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La Comisión Europea aprueba un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad de Irlanda

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad que está operado de forma conjunta por Irlanda e Irlanda del Norte, al concluir que ayudará a asegurar el suministro de electricidad y al mismo tiempo preservará la competencia en el mercado único europeo.

En virtud de este mecanismo, las centrales eléctricas y otros proveedores de capacidad en el mercado eléctrico de la isla obtendrán un pago por ser capaces de generar electricidad o, en el caso de operadores de demanda y respuesta, por su disposición a reducir el consumo de electricidad para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda. «El mecanismo de capacidad conjunto entre Irlanda e Irlanda del Norte ayudará a garantizar el suministro de electricidad en los próximos años. Es bueno que este mecanismo sea gestionado más allá de las fronteras nacionales e impulsará la competencia entre todos los proveedores de capacidad», ha señalado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager

En concreto, Bruselas ha concluido que este mecanismo cumple con las normas europeas en materia de Ayudas de Estado puesto que está abierto a todo tipo de proveedores de capacidad potenciales. Además, Bruselas ha valorado que la medida mantendrá «bajo control» los costes que asumen los consumidores gracias a las subastas «regulares y competitivas» para asignar los contratos de capacidad.

Otra de las características del mecanismo de capacidad irlandés es que las centrales eléctricas seleccionadas en las subastas tendrán que reembolsar al Estado partes de las ayudas que han recibido cuando los precios de la electricidad alcancen niveles «muy altos«, por ejemplo más de 500 euros por megavatio y hora (Mwh). Las centrales financiarán este reembolso con los ingresos generados por la venta de electricidad.

Bruselas aprueba el régimen español de ayudas a las renovables

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España de ayudas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado y que contribuirá a cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica tanto a nuevos beneficiarios como a aquellas centrales que se acogían al régimen anterior. En total, cuenta con unos 40.000 beneficiarios y los pagos en 2016 en virtud de este plan ascendieron a 6.400 millones de euros, según explicó el Ejecutivo comunitario. Los beneficiarios de este sistema reciben una prima por encima del precio de mercado de electricidad. La ayuda tiene el objetivo de compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad al mercado, así como de obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

Avala las subastas de renovables

Las ayudas a nuevas centrales se conceden desde 2016 a través de subastas competitivas, en la que los beneficiarios reciben compensaciones únicamente si el precio de mercado cae a niveles «muy inferiores» con respecto a los precios actuales. Esto, señala Bruselas, ayuda a garantizar la financiación de los proyectos y completarlos a tiempo. La Comisión Europea ha explicado que en las subastas de mayo y julio de este año compitieron diferentes tecnologías y se adjudicaron ayudas a más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado el régimen español de ayudas a las renovables para determinar si se ajusta a la norma europea que exige subastas competitivas y garantiza que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Finalmente, arribó a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables y se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

«Las últimas subastas de energía procedente de renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen contribuirá a ello», aseveró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Bruselas autoriza 4 planes de ayuda de Francia a instalaciones eólicas y solares

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado 4 planes de ayuda de Francia a la producción de electricidad procedente de instalaciones eólicas y solares tanto en edificios como sobre el terreno, que permitirán al país producir más de 7 gigavatios adicionales energía procedente de fuentes renovables. El Ejecutivo comunitario concluyó que estos esquemas de apoyo están en línea con las normas europeas de ayudas de Estado y ha destacado que ayudará a Francia a alcanzar su objetivo para 2020 de satisfacer el 23% de sus necesidades energéticas con renovables.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que estos 4 regímenes de ayudas «ayudarán a Francia en su transición hacia un suministro energético con bajas emisiones de carbono y sostenible«. «Estas medidas incluyen un concurso público neutral desde el punto de vista tecnológico que estimulará la competencia entre instalaciones solares y eólicas y contribuirán a que la Unión Europea logre sus objetivos medioambientales», auguró.

Energía solar también en edificios

Concretamente, el plan para energía solar terrestre cuenta con un presupuesto provisional de 188 millones anuales, mientras que los dos esquemas de energía solar cuentan con una financiación de 232 millones de euros anuales. El cuarto de los regímenes, que incluye instalaciones eólicas y solares, tiene un presupuesto de 6 millones anuales. Los cuatro planes incluyen un plan de evaluación detallado para examinar su impacto.

El Ejecutivo comunitario ha analizado estos regímenes bajo las normas sobre ayudas de Estado, que permiten el apoyo público mientras que los fondos sean limitados y los operadores no sean sobrecompensados. Bruselas ha concluido que las medidas impulsarán la cuota de electricidad producida con renovables en Francia, al mismo tiempo que ha estimado que minimizan la distorsión a la competencia que provoca el apoyo estatal.

Bruselas aprueba con condiciones el apoyo de Francia a la construcción de una central eléctrica de gas en Bretaña

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado con condiciones la ayuda económica de Francia a la Compañía Eléctrica de Bretaña (CEB) por la construcción de una central eléctrica de gas en Bretaña (Francia) al entender que la medida es «proporcionada y necesaria» y aborda los problemas de seguridad de suministro en la zona.

La empresa, un consorcio de Siemens y Direct Energie, ganó un concurso público para la construcción de una central eléctrica de gas en Landivisiau que incluía un subsidio de 94.000 euros por megavatio al año durante un periodo de 20 años a cambio del compromiso de garantizar la generación de electricidad cuando fuese requerido por el operador de la red. El Ejecutivo comunitario ya determinó tras una investigación que la medida estaba en línea con la normativa europea de ayudas de Estado, pero sospechaba que, bajo algunas circunstancias, podría dañar la competencia si CEB vendiese su electricidad al operador nacional.

Por ello, Bruselas ha impuesto a CEB la prohibición de no vender su producción en la planta de Landivisiau a través de contratos de largo plazo a ninguna empresa con una cuota superior al 40% de la capacidad de generación del mercado francés. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, destacó que la construcción de esta central eléctrica de gas garantizará que no haya «cortes de electricidad» en Bretaña y al mismo tiempo mantendrá la competencia en el mercado eléctrico francés.

Bruselas «seguirá de cerca» las investigaciones sobre la subida de la electricidad en enero por la ola de frío

Europa Press.- La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que el Ejecutivo comunitario «seguirá de cerca» las investigaciones abiertas en España tras la fuerte subida del precio de la electricidad en enero «debido a la ola de frío que azotó Europa«. Vestager realiza estas consideraciones en respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Javier López, que deseaba conocer si la Comisión Europea tenía previsto investigar a los agentes por posibles prácticas anticompetitivas a la vista de la evolución de los precios mayoristas.

Vestager explica que «los precios de la energía en España y en otros Estados miembros aumentaron en enero de 2017 debido a la ola de frío que azotó Europa». «En los periodos de mayor demanda, los precios de la electricidad pueden incrementarse también como consecuencia de las fuerzas del mercado, con arreglo al principio de tarificación de la escasez«, señala.

En esos momentos, puede necesario explotar centrales con una estructura de costes «considerablemente más elevada que en los periodos de baja demanda», recuerda Vestager, antes de indicar que, en las primeras semanas de febrero de 2017, en que las temperaturas fueron más suaves, los precios disminuyeron. «Por lo tanto, el aumento de los precios no ha de ser necesariamente el resultado de una violación de las normas sobre competencia por parte de los productores de electricidad«, señala la comisaria europea.

En todo caso, asegura que la cuestión de la subida de los precios en enero «ya está siendo investigada a nivel nacional, tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), autoridad nacional de la competencia y que regula el sector de la energía». «La CNMC no solo está investigando los precios récord de la electricidad en enero de 2017, sino, más en general, el aumento de los precios durante los últimos meses. Por lo tanto, conviene dejar que la investigación nacional siga su curso. Bruselas seguirá de cerca este asunto y cooperará con las autoridades nacionales cuando proceda», añade.

Bruselas da luz verde a la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens, que será efectiva en abril

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea aprobó la fusión entre el fabricante español de aerogeneradores Gamesa y la división eólica del grupo alemán Siemens, según anunció la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Una operación que se hará efectiva a principios de abril, según señaló la compañía española. Gamesa y Siemens aprobaron el pasado junio el proyecto de fusión del que surgirá un «gigante eólico» de 75 gigavatios (GW), con una cartera de pedidos de 20.900 millones de euros e ingresos de 11.000 millones.

«Hemos aprobado la transacción», anunció la comisaria danesa. Siemens notificó en febrero a la Comisión Europea el proyecto de fusión de su división eólica con Gamesa. Previamente, en España, la operación ya recibió de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el visto bueno para la exención de la obligación de formular una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones. La operación supondrá que Gamesa absorberá a la sociedad tenedora de los activos eólicos del grupo alemán mediante el canje por acciones de nueva emisión del fabricante de aerogeneradores con sede en Zamudio, tras la que la germana tendrá un 59% de la compañía mientras que el 41% quedará en manos de los actuales accionistas. Iberdrola tendrá un 8%.

El visto bueno de la Comisión Europea era el último requisito pendiente para que la operación se pueda materializar, dado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya dio su aprobación al proyecto el pasado 14 de febrero. La Comisión autorizó la operación sin condiciones al concluir, tras estudiar el caso, que la fusión «no plantea problemas desde el punto de vista de la competencia porque seguirá habiendo competidores creíbles en el mercado». En concreto, la Comisión Europea analizó la incidencia de la operación en los mercados de turbinas eólicas terrestres y marinas, en los que se solapan las actividades de Siemens y Gamesa.

En el mercado de las turbinas terrestres, el Ejecutivo comunitario señaló que seguirá habiendo «varios grandes competidores» incluso después de la fusión. Por el contrario, el mercado de las turbinas marinas, indicó, «está más concentrado», ya que los principales competidores son Siemens y MHI Vestas, en tanto que Gamesa también opera a través de su filial Adwen. Pese a ello, la Comisión cree que no es probable que la operación tenga un impacto perceptible sobre la competencia, ya que ha asegurado que la filial Adwen «no ejerce una presión competitiva sobre Siemens«. La fusión acumula 22.000 megavatios (MW) en pedidos, presencia en los cinco continentes, un beneficio neto de explotación (ebit) cercano a 1.000 millones de euros y 22.000 empleados.

La operación también conlleva el reparto de un dividendo extraordinario en efectivo de 3,59 euros por título. La sede del grupo se mantendrá en Euskadi y seguirá cotizando en la Bolsa española, mientras que el negocio marino se dirigirá desde Hamburgo (Alemania) y Vejle (Dinamarca). La operación fue aprobada el pasado 25 de octubre por los accionistas de Gamesa en una junta extraordinaria. La empresa vasca alcanzó el año pasado un beneficio neto de 301 millones de euros, un 77% más que en 2015. Por su parte, la presidenta de Siemens en España, Rosa García, afirmó recientemente que la inversión de su compañía en este país «será constante» y que la empresa tiene «planes de crecimiento» en el País Vasco.

Por su parte, el consejero delegado de Gamesa, Ignacio Martín, apuntó que la aprobación del organismo europeo supone estar «un paso más cerca de hacer realidad la visión de crear un líder mundial con alcance global en los principales mercados eólicos«. Martín afirmó que la fusión constituye un momento «histórico» tanto para Siemens como para Gamesa. El comité de dirección de la compañía fusionada, formado por profesionales de ambas empresas, se anunciará en la primera reunión que mantenga el nuevo consejo de administración del grupo.

Bruselas multa con 166 millones a las japonesas Sony, Panasonic y Sanyo por pactar el precio de las baterías recargables

Europa Press.- La Comisión Europea ha anunciado la imposición de una multa de 166 millones de euros a los fabricantes de electrónica Sony, Panasonic y Sanyo por pactar precios e intercambiar información de las baterías de ion de litio recargables que producían, y que se utilizan habitualmente en teléfonos móviles y ordenadores. La surcoreana Samsung también participó en el pacto ilegal pero ha esquivado la sanción económica porque confesó a Bruselas la existencia del cartel, contrario a las reglas europeas de competencia.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha justificado la multa en que «millones de europeos» utilizan productos que llevan incorporadas este tipo de baterías, por lo que el cartel tuvo una «incidencia en los precios» que pagaron por sus artículos electrónicos. Aunque las reuniones para pactar los precios y coordinar la estrategia se produjeron fuera de la Unión Europea entre 2004 y 2007, el resultado afectó a los consumidores europeos, por lo que el Ejecutivo comunitario decidió actuar, según Vestager.

Las cuatro empresas afectadas han reconocido su participación y aceptaron pagar la multa, aunque Samsung ha sido eximida del pago por haber sido la primera en informar del cartel. Sin embargo, Sanyo deberá pagar 97,15 millones de euros (tras una reducción del 30% por la cooperación), Panasonic de 38,9 millones de euros (tras una rebaja también del 30%) y Sony de casi 30 millones de euros (tras perdonarle el 50%).

La gasista rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta a la Comisión Europea dentro de su investigación antimonopolio

EFE.– La empresa rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta de compromisos a la Comisión Europea para resolver la investigación antimonopolio que Bruselas abrió al gigante gasístico por abuso de posición dominante, según su vicepresidente, Alexander Medvédev, que se reunión con la comisaria de Competencia, Marghette Vestager, para discutir sobre el curso de las pesquisas iniciadas en 2015. El empresario ruso afirmó tras el encuentro que las negociaciones están siendo «constructivas» y que «todas las partes han expresado su voluntad de encontrar una solución aceptable».

La comisaria europea, sin embargo, se mostró menos optimista. «Hemos hecho progresos pero todavía hay bastante trabajo por delante», matizó Vestager, quien añadió que «todas las opciones siguen sobre la mesa aún». La titular de Competencia señaló que para que las medidas propuestas por Gazprom aborden las preocupaciones de la Comisión y sean efectivas «tendrán que asegurar el libre flujo de gas en el este y centro de Europa a precios competitivos». «Gazprom es bienvenido si quiere vender su gas en Europa, pero tiene que hacerlo siguiendo las reglas de la Unión Europea», apuntilló Vestager.

Una vez la compañía presente su propuesta, la Comisión Europea la analizará y la someterá a una consulta con consumidores y otros actores del sector. Si Bruselas concluye que los compromisos son adecuados hará que estos sean legalmente vinculantes para Gazprom, de forma que si la compañía no respeta las medidas acordadas podría ser sancionada con una multa de hasta el 10% de sus beneficios globales, explicó la Comisión Europea.

En 2015 la Comisión Europea acusó al consorcio ruso de incumplir la legislación comunitaria al «buscar una estrategia global» para dividir los mercados de gas de Europa Central y del Este. Según señaló entonces, Gazprom redujo la capacidad de sus clientes de revender el gas a otros países, lo que podría haber permitido a la empresa rusa cobrar «precios injustos en ciertos Estados miembros«. Estos puntos son los que Gazprom deberá abordar en su propuesta.

El caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una posición dominante. En cinco Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) Gazprom pide «precios diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del petróleo», según indicó la Comisión Europea.

La Comisión Europea aprueba el sistema de interrumpibilidad de Alemania y las ayudas a la cogeneración, aunque investigará su financiación

EFE.- Bruselas dio luz verde al mecanismo propuesto por Alemania para reducir puntualmente el consumo eléctrico de los grandes usuarios, especialmente empresas, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad de la red y el suministro energético. La Comisión Europea también aprobó las ayudas públicas que Alemania concederá a ciertas centrales de cogeneración eléctrica pero abrió una investigación sobre las reducciones en la tasa destinada a financiar esta medida para determinar si constituyen ayudas de estado ilegales.

«El régimen alemán de ayuda a la cogeneración que hemos aprobado puede suponer una contribución importante a los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea», señaló la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que matizó que la Comisión «tendrá que examinar el impacto que tendrán sobre la competencia las reducciones concedidas a ciertos usuarios sobre las retenciones que se aplican para financiar este régimen».

Alemania aprobó este año una ley que prevé dar subsidios públicos a las centrales de cogeneración, que aprovechan la energía térmica para producir electricidad, plantas de alto rendimiento que acaben de construirse o modernizarse, salvo aquellas alimentadas con carbón o lignito. También se otorgarán ayudas públicas para la construcción de sistemas de almacenamiento y transporte urbano de frío y calor.

Tras investigar la normativa, la Comisión Europea concluyó que la medida es conforme a las normas europeas sobre ayudas de estado y que «permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y asegurar una mejor integración de la energía producida por cogeneración en el mercado de electricidad». El Ejecutivo comunitario señaló que los beneficiarios recibirán una prima fija conforme a los precios del mercado solo por un número limitado de horas de funcionamiento y nunca cuando la oferta supere la demanda, lo que fomentará que las centrales operen cuando aumenten las necesidades energéticas.

Además, la Comisión Europea cree que las posibles distorsiones de la competencia que puedan derivar de estas ayudas serán limitadas porque una parte de los subsidios se otorgará mediante un concurso público al que podrán concurrir solo las centrales de nueva creación y menor capacidad, de 1 a 50 megavatios, con el fin de permitir su entrada en el mercado.

Bruselas decidió, sin embargo, abrir una investigación en profundidad sobre la «tasa de cogeneración» que pagan los usuarios según la electricidad consumida (0,445 euros por kw/h) y que reciben los operadores de la red eléctrica como un complemento a los beneficios que ya obtienen por dar acceso a la red. Así, la Comisión Europea estudiará las reducciones que se prevén para las industrias o consumidores electrointensivos para ver si constituyen una ayuda de estado ilegal, ya que disminuyen la carga que soportan estos consumidores. Bruselas examinará si estas rebajas son proporcionales y necesarias para asegurar el apoyo a la cogeneración.

Aprobada también la interrumpibilidad alemana

Tras estudiar el esquema de capacidad propuesto por Berlín, el Ejecutivo comunitario concluyó que es compatible con las normas de ayudas de estado europeas. La medida alemana prevé que los operadores puedan firmar contratos semanales con los grandes consumidores energéticos que les permitan reducirles el suministro eléctrico hasta en 1.500 megawatios a distancia y en un breve lapso de tiempo cuando sea necesario rebajar la demanda para estabilizar la red. A cambio, los operadores tendrán que pagar al consumidor una cuota que se fijará en subastas a las que podrán acudir los usuarios que consumen más de 10 megawatios (empresas grandes y medianas): estos pueden ofrecer a los operadores una cierta capacidad de interrupción a cambio de una determinada cuota.

La Comisión Europea cree que este sistema mejorará la capacidad de reacción de los operadores cuando se produzcan desequilibrios entre la demanda y la oferta que pongan en riesgo la seguridad del suministro eléctrico permitiendo actuar sobre la demanda en lugar de elevar la producción energética. Bruselas coincide con Berlín en que el aumento de las renovables en el conjunto de la producción energética alemana requiere que haya mayor flexibilidad para controlar la red eléctrica. La Comisión Europea ya ha advertido de que estos «mecanismos de capacidad» pueden provocar un aumento del precio para los consumidores si están mal concebidos.

Bruselas investiga si la inyección pública para reestructurar la estatal nuclear francesa Areva cumple las normas de la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad para aclarar si la participación pública en la reestructuración del grupo nuclear francés Areva es compatible con las normas de la Unión Europea o supuso una «ventaja indebida» para la firma sobre sus competidores. Las autoridades francesas notificaron el pasado mes de abril a Bruselas el plan de reestructuración del grupo nuclear, controlado por el Estado, que incluyó una inyección de capital público de 4.000 millones de euros.

«Teniendo en cuenta el alcance e importancia de la reestructuración de Areva, la Comisión necesita examinar atentamente si es un plan sólido y si las ayudas de Estado concedidas no distorsionan indebidamente la competencia en el mercado único», ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La comisaria ha explicado que el objetivo es asegurar que el grupo nuclear tiene un «futuro duradero» sin que para ello sea necesario recurrir a nuevas ayudas de Estado.

Francia posee un 86,5% de las acciones del grupo Areva, cuya actividad se extiende al conjunto de mercados de la energía nuclear y que lleva sufriendo dificultades financieras desde hace más de 5 años. Según las directrices de la Unión Europea sobre las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de entidades en dificultades, el plan en cuestión debe prever medidas que permitan limitar las alteraciones de la competencia inducidas por la ayuda pública. Además, el beneficiario de la ayuda debe contribuir «de manera apreciable» a la cobertura de los costes de la reestructuración.

La normativa comunitaria prevé la posibilidad de conceder este tipo de apoyos públicos a empresas en dificultades «bajo ciertas condiciones», en la medida en que respondan «a un objetivo de interés común sin alterar la competencia” en el espacio económico europeo. Por ello, Bruselas quiere analizar si las hipótesis del plan de reestructuración para restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo son «suficientemente realistas» como para asegurar su funcionamiento en el futuro, «sin inyecciones continuadas de dinero público».