consumo eléctrico anual de 4.000 viviendas.

El parque eólico contribuirá a reducir en 280.000 toneladas la emisión de gases contaminantes en Fuerteventura y supondrá la creación de unos 40 puestos de trabajo. Gas Natural Fenosa Renovables fue la empresa que mayor participación logró en el pasado cupo del Ministerio de Energía, con un total de 13 instalaciones en Gran Canaria y Fuerteventura que suman 65 MW. Adicionalmente, la compañía tiene una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en tramitación en el archipiélago para presentarlos en los próximos concursos de eólica o fotovoltaica que el Ministerio ha anunciado para 2018 y 2019.

Gas Natural Fenosa Renovables cuenta actualmente en España con una potencia instalada en operación de 1.147 MW consolidables, de los que 979 MW corresponden a parques eólicos, 110 MW a centrales minihidráulicas y 58 MW a cogeneración y fotovoltaica. La compañía construirá en los próximos meses diversos proyectos renovables en distintas comunidades autónomas con los que espera duplicar su tamaño antes de final de 2019.

Tejerina asegura que sigue trabajando en la Ley de Transición Energética aunque Nadal aseveró que esperarían a la Unión Europea

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que continúa trabajando en el texto del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a pesar de las declaraciones de su homólogo de Energía, Álvaro Nadal, en las que aseguró que esperarían a la Unión Europea para transponer la normativa europea sobre esta materia a la legislación española.

En el Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?, la titular de Medio Ambiente ha señalado que la Ley de Cambio Climático que prepara su departamento, junto con el de Energía, es una de las normas «palanca» para «acelerar» la mencionada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por su «carácter transversal«.

Fue en este contexto en el que ha asegurado que el borrador de la norma se presentará «en breve» por el grupo de trabajo interministerial de cambio climático y ha destacado que será «la primera vez en España» que una normativa de rango superior recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como medidas en materia de energía para este propósito y para la adaptación del país al cambio climático. «Persigue establecer un marco institucional estable que permita el cumplimiento y el seguimiento de los objetivos en esta materia», ratificó.

Tejerina ya había asegurado en febrero que este texto estaría listo antes del verano. Sin embargo, este plazo quedó en entredicho cuando Nadal aseguraba en la Cámara Baja que no habría ley hasta que Bruselas no aprobara su normativa sobre cambio climático. El ministro explicó que «siempre» se habían hecho así las leyes en España y apuntó que ahora no se iba a cambiar este proceso. El responsable de Energía explicó, además, que la normativa europea está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible, y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la Unión Europea.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados para financiar el cierre de Castor

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Europa Press / EFE.- El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, “más los daños causados”, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, controlada por ACS, según han indicado fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley, establecida el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar «ninguna pérdida» a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las 3 entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente, en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la factura del gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS por la paralización del almacén. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Por aquellas fechas, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», apuntó.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos. La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

El Gobierno estudia la reclamación

Por su parte, el Ministerio de Energía indicó que no procederá a valorar, hasta que lleve a cabo su estudio, la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por el Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros aportados, ya que, según fuentes del Ministerio, el gabinete «aún no ha podido estudiar la reclamación» presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que Energía «no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación. Reclamación que, hasta que no se estudie, no podrá proceder a su valoración».

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos rechaza la propuesta de los expertos de subir el gasóleo un 28,6%

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EFE.– La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas presentadas recientemente al Ministerio de Energía realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética, ha mostrado su «completo rechazo» al aumento sugerido al impuesto del gasóleo como vía para descarbonizar el transporte, según ha indicado.

En concreto, la organización agraria es contraria a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de los impuestos hasta incrementar el precio del gasóleo un 28,6%, mientras que para la gasolina este incremento sería sólo del 1,8%. Según estiman, los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores. Igualmente, consideran que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten CO2.

Sin embargo, la organización ve positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que han realizado desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero plan de electrificación. En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el plan sino que el agricultor está obligado por los peajes a pagar por un suministro eléctrico que no utiliza en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.

Por todo ello, la organización considera importante «abrir un diálogo» con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia. «No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo», aseguraron desde Unión de Uniones.