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Bruselas pide a Francia que recupere 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales a EDF

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea instó a las autoridades francesas a recuperar 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales concedidas a la compañía energética EDF, al concluir que el Estado no recaudó todo lo que debía haber pagado la empresa por el impuesto de sociedades en 1997. Bruselas considera que esta exoneración fiscal supuso una «ventaja económica indebida» a EDF con respecto a sus competidores en el mercado energético y supuso una distorsión de la competencia, y reclama ahora que «restituya la ayuda».

Esta decisión corresponde a una investigación abierta en 2013 por el Ejecutivo comunitario. «Sea pública o privada, grande o pequeña, cada empresa activa en el mercado único debe pagar su justa parte del impuesto de sociedades», advirtió la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien recalcó que la francesa EDF se benefició de una exención «no justificada» ya que en ese momento los beneficios que podrían esperarse de tal inversión fueron muy bajos. Según indicó, se trató de una ayuda estatal que «reforzó la posición de EDF en detrimento de sus competidores, sin perseguir ningún objetivo en favor del interés común».

Entre 1987 y 1996, considerando que la red de alimentación general de alta tensión en Francia se le había confiado en concesión, EDF creó provisiones contables para su renovación. En 1997, durante una reestructuración del balance de EDF, las autoridades francesas recalificaron en dotación de capital una parte de estas provisiones, sin someterlas al impuesto de sociedades. Tras un examen en profundidad, Bruselas concluyó que el impago del impuesto de sociedades sobre estas provisiones había conferido una ventaja selectiva a EDF y era incompatible con el mercado interior. La Comisión reclamó a EDF devolver la subvención, evaluada en 888 millones de euros, pero la decisión quedó invalidada y obligó a Bruselas a reabrir la investigación.

Finalmente, la Comisión Europea considera que tal ayuda es incompatible con el mercado único y que supuso una infracción de las normas comunitarias. Por ello, la empresa eléctrica debe abonar al Estado francés 1.370 millones de euros, de los que 889 millones se corresponden a la exención fiscal concedida en 1997 y, 488 millones, a los intereses. EDF es el principal suministrador de electricidad en Francia y opera también en otros países europeos. El Estado francés, con un 85% del capital, es su accionista mayoritario.

La Comisión Europea en el avispero español

Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

Bruselas no ha decidido si abrirá una investigación formal sobre las ayudas a las energías renovables

Europa Press.- La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, aseguró que Bruselas no ha decidido si la Unión Europea abrirá una investigación formal sobre las primas concedidas a las renovables, como en el caso de España, dado el impacto que podría tener en los litigios judiciales abiertos si las primas fueran declaradas como ayudas de Estado.

Vestager incidió en que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, como es el caso de España, y ver cómo los resultados de las investigaciones pueden influir en los litigios en marcha. En este sentido, la comisaria europea reconoció que esta situación genera incertidumbre y destacó que en las conversaciones que ya se han iniciado con los inversores se está intentando alcanzar un acuerdo sobre estas disputas.

Respecto a las ayudas públicas concedidas en España y otros diez países europeos en los denominados pagos por capacidad, Vestager incidió en la importancia de que las ayudas sean neutrales a la tecnología que se emplea. Así, recalcó que la necesidad de un mecanismo para garantizar el suministro puede ser una preocupación completamente legítima si existe la necesidad. En este sentido, incidió en que hay que asegurarse que la gestión de la demanda puede ser tan eficiente como el aumento del suministro y defendió que, si se puede conseguir que la energía y el gas fluyan de forma más libre, asegurarán el suministro, habrá una mejor distribución y menores precios.